La Carretera de la Costa, un megaproyecto ideado por las forestales, en el tramo sur unirá desde Concepción hasta San Juan de la Costa -en la X Región-, pasando por Tirúa, Carahue, Puerto Saavedra, Toltén y Valdivia. Las forestales expandirán así su negocio plantando pinos y arrasando con el bosque nativo. Pero también está el […]
La Carretera de la Costa, un megaproyecto ideado por las forestales, en el tramo sur unirá desde Concepción hasta San Juan de la Costa -en la X Región-, pasando por Tirúa, Carahue, Puerto Saavedra, Toltén y Valdivia. Las forestales expandirán así su negocio plantando pinos y arrasando con el bosque nativo. Pero también está el interés de explotar turísticamente el lago Budi.
En 1997, las comunidades lafkenche (mapuche de la costa) presentaron ante la Corte de Apelaciones de Temuco un recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria Ingeniería Cuatro, que ingresaron ilegalmente a las comunidades destruyendo cercos y alambrados, realizando levantamientos de terreno, colocando puntos de referencia y estropeando siembras. Cortaron renovales de eucaliptos e intervinieron en sitios ceremoniales: nguillatuwe, un cerro Treng Treng y un cementerio. Los lafkenche se han negado a la construcción de la carretera por más de diez años. Lo han logrado, pero hace unos meses se echó a andar el proyecto bajo el título de «mejoramiento de caminos».
«Violaron espacios sagrados como el nguillatuwe -el lugar de nguillatun, el principal rito mapuche-, elegido en tiempos inmemoriales. Funcionarios de Vialidad intentaron por años hacernos firmar una autorización para iniciar trabajos. Decían que perderíamos las indemnizaciones si no firmábamos», dice Jacqueline Caniguán, dirigenta del Consejo Territorial Lafkenche.
Desde 1996 se iniciaron estudios del trazado en Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt. El trazado pasará por sesenta comunidades, afectando a más de seis mil indígenas. Según el MOP, en el Budi el camino proyectado es «inamovible». Los lafkenche temen que la ruta desarticule gradualmente su cultura. Para ellos su ejecución no es prioridad pues tienen otras necesidades más urgentes. Prefieren que los proyectos que los afecten sean administrados por las propias comunidades, para que no se conviertan en un manto que oculta las consecuencias del desarrollo. «Compartimos la idea de desarrollo, pero es importante saber quién define este desarrollo», dice Caniguán.
«Permitir el paso de la carretera significará una derrota para nuestro pueblo. Al Estado le preocupa que reclamemos lo que nos pertenece y exijamos respeto por la Madre Tierra. No nos levantamos porque nos dé la gana. Luchamos por defender la tierra porque es nuestro deber. No podemos dejar de hacerlo. Tenemos un deber para con nuestras machis y nuestros espíritus. La carretera destruirá los cerros, matará las fuerzas que allí viven, y con ello, también nos matará a nosotros», señala el ngempin Luis Aillapán.
Comunidades como Tirúa, Pu Budi, Yenehue, Rucatraro, Romopulli y otras, serán afectadas por la carretera. Los lafkenche del Budi e Isla Huapi mantienen su cultura. La mayoría cultiva la tierra sembrando papas, trigo y avena, aunque el uso intensivo y el monocultivo han ido deteriorando los suelos. En diciembre de 1996 la zona del Budi fue declarada Area de Desarrollo Indígena (ADI), lo que implica mayores recursos para los indígenas por su pobreza.
CARRETERA PARA LAS FORESTALES
Para los lafkenche, la construcción de la carretera viola sus derechos ancestrales a la tierra, la vida y la cultura, y la propia Ley Indígena, que señala que «por exigirlo el interés nacional, las tierras indígenas gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia». No se oponen a la construcción de una vía, pero exigen un cambio de trazado. Temen que su construcción y operación dañe irreparablemente la biodiversidad del lugar. Las rutas de acceso ya han causado grave deterioro en los ecosistemas regionales y cambios masivos en el uso del suelo. Saben que la carretera será la ruta de penetración de las empresas forestales y turísticas.
Jacqueline Caniguán relata que en diciembre de 2002, dos lafkenche de Pu Budi, junto a sus pequeños hijos, impidieron el ingreso de funcionarios del MOP que intentaban iniciar los trabajos: «Venían acompañados por el Cuerpo Militar del trabajo. Catalina y Margarita Marileo los detuvieron exigiéndoles que se retiraran. Hubo forcejeos. Luis Aillapán defendió a su esposa y cuñada, sin mayores incidentes. Pero el MOP inició un juicio por ‘agresión’. La prensa publicó que ‘encapuchados’ y ‘terroristas’ los habían agredido».
Según el MOP, la carretera eliminará las curvas del actual camino entre Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt. Pasará directamente por Conin Budi, Yenehue, Pu Budi, Tragua Tragua y Malalhue. «Si dijera que todos están en contra, no sería verdad. En Budi hay quienes dicen que instalarán negocios. Pero El Mercurio publicó la foto de un niño de siete años que defendía a su madre que discutía con alguien del MOP. El niño la abrazaba, llorando. Titularon ‘Encapuchados agreden a funcionarios del MOP’. Eso fue en enero de 2003», dice Caniguán.
El conflicto ha enfrentado a los lafkenche. Al final del puente Budi vive Leonardo Calfuleo, en el primer terreno que ocupará la carretera. «Si él firma, se construirá», dice Caniguán. Pero hasta hoy se mantiene firme. «Nos sentimos muy afectados por el proyecto. Nadie nos consultó si era necesario construir una carretera. Nos informamos después de una reunión en Puerto Saavedra, donde se anunció que la ruta pasaría por aquí. Empezamos a pedir información al Ministerio y nos dijeron que esto ya estaba planificado y resuelto. Manifestamos nuestro rechazo al intendente y a las autoridades. La naturaleza es parte de nuestras vidas y con esto se va a ir destruyendo nuestra cultura. En el futuro, privados se instalarán en estas tierras. A pesar que la ley no autoriza que particulares las compren, lo hacen. Arriendan por cinco años y nunca más las devuelven. Con la llegada de la carretera construirán hoteles y otras urbanizaciones. La tierra es nuestra madre, nos da alimento, medicina, agua pura. Eso le da al mapuche su identidad. Hay unos 400 lugares sagrados e históricos que deben ser respetados», dice Leonardo Calfuleo.
El trazado definitivo sólo lo conoce el MOP. Según el Consejo Territorial Lafkenche desde que se inició el proyecto ha habido muchos trazados. La idea viene desde la dictadura militar. El megaproyecto incluye construir un puerto por donde sacar la madera en Queule o en las cercanías de Mehuín. Varios estudios señalan que toda la zona posee «aptitud forestal». «Por eso, detrás de esto están Angelini y Matte. Pretenden violar la Ley Indígena y que los mapuche vendan sus tierras o sacarlos por la fuerza. Aparecen los cercos quemados y se roban los animales. Empresarios turísticos ofrecen dinero para que los mapuche abandonen sus tierras», agrega Caniguán.
POBREZA EXTREMA
Puerto Saavedra está a 85 kilómetros de Temuco. En la comuna hay quince mil habitantes; de ellos, el 80 por ciento es mapuche y el 83 por ciento vive en sectores rurales. Fue fundado en 1887 por el «pacificador» Cornelio Saavedra. Su primer nombre fue Misiones y posteriormente, Bajo Imperial. El maremoto de 1960 transformó su geografía. Antes, el río Imperial desembocaba en la actual playa Maule. Isla Huapi -seis kilómetros al sur de Puerto Saavedra-, en realidad es una península que separa al lago Budi del mar. Budi posee una superficie de 56 kilómetros cuadrados y es una albufera, lo que lo convierte en el lago salado más austral del mundo.
En la localidad de Puerto Saavedra viven 2.500 personas, mientras en Puerto Domínguez -frente al Budi-, sólo dos mil. La encuesta Casen 2000 establece que el 21,2 por ciento de la población de Puerto Saavedra vive en condiciones de indigencia. Un 38,7 por ciento son pobres. El 60 por ciento no supera la agobiante línea de pobreza. Un 98,6 por ciento sobrevive en condiciones de hacinamiento, mientras sólo un 44,3 por ciento de los hogares cuentan con agua potable. Las estadísticas del INE (2002), también preocupan: el 32,2 por ciento de la población cuenta con pozos o norias para obtener agua, y el 23,5 por ciento se abastece desde ríos, vertientes y esteros. Impresiona saber que el 81,6 por ciento de los hogares dispone de un pozo negro y el 1,1 por ciento no posee ningún sistema para eliminar sus excrementos. Nueve de las diez comunas más pobres del país están en la IX Región. Sólo un 7,9 por ciento de la población mapuche -la mitad en relación al promedio nacional-, logra acceder a la educación superior, según cifras del Mideplan. En los sectores rurales los índices de pobreza superan el 50 por ciento, según cifras oficiales.
No hace mucho, 17 personas -en su mayoría niños- murieron tras zozobrar en el lago Maihue la pequeña lancha en que viajaban. Por la carencia de caminos en zonas rurales de la IX y X regiones se navega en frágiles botes para llegar al trabajo o al colegio. Luego de la tragedia, el gobierno decidió invertir seis mil millones de pesos para «renovar embarcaciones». El alcalde de Puerto Saavedra, Ricardo Tripainao, dice: «El gobierno ha estimado apoyar a los lugares más aislados y ahí nos encontramos nosotros. En el sector del Budi tenemos islas dentro de otras islas. En isla Llepo, viven trece familias y en Nahuelhuapi, unas veinte». Durante el anterior temporal, en julio, casi toda la IX Región fue declarada en «alerta amarilla». Inundaciones y nieve aislaron Curacautín, Collipulli, Lonquimay, Curarrehue, Melipeuco y Renaico. Según el director regional de Indap, Andrés Castillo, «22.000 hectáreas y 16.100 animales fueron afectados. Agricultores de las comunas de Carahue, Toltén, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Lonquimay, Loncoche, Galvarino, Freire y Puerto Saavedra sufrieron inundaciones que afectaron las praderas donde pastan sus animales».
La extrema pobreza está íntimamente ligada al desempleo y los problemas sociales. Persisten las familias en campamentos. En 2005 el Tercer Catastro Nacional de Campamentos descubrió más de 700 familias viviendo en 23 campamentos en la IX Región. Carahue y Puerto Saavedra son comunas con altos índices de pobreza y alcoholismo. «En Puerto Saavedra el alcoholismo es una lacra social. Niños de siete años y adolescentes que no superan los 14 ya presentan ese problema. Se oculta, nadie quiere asumir lo que ocurre. Y se asocia a la pobreza, violencia intrafamiliar y deserción escolar. Las autoridades intentan aplacar la miseria sólo con infraestructura y subsidios, pero no es solución si no hay trabajo ni perspectivas de futuro. Puerto Saavedra y Carahue ocupan los primeros lugares en alcoholismo en el mundo», dice Jacqueline Caniguán. Según el fiscal de Carahue, Cristián Voullieme, «el alcohol incide en el 80 por ciento de los delitos en la comuna».
INEQUIDAD Y ESTUPIDEZ
Puerto Saavedra es la comuna con mayor población mapuche del país. Pero los que se reconocen como tales son cada vez menos. En el sector rural todos son mapuche y la mayoría habla mapudungun. «Hay escuelas interculturales y profesores muy comprometidos», dicen.
Hay un liceo técnico profesional y otro en el Budi. Pero la educación es deficiente: «Quienes han tenido acceso a educación superior son contados con los dedos. Cada cinco años un joven entra a la universidad, pero la mayoría fracasa», agrega, Jaqueline Caniguán.
Cerca de las comunidades del Budi se construye el hospital Arturo Hillerns que reemplazará al construido hace más de treinta años. Se invertirán tres mil millones de pesos. Según el director del nuevo hospital, Daniel Muñoz, «la calidad de atención será distinta a la que podíamos dar en el antiguo, que tenía muchos problemas y un reducido espacio». Se emplazó en la antigua comunidad de Muncul. La población, los loteos y el hospital están sobre sitios ceremoniales: un palihue y un nguillatuwe. Cuando lo hicieron presente en el Concejo Municipal fueron incomprendidos. Nadie entendió que esas tierras debían protegerse. Decidieron construir ahí y no en terrenos que la Iglesia Católica mantiene inutilizados.
Aguas Araucanía ha construido veintitrés plantas de tratamiento de aguas servidas en la IX Región. «Duplicó la cobertura en tratamiento que, previo al inicio del plan de saneamiento, sólo alcanzaba el 15 por ciento», dicen las autoridades. Pero un informe revela el grave daño que están produciendo: «La empresa modificó el plan de inversiones sin una adecuada información, cayendo en conductas que la Corte Suprema ha calificado como contrarias a la buena fe». Se reconoce que las plantas de tratamiento químicas «están generando una inequidad para los habitantes de la IX Región», pues están siendo instalas en tierra mapuche. En Puerto Saavedra sólo los lafkenche y los pescadores se movilizaron en contra.
APRENDIENDO A SALIR AL MAR
Los pescadores de Puerto Saavedra tienen dos sindicatos. «No hay acceso al mar después del maremoto», dicen. «El maremoto minó la esperanza. Hay miedo que se repita», señala José. «Somos un pueblo pobre. Hace poco que hay una sucursal del banco y aún no hay farmacias. Si uno se enferma tiene que ir a Carahue -a treinta kilómetros-, a comprar un remedio», agrega Pedro. Generalmente pescan en el río y hace poco que tienen lanchones. «Estamos aprendiendo a salir al mar», dicen. Gracias a proyectos Fosis tienen botes nuevos y en la caleta cultivan choros. Pescan róbalos, lisas, corvinas, pejerreyes, reinetas, congrios y pejegallos, cuando hay buen tiempo.
Apoyan la lucha de Mehuín y coinciden bastante con los planteamientos del resto de los pescadores: «Es que tenemos los mismos problemas. Si Celco contamina, afectará también esta costa», agregan. El año pasado hicieron ver su molestia por las incursiones de barcos pesqueros de gran calado. «Somos los más perjudicados con la extracción masiva y la pesca de arrastre», dice José Ruiz, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales San Enrique. Comúnmente, grandes pesqueros ingresan a la zona de exclusión, provocando serios daños en el litoral en desmedro de la pesca artesanal. «Son embarcaciones de gran tonelaje y operan cerca de la orilla. Es una burla. Se pasean en nuestras narices. Advertimos a quienes los tripulan que están realizando extracción en las cinco millas, pero no hacen caso. Además, la Subsecretaría de Pesca no fiscaliza».
Jorge Millán fabrica canastos de mimbre: «Navego todos los días para vender mi artesanía y recoger varillas», señala. Mientras, la anciana María dice que «algo se vende» a los turistas. «Hay pocas cosas que hacer», dice. «Es que a una ya no le dan trabajo». Otros sacan cochayuyo del mar, con yuntas de bueyes, para venderlo. «En el verano el turismo da algo de plata, pero después no viene casi nadie», dicen. La señora María trabaja junto a una de sus nietas, de no más de nueve años. No conoce el informe «Trabajo infantil y pueblos originarios en Chile (OIT)», que señala: «La obligación de trabajar expone a muchos niños, niñas y adolescentes a graves riesgos de salud y los conduce a la deserción escolar, lo que contribuye a cerrar el círculo de pobreza y precariedad que envuelve a la población indígena y rural. Un 86 por ciento de los niños indígenas trabaja entre cuatro y seis horas diarias. Alrededor del 10 por ciento de los niños indígenas tienen que trabajar a causa de la pobreza que afecta a sus familias»