Traducido para Rebelión y Tlaxcala por Manuel Talens y Paloma Valverde y revisado por Juan Vivanco
El 9 de noviembre de 2006, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) enviaron una «Carta abierta al pueblo de Estados Unidos». La dirigieron específicamente a algunos productores y actores de Hollywood (Michael Moore, Denzel Washington y Oliver Stone), así como a tres universitarios izquierdistas (James Petras, Noam Chomsky y Angela Davis) y a un político progresista (Jessie Jackson). Dicha carta abierta pedía nuestro apoyo para facilitar un acuerdo entre los gobiernos de USA y Colombia y las FARC-EP para intercambiar 600 guerrilleros encarcelados (entre ellos 2 enjuiciados en USA) por 60 prisioneros que están en manos de los rebeldes, entre ellos 3 expertos usamericanos en contrainsurgencia.
FARC-EP: ¿Banda terrorista o movimiento de resistencia?
Contrariamente a la posición del gobierno de USA, que tilda a las FARC-EP de «organización terrorista», éstas son hoy en día el movimiento guerrillero campesino más importante y antiguo del mundo. Fundadas en 1964 por dos docenas de campesinos activistas con el fin de defender a las comunidades autónomas rurales de las violentas depredaciones de los militares y paramilitares colombianos, las FARC-EP se han convertido en un ejército guerrillero altamente organizado de unos 20.000 miembros con varios cientos de miles de milicias locales y partidarios y una enorme influencia en más del 40% del país. Hasta el 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los países de la Unión Europea y América Latina reconocían a las FARC-EP como un movimiento legítimo de resistencia y durante varios años mantuvieron negociaciones de paz con el gobierno colombiano dirigido por el presidente Andrés Pastrana. Antes del 9/11, los líderes de las FARC se reunieron con jefes de Estado europeos para intercambiar ideas sobre el proceso de paz. Numerosos y destacados dirigentes económicos de Wall Street, de la City londinense y de Bogotá, así como personajes importantes como la reina Noor de Jordania, se reunieron con líderes de las FARC en la zona desmilitarizada durante las fallidas negociaciones de paz (1999 – 2002).
Bajo fuertes presiones de la Casa Blanca, en particular de sus portavoces ultraderechistas más prominentes, como Otto Reich, Roger Noriega y John Bolton, el régimen de Pastrana rompió repentinamente las negociaciones y en menos de 24 horas envió al ejército colombiano a la zona desmilitarizada, en un intento de capturar a los jefes de las FARC comprometidos en las negociaciones. El ataque «por sorpresa» fracasó, pero sentó las bases para la escalada del conflicto.
Papel de USA en el conflicto
Empezando por el gobierno de Clinton en 2000 y siguiendo con el de Bush, USA ha desembolsado cuatro mil millones de dólares en ayuda militar al régimen colombiano con el fin de destruir el ejército guerrillero y su supuesta base social entre campesinos, sindicatos urbanos y profesionales (especialmente profesores, abogados, activistas de derechos humanos e intelectuales). Washington favorece enérgicamente una solución militar subvirtiendo cualquier intento de negociaciones de paz, y para ello cuenta con un gran número de consejeros militares, mercenarios, agentes antidrogas, agentes de la CIA, comandos de Cuerpos Especiales y otros muchos funcionarios encubiertos. Desde principios de la década de los ochenta y finales de los noventa, Washington mantuvo la ficción de que sus programas militares formaban parte de una campaña contra los narcóticos, aunque sin explicar por qué concentraba la mayor parte de sus esfuerzos en las regiones bajo la influencia de las FARC y no en las extensas áreas de cultivo de coca controladas por los militares y paramilitares colombianos. Con el inicio del Plan Colombia en 2000, Washington subrayó explícitamente la naturaleza contrainsurgente de su ayuda militar y su presencia. La Casa Blanca, extremadamente enojada por la aceptación de las negociaciones de paz por parte del presidente Pastrana y los avances de los movimientos guerrilleros y sociales, apoyó para presidente a Álvaro Uribe, un político derechista vinculado a los escuadrones de la muerte del país. Su victoria electoral inició una de las más sangrientas campañas de exterminio de la violenta historia de Colombia.
Oficiales militares usamericanos y sus homólogos colombianos financiaron una fuerza de escuadrones de la muerte de 31.000 miembros que devastó el país y asesinó a miles de campesinos en las regiones donde las FARC tienen más presencia. Cientos de sindicalistas fueron asesinados a la luz del día por sicarios en las ciudades y pueblos ocupados por el ejército. Activistas de derechos humanos, periodistas y universitarios que se atrevieron a denunciar la impunidad de los militares involucrados en las masacres fueron raptados, torturados y asesinados; no era infrecuente que apareciesen decapitados o destripados para aumentar el terror. Más de dos millones de campesinos se vieron forzados a abandonar su región para instalarse en barriadas urbanas miserables, mientras que conocidos jefes paramilitares o grandes terratenientes les embargaban las tierras. La «limpieza de clase» en el campo se llevó a cabo de acuerdo con los manuales de contrainsurgencia del Pentágono, que instruyen a los militares colombianos sobre cómo destruir la «infraestructura social» de los movimientos guerrilleros, especialmente de las FARC, que poseen amplios y antiguos vínculos familiares, comunitarios y sociales con los campesinos.
El presidente Uribe encarna al clásico gobernante sudamericano: se lanza a degüello contra los pobres y se pone de rodillas ante su patrón de Washington. Sus perpetuas campañas a gran escala diezmaron el campo, pero fracasaron a la hora de debilitar a las guerrillas o incluso de capturar a algún miembro del mando general de las FARC. Al cabo de seis años de masivas y costosas campañas de exterminio, algunos oficiales militares usamericanos de alto grado y la mayoría de sus colegas colombianos reconocieron que una victoria militar sobre el FARC era muy improbable. Según los estrategas militares, a lo más que se podría llegar sería al debilitamiento de las FARC, forzándolas a negociar un «acuerdo de paz» favorable al régimen.
Breve historia de las negociaciones de paz
Durante la presidencia de Belisario Betancourt (a mediados de los ochenta), las FARC aceptaron un cese el fuego y muchos de sus miembros entraron en el proceso electoral. Miles de guerrilleros, sus simpatizantes y muchos izquierdistas independientes crearon un partido político, la Unión Patriótica, y presentaron candidatos a todos los estamentos del gobierno. En menos cinco años, el ejército y sus escuadrones de la muerte asesinaron a 5000 activistas, candidatos y cargos elegidos, entre ellos dos candidatos a la presidencia, algunos congresistas, diversos alcaldes, cientos de concejales y líderes locales del partido. Los supervivientes regresaron a la guerrilla, escaparon al exilio o pasaron a la clandestinidad. Contrariamente a lo que pretendía el gobierno, Colombia no era una «democracia» en el sentido habitual del término, sino una «democracia de escuadrones de la muerte» en la que las condiciones y normas políticas más elementales para la participación en una campaña electoral brillaban por su ausencia. Menos de dos décadas después, cuando las FARC habían extendido su influencia hasta una distancia de 65 kilómetros de Bogotá, el gobierno de Andrés Pastrana accedió a otra ronda de «negociaciones de paz» en una amplia región desmilitarizada bajo el control de las FARC.
Durante las negociaciones, cientos de «visitantes» de todos los sectores de la sociedad colombiana, así como importantes personalidades políticas y de negocios procedentes del extranjero, participaron en foros públicos. Los debates abiertos organizados por las FARC abordaron asuntos sociales, económicos y políticos fundamentales. Por primera vez en la memoria reciente, los temas de la reforma agraria, la inversión pública en programas de creación de empleo, la inversión extranjera y la propiedad pública, las alternativas económicas al cultivo de la coca, la educación y la salud se debatieron sin miedo a las represalias de los escuadrones de la muerte. La imagen de las FARC como «fuerza militarista narcoguerrillera» quedó en entredicho; muchos observadores previamente hostiles de Europa, América Latina y América del Norte, incluso si no estaban de acuerdo con algunas de las reformas propuestas por las FARC, partieron con la impresión de que se podía negociar y alcanzar acuerdos para terminar la guerra civil.
La radicalización del régimen de Bush tras el 11 de septiembre de 2001 sirvió de pretexto para forzar una ruptura en las negociaciones de paz. Más tarde, con la elección de Álvaro Uribe, las FARC fueron incluidas en la lista de organizaciones «terroristas». La Unión Europea, que se había reunido y había consultado públicamente con los mismos jefes de las FARC, siguió el camino dictado por USA. Poco después se detuvo a negociadores de las FARC y representantes internacionales en Bolivia, Brasil, Venezuela y Ecuador. Los dos últimos países entregaron a representantes de las FARC a la brutal policía política colombiana (la DAS). Con la excusa de la «guerra contra el terrorismo» de Washington, el presidente Uribe se dedicó a reprimir sin piedad huelgas generales sindicales y grandes manifestaciones rurales de las principales organizaciones agrícolas que protestaban contra el acuerdo de «libre comercio» firmado con USA.
En medio de la carnicería patrocinada por el gobierno, las FARC siguieron una estrategia de retirada táctica a sus refugios en la selva y en las montañas y anunciaron propuestas de liberación mutua de prisioneros como primer paso en el «establecimiento de confianza» para las futuras negociaciones de paz.
Las FARC tienen prisioneros a más de 60 políticos colombianos y oficiales del ejército, entre ellos a Ingrid Betancourt, una ex candidata a la presidencia, y tres «contratistas militares» -así los describe USA- implicados en servicios de inteligencia. El gobierno colombiano tiene prisioneros a más de 600 guerrilleros. USA tiene prisioneros a dos miembros de las FARC. Éstas propusieron una reunión para organizar un intercambio de prisioneros en una zona desmilitarizada. Naturalmente, las familias de los prisioneros de las FARC estaban unánimemente a favor de la propuesta, como también lo estaban las organizaciones de la sociedad civil y los grupos humanitarios, religiosos y de defensa de los derechos humanos. USA se ha opuesto a cualquier intercambio y Uribe se hizo eco de su amo, por lo menos durante su primer período presidencial. El eslogan utilizado era que liberarían a los prisioneros por medios militares. Durante los últimos cinco años no se ha liberado a ningún prisionero. Muy al contrario, en una reciente incursión militar fallida murieron diez presos, entre ellos un ex ministro de Defensa, un gobernador y ocho oficiales del ejército. Bajo la enorme presión de la sociedad civil colombiana, de la Unión Europea y de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, el presidente Uribe declaró tras su reelección que estaba dispuesto a iniciar negociaciones para un intercambio. Sin embargo, al cabo de un mes faltó a su palabra usando como pretexto una bomba que estalló en una instalación militar, que él atribuyó a las FARC a pesar de que éstas negaron su autoría. Los expertos sospechan que fue una operación encubierta de los servicios secretos de Colombia para socavar cualquier avance hacia un intercambio de presos.
Perspectivas de las negociaciones de paz
Fuera de Washington y del entorno inmediato del presidente Uribe, todo el mundo está de acuerdo con que cualquier proceso de paz debe comenzar con la adopción de medidas que inspiren confianza, especialmente el intercambio de prisioneros.
Esas negociaciones se complicaron de forma inmediata; el 31 de diciembre de 2004 USA extraditó a dos presos de las FARC retenidos por el gobierno colombiano y los mantuvo en celdas de aislamiento, atados durante 23 horas al día. El 16 de octubre de 2006, se juzgó por «tráfico de drogas» y «terrorismo», así como por «secuestro», a uno de los presos políticos de las FARC, Ricardo Palmera, más conocido por su nombre de guerra, Simón Trinidad. Se trata de un clásico «juicio político espectáculo», en el cual se ha organizado una detención ilegal, se han fabricado pruebas y procedimientos judiciales lesivos para asegurar una sentencia condenatoria.
El aspecto más sospechoso de esta farsa política es la caracterización del papel de Trinidad en las FARC. Había sido su principal negociador de paz, como resultó evidente cuando fue reconocido como el principal interlocutor de las FARC con el presidente colombiano Andrés Pastrana durante las negociaciones de paz de 1999-2002. Hay numerosas fotografías, noticias, informaciones y entrevistas de la época en los medios de comunicación colombianos y europeos que claramente identifican a Trinidad como un negociador clave para la paz. No menos importante es que Trinidad fue el principal intermediario de las FARC para las relaciones con el representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, James Lemoyne, nombrado por el gobierno de USA y asimismo antiguo periodista corresponsal del New York Times en América Latina.
Reconociendo que la posición de Trinidad como negociador de paz de las FARC con misiones fundamentalmente diplomáticas comprometía gravemente las alegaciones de Washington, el fiscal federal modificó la acusación de que estuviese directamente implicado en el «secuestro» de tres oficiales contrainsurgentes usamericanos retenidos como prisioneros de guerra por las FARC por otra de «asociación» con los secuestradores y «conspiración» para cometer el delito de «secuestro de rehenes». El fiscal federal se ha beneficiado del lenguaje de la nueva legislación antiterrorista, aprobada por los presidentes Clinton y Bush, para acusar a Trinidad. Todas las organizaciones usamericanas importantes de libertades civiles y la Asociación de Abogados de USA [American Bar Association] han denunciado este marco legal por violar la constitución del país.
La acusación de «asociación» está fundamentada en las insostenibles alegaciones de que Trinidad «se reunió» con los tres oficiales usamericanos contrainsurgentes tras su captura, una acusación que carece de prueba concreta alguna: la acusación no tiene testigos ni documentos de tal encuentro, ni especifica el momento, la fecha o el lugar para el supuesto encuentro. De hecho, en ese momento Trinidad estaba en otra provincia dirigiendo un programa educativo de las FARC. La acusación de «conspiración» está fundada en la pertenencia de Trinidad a las FARC, que fue tachada de «organización terrorista» por el presidente Clinton en 1997, una catalogación rechazada por la Unión Europea, que poco después recibió a un grupo de dirigentes de las FARC y de negociadores de paz en gira [por Europa]. Por otra parte, el presidente colombiano Pastrana, que estuvo implicado en las negociaciones de paz con las FARC entre 1999 y 2002, rechazó la calificación de «terrorista» por considerar que Trinidad era un interlocutor legítimo.
La larga historia política de las FARC, sus vínculos históricos con un amplio segmento del campesinado colombiano, su programa político de reformas sociales, la uso de la fuerza en el conflicto exclusivamente contra el ejército del Estado colombiano, su búsqueda constante de las negociaciones de paz fundamentadas en la reforma social y del ejército están en clara contradicción con todas y cada una de las definiciones de «organización terrorista».
La mera idea de «secuestrar» a tres oficiales militares o de inteligencia de USA implicados en una operación militar de vigilancia contra la insurgencia en una zona de combate es absurda. Como combatientes capturados son, de acuerdo con los Convenios de Ginebra, prisioneros de guerra y, como tales, están sujetos a posibles intercambios de prisioneros si las partes en conflicto lo acuerdan. El fiscal federal adujo que Trinidad estuvo implicado en el intercambio de prisioneros cuando fue ilegalmente detenido en Ecuador y trasladado a Colombia y, posteriormente, extraditado a USA. En el juicio, Trinidad rechazó tal alegación demostrando que estuvo en Ecuador para organizar un encuentro entre Lemoyne y un importante dirigente guerrillero. La acusación no presentó pruebas escritas o grabadas que relacionasen a Trinidad con ningún «intercambio de prisioneros».
La captura ilegal y la detención de Simón Trinidad
Cualquier proceso jurídico que merezca tal nombre debería desestimar la acusación basándose en el carácter ilegal de la detención. A finales de diciembre de 2003, Trinidad viajó a Quito (Ecuador) para contactar con James Lemoyne sobre posibles negociaciones de paz con el gobierno colombiano, empezando por la creación de un clima de confianza y medidas humanitarias relacionadas con prisioneros y cautivos. Durante negociaciones anteriores de paz, Lemoyne fue un mediador honrado que rechazó las presiones del embajador de USA para hacer fracasar los encuentros. Debido a la tremenda escalada militar llevada a cabo por el presidente Uribe, Trinidad no tuvo la oportunidad de reunirse en Colombia con Lemoyne. Las FARC supieron que Lemoyne estaba dispuesto a entablar conversaciones en Quito.
Bajo la dirección de la CIA, un escuadrón ilegal conjunto colombiano-ecuatoriano apresó a Trinidad. La operación violó en su totalidad la soberanía ecuatoriana, los procedimientos judiciales y los derechos de recurso político. La detención extraterritorial de los dirigentes de la oposición y su traslado a los tribunales imperiales se parecen a las prácticas del Imperio Romano y no a la legislación internacional contemporánea.
Mientras estuvo cautivo, a Trinidad se le negó el acceso a traducciones, documentos y material escrito. Estuvo esposado en una celda de aislamiento 23 horas al día durante 21 meses sin abogado defensor. El juez federal, Thomas Hogan, y el fiscal federal actuaron para predisponer el juicio incluso antes de que empezara. Alrededor de 30 policías armados en una caravana de vehículos escoltados por helicópteros llevaron a Trinidad esposado ante el tribunal. Se le negó la elección de abogado y se le asignó un equipo de letrados nombrados por el tribunal. Cuando sus abogados intentaron aportar un contexto histórico pertinente, que incluía los intentos de las FARC de participar en los procesos políticos electorales y la subsiguiente masacre de 5.000 militantes y candidatos -entre ellos dos candidatos presidenciales-, la fiscalía protestó. La fiscalía también protestó por la descripción que hizo la defensa del generalizado y continuo estado de violencia en Colombia y del papel de las fuerzas de contrainsurgencia de USA en alianza con los grupos paramilitares.
En esta pesadilla kafkaiana de una sala de juicio, el fiscal pidió al juez que ocultara los nombres del jurado para protegerlos de la «venganza» de la «organización terrorista» de Trinidad (en lo más profundo de la selva colombiana), con lo que predispuso aún más a un jurado ya atemorizado y a un juez tendencioso.
El grupo de letrados de la defensa nombrados por el tribunal no consiguió contrarrestar la más elemental de las afirmaciones perjudiciales realizadas por el testigo clave de la acusación, un coronel del ejército colombiano, que se refirió a Trinidad como «terrorista» a pesar del hecho evidente de que todavía no había sido acusado [de terrorista]. El juez Hogan se negó a permitir a los miembros del jurado que se llevasen sus cuadernos con las notas tomadas durante el juicio y les negó el acceso a las transcripciones, impidiéndoles una evaluación racional de las pruebas.
La refutación de Trinidad del testigo colombiano de la acusación y la escandalosa naturaleza de este «juicio político espectáculo» resultaron evidentes desde el primer día en que el jurado se dirigió al juez. El jurado declaró que sus miembros estaban profundamente divididos en todas las acusaciones y pidieron al tribunal que declarase la nulidad del juicio por falta de consenso. Tras 18 días de sesiones muy tensas, demagógicos e inflamados discursos políticos, los jurados apenas deliberaron durante siete horas antes de anunciar que estaban en un punto muerto. Una nota de uno de los jurados al juez del distrito, Thomas Hogan, afirmaba: «[…] Creemos que nuestras diferencias, fundamentadas en profundas reflexiones, son irresolubles». El juez Hogan denegó la petición de Trinidad de un juicio nulo, ordenó al jurado que siguiese deliberando y afirmó que declararía la nulidad si los jurados repetían su declaración de estar en un punto muerto por segunda vez.
Conclusión
El «juicio político espectáculo» de Simón Trinidad es un flagrante ejemplo de las amenazas a las libertades constitucionales, a las cuales nosotros y los ciudadanos del mundo nos enfrentamos ante el poder sin límite del presidente de USA para gobernar por encima de todos los derechos de los estados soberanos y de sus ciudadanos, de la legislación internacional y de las libertades constitucionales.
Igualmente importante es la actual realidad de las detenciones ilegales extraterritoriales, los secuestros y los procedimientos arbitrarios al servicio de las sangrientas políticas imperiales y de los gobernantes clientelistas, cuyos actos están devastando la sociedad colombiana. El salvaje programa contrainsurgente llamado «Plan Colombia» ha desplazado a más de dos millones y medio de campesinos y pobladores de las chabolas [1] de las ciudades; el número de personas desplazadas se sitúa sólo detrás del de Afganistán. Los programas de contrainsurgencia, denominados de formas variadas («Plan Colombia», «Plan Patriótica» y «Seguridad Democrática») están financiados por USA y promovidos por su cliente el presidente Álvaro Uribe. El sindicato usamericano AFL-CIO [1] documenta más de 4.000 sindicalistas asesinados entre 1986 y 2002; el gobierno colombiano sólo ha investigado 376 casos, de los cuales sólo cinco han terminado con la condena del asesino. Según los grupos colombianos de derechos humanos, entre los años 2003 y 2006 el ejército de Uribe y sus aliados paramilitares han asesinado a casi mil sindicalistas más. Durante los últimos cinco años, 30.000 campesinos, maestros rurales y líderes indígenas y campesinos han sido asesinados con impunidad. El estado de represión («[Plan] Seguridad Democrática») se ha centrado en la debilitación de los sindicatos en contra del Acuerdo de Libre Comercio usamericano-colombiano, no en la debilitación de las guerrillas armadas. Con alrededor de un 68 por ciento de la población colombiana que vive por debajo del umbral de la pobreza de dos dólares al día, y con las expropiaciones de tierra a manos de los dirigentes paramilitares, con los magnates del ganado y los mandos militares que concentran la propiedad de la tierra a una escala sin precedentes, no es de extrañar que la resistencia guerrillera esté reclutando voluntarios y se enfrente con éxito a las campañas militares apoyadas por el gobierno, cada una de las cuales lleva un título triunfalista y todas terminan en un estrepitoso fracaso. Sin unas profundas reformas sociales y políticas y a falta de un modelo económico que integre a los millones de desplazados, aterrorizados y excluidos, no hay estratega o estrategia militar -por muy financiada y bien dirigida que esté- que pueda acabar con este conflicto civil.
El primer paso para la resolución de este conflicto de medio siglo es el reconocimiento de que Colombia está sumida de una guerra civil, no en una «guerra contra el terrorismo». El segundo es la puesta en libertad de los protagonistas del proceso de paz, Simón Trinidad y su compañera Sonia, como un paso concreto hacia un intercambio humanitario de prisioneros y la instauración de medidas en las que confiar, que abran la vía de unas negociaciones de paz a gran escala.
Paradójicamente, el final del derramamiento de sangre colombiano podría empezar en Washington, en un tribunal federal, o posiblemente en el Congreso de USA, con el reconocimiento de que USA es una parte armada en la guerra civil de Colombia, de que sus combatientes son prisioneros de guerra y de que su puesta en libertad final depende del reconocimiento de los límites del poder militar usamericano (y de su cliente colombiano) y de que un acuerdo diplomático negociado es la única alternativa real.
Espero reunirme con artistas e intelectuales como Denzel Washington, Oliver Stone, Michael Moore, Noam Chomsky y Angela Davis, mencionados en el llamamiento de las FARC, en un esfuerzo común para presionar al gobierno de USA con el fin de llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros (tanto en USA como en Colombia), lo que incluye a los combatientes usamericanos.
Notas de los traductores:
[1] Chabolas en España, favelas en Brasil, ranchitos o villamiserias en otras zonas de América Latina.
[2] American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations.
James Petras es sociólogo y escritor usamericano, autor de numerosos textos sobre América Latina.
Paloma Valverde es miembro de IraqSolidaridad y Rebelión. Manuel Talens y Juan Vivanco son miembros de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. Esta página se puede reproducir con fines no comerciales, a condición de respetar su integridad y de mencionar a los autores y la fuente.
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