Carta abierta a Alfonso Cano

Comandante Cano:

Me dirijo a usted apoyado en dos razones.

La primera es la circunstancia de haberlo conocido personalmente y de haber interactuado como miembros de la Juventud Comunista. Estudiamos en la misma facultad de la Universidad Nacional; es cierto, Usted entraba cuando yo egresaba del pregrado.

La última vez que hablamos brevemente fue durante mi visita al Campamento del Secretariado de las FARC del 26 al 29 de febrero de 1986, en las postrimerías del proceso de paz que comenzó en 1982. Llegamos allí con la colega de la Universidad Nacional Rocío Londoño, quien había iniciado su investigación sobre el dirigente campesino Juan de la Cruz Varela y estaba interesada en conocer la visión de Manuel Marulanda y de Jacobo Arenas sobre Varela.

También conocí a Joaquín Gómez en Moscú cuando adelantaba su carrera en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, y yo el doctorado en la Universidad de Moscú. Me impresionaban su disposición sencilla, su talante festivo.

Al comandante Pablo Catatumbo lo aprecio, podría decir, como colega: recuerdo algunas conversaciones sobre historia de Colombia durante mi visita a la sede del Secretariado. Aparte de su evidente erudición histórica, mostraba una preocupación muy típica de la profesión: la necesidad de las fuentes de información, de conservarlas y recuperarlas mediante la investigación. Me habló con preocupación del archivo de las FARC o al menos de la documentación que no estaba organizada, sistematizada, sino apenas conservada. Me he preguntado luego: ¿Se ha preservado aquella documentación tan valiosa para la historia contemporánea de Colombia?

Recuerdo también un encuentro con Iván Márquez en una larga conversación donde tomó parte Daniel Pecaut, una tarde reverberante en Florencia en los tiempos del Proceso de Paz de La Uribe. Entonces Iván ejercía como miembro del Congreso de la República en representación de la Unión Patriótica. Habíamos compartido afanes en la lucha estudiantil con quien se convertiría en el comandante París en las filas de las FARC.

A Usted, a los dirigentes que he nombrado, no los podría ver a través de los prismas construidos por la propaganda de los medios de comunicación. Tampoco los asumo en la condición de héroes, aunque he admirado su decisión de tomar riesgos y afrontar sacrificios en defensa de una concepción social y política. La imagen que de Ustedes tengo es la humana que guarda mi retina, asociada con el intercambio en actividades o discusiones políticas. En efecto Ustedes fueron gente de estudio y dirigentes políticos urbanos antes de convertirse en cuadros militares.

Los colombianos necesitan entender el porqué de la guerra

La segunda razón para esta carta es que he pensado hace mucho sobre la necesidad que objetivamente tendría el ciudadano corriente de conocer la argumentación de las FARC, y de sopesar tanto su visión del país actual como sus propuestas hacia el futuro.

Durante años he sido profesor e investigador de la historia contemporánea de Colombia, y en los últimos quince años he dedicado también esfuerzos al estudio de América Latina. Subrayo: no soy experto en las FARC, pero dada la época de la que me he ocupado, he tenido que leer y reflexionar sobre el Conflicto Interno por cuanto es parte inseparable de nuestra historia. Por supuesto en estas líneas está incorporada mi sensibilidad de ciudadano atento a las cosas del bien común.

La intención primordial del grupo de intelectuales que, junto con la senadora Piedad Córdoba, le escribió a ustedes una carta era iniciar un intercambio epistolar más allá de las diatribas y la estigmatización. Debo reconocer que tal objetivo cedió ante las urgencias del momento y se extravió en los quehaceres ciertamente necesarios del intercambio humanitario.

Creo que sigue siendo válido insistir en un intercambio epistolar de esta naturaleza, el cual tendría sentido independientemente de los avatares de la guerra y de las dificultades políticas y técnicas que rodearían una tal comunicación. Un intercambio de cara a la opinión pública y donde puedan participar quienes quieran hacerlo y crean que la palabra razonable mantiene su fuero aún bajo las circunstancias más adversas.

En la coyuntura de Colombia y en la fase actual del conflicto interno es por demás necesario y oportuno profundizar la reflexión sobre el mismo y abrir la discusión amplia y democrática, bien sobre la inevitabilidad de la guerra o bien sobre las posibilidades de la paz.  

Malos augurios

Hace pocos días el almirante Edgar Cely, comandante de las Fuerzas Militares (Declaraciones para Caracol Radio, junio 15 de 2011) refiriéndose a la confrontación con Ustedes afirmó: «Este es un momento histórico, tenemos que estar unidos; estamos en los veinte metros finales más importantes«.

Pero tan preciso acotamiento de distancias militares no convence ni al mismo personaje que lo ha fijado. En el mismo reportaje había dicho el almirante, aludiendo a las acciones recientes de las FARC: «Cambiaron su estrategia y ahora están generando una situación que entendemos perfectamente, pero nosotros también estamos cambiando nuestra estrategia» (énfasis añadido). Pues bien: cuando se habla o cuando se proyectan estrategias, estamos refiriéndonos a un período más largo del que tomaría recorrer esas cortísimas distancias.

Por su parte en el reportaje que el periódico español Publico.es  difundió el mismo día de las declaraciones del almirante Cely, Usted, comandante Cano, advirtió: «Mientras no aboquemos seriamente, entre todos, la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del país, la confrontación será inevitable. Unas veces más intensa, otras no tanto. En algunos momentos con la iniciativa militar del Estado, en otros con la iniciativa popular, en una trágica ciclotimia que debemos superar, inteligentemente, con grandeza histórica».

Lo que el párrafo deja en pie es la mención a la «trágica ciclotimia» y esto nos lleva a entender que para Usted la paz sigue siendo lejana, o que estamos abocados a seguir en una curva de confrontación sin término y donde no se asoma todavía algún futuro esperanzador para los colombianos. Aunque parezcan modestas hay novedades que exigirían especial reflexión.

En su reportaje resulta muy limitada su referencia a la Ley de Víctimas, a cuyo proyecto Usted le había prestado mayor consideración en el video difundido por Anncol en enero del año en curso. Al respecto permítame una breve digresión. Sobre el sentido político de esta ley hablan tanto la criminal ofensiva que se ha puesto en marcha contra los restituidos como también el coro de voces de latifundistas y ganaderos tradicionales, inversionistas agrícolas y de sus voceros políticos que la presentan como violación al sagrado derecho de la propiedad privada y golpe a la «confianza inversionista».

Los asesinatos buscan disuadir a los campesinos empeñados en recuperar sus tierras de proseguir con el movimiento, al tiempo que se proponen apartar a las autoridades de su acción para la aplicación de la ley. Ya antes el país ha sido testigo del desarrollo de ofensivas y campañas de esa índole cuando se ha ensayado poner en marcha políticas agrarias de orientación progresista. Yo me pregunto hoy, Comandante, ¿Volverán tales sectores a imponer de nuevo su designio?

Los argumentos históricos de las FARC

 Quisiera referirme a enunciados de las FARC que unas veces se encuentran formalizados programáticamente y otras veces se reiteran de modo más informal en reportajes y declaraciones concedidos por Usted o por sus compañeros del Secretariado, como aquellos que se han conocido durante los últimos meses.

Se trata de fórmulas verbales que en el discurso de las FARC se asumen como axiomas o sentidos comunes. Yo quisiera abrir sólo algunos de tales códigos hasta ahora cerrados, para hacerlos objeto del intercambio dialéctico.

Comienzo por los argumentos sobre el origen del movimiento armado.  

La Autodefensa campesina original

Un primer enunciado reza: la lucha armada en Colombia no nació por decreto de nadie; fue la respuesta popular a la violencia de latifundistas y ganaderos amparados por un régimen político antidemocrático y excluyente.

En principio la afirmación es verdadera, pero a mi juicio hace falta seguirla con distancia crítica en su desarrollo. Sin duda en 1949 y en algunas regiones donde venían consolidándose los movimientos de colonos y campesinos, resultó inevitable organizar la autodefensa armada, no ya en defensa de la tierra sino de la vida misma. Pero ya en la primera pausa de «La Violencia» en 1953, había motivos para plantearse la reorganización de un movimiento agrario que, por ejemplo en el Sur del Tolima, venía trabajado con vigor desde mediados de los años treinta. No sobra recordar que en Chaparral, el Partido Socialista Democrático (denominación temporal del Partido Comunista) había tenido ya dos concejales campesinos, uno de ellos el legendario Isauro Yossa.

Pero la reorganización del movimiento campesino no ocurrió. Al contrario cundió el desconcierto y se prolongó la confrontación con antiguos combatientes liberales que respondieron de manera aún más enconada y en efecto agravaron la violencia.

Marquetalia: el viraje

Permítame hacer memoria del hecho crucial que Ustedes con razón han celebrado como el hito fundacional de las FARC. Ese hecho comenzó con la agresión a los pobladores de Marquetalia por parte del Ejército apoyado por fuerzas de Estados Unidos mediante el tristemente célebre Plan LASO. La respuesta que allí se dio era inevitable y la hazaña de los colonos y campesinos quedará inscrita en los anales de la lucha del pueblo colombiano. Analizando aquella coyuntura, Pierre Gilhodés escribió que entre 1964 y 1965 el Ejército colombiano «se inventó un enemigo», dado que previamente no había una actividad militar en esa avanzada de la colonización.

Luego una decisión de los colonos llevó a convertir las autodefensas en guerrillas. En 1966 el X Congreso del Partido Comunista mediante otra decisión le dio contenido estratégico a la lucha armada guerrillera al adoptar la política de combinación de todas las formas de lucha como su teoría y su práctica.  

El paro cívico del 77 y la oportunidad perdida

Sólo menciono otro momento crucial. La escogencia de una opción sería decisiva para iniciar otra etapa de la lucha guerrillera y por lo mismo otra fase del conflicto interno en Colombia. Se trata, comandante Cano, de la lectura del Paro Cívico Nacional (PCN) del 14 de septiembre 1977 que hicieron la dirección de las FARC y la mayoría de la izquierda.

Aquella fue una protesta formidable, un capítulo de la historia de la muchedumbre política en Colombia. Pero muchos concluyeron, de manera subjetiva, que se acercaba la hora de hacer confluir la movilización cívica con la acción armada de la guerrilla, en un formidable torrente insurreccional que resultaría irresistible. Recordará usted que el M-19 fue la guerrilla que de manera más acelerada readecuó su acción a esa previsión. Las FARC concluirían su aprestamiento para actuar de forma más ofensiva en la VII Conferencia que tendría lugar en 1982.

Aún me sigue sorprendiendo que el establecimiento colombiano hubiera llegado a la misma conclusión, pero en dirección contraria: El PCN habría sido un intento de insurrección cuya reedición debía evitarse a toda costa. El presidente Turbay Ayala y el ministro de Defensa, general Camacho Leiva, desarrollaron entonces una ofensiva brutal y desinstitucionalizada en defensa de las instituciones.

La derecha y la izquierda asimilaron el PCN desde sus propias matrices de pensamiento y no pudieron o no quisieron entender lo que aquel acontecimiento había significado realmente. La polarización del país ganó terreno al tiempo que la presencia de las mafias narcotraficantes se hacía sentir en la economía, la sociedad y la política. Esta coincidencia de fenómenos resultaría trágica.

La izquierda hubiera debido estudiar el Paro y la serie de los paros cívicos locales que habían tenido lugar entre 1957 1977. A mi juicio, era necesario ajustar la política a la primacía de los escenarios urbanos y adecuarla a la cultura política que había reflejado aquella protesta multitudinaria contra el alto costo de la vida. El camino escogido fue insistir en las mismas estrategias de antes y darles la espalda a las nuevas realidades.

Sumapaz y Viotá: un modelo alternativo

En la historia colombiana se encuentran modelos de lucha armada, que Usted conoce bien, donde la guerra terminó sin pasar por una derrota de los combatientes. Aludiré a uno de ellos, uno especialmente pertinente porque tuvo su origen por la misma época y dentro de la misma matriz política donde nacieron las FARC. Me refiero al movimiento campesino encabezado por Juan de la Cruz Varela en Sumapaz y Oriente del Tolima.

En esas regiones los campesinos tomaron las armas a finales de 1949, combatieron eficazmente contra la policía y las bandas al servicio de los gamonales y caciques conservadores hasta 1953. En octubre de ese año entregaron las armas en Cabrera y se reincorporaron a sus parcelas. Volvieron a ser objeto de persecución sangrienta y nuevamente fueron a la lucha armada en defensa de la vida. Hasta el Sumapaz llegó la honda del la campaña militar desencadenada por el gobierno de Rojas Pinilla entre noviembre de 1954 y mediados del año siguiente contra el movimiento agrario del Oriente del Tolima, conocida como la Guerra de Villarica.

Cuando la Junta Militar que sustituyó a Rojas en 1957 pintó algunas posibilidades de paz, Varela entabló conversaciones y presentó un pliego de demandas que fue aceptado por el gobierno. Años después él mismo evocaría aquel breve período de paz en los siguientes términos: «Las tropas fueron retiradas, nos dieron todas las garantías, salíamos a los pueblos, convivíamos con el Ejército, con la policía y las autoridades. Es un reconocimiento de honor al mérito, porque parecía que nunca hubiéramos estado en guerra» (Rocío Londoño Botero, Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984), Bogotá: Universidad Nacional, 2011, p.570).

Los campesinos volvieron al trabajo en sus propiedades. No se trató ciertamente de una marcha bucólica. Las bandas de terratenientes causaron asesinatos, ocasionaron víctimas y atropellos económicos, pero los campesinos se quedaron, no permitieron el despojo de sus tierras. En ello jugó un papel decisivo el hecho de que los campesinos hubieran podido mantener la organización y la movilización de la gente.

También por los tiempos de «La Violencia» de 1946 a 1964, el movimiento agrario de Viotá negoció acuerdos para el Tequendama, que hicieron de esta región una comarca de paz en medio de la guerra. Debo anotar además que tanto en Sumapaz como en el Tequendama, el Partido Comunista respaldó las alternativas de la paz. Estos casos merecen ser estudiados con detenimiento en el momento actual cuando no obstante el ruido de los tambores de la guerra la paloma de la paz intenta levantar su vuelo.  

Comandante Cano, si bien no desconozco que el origen y el desarrollo de los conflictos sociales obedecen a razones objetivas y a causas estructurales, por otra parte subrayo el papel de las decisiones o de las escogencias entre alternativas políticas que llevan a cabo las partes en el conflicto. Si destaco el resultado de escogencias de caminos distintos del que hasta hoy han transitado las FARC, lo hago en virtud de aquella sabiduría elemental según la cual las cosas que comienzan por voluntad de las personas también pueden acabarse por voluntad de las personas.

Paso ahora a conversar, si me disculpa Usted esta ya larga misiva, sobre las razones sobre las cuales las FARC ponen el mayor énfasis para insistir en la lucha armada bajo las circunstancias actuales de Colombia.

Pobreza y desigualdad acuciantes

Comienzo por los factores que harían inevitable la acción armada: las causas estructurales como la pobreza, la monstruosa desigualdad en la distribución del ingreso, la inconmovible concentración de la propiedad sobre la tierra, la imposibilidad de las mayorías para acceder a una educación de calidad o a los servicios de salud….

Por supuesto la lucha armada hunde sus raíces en este océano de privaciones e iniquidades. Creo que pocos negarían la validez del argumento. Paradójicamente los militares que pusieron en marcha la maquinaria de guerra contra campesinos y colonos a mediados del decenio de 1960 introdujeron en el mundo oficial lo que el general Ruíz Novoa, Ministro de Guerra llamó entonces las causas estructurales de la subversión y que en el decenio de 1980 otro general, Landazabal Reyes Ministro de Defensa denominó como los «factores objetivos» de la violencia.

Pero aunque el argumento sea tan convincente en términos éticos y en términos lógicos, no deja, Comandante, de mostrar grietas cuando se lo somete a ciertas preguntas críticas y en el contexto concreto de Colombia.

Preguntas inquietantes

Sin contar sus años de actividad como autodefensa campesina, las FARC ya tienen 47 años de existencia. Es pertinente preguntar: ¿Cuáles son los beneficios que esta lucha abnegada de tres generaciones de hombres y mujeres guerrilleros le han traído a Colombia? ¿Cuáles grupos de trabajadores rurales o urbanos han logrado conquistas sociales duraderas por obra de las FARC durante este medio siglo? Más allá de los recursos polémicos, no descarto que Usted, Comandante, disponga de respuestas que yo ignoro y que sería del más alto interés para todos conocer. 

La utilización del conflicto

En este punto debo aludir al uso del conflicto interno por parte de los sectores dominantes para impulsar sus propios intereses económicos, sociales y políticos. Es evidente que los señores de la guerra, los paramilitares amparados por sectores de las Fuerzas Armadas y otros actores legales o ilegales opuestos al interés de los trabajadores y de las fuerzas democráticas se benefician de maneras muy distintas de la existencia y la prolongación del conflicto interno en contravía de los cambios que las FARC se propusieron desde su creación. Hay en especial razones para pensar que el fenómeno Uribe se gestó en el contexto del con razón llamado «síndrome del Caguán», un fenómeno político – emocional que arrastró a la mayoría de la opinión y la puso en manos de la extrema derecha.

La parapolítica, cuyo camino fue abierto por el paramilitarismo contrainsurgente y mafioso, ha sido el mecanismo más eficaz de reclutamiento de un nuevo personal político. Esa clase política accedió a las esferas de la dirección del Estado y de los partidos, creó sus redes de neo-clientelismo, e indujo a un nuevo balance de las participaciones regionales en el aparato del Estado.

Los apoyos populares de las FARC

Comandante: no tengo duda que a lo largo de su historia las FARC han contado con bases sociales de apoyo. En regiones enteras han sido el único Estado para la población excluida del acceso a bienes y servicios. A la larga se admitirá que por la acción de la insurgencia grandes regiones que por largo tiempo fueron periféricas han entrado paradójicamente en el proceso de la integración nacional. El hecho de que Colombia haya sido un país de colonizaciones y que aún en el siglo XXI haya frontera agraria abierta constituye uno de los fundamentos para entender la sociología de la guerrilla.

También entre las mayorías pobres de las grandes ciudades hay sin duda sectores que apoyan la lucha armada y personas de otros medios sociales que lo hacen por motivos políticos o ideológicos.

De aquí se siguen al menos dos grandes consecuencias. Por una parte no parece realista ni sensata la política de exterminio que proclaman o reclaman algunos sectores. Por otra parte no sería posible que el movimiento guerrillero acepte poner fin al conflicto interno mediante el trámite de una simple reinserción.

Apoyo insuficiente para lograr los cambios

Señalado lo anterior, debo añadir que el balance objetivo de los apoyos sectoriales y regionales al actuar de las FARC no constituye la base sociopolítica que les permita a las FARC encabezar el vasto movimiento político de las masas urbanas y rurales que se hace necesario para lograr cambios profundos en Colombia.

Las potencialidades de transformación que los movimientos armados han podido crear en su larga historia germinarán solo cuando ellos logren ser parte efectiva y por tanto creíble de un movimiento democrático por la paz. Por supuesto: la salida negociada del conflicto no significará el cumplimiento automático de los cambios, pero sin duda contribuirá a crear las condiciones para que la gente luche por ellos de manera políticamente más efectiva y humanamente más constructiva.

El conflicto y la interferencia de Estados Unidos

Comandante: las FARC desde un comienzo reclamaron el desarrollo soberano de Colombia y en especial se opusieron a nuestra subordinación inveterada respecto de Estados Unidos. Pero, otra vez, los sectores dominantes han usado el conflicto para afianzar su alienación irrestricta con los intereses económicos y geopolíticos de ese país.

Cuando el segundo gobierno de Uribe estableció el Acuerdo de Cooperación Militar con el pretexto de combatir «el terrorismo», el embajador de Estados Unidos William Bronfield trató de tranquilizar a quienes se alarmaron o indignaron, al decir que no se trataba de algo nuevo sino de renovar un acuerdo anterior. Ese acuerdo no era otro que el Pacto Militar Bilateral firmado el 17 de abril de 1952. Tal ocurrencia bien podía tomarse como un desplante cargado de cinismo, en tanto el Pacto del 52 fue un acto de vergonzosa sumisión al interés militar de un país extranjero; corrían los tiempos de la participación de Colombia en la aventura de Estados Unidos en Corea.

No quisiera que esta reflexión mía se tomara como un reclamo al movimiento armado por no haber impedido la adopción de una política internacional independiente. En todo caso esta sería una responsabilidad que trasciende a los alzados en armas. Pero a mi juicio el que Colombia cuente con «la guerrilla más antigua del mundo», como suele decirse, tampoco ha servido para disminuir la dependencia frente al imperialismo.

Asesinato de los opositores: el exterminio de la Unión Patriótica

Comandante Cano, me refiero ahora a un punto que suele paralizar la discusión con quienes defienden la continuidad de la lucha armada: se trata del asesinato o la persecución de quienes han hecho dejación de las armas por parte de sectores del Estado, de sicarios al servicio de terratenientes, ganaderos, empresarios u otras fuerzas de derecha.

Esta en realidad es la expresión aguda de la intolerancia inscrita en el sistema político colombiano respecto de las corrientes alternativas o de izquierda que pretenden irrumpir en la escena política o impulsar los movimientos sociales.

En su ya mencionado reportaje para Publico.es , recordó Usted la serie bicentenaria de líderes populares que han sufrido la violencia y que va desde el atentado al Libertador hasta los asesinatos de Jaramillo Ossa y Cepeda Vargas, para concluir de manera lapidaria: «Porque en Colombia a la oposición democrática y revolucionaria, la asesina la oligarquía. La masacre de la Unión Patriótica es la muestra palmaria.»

¿Quién podría sensatamente negar que la anterior afirmación tiene bases muy ciertas?

Y sin embargo una vez más es necesario abrir las fórmulas cerradas. La Unión Patriótica fue víctima de una alianza conformada por sectores de las Fuerzas Armadas, mafias del narcotráfico, gamonales políticos y paramilitares. Pero estas fuerzas contaron a su favor con el hecho de que la UP, surgida por convocatoria de las FARC, es decir por un movimiento guerrillero que hacía parte de un proceso de paz, tuvo que cargar con el fardo de sostener la política de combinación de todas las formas de lucha.

Me parece que en la encrucijada de 1984 se planteaba la disyuntiva: o bien se profundizaba el proceso de paz y la guerrilla se transformaba en una fuerza política sin apoyaturas militares, o bien se continuaba con la acción insurgente renunciando a la creación de una organización política legal.

Usted mismo ha insistido desde hace ya tiempo en un tipo de organización política distinto y por definición, ilegal, lo cual, conceptualmente al menos, tiene más coherencia que la fórmula de 1984.

El intento de sentarse en dos sillas a un mismo tiempo fue una decisión inevitablemente utópico-catastrófica. No soy tan ingenuo para pensar que los exterminadores de la UP se hubieran convertido en palomas de la paz o en defensores de Derechos Humanos ante la decisión de renuncia a las armas por parte de los insurgentes. Sin embargo considero que amplios sectores políticos y corporativos del país se hubieran constituido en dique de contención frente a esa alianza siniestra. Guiados por la ética, o aún por pautas mecánicas del principio de justicia, hay fuerzas de opinión considerables que en casos semejantes han jugado en defensa de quienes optan por dejar las armas.

El M19: las respuestas del gobierno y de la opinión

Quizá, comandante Cano, sea pertinente recordar acá que en los acuerdos preliminares entre el M-19 y el gobierno Barco se adoptaron compromisos que luego fueron parte del proyecto de reforma constitucional que debatía el Congreso en 1989. El gobierno se vio obligado a retirar el proyecto por la inclusión del tema de la extradición que auspiciaron las mafias. Pero si entonces el presidente no estuvo en condiciones de cumplir, los votantes resarcieron al M-19: primero en las elecciones al Congreso de 4 de marzo de 1989 y luego, más ampliamente, en las elecciones a la Constituyente del 9 de diciembre de 1990.

Otra cuestión sería discutir lo que hizo el M-19 con semejante capital político. Pero en aquella encrucijada confluyeron una organización guerrillera en proceso de paz y el vigoroso movimiento ciudadano por una nueva Constitución -la que sería adoptada en el 91.

Respuesta sibilina

No puedo concluir sin referirme a una pregunta que a Ustedes siempre les formulan y con la cual seguramente los seguirán apremiando: la relación de las FARC con los negocios de la droga, dados en especial los altos costos de la guerra en Colombia.

Debo admitir el desconcierto que me produjo su respuesta en la citada entrevista para Público.es: «Quisiera serle taxativo en esto: ninguna unidad fariana, de acuerdo a los documentos y decisiones que nos rigen, (énfasis añadido) pueden sembrar, procesar, comerciar, vender o consumir alucinógenos o sustancias psicotrópicas. Todo lo demás que se diga es propaganda».

Yo no quisiera figurar entre los propagandistas, pero no puedo ignorar que su remisión a «los documentos y decisiones que nos rigen» fue una manera muy peculiar de respuesta sobre la cual habría que concluir sencillamente que dentro de las FARC sucede lo que ocurre en Colombia: que la ley se obedece pero no se cumple.

Los signos de cambio en América Latina

Los partidarios de la salida política al conflicto solemos buscar los signos que anunciarían la paz en cada coyuntura. No pocas veces se trata de meras proyecciones del deseo; pero esta carta no quiere anticipar escenarios futuros, sino apelar de manera realista o aún desencantada al análisis de los factores e intereses particulares, corporativos o existenciales que sustentan la guerra colombiana, para invitarlo, comandante Cano, a repasar su peso frente a los beneficios que para todos tendría el compromiso efectivo con la salida negociada del conflicto.

Las tendencias sociales, políticas y geopolíticas que desde hace un decenio se vienen observando en América Latina estimulan el análisis y alientan la controversia democrática. En Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador en Argentina y Uruguay se vienen ensayando caminos de participación nueva de la gente, se adoptan políticas sociales más o menos profundas según el prisma desde el cual se las mire, se plantean apuestas por el avance de un mundo multipolar contra las formas más aberrantes de la dependencia con respecto al imperialismo, se dan pasos de un mayor control de las riquezas y los recursos propios.

Todos estos países pasaron por experiencias insurgentes a las cuales encontraron término ¿Quién hoy podría invocar como emblemática particularidad colombiana la prolongación de una guerra que no parece que pueda prolongarse sino a costa de descomponer a sus protagonistas militares y de enervar a toda la nación con el culto a los valores de muerte?

La perpetuación de la guerra no puede erigirse en mito nacional ni el programa de la destrucción del adversario en un objetivo colectivo exaltante.

Es una decisión

Comandante Cano: Quisiera concluir con una cita de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra: «A nuestro entender, el conflicto puede tener salida atacando sus causas objetivas, mediante la realización de reformas políticas, económicas y sociales, que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población colombiana. Pero también, a partir de la voluntad y decisión política expresa de las fuerzas en contienda». (Encuentro Nacional de Comunidades, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz en Colombia. «El diálogo es la ruta» Barrancabermeja, Agosto 12-15 de 2011).

Es una aspiración que se fortalecerá en la medida en que las señales aún débiles pero ciertas de paz que se originan en el gobierno y aquellas que Usted y sus compañeros han lanzado en los últimos meses se plasmen en una auténtica y concreta opción por la paz.

(*) Medófilo Medina es licenciado en Historia de la Universidad Nacional, Ph.D en Historia de la Universidad M.V.Lomonosov de Moscú, profesor titular y emérito de la Universidad Nacional, ha sido profesor visitante en universidades de Ecuador, España y Venezuela. Ha publicado libros y artículos sobre historia contemporánea de Colombia y Venezuela y sobre enseñanza de la Historia.

Fte: http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2213:carta-abierta-a-alfonso-cano&catid=19:politica-y-gobierno-&Itemid=27

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