Estudiantes de la educación técnico-profesional, institutos profesionales y centros de formación técnica marcharán el martes 4 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, desde la Plaza Italia junto a organizaciones de trabajadores para exigir un cambio en la educación técnica. Quienes estudian en los liceos y colegios técnico-profesionales constituyen el 38% del […]
Estudiantes de la educación técnico-profesional, institutos profesionales y centros de formación técnica marcharán el martes 4 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, desde la Plaza Italia junto a organizaciones de trabajadores para exigir un cambio en la educación técnica.
Quienes estudian en los liceos y colegios técnico-profesionales constituyen el 38% del alumnado de la educación secundaria chilena, alrededor de 300 mil estudiantes. El 85% de los matriculados en ese sector pertenecen a familias clasificadas en los tres quintiles de menores ingresos. El 74% de los egresados de este sector gana menos de 300 mil pesos al mes y apenas el 25% trabaja en lo que estudió. Ellos son la mano de obra barata que provee fuerza de trabajo para las actividades productivas de exportación de materias primas que no requiere calificación o para los servicios menores. Todos se sienten estafados por un sistema público municipal sin recursos, y un sector particular subvencionado administrado por corporaciones «sin fines de lucro» vinculadas, en muchos casos, a entidades empresariales como la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Cámara de Comercio o Cámara Chilena de la Construcción.
Los estudiantes se organizaron porque no sentían representadas sus demandas dentro de la propuesta inicial de los secundarios. Crearon así la Asamblea Técnica Profesional, en que participan estudiantes de colegios de la Región Metropolitana, y que está afiliada a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), una de las organizaciones más representativas de los secundarios chilenos.
«Nuestro destino nos lleva a trabajar de temporeros, a repartir café, hacer hamburguesas o repartir pizzas», dice el vocero de los estudiantes técnico-profesionales, Cristián Mauricio Pizarro Gómez (19), quien estudia ventas y marketing en el colegio de la Corporación Textil de Ñuñoa. Su futuro laboral es incierto, porque los jóvenes egresados de la educación media en el sector textil no tienen campo laboral. La mayoría de los que siguen en el área trabaja reparando ropa para Falabella o como guardias de seguridad de grandes tiendas.
«Chile copió la educación dual (estudio y trabajo) de Alemania y la implementó de mala manera. El promedio de los estudiantes técnico-profesionales que trabaja en práctica hoy, recibe un ‘sueldo’ que alcanza a 27 mil pesos mensuales, con suerte sirve para pagar el pasaje en el transporte público; sin considerar que además somos usados por las empresas como rompehuelgas cuando hay conflictos laborales», dice Cristián Pizarro.
Se necesitan técnicos
¿Qué demandas formulan al Estado?
«Queremos un cambio en la base de la educación técnico-profesional (T-P), para que los estudiantes puedan insertarse en el trabajo de manera acorde con las necesidades productivas y de servicios. Por ejemplo, en Chile se necesitan técnicos en ahorro de energía y en implementar fuentes renovables no contaminantes».
¿Qué pasa con la infraestructura e implementación?
«Los liceos T-P en manos de las municipalidades poseen mejor infraestructura e implementación técnica que las corporaciones privadas receptoras de subvenciones del Estado, que simplemente buscan lucrar con la enseñanza y echar plata a sus bolsillos. Compañeras nuestras que estudian secretariado en algunos de esos colegios aprenden usando máquinas de escribir. ¿Habrá alguna empresa en Chile que use todavía máquinas de escribir?».
¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la educación?
«Necesitamos un cambio constitucional, con participación de toda la ciudadanía, para imponer las demandas que pide la sociedad. Queremos que los empresarios vean a Chile como un país que necesita para su desarrollo trabajadores especializados. Este país puede crecer mucho si industrializamos sus recursos naturales. Si no hay buenos técnicos, nos veremos obligados a contratar empresas extranjeras para que vengan a explotar recursos que tenemos en abundancia».
¿Creen que los temas de ustedes están en el debate sobre educación superior?
«No nos hemos sentido presentes en ese debate. Pero estamos conversando con la Confech, a través de nuestros compañeros de la UTEM y la Universidad Santa María, para encontrar fórmulas que faciliten la prosecución de estudios de los egresados de la educación técnico-profesional.
Necesitamos una prueba de ingreso especial adecuada a la formación que recibimos. La PSU es para nosotros una burla, con lo que aprendemos sólo podemos aspirar a 400 ó 450 puntos en esa prueba. El sistema no nos sirve para trabajar ni para seguir en la educación superior. Aspiramos a que los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) vuelvan al Estado».
¿El gobierno ha dado hasta ahora alguna señal respecto a la educación técnico-profesional?
«Asistí a la reunión con el presidente de la República y le planteé el mal estado de la educación técnico-profesional. Su respuesta fue ‘lo voy a anotar’ pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Desde hace mucho se habla de eliminar la educación técnico-profesional porque la consideran una competencia que dificulta el lucro de los IP y CFT».
Explotan a estudiantes en práctica
¿Cuáles son los puntos fundamentales de vuestra propuesta?
«Acceso a la educación superior como continuación de nuestros estudios en la educación media y un propedéutico que nos permita derivar hacia una especialización pertinente con el sistema productivo del país. Proliferan en Chile especialidades y carreras técnicas que luego no tienen inserción laboral.
También pedimos el pago de una remuneración justa para los alumnos que trabajan. Hay jóvenes que laboran hasta 12 horas diarias y niñas de 16 ó 17 años obligadas a trabajar con minifalda o en otras condiciones poco dignas. Los estudiantes se frustran, porque no pensaban estar detrás de un escritorio o sirviendo café todo el día, con un trato de perros y un sueldo de 27 mil pesos mensuales, sin derecho a afiliarse a sindicatos».
¿Han establecido vínculos con organizaciones sindicales sobre estos puntos?
«Hemos conversado con la CUT, CAT, CNT y también queremos conversar con los empresarios. En 1998 el Ministerio de Educación les preguntó a ciertos empresarios cuáles eran las ventajas de tener un estudiante en práctica y respondieron que la gran ventaja era contar con un trabajador no remunerado».
El movimiento estudiantil se debate entre seguir en paro o llegar a acuerdo con el gobierno…
«Nuestro mínimo es educación gratuita y estatal. Por lo menos los estudiantes técnico-profesionales no vamos a ceder en estos puntos. Esta situación viene de 2006, tenemos esa experiencia y sabemos que ahora hay que seguir adelante, ya sea el próximo año o por cinco años más, hasta que las autoridades escuchen y respondan».
Algunos voceros estudiantiles han planteado deponer las tomas y el paro, a cambio de una cierta garantía que permita seguir realizando movilizaciones con el apoyo de las propias autoridades universitarias.
«Esa sería una traición a este movimiento. No creo que esa sea la opinión mayoritaria en la Confech. Invito a esos voceros a que recojan la voz de las bases y no expresen lo que ellos piensan o les instruyen».
Necesitan educación superior
El presidente de la República ha dicho que la gratuidad de la educación terminará financiando a estudiantes ricos, que por sus ingresos familiares están en condiciones de pagar por la educación superior que reciben.
«La educación es un derecho. Lo dicen todos los organismos internacionales. En los países desarrollados la educación es gratuita y de igual calidad para los pobres, la clase media y los ricos. El problema de la desigualdad en el acceso a las universidades se genera desde cuando los estudiantes de los sectores más pobres no tienen condiciones igualitarias para llegar a la educación superior. En 1973 quemaban libros, ahora nos quitan horas de clases de historia y nos mienten sobre la historia de Chile. Con este sistema de educación de mala calidad el rico se hace más rico y el pobre más pobre».
Existe la amenaza de la pérdida del año escolar. ¿Están dispuestos a asumirla?
«Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque éste no va a ser un año perdido. En realidad, si logramos cambiar la educación éste será un año ganado. Si el Poder Ejecutivo no da respuestas concretas, tendremos que buscarlas a través del poder ciudadano, porque la mayoría del pueblo está validando nuestras demandas. Tendremos que ejercer nuestro poder a través de un plebiscito u otras formas de participación y democracia directa, que culminen, por ejemplo, con una Asamblea Constituyente que nos permita tener una nueva Constitución para cambiar el sistema en su conjunto. Dentro de la educación, el tema técnico-profesional es tabú. Se lo hemos planteado al presidente Piñera y al ministro Bulnes, que están empeñados en eliminarla. Ellos buscan concentrar esa especialización técnica en los IP y los CFT que son los que generan ganancias a través del lucro y el negocio de la educación. Los que estudiamos carreras técnico-profesionales en la educación media, somos un estorbo para ellos».
Lucha social y política
¿Ustedes ven conectadas su lucha social a otras luchas políticas?
«Nos sentimos cada vez más comprometidos con la necesidad de crear conciencia social y cambiar las prácticas políticas, para responder a las luchas que demanda el momento. Hoy estamos fuera de los partidos, pero con una lucha que ha nacido desde nuestra propia existencia y desde nuestra identificación con las clases populares.
Hasta ahora no se ha acercado ningún partido a ayudarnos a fortalecer el movimiento y los que han actuado a través de la Cones, como el Comunista o la Concertación, han tenido actuaciones lamentables, proponiendo pisos mínimos que no nos llevan a una educación gratuita y de calidad. Los partidos interfieren, pero nosotros no vamos a vender este movimiento a cambio de migajas.
Invito a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral y a votar, marcando ‘Asamblea Constituyente con participación popular’. Tres millones y medio de personas vamos a incidir en las elecciones a partir de 2012.
Queremos que la gente se inscriba para cambiar un sistema que corrompe la conciencia de la juventud con programas como Yingo o Calle 7 . Tenemos que leer y debatir sobre los problemas del país, para conocer cómo es el sistema actual y cómo se nos mete el dedo en la boca sin que nos demos cuenta».
¿Cómo debiera expresarse este movimiento en la política, en un mediano o largo plazo?
«Nos dimos cuenta que para cambiar las bases de la educación hay que cambiar el modelo económico en su conjunto. Hay que terminar con el sistema y elegir parlamentarios que representen realmente lo que piensa y siente la gente. El camino pasa por cambiar la Constitución con participación del pueblo. El 70% de los chilenos está en contra HidroAysén y el gobierno igual quiere hacer este proyecto. Mediante el sistema electoral binominal se aprueban cosas en contra de la voluntad de los chilenos».
¿Cómo ven la posibilidad de construir una fuerza política en el futuro?
«Tendría que ser una fuerza política nueva, que tenga origen en los movimientos sociales y que no venda sus convicciones. Esa organización debe enseñar a las personas para que tengan conciencia de lo que está sucediendo en educación, en salud o en sus condiciones laborales. Esta fuerza no sólo abrirá espacio a los jóvenes, sino también a personas de cualquier edad que quieran cambiar el sistema político, social y económico que nos rige».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 743, 30 de septiembre, 2011
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