(*) Traducido del inglés para Rebelión por Christine Lewis Carroll
Acabo de volver de Catatumbo, Colombia, donde miles de campesinos libran una lucha a vida o muerte contra el ejército colombiano y sus aliados paramilitares, todos respaldados por Estados Unidos. Los campesinos llevan 60 días de protesta contra las deplorables condiciones de vida y las circunstancias económicas en las que viven y para apoyar su propuesta de una zona de reserva de cultivo campesino –Peasant Farmer Reserve Zone- de 10 millones de hectáreas.
Esta zona -que estaría protegida por ley- permitiría a los campesinos llevar a cabo un cultivo de subsistencia, libre de la amenaza de usurpación por parte de las compañías extractivas que quieren abrir minas o perforar en sus tierras. Esta demanda, junto con la petición concomitante de que cesen todas las operaciones de minería, exploración y extracción de petróleo en su región, es crítica para los campesinos, al borde de la extinción.
Según el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez (CALCP), 11.000 campesinos han sido asesinados por las fuerzas estatales y paraestatales, la mayoría de ellos durante el mandato del Presidente Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 y más de 100.000 campesinos -de un total de aproximadamente 300.000- han sido desplazados forzosamente. Al menos 32 fosas comunes con los cuerpos de activistas campesinos asesinados se han descubierto en la región en los últimos años.
Estas matanzas y desplazamientos masivos se llevan a cabo con el fin de abrir paso a más perforaciones petrolíferas, al cultivo de la palma aceitera (para biodiésel) y a la minería de carbón por parte de compañías estadounidenses.
Digo que este caos se lleva a cabo con el fin de abrir paso a más perforaciones petrolíferas porque en realidad se lleva perforando desde hace 70 años. Y a los campesinos de la región esto no les ha beneficiado nada. Como nos dijeron varias veces durante el viaje, después de 70 años de exploraciones petrolíferas, las zonas rurales de la región no tienen ni una carretera asfaltada. (Nuestra delegación -encabezada por Justice for Colombia y representantes del sindicato metalúrgico estadounidense USW y del sindicato británico e irlandés Unite the Union- descubrió esto de manera elocuente durante el viaje de tres horas y media por una pista de tierra desde Cucuta al pueblo de Tibu, cerca de la frontera venezolana.)
Además no hay sistema de alcantarillado, agua corriente ni servicios de salud. De hecho los campesinos heridos durante los enfrentamientos con el ejército y la policía en los dos meses de protesta -en las que los campesinos se defendían con palos contra las armas, los tanques y otra artillería suministrados por Estados Unidos- huyeron a Venezuela para recibir refugio y servicios médicos.
En resumen las compañías petrolíferas y otras compañías extractivas -empezando por Texaco en los años 30- se han apropiado de todo y nunca han dejado nada al pueblo. Ahora las compañías quieren aun más y los campesinos estorban, de forma que -con toda lógica- las compañías pretenden literalmente exterminarlos, con la ayuda del ejército y los paramilitares, apoyados éstos por Estados Unidos. Dicho de otra manera, estas fuerzas cometen un acto intencionado de genocidio. De hecho cuando comentamos que sólo veíamos a adolescentes en Catatumbo, nos dijeron que se debía a que sus padres o habían sido asesinados o estaban desplazados. Sólo quedan los pueblos llenos de niños.
Los jóvenes campesinos de Catatumbo en rebeldía
Las matanzas y los desplazamientos masivos e intencionados que tienen lugar en Catatumbo son un buen ejemplo del fenómeno tratado en el libro Capitalism: A Structural Genocide escrito por Garry Leech. En el libro Leech argumenta con contundencia que el capitalismo, si se le deja, destruirá inevitablemente primero a aquellas personas que obstaculizan la explotación de los recursos naturales y segundo a aquellas personas que, como los campesinos y agricultores de subsistencia, trabajan en tareas que no contribuyen al «crecimiento» económico ni producen plusvalía o ganancias. Está claro que los campesinos de Catatumbo ocupan las dos categorías simultáneamente y representan una doble amenaza.
Leech cita al físico y filósofo indio, Vandana Shiva, cuando explica que, bajo el capitalismo, «nada tiene valor hasta que entra en el mercado. Shiva señala que, bajo el capitalismo, si consumes lo que produces, no produces realmente, al menos no en el sentido económico. Si cultivo mis propios alimentos y no los vendo, esto no contribuye al PIB y tampoco por tanto al crecimiento.» Se trata más bien, para estos agricultores de subsistencia, de que la «naturaleza exista como bien común». El bien común, junto con las personas que lo sostienen, simplemente no se toleran bajo el capitalismo.
Como explican Leech y Silva, los que trabajan el bien común deben «incorporarse -a menudo mediante la coacción- a las áreas cada vez mayores de la producción y circulación» o destruirse. Este proceso, explica Leech, es lo que Karl Marx denominaba la «acumulación primitiva»; es un proceso ruin, ocurra donde ocurra.
Leech explica que a medida que el capitalismo se establecía en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el Parlamento británico aprobó una serie de leyes llamadas Enclosure Acts que permitían la privatización de tierras de dominio común e «impedía la práctica, llevada a cabo durante generaciones, de poner a pastar a los animales y cultivar los alimentos en tierras de dominio común, lo que obligó al traslado de las personas a la ciudad en busca de empleo.»
Más recientemente, como señala astutamente Leech, México proscribió los títulos de tierras comunales de los pueblos indígenas con el fin de preparar el camino para el NAFTA [Tratado de Libre Comercio de América del Norte]. Como explica Leech, y muchos de nosotros denunciamos desde hace años, la gran razón de ser del NAFTA fue de hecho la acumulación primitiva del bien común de millones de pequeños agricultores mexicanos. Esta acumulación primitiva se llevó a cabo al amparo del NAFTA que permitía que los productos agrícolas fuertemente subvencionados y por lo tanto baratos -procedentes de Estados Unidos- inundaran los mercados mexicanos, libres de aranceles. Mientras tanto las reglas del FMI que gobiernan México prohíben que dicho país subvencione a sus propios productores agrícolas.
Como explica Leech, las consecuencias para dos millones de pequeños agricultores en México -que no podían competir con los alimentos subvencionados que procedían del norte- fueron devastadoras; perdieron su sustento y las tierras y huían a la ciudad o entraban irregularmente en Estados Unidos. Se encontraron desplazados de su tierra, muchos sin empleo o explotados en trabajos mal pagados sin las debidas condiciones de salud y seguridad o se metieron en el negocio de las drogas para conseguir algún ingreso. La consecuencia para México en general ha sido la destrucción del tejido social de la nación y más violencia, donde ciudades como Ciudad Juárez sufren niveles de violencia comparables a las naciones en guerra.
Aunque Leech no se centra en Colombia en su libro, sí menciona que Colombia «ha llegado a ser durante la última década el caso emblemático de América Latina y su crecimiento económico se ha debido a la explotación de los recursos naturales del país, sobre todo del petróleo, el carbón y el oro por parte de compañías extranjeras.» Colombia tiene ahora la mayor población desplazada dentro del propio país del mundo, es decir cinco millones de personas. Como explica Leech, «muchas personas han sido expulsadas de sus tierras forzosamente mediante la violencia física directa -al amparo del conflicto armado del país- a menudo por el ejército colombiano y grupos paramilitares de la derecha al servicio de los intereses de las corporaciones multinacionales. Sin embargo otras muchas personas se han convertido en refugiados económicos debido a la violencia estructural inherente a la política neoliberal, lo que les ha desposeído de sus tierras para facilitar la acumulación de capital para las compañías extranjeras.»
Los campesinos nos saludan por el camino
Los campesinos de Catatumbo han sido las víctimas durante mucho tiempo tanto de la violencia directa como de la estructural, pero ahora luchan para defender su tierra. Durante 53 días estos campesinos, armados sólo con palos, bloquearon la carretera principal que une las ciudades de Cucuta y Tibu. Poco después de nuestra visita el gobierno acordó negociar con ellos directamente y los campesinos han levantado el bloqueo por el momento. No obstante si fracasan las negociaciones, volverán a bloquear la carretera.
Aunque el Ministro de Defensa colombiano nos advirtió que no viajáramos por dicha carretera a causa de las protestas, los campesinos nos dejaron pasar libremente. Por supuesto todos entendimos que el gobierno colombiano temía que fuéramos testigos de que los campesinos tenían la razón de su parte, de que son ellos los que defienden la tierra, el agua y la selva tropical para todos nosotros. Y es por esta razón que su lucha y otras luchas deben tener éxito. La realidad es que nuestra vida y nuestro futuro dependen de ellos.
(*) Daniel Kovalik es abogado laboralista y de derechos humanos y enseña Derechos Humanos Internacionales en la escuela de derecho de la Universidad de Pittsburgh.
Fuente: http://www.alborada.net/kovalik-colombia-catatumbo-0813