Los campesinos no necesitan luces rimbombantes en un edificio alejado de su realidad y de sus territorios, requieren soluciones a sus exigencias, que pasan al menos por que se cumpla el acuerdo de paz y se reconozcan como personas y sujetos de derechos.
Este jueves 4 de junio, organizaciones campesinas de la región del Guayabero en el departamento del Meta denunciaron actos violentos ejecutados por la Policía Antinarcóticos y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), junto a miembros del Ejército pertenecientes al Batallón Número 1 Fuerza de Despliegue Rápido, adscrito al Batallón de La Macarena, bajo el mando del sargento viceprimero Sosa y el capitán Alexánder Rodríguez Pavón.
Los uniformados, en el marco de un fuerte operativo contra el campesinado que se encontraba concentrado en la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa (Meta), obligaron a la comunidad a retirarse hacia la orilla del río Guayabero, a punta de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y tiros de fusil.
Como consecuencia del ataque aleve a los campesinos, fueron lesionadas de gravedad seis personas, con heridas abiertas en extremidades superiores, laceraciones, contusiones y afectaciones respiratorias, como lo revelan videos hechos por la comunidad y publicados en los portales de organizaciones campesinas, como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
Estas agresiones contra el campesinado iniciaron el martes 2 de junio, cuando los campesinos se concentraron en la vereda Tercer Milenio para exigir el cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y de los protocolos de bioseguridad por parte de las unidades de las Fuerzas Militares, pues se conoció la presencia de dos casos sospechosos de covid-19 en la Brigada 22 del Ejército en San José del Guaviare, elevando potencialmente la posibilidad de contagio a las comunidades.
Represión y cero diálogo
El miércoles 3 de junio, arribaron a la Vereda Tercer Milenio integrantes del Esmad, quienes afirmaron tener la orden de disolver la concentración que pacíficamente realizaban más de mil campesinos que esperaban concertación y diálogo con las autoridades y se vieron sorprendidos con el hostigamiento y la intimidación.
Mientras el campesinado exigía la búsqueda de soluciones socioeconómicas ante la crisis de la pandemia y el incumplimiento los programas de sustitución, como lo informaron Anzorc y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano (DHOC), las unidades militares y policiales violaron los derechos fundamentales de los campesinos de la región del río Guayabero, en los departamentos del Guaviare y Meta.
Los antidisturbios agredieron a los campesinos con artefactos contundentes y explosivos, que causaron heridas de consideración a cuatro campesinos, imposibilitando abrir escenarios de diálogo alrededor de las exigencias de los campesinos.
La fundación DHOC ubicó como antecedente una serie de hechos presentados desde el 18 de mayo, donde los campesinos denunciaron que desde horas de la madrugada hubo hostigamiento con armas de fuego contra viviendas campesinas, generando pánico en la población y afectando varios animales, la junta de acción comunal estableció la responsabilidad del Ejército en esta reprochable acción. Estos hechos empezaron a enrarecer el ambiente en la zona y fueron el preludio de operaciones de erradicación violenta de cultivos.
Tratamiento de guerra al campesino
Frente a estas operaciones que dejan sin sustento a cientos de familias, el campesinado ha planteado que “cultivar la coca es un problema, pero es lo único que provee los recursos para el mal vivir con sus familias, ya que sacar un cultivo de productos de agrícolas de la región es demasiado costoso, donde ni siquiera se recupera el pago de transporte y mucho menos de insumos invertidos”. A partir de esta realidad expuesta por las comunidades, la Fundación hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos del sistema de Naciones Unidas, a la MAPP-OEA, a la misión de la ONU y comisiones de paz del Congreso de la República, para que acompañen a las comunidades y garanticen sus derechos.
Mientras tanto, la Alianza Campesina y Étnica del Meta y el Guaviare denunció el incremento de pie de fuerza en la región del Guayabero, donde se están presentando bombardeos y ametrallamientos. La comunidad ha denunciado, como afirma la Alianza, que hay campesinos gravemente heridos, muchos de ellos capturados y otros desaparecidos en la zona.
La madrugada del jueves 4 de junio hubo un gigantesco desembarque de tropas del Ejército y Policía Antinarcóticos, con la utilización de doce helicópteros que atacaron a la comunidad campesina señalándola y estigmatizándola como parte de grupos armados irregulares, desconociendo que se encontraban en una acción pacífica en el marco de sus derechos constitucionales a la protesta.
Los campesinos heridos por la desmesurada y violenta acción militar son Jonathan de Jesús López, José Ulises Rincón, Jimmy Solís y Johnnier Muñetón. Además, la red de reporteros campesinos, colectivo de comunicaciones Voces del Guayabero, denunció el ataque deliberado a la libertad de prensa, consagrada en la Constitución nacional, donde fue víctima de la acción violenta de las Fuerzas Armadas el reportero campesino Fernando Montes Osorio, quien recibió gravísimas heridas en su mano derecha encontrándose en riesgo de amputación. En videos y material fotográfico, publicados por Voces del Guayabero, se evidencian los malos tratos y las agresiones violentas contra varios campesinos, que fueron víctimas de impactos frontales en su cuerpo y fuertes contusiones.
El ataque de la Fuerza Pública se presentó en el momento en que más de 1.500 campesinos esperaban la presencia de una delegación de interlocución del gobierno nacional y departamental, pero se vieron sorprendidos por la acción violenta de las Fuerzas Militares como única respuesta a sus solicitudes.
El campesinado responsabilizó al presidente Iván Duque, al general Zapateiro y al general a cargo de la tarea conjunta Omega, Raúl Fernando Flores, de poner en riesgo la integridad física y mental de la comunidad y sus dirigentes.
Se le van las luces a Duque
Mientras el presidente promueve en sus redes sociales, financiadas con los recursos de la paz en un polémico contrato de asesoría de imagen, que en la torre Colpatria, un emblemático edificio en el centro de Bogotá, se iban a proyectar imágenes de reconocimiento y homenaje al esfuerzo y trabajo campesino, en los territorios se despliega una ofensiva de las Fuerzas Armadas que trata al campesinado como enemigo, violentando a las comunidades en acciones excesivas que han dejado campesinos muertos y heridos, que además destruyen las economías campesinas, poniendo así en grave riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias y sometiendo las comunidades a la posibilidad de contagio del peligroso coronavirus.
Los campesinos no necesitan luces rimbombantes en un edificio alejado de su realidad y de sus territorios, requieren soluciones a sus exigencias, que pasan al menos por que se cumpla el acuerdo de paz y se reconozcan como personas y sujetos de derechos. La imagen se construye gobernando con equidad y garantizando el cumplimiento de la constitución, señor presidente, no con tintura, maquillaje y luminotecnia.