Bogotá, 11 de enero de 2022
Señor Fidel Cano Correa.
Señora Fernanda Torres Tovar.
Asunto: Rectificación.
En su edición virtual del 9-01-22 y en la edición impresa del 10-01-22, en el artículo titulado: “¿Cuál es el frente del Eln que atacó al Esmad en Cali?” se asegura sin mayores referencias lo siguiente:
“El mismo año, el 17 de junio, en vísperas del Día del Padre, las autoridades reportaron la detonación de un artefacto explosivo en el baño de mujeres del segundo piso del Centro Comercial Andino, en el norte de la capital. La fuerte explosión, que se registró pasadas las 5:00 de la tarde, dejó tres mujeres muertas (una de nacionalidad francesa) y otras siete personas heridas. En ese entonces, la Fiscalía le atribuyó el atentado al Movimiento Revolucionario Popular (Mrp) y por esos hechos fueron capturadas diez personas, a quienes meses después se les comprobó que habían estado en campamentos del Eln recibiendo instrucción militar a cambio de brindar conocimientos académicos a los subversivos.”
Tal afirmación huérfana de antecedentes, circunstancias e investigación integral, compromete la credibilidad de su periódico, ante sectores de opinión con criterio liberal o democrático. Pues resulta absolutamente falso que a las diez personas capturadas se les haya comprobado lo que ustedes irresponsablemente afirman. Muchas y permanentes han sido las denuncias sobre la elaboración por parte de la fiscalía general de la nación y de la policía nacional de dos montajes judiciales para ocultar los fines y los verdaderos autores del atroz atentado al Centro Comercial Andino. El primer montaje es el del CCA donde a los capturados se les imputo falsamente. El segundo montaje elaborado para impedir la libertad de los acusados otorgada en el primer proceso, tuvo lugar con otra andanada de irregularidades y abusos que también se denunciaron en su momento. Luego de que la mayoría de implicados obtuvimos la libertad por vencimiento de términos, los dos procesos surgidos de semejantes montajes judiciales siguen adelante, así como las persecuciones y acosos constantes, pero en ninguno de los dos procesos la fiscalía ha demostrado sus falaces afirmaciones.
Se espera un mínimo de la redacción judicial de un periódico comprometido con la libertad de prensa y la búsqueda de la verdad. En este caso por ejemplo: establecer la existencia de dos procesos penales que juzgan las mismas pruebas, uno derivado de la inconsistencia del primero y señalado por la corte suprema de justicia como “cuestionable” (en tutela a favor de una de las procesadas); el hecho de que transcurridos cuatro años y medio no han iniciado los juicios, luego es imposible que se haya establecido responsabilidad alguna.
En el mismo sentido, si el artículo periodístico busca señalar autorías o personas frente al atentado en Cali, lo mínimamente coherente es revisar cual ha sido la actitud de la fiscalía al demostrar su “eficacia” ante la opinión pública. ¿no se endilgó el atentado en la macarena a Stiven Buitrago y a Mateo Gutierrez?. Así los presentaron las autoridades. Resultado: absueltos por la evidente elaboración de montajes judiciales. ¿cuál es el resultado de la investigación por los atentados en porvenir?, absoluciones y libertades por falta de pruebas e imposibilidad de llevar a término esos procesos fraudulentos. ¿qué pasa con los señalados por el atentado a la Escuela General Santander? ¿la redacción judicial de un prestigioso periódico de circulación nacional desconoce tan vulgarmente estas realidades? ¿Cabe cuestionar a una institución como la fiscalía con poderoso presupuesto e innumerables escándalos en su haber, mete gente a la cárcel basándose en la más simple propaganda?
Es así falso lo vertido por El espectador acerca de los imputados, tanto en las insinuaciones sobre su participación en el atentado al CCA como en sus afirmaciones referidas “a quienes meses después se les comprobó que habían estado en campamentos del Eln recibiendo instrucción militar a cambio de brindar conocimientos académicos a los subversivos.”. de modo que es exigible una rectificación de lo dicho sin tener que acudir a vías judiciales. Es claro que lo que está en pugna es la existencia de un periodismo libre capaz de cuestionar al poder e investigar sin temores, frente a un periodismo afecto al unanimismo discursivo y autoritario que en la Colombia de hoy han dado en llamar “paz”, pero eso escapa al objeto de la presente carta.
Implicado en los montajes judiciales en mención, Boris Rojas
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