Las elecciones del 24 de mayo han introducido nuevas mayorías en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y también -aunque está por ver el alcance- en el panorama audiovisual. El acuerdo entre el PSOE y Podemos para la investidura de García-Page (PSOE) como presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha, ha hecho posible que se materializara un anhelo: […]
Las elecciones del 24 de mayo han introducido nuevas mayorías en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y también -aunque está por ver el alcance- en el panorama audiovisual. El acuerdo entre el PSOE y Podemos para la investidura de García-Page (PSOE) como presidente del ejecutivo de Castilla-La Mancha, ha hecho posible que se materializara un anhelo: la destitución de Ignacio Villa, hombre «fuerte» de la expresidenta Dolores de Cospedal (PP) en la televisión autonómica desde 2011, sobre quien se acumulaban las críticas por manipulación informativa. En el País Valenciano, el acuerdo de gobierno suscrito en junio por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos ha situado en la agenda política una de las grandes promesas de la campaña electoral: la reapertura de Radiotelevisió Valenciana (RTVV).
El 17 de septiembre los portavoces del «tripartito» valenciano presentaron una propuesta de ley para la recuperación del servicio público de la radio y la televisión autonómicas, «con todas las garantías jurídicas», según informó Europa Press. Pero una parte de la antigua plantilla de RTVV sostiene que el ejecutivo no está actuando con la suficiente energía, y que incluso desarrolla estrategias para ganar tiempo. A finales de agosto la vicepresidenta del y portavoz del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, anunció que las emisiones de Canal 9 retornarían sin ningún coste el próximo 9 de octubre, festividad de la Comunidad Valenciana, con la emisión de películas, series, documentales y dibujos animados en dos canales. Días después se rebajaron las expectativas.
El nuevo Consell pone cifras a la «herencia» del PP: 370.000 euros al mes por derechos de emisión de series y películas que no se emiten; se abonan además 29.000 euros mensuales de alquiler por los terrenos de la sede de RTVV en Alicante. El ente público acumula una deuda que ronda los 1.200 millones de euros y cerró las emisiones en noviembre de 2013, después de 24 años en antena. La clausura de Radiotelevisió Valenciana implicó el despido de 1.600 trabajadores. El sindicato CGT presentó una demanda de nulidad contra el ERE «de extinción» ante la Audiencia Nacional, que está pendiente de fallo judicial. Por otro lado, el PSPV interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cierre de Radiotelevisió Valenciana.
En lo que todos los actores coinciden es en no volver al modelo impulsado por el PP, desde que accedió al gobierno valenciano en 1995. Ni a los gastos fabulosos con los que se dio cobertura a la vista del papa, Benedicto XVI, en el año 2006; a las conexiones con el caso Gürtel, sobre la financiación irregular del Partido Popular; a las denuncias de acoso sexual a trabajadoras por parte del exsecretario general de RTVV; a la compra de documentales a una productora vinculada al grupo Intereconomía por 50 veces su valor de mercado, o al pago de 330.000 euros a dos consultoras privadas por la realización de informes de viabilidad previos al ERE, entre otras irregulariades, agregadas a la desinformación y al silenciamiento de noticias críticas con los gobiernos de Zaplana, Camps o Alberto Fabra. Pero la cuestión es ¿en qué términos volverá a emitir Radiotelevisió Valenciana? ¿Con qué costes y qué plantilla? ¿Cuál será el modelo? Las preguntas se pueden extender a fechas y plazos. ¿Qué influencias tendrán las sentencias judiciales pendientes?
La reciente publicación del libro «Pasado, presente y futuro de Radiotelevisió Valenciana» (Uno y Cero Ediciones), coordinado por Josep Rodríguez Santonja, extrabajador de RTVV, aporta materiales para el debate sobre el futuro de la televisión pública. «Éste es un proceso muy largo, iniciado en 2011, cuando el gobierno del PP anunció el primero de los dos ERE, que afectaba a 1.200 trabajadores; la fase final habría de producirse con el nuevo gobierno, y la reapertura de Canal 9», explica Rodríguez. El debate sobre la radio y la televisión públicas es muy amplio, añade, y presenta muchas aristas, entre otras, «toda las consecuencias que tendría el ente para potenciar la industria audiovisual». Sin embargo, el extrabajador de RTVV considera que se está primando el debate sobre los aspectos jurídicos y laborales («centenares de trabajadores consideran que el gobierno valenciano no camina en la dirección anunciada antes de las elecciones»). Josep Rodríguez opina que en la propuesta de reapertura del ente público «no puede haber prisas, ya llevamos dos años sin Canal 9».
El periodista, extrabajador de Radiotelevisió Valenciana y actual secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Àlvaro, considera que los trabajadores de Canal 9 «nunca han estado a la altura de lo que les pidió la sociedad, y esto fue así desde su fundación en 1989». Sobre todo, agrega Álvaro, «han fallado los periodistas, que constituían el 15% del total de la plantilla de RTVV». Julià Àlvaro subraya un hecho que considera capital: la mayor parte de la plantilla votó a favor del ERE planteado por el gobierno valenciano, «y allí se perdió la legitimidad política para las reclamaciones actuales», ahora bien, «los derechos laborales se han de respetar». «Me avergüenzo de lo que ha hecho Canal 9 durante estos años, pero también es cierto que en ningún medio informativo (público o privado) ha habido tanta resistencia a los jefes como en RTVV». Por último, el periodista ha abogado por las fórmulas de autogestión en el ente público, recuperar los Estatutos de Redacción y las votaciones vinculantes para elegir a los cargos de responsabilidad en los servicios informativos.
Otra exoperaria de Canal 9 y analista de televisión, Teresa Díez, ha alertado de los riesgos de defender la «competitividad» si lo que se pretende es una televisión «pública», de «proximidad» y «austera». Díez ha citado el modelo de las televisiones regionales alemanas, que emiten películas de producción propia (a través de una agrupación de entes públicos) pero también información y documentales. Uno de los problemas que se presenta a menudo es el de los «presupuestos mal calculados», apunta Díez, que implica después la aprobación de partidas extraordinarias y las acusaciones de gasto excesivo («hay que hablar de déficit cero y gastar lo que se tiene»). Otra cuestión para el debate es la de los ingresos publicitarios en el ente público, que se sitúan en porcentajes muy pequeños, pero que implican una gran presión en la lucha por las audiencias y por la cuenta de resultados. Teresa Díez se ha mostrado partidaria de una agencia de noticias pública que suministre material audiovisual a los medios de comunicación privados.
La persona que realizó el primer informativo de Canal 9, en 1989, fue Luis Lizarán; también quien después de 12 horas ininterrumpidas de emisión sin cortes publicitarios, se hizo cargo de la realización, antes del cierre, del último minuto en antena. «El sector audiovisual valenciano es débil, y la clausura de RTVV fue la puntilla». Recuerda que en la Unión Europea la industria audiovisual ocupa de manera directa a más de un millón de personas. Como presidente de la Associació de Treballadors de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana (ATRAU) y coordinador de la Mesa Sectorial de l’Audiovisual Valencià (MESAV), Luis Lizarán que por cada euro invertido en la industria audiovisual se generan cinco euros en otros sectores de la economía. Por último, «los medios de comunicación públicos son la ventana mediante la que las industrias culturales pueden ofrecer sus productos, de ahí la importancia de recuperar Radiotelevisió Valenciana». Lizarán considera que la situación de «abandono» no puede alargarse.
En representación de la Unió de Periodistes, Violeta Tena, de la revista El Temps, y Marta Hortelano, del diario Las Provincias, han resaltado que las «cotas de perversión y manipulación» de la anterior televisión pública valenciana fueron tan «evidentes», que hay un gran acuerdo en el modelo que no se desea para un futuro ente audiovisual. La Unió de Periodistes ha mantenido, además, una posición beligerante contra el cierre de RTVV, los intentos de privatización durante la presidencia de Zaplana e impulsaron una proposición no de ley para revocar la clausura de RTVV. «Dos días después del anuncio de cierre, la Unió de Periodistes organizó un concentración frente a la sede de Canal 9 en Burjassot», ha recordado Violeta Tena, quien también ha señalado que actualmente existe un «guirigay jurídico» que puede dejar en manos de los tribunales el futuro del ente público. Por otro lado, Marta Hortelano ha puesto el énfasis en que la nueva corporación tendría que constituirse a partir de un proceso de selección de la plantilla público y abierto, que respetara los derechos de los trabajadores de la antigua RTVV.
El Alto Comisionado de la Generalitat Valenciana para la reapertura de la radiotelevisión valenciana, José María Vidal, ha destacado que el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos cuentan con un modelo articulado de «lo que no hay que hacer» en un futuro ente público, pero las ideas de lo que será la nueva RTVV «han de partir de la sociedad valenciana». «Hace falta un modelo conjunto, pues cada uno tiene el suyo, y que posteriormente lo recojan las Cortes Valencianas». Respecto a la recuperación de la «anterior» RTVV, en las dimensiones y con la plantilla entonces existente, el Alto Comisionado ha instado a «asumir la realidad, y a entender la dificultad de una vuelta atrás, entre otras razones, por la maraña jurídica generada, con los pleitos, recursos, adjudicaciones de la programación, consecuencias de los ERE… Además, un gobierno ha de asumir las decisiones del anterior para garantizar la seguridad jurídica». Un punto decisivo para Vidal es que el ERE aprobado por el ejecutivo de Alberto Fabra fue aprobado mayoritariamente por la plantilla de RTVV.
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