Para la globalización financiera el interés económico es un bien supremo y, con absoluto desprecio a los derechos de la ciudadanía, impone la búsqueda del lucro como norma absoluta de todas las sociedades. Sus consecuencias son cada vez más evidentes: se agravan en todo el mundo los desequilibrios económicos, ecológicos, sociales y culturales, y cada […]
Para la globalización financiera el interés económico es un bien supremo y, con absoluto desprecio a los derechos de la ciudadanía, impone la búsqueda del lucro como norma absoluta de todas las sociedades. Sus consecuencias son cada vez más evidentes: se agravan en todo el mundo los desequilibrios económicos, ecológicos, sociales y culturales, y cada vez es más preocupante la debilidad de los controles democráticos, que tienden a ser sustituidos por mecanismos y lógicas estrictamente especulativas, que sólo expresan los intereses de las empresas transnacionales y de los mercados financieros.
En Chile este fenómeno se expresa en toda su intensidad porque su sistema político es especialmente antidemocrático. El neoliberalismo fue impuesto en Chile por la fuerza de las armas, al costo de miles de vidas y con la complicidad de las transnacionales. Su fortaleza se basa en el sustento que le otorga una Constitución ilegítima, que hasta hoy -pese a todos los parches y reformas- protege los intereses de la dictadura de los mercados. Nuestra democracia está limitada, restringida y protegida. Existen principios e instituciones que no pueden ser modificados por la voluntad política mayoritaria de los ciudadanos, si la elite o las minorías de poder se oponen a su modificación.
Ante las numerosas consultas sobre qué propone y por quién votar en las próximas elecciones, ATTAC puntualiza que lo importante es profundizar radicalmente la democracia, hacerla cada día más participativa, porque de ésta depende que exista equidad y una sociedad más justa, no discriminatoria, incluyente y un Chile post neoliberal con desarrollo sustentable donde todas y todos tengamos cabida.
ATTAC quiere aportar al debate sobre la democracia, imaginar un Chile post neoliberal, buscar propuestas viables, tendientes a fortalecer el control público del poder político y económico. Quienes aspiran a gobernar deben expresar su voluntad de construir una democracia auténtica para Chile.
Intensidad y calidad de la democracia
Democratizar la democracia implica promover la participación a todo nivel. Para eso se requiere el cambio de la Constitución heredada de la dictadura, por una Constitución para la democracia emanada desde una representativa Asamblea Constituyente. Esta propuesta debería ser sancionada en un plebiscito, y permitiría que por primera vez en su historia Chile tenga una Carta Ciudadana que nazca de una instancia con auténtica soberanía y participación popular
En una nueva Constitución se podrían potenciar muchos instrumentos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía como el voto, el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, el presupuesto participativo y el control ciudadano de la gestión pública. Sería posible la elección directa de los gobiernos regionales, y se podrían en práctica mecanismos de seguimiento y control ciudadano como la revocabilidad de los mandatos de quienes han sido elegid@s por votación directa. Se podrían implementar formas de enmendar o confirmar las propuestas gubernamentales, y garantizar el cumplimiento de los compromisos de los representantes electos ante la ciudadanía. En definitiva, avanzaríamos hacia una democracia más participativa donde se garantice la eficiencia y transparencia de la gestión pública
Democratizar la democracia supone también el control democrático del sistema financiero. Un compromiso básico al respecto es que el nuevo gobierno se oponga a toda nueva renuncia de competencias que tienda a privilegiar el derecho de los inversionistas. Un ejemplo actual de la falta de control democrático de los mercados son los seis mil millones de dólares que el Estado chileno habría perdido con las privatizaciones de 725 empresas durante el régimen militar. Es de justicia aplicar a todas las empresas privatizadas bajo la dictadura un impuesto único extraordinario que grave proporcionalmente las enormes ganancias que han tenido desde la privatización hasta la fecha y que siente precedentes que eviten nuevos crímenes financieros. Este impuesto transitorio -al que quisiéramos llamar «Tasa Attac»- debería regir hasta recuperar los recursos perdidos en la privatización, según fije una ley especial que debería aprobar el Parlamento ahora elegimos.-
Políticas económicas y sociales pro igualdad
En Chile, el 20 por ciento más rico de la población obtiene el 62 por ciento de los ingresos y representa más de 18 veces el ingreso promedio del 20 por ciento más pobre. Somos uno de los diez países con peor distribución de los ingresos del mundo. Mientras en Chile el gasto militar aumenta, las mineras extranjeras siguen libres de impuestos y los especuladores juegan con el peso chileno, pero los recursos escasean para financiar una salud digna, la educación de nuestros hijos y las pensiones de los más viejos. El Banco Central calculó que los hogares chilenos están destinando 43% de sus ingresos a pagar deudas. Las ganancias en este moderno sistema de usura alimenta el capital especulativo, que escapa a todas las restricciones financieras mediante paraísos fiscales, como los que hemos conocido con motivo de la investigación de la fortuna y su enriquecimiento ilícito del ex dictador, que ocultó con la complicidad de bancos locales.
Un compromiso básico con la igualdad implicaría que toda actividad especulativa deba pagar impuestos mayores que los que paga la producción. Y establecer formas de control al capital especulativo como un «encaje» o inmovilización del 30 por ciento de los fondos de origen extranjero y su permanencia obligada por un año. Otro compromiso impostergable debería ser implementar un impuesto a la renta más progresivo, de personas y empresas, que colaboraría a que Chile alcance la meta de disminuir su inequidad interna. Sin una reforma tributaria es imposible lograr una sociedad más integradora y solidaria. También es necesaria una reforma previsional que ponga término de la obligatoriedad de imposiciones para la jubilación en el sistema privado de AFP, que lucra a costa de nuestro trabajo y que no asegura a la gran mayoría de los chilenos una pensión digna. Se requiere un compromiso con la igualdad en la protección social de la salud. Por ejemplo, el Estado debe garantizar las mejores opciones en Salud para las mujeres que decidan tener hij@s, tanto en el sistema público como en el sector privado de Salud. También es necesario implementar un impuesto a toda explotación de recursos naturales, que se adelante al agotamiento de estos recursos.
La desigualdad se acentúa porque los derechos de los trabajadores -como a la sindicalización y la negociación colectiva, entre otros- están limitados por la vigencia de las leyes laborales de la dictadura. La productividad de la economía va en aumento, pero eso no se refleja en los salarios de quienes trabajan. Va a las utilidades de las empresas. Defendemos el «trabajo decente» definido por la OIT como un trabajo productivo, con libertad y derechos, con equidad y protección social.
Por un orden internacional que promueva la justicia y paz
En los últimos años, muchos países de América Latina han comenzado a resistirse a las imposiciones el FMI, el Banco Mundial y la OMC, que ahogan sus economías. Sin embargo, ausente a esta tendencia continental, Chile ha firmado un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y ha sido un decidido impulsor del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Mediante ese acuerdo los capitales especulativos y las mercancías podrán circular con plena libertad, al tiempo que EEUU se reservará el derecho a proteger sus productos cada vez que los perciba amenazados. Reglas para un comercio libre, pero no para un comercio justo. Al mismo tiempo, la «guerra contra el terrorismo», lanzada unilateralmente por George W. Bush implica la imposición de un orden internacional donde cada vez más se restringen los derechos individuales y de los pueblos.
Necesitamos que el próximo gobierno y los parlamentarios se comprometan con los valores de la cooperación internacional, el multilateralismo y la paz. La alternativa es una política de integración latinoamericana que forme un frente común regional para luchar por la preeminencia de aquellos acuerdos internacionales que promueven normas de comercio justo y equitativo, y la defensa irrestricta de los derechos humanos y sociales en todo el mundo. Aplicar una «Tasa Tobin» a la circulación de capitales para generar un fondo mundial contra la pobreza.
Estos son los mínimos compromisos democráticos que amplios sectores de la ciudadanía demandan para un buen gobierno de Chile.
Sin democracia no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay democracia
Otro Chile es Posible.