Con vistas a un posible recrudecimiento de las movilizaciones sociales en marzo, el gobierno anunció la puesta en práctica de una política en la cual se contempla formar a funcionarios de Carabineros para un mejor manejo en materia de derechos humanos, mediante seminarios donde se expondría el «concepto, dimensión valórica de los derechos humanos, protección a grupos vulnerables, uso de la fuerza, privación de libertad, prohibición y prevención de la tortura». Las abultadas cifras de heridos, de mutilados y de personas que denuncian torturas o vejaciones y agresiones sexuales a manos de personal policial, justifican con creces estas medidas.
No obstante y según el sitio web de la institución, los funcionarios de Carabineros reciben formación en el tema de manera sistemática y existe un Plan Nacional de Capacitación en Derechos Humanos a cargo de una dirección especializada, lo que lleva a preguntarse sobre la efectividad de la formación entregada y si este país dispone de una policía uniformada capaz de ajustar sus procedimientos a estándares humanitarios o estamos en presencia de una entidad cuya historia y cultura convierte a los seminarios de derechos humanos en meros rituales propagandísticos.
El reciente informe de Amnistía Internacional sobre la situación de derechos humanos en Chile, señala que a finales de 2019 “las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los Carabineros se contaban por miles”. La entidad denuncia el uso de armas letales o potencialmente letales y gases lacrimógenos “de manera injustificada, generalizada e indiscriminada”, a lo cual se suman ataques contra periodistas y rescatistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, todo lo cual no resultan hechos aislados o esporádicos sino que responden a un patrón y a un “grado de coordinación”.
En este marco resulta evidente que la crisis de Carabineros no se solucionará con seminarios más o seminarios menos. Estos siempre son bienvenidos pero no resolverán el problema de fondo que se relaciona con el enquistamiento en la institución del militarismo, la persistencia de una concepción de las disidencias como enemigo interno y la tolerancia respecto a transgresiones de la ley y de los propios protocolos. En definitiva estamos en presencia de una cultura institucional, cuyo cambio requiere reformas profundas e incluso la refundación de la policía uniformada.
Álvaro Ahumada San Martín
Presidente del directorio
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
Fotografía: Carlos Vera.