Han pasado más de 30 años del inicio de la dictadura militar y más de 15 largos años del comienzo de los tres gobiernos civiles que le siguieron. La opción económica ultra-liberal impuesta por la dictadura permanece inalterable generando una profunda transformación en todos los ámbitos, cambiando la fisonomía y alma de nuestro país y […]
Han pasado más de 30 años del inicio de la dictadura militar y más de 15 largos años del comienzo de los tres gobiernos civiles que le siguieron. La opción económica ultra-liberal impuesta por la dictadura permanece inalterable generando una profunda transformación en todos los ámbitos, cambiando la fisonomía y alma de nuestro país y cuyas consecuencias se hacen sentir penosamente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad chilena.
A pesar de las promesas hechas inicialmente por los dirigentes de la Alianza Democrática en 1984 (más tarde, la actual Concertación de Partidos por la Democracia), de transformar el sistema legado por la dictadura, sólo una parte de éstas han sido cumplidas. Los avances registrados en algunos dominios han sido efectuados solamente en este último año del tercer gobierno civil y algunos meses antes de las elecciones presidenciales.
La pérdida en soberanía nacional, la debilidad de la democracia participativa, la abismante desigualdad social, las libertades esenciales que faltan por recuperar, la degradación del medio ambiente y la no solución de la situación de los Derechos Humanos son los problemas más serios del país después de 15 años de gestión civil.
Constataciones.
En 1984, los dirigentes de la Alianza Democrática desconocían la legitimidad de la Constitución de Pinochet. Hoy, la Carta Magna no fue eliminada y a pesar de las recientes reformas realizadas por el Gobierno de Lagos mantiene su naturaleza ilegítima. Las bases de la institucionalidad, así como otras normas son aquellas impuestas por la dictadura. Las sucesivas demandas de cambio de Constitución fueron constantemente ignoradas y hoy la ciudadanía tampoco ha sido consultada para estas reformas. Ellas han sido realizadas de tal manera que los cambios producidos son mínimos e insuficientes.
La pérdida en soberanía nacional está expresada en la entrega de nuestros recursos naturales a empresas multi-nacionales extranjeras en condiciones completamente desventajosas para nuestro país. La demostración más clara es que hoy el Estado chileno concentra solamente un 30% del cobre en sus manos, con el agravante que los militares se llevan el 10 % de las ventas. Y Codelco (organismo estatal de producción de cobre) es la única que paga un royalty sobre estas ventas desde hace décadas. La privatización a ultranza de las empresas estratégicas ha contribuido también a esta pérdida.
Chile cuenta hoy con el triste record de producir una de la más altas desigualdades sociales en el planeta. Las instituciones económicas internacionales celebran los actuales indicadores macro-económicos, pero manifiestan, al mismo tiempo, su preocupación por la persistencia del desempleo y de la distribución extremadamente desigual de las riquezas producidas y la persistencia de otras desigualdades. En nuestro país, la Iglesia Católica ha dado una señal de alarma sobre ello y hasta incluso algunos dirigentes de organizaciones patronales.
Un sistema de representación parlamentario anti-democrático está aún vigente y la débil existencia de organizaciones sociales y civiles, así como el rol secundario que se les ha acordadado, afectan la real participación de la ciudadanía en la gestión del país.
La libertad de prensa y de expresión se encuentran sumamente restringidas, debido a la concentración de los medios de comunicación en manos de algunos grupos de poder (Copesa, Mercurio). El apoyo del gobierno a las iniciativas pluralistas ha sido nulo, contrastando con aquel brindado a los grupos detentores de los medios existentes.
Otras libertades y derechos igualmente afectados por la herencia dictatorial, aún no han sido totalmente restablecidos : libertad sindical, reformas al Código del trabajo, acceso a la salud y a la educación. En todo el período de administración civil, no ha existido una real voluntad para abordar y buscar soluciones que permitan superar este legado dictatorial. El resultado concreto, es que nos encontramos, aún hoy día, con un país carente de una real condición democrática. Por ello es que señalamos que una nueva actitud en la manera de gobernar y una real voluntad política son inprescindibles para abordar las diferentes carencias y desafíos que Chile deberá enfrentar.
La situación de Derechos Humanos.
La elección de un nuevo Presidente de la República, a cinco años del Bicentenario de la Declaración de Independencia, ofrece una excelente oportunidad para hacer un balance de la situación del país : examinar y resolver aquellos problemas que se han venido manteniendo en Chile a través de todos estos años. Esta ocasión debe permitir la definición de los Derechos Humanos como tema prioritario, la formulación de nuevas políticas e iniciar las reformas necesarias que lleven a una efectiva promoción, información y protección de estos Derechos esenciales.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han señalado durante este último tiempo su preocupación por la persistencia de violaciones de Derechos Humanos (aplicación de torturas en organismos policiales, discriminación y represión de minorías indígenas y sexuales…) y del no cumplimiento de las obligaciones internacionales de estos derechos (favorecimiento de la impunidad, mantención de la ley de amnistía para los militares responsables de violaciones de Derechos humanos, persistencia de la pena de muerte en la Constitución y en la juridicción militar…).
Los sucesivos gobiernos civiles no han aportado las soluciones que se requerían para resolver los problemas derivados de las violaciones de estos Derechos. La tónica general ha sido un permanente menosprecio de este tema y una tenaz intención de consagrar la impunidad acordada a los responsables de las graves violaciones de estos Derechos esenciales. Solamente en este último período y por iniciativas realizadas en el exterior (detención de Pinochet en Londres, investigación de las cuentas del dictador en los Estados Unidos), los diversos estamentos del Estado han sido obligados a actuar. Las recientes medidas de reparación definidas por el gobierno de Lagos, como lo señalan las diferentes organizaciones de Derechos Humanos en Chile, son insuficientes para lograr una mayor verdad y justicia en nuestro país.
Instamos a los candidatos presidenciales a cumplir con el compromiso contraído durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en junio de 1993. Este compromiso estipulaba » la elaboración de un plan nacional de acción que identifique las etapas a través de las cuales el Estado fomentará la promoción y defensa de los Derechos Humanos «. Como Amnesty International lo ha señalado a los actuales candidatos, este plan podría traducirse en la adopción de una » Agenda Nacional de Derechos Humanos » que » avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familias ; que tome en cuenta una amplia revisión del marco legislativo de manera que cumpla en todos los casos con los estándares internacionales de respeto a los Derechos Humanos y aporte de manera sustantiva a su promoción y defensa «.
Necesariamente, para la implementación de las medidas derivadas de esta Agenda, se necesitarán decisiones de tipo administrativo, de creación de nuevas leyes, nuevas reformas o una nueva Constitución. En otros casos se necesitará aplicar lo que ya está previsto en la legislación chilena.
Víctimas del terrorismo de Estado.
En esta calidad y desde la distancia, seguimos observando los acontecimientos en Chile con una mirada crítica sobre todo lo que concierne la problemática de los Derechos Humanos y su lenta evolución. También hemos constatado y valorado la importancia que estos Derechos y los otros » Derechos sociales, económicos, políticos y culturales » han adquirido hoy en el ámbito internacional.
Desde la detención del dictador Pinochet, el 16 de octubre de 1998 en Londres, nuestro país pudo conocer nuestras demandas de justicia. La magnitud de la deuda que Chile tenía con las víctimas del terrorismo de Estado, por las consecuencias de la dictadura militar, comenzó a conocerse. Sin embargo, el reconocimiento tuvo que venir, en primer lugar, de la justicia española y de otros países europeos. En Chile, este reconocimiento ha evolucionado muy lentamente.
Por la presión de las víctimas, de defensores y organizaciones de Derechos Humanos, los sucesivos gobiernos civiles han sido impulsados a desarrollar diversas iniciativas : en 1991, el gobierno civil de la época creó la » Comisión de Verdad y Reconciliación » para solamente investigar el paradero de detenidos desaparecidos y ejecutados . En 1999, una » Mesa de Diálogo » fue creada para la búsqueda de la verdad, pero no dio los frutos esperados. Más allá del impacto mediático, éstos fueron prácticamente nulos y sirvieron paradojalmente para permitir el regreso del dictador Pinochet a Chile en el año 2000. En Diciembre de 2004, el gobierno de Lagos creó la » Comisión de Prisión política y Tortura » para recoger el testimonio de los prisoneros políticos de la dictadura.
Estas iniciativas, si bien han aportado elementos para el conocimiento de la Verdad sobre este negro período de la historia en Chile, las medidas derivadas de las conclusiones de estas Comisiones son insuficientes. Nuestras demandas insatisfechas de justicia y reparación han sido permanentemente expresadas ante las Instituciones Internacionales de Derechos Humanos (ONU, CIDH…), ante la prensa en el exterior y por lo tanto, siguen vigentes. Ella tienen relación con :
1.- la Justicia y la impunidad existente.
Hasta el momento un número limitado de autores de violaciones de Derechos Humanos ha sido condenado. El dictador Pinochet aún no ha sido juzgado por la justicia chilena, a pesar de varios procesos establecidos tanto por su responsabilidad en varios casos de desaparecimientos, ejecuciones y torturas de detenidos políticos, como por delitos de fraude tributario y enriquecimiento ilícito. Lo más grotesco de esta situación de impunidad es el escudo que actualmente protege al dictador : immunidad en tanto que » Ex-Presidente de la República «. Esta protección le fue acordada a través de una reforma constitucional aprobada por el Congreso Pleno el 25 de marzo de 2000 que otorga fuero y dieta a los Ex-Presidentes. El 2 de marzo 2000 Pinochet regresó a Chile, posteriormente renunció a su condición de senador vitalicio quedando protegido con este nuevo fuero (una falsificación de la historia).
Otra protección con que gozan los militares (promesa de abolición no cumplida de parte del primer gobierno civil) es el decreto ley N° 2191 de auto-amnistía de 1978 que todavía sigue vigente, transgrediendo normas internacionales en la materia. Es el argumento de preferencia utilizado por los tribunales militares y civiles para no investigar y no sancionar las responsabilidades en estas violaciones.
La reciente ley 19.992 aprobada por el Parlamento entrega otra protección a los militares al imponer el carácter » secreto » por cincuenta años a los testimonios entregados a la Comisión de Prisión política y Tortura. Varios jueces han solicitado estas declaraciones, pero las autoridades invocando esta ley han negado la información.
2.- La memoria.
El reciente Premio Nobel de Literatura Harold Pinter resumió magistralmente este tema al decir que: » el horror que los Estados Unidos impusieron en Chile en 1973, [a través de la dictadura dePinochet], no podrá jamás terminarse y no podrá jamás ser olvidado «.
El lento trabajo de memoria empezó a construirse en Chile y en el exterior. Hasta antes de la caída de Pinochet en Londres (octubre 1998) este trabajo estaba constituido por brotes de memoria. El trabajo hecho penosamente por las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados, los defensores y Organizaciones de Derechos Humanos, permitió la arrestación del dictador lo que a su vez otorgó un salto cuantitativo a esta Memoria. El imperativo que había que recuperar y construir la Memoria se fue imponiendo naturalmente. Los jueces, abogados y periodistas permitieron al conjunto de las víctimas que se expresaran, recordaran y testimoniaran.
Citando al cineasta camboyano Rithy Panh , » Todo se juega en la consciencia colectiva : un pueblo debe respetarse a si mismo. Si él adquiere una identidad, puede tener una memoria [colectiva] sólida , una historia [verdadera], una educación y luchar de nuevo para definir un proyecto de vivir juntos «, consideramos primordial abocarse al trabajo de Memoria que toda sociedad auténticamente democrática y respetuosa de los Derechos Humanos tiene el deber de implementar.
Demandas :
Por lo anteriormente expuesto, pedimos a los candidatos, que deberán afrontar el Bicentenario de la Independencia de Chile, tener en consideración y hacer lo necesario para concretizar las siguientes demandas :
abolición del decreto ley N° 2191 de auto-amnistía de 1978.
Retirar la immunidad de » Ex-Presidente de la República » que el dictador Pinochet tiene hoy día. Para ello, dejar sin efecto el decreto ley que la clase politica y los militares otorgaron expresamente al dictador. Un título que no le corresponde.
Permitir el juicio y condena de todos los responsables de violaciones de Derechos Humanos.
Abrir un nuevo período de recepción de testimonios de detenidos políticos y torturados otorgando facilidades para que ello pueda realizarse plenamente.
Terminar con las intervenciones y presiones de los diferentes estamentos del Estado sobre la justicia chilena e internacional. Modificación de ley 19.992 para dejar sin efecto el carácter » secreto » de los testimonios entregados a la Comisión citada anteriormente.
Atribuir una reparación integral (pensiones y reparaciones anexas : salud, educación … ) y ampliar los derechos y beneficios a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado y que no han sido reconocidos como tales.
Considerar a los Menores víctimas de prisión política y tortura con los mismos derechos y beneficios que los adultos.
Reconocimiento de los años de prisión como años trabajados para los efectos de una jubilación justa y digna.
Anulación de todas las condenas de Consejos de guerra.
Reconocimiento del exilio forzado como otra violación de Derechos Humanos y que afectó a alrededor de un millón de personas.
Anulación de las penas de extrañamiento y de los procesos aún en curso establecidos contra quienes resistieron a la dictadura.
Pago de pensiones inmediato a aquellos beneficiarios de la ley 19.992. A un año de la publicación de esta ley de reparaciones constatamos que, tanto en Chile como en el extranjero, muchas personas no han recibido ningún beneficio. Modificación de la misma ley para terminar con la opción (contraria a normas internacionales en la materia) de renunciar a otros beneficios adquiridos (pensión de exonerados).
favorecer el trabajo de memoria colectiva. Fomentar la creación de monumentos y lugares recordatorios en los centros de las ciudades, como también la creación de museos, centros de documentación, obras artísticas, etc.
Esperamos que quien conduzca el país impulse y apoye todas las iniciativas destinadas a la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
Como lo expresaba Joan Garcés, asesor del Dr . Allende : » Chile está hoy al margen del desarrollo de las normas que buscan impedir y sancionar los crímenes de guerra y contra la humanidad, siendo que hasta 1973 estaba en la vanguardia, en conformidad con el proyecto nacional humanista que inspiraba al Presidente Allende «, consideramos que el Estado chileno no puede seguir ignorando la importancia que estos Derechos adquieren hoy día; así como, los pasos dados por la Comunidad Internacional para juzgar y condenar los responsables de violaciones de éstos. Es imperativo, entonces, que Chile firme y respete todos los convenios internacionales que protegen la sociedad y los individuos de las violaciones de sus Derechos fundamentales.
Los autores son miembros del "Collectif Droits de l'Homme au Chili (France)"