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El miembro de la guerrilla colombiana afirma en un escrito sacado clandestinamente de prisión que su captura fue una operación encubierta de secuestro realizada por el estado colombiano en el exterior y denuncia un atentado contra su abogado

Carta de Rodrigo Granda, llamado el «canciller» de las FARC, después de un año en cárcel

Fuentes: Rebelión

En una carta sacada clandestinamente de Cómbita, la cárcel de máxima seguridad, Rodrigo Granda, llamado el «canciller» de las FARC, protesta enérgicamente contra el atentado a su abogado Ernesto Moreno Gordillo y las amenazas de muerte al otro abogado, Miguel González

El diplomático guerrillero, que fue recibido en muchos países latinoamericanos y sus gobiernos, también acusa al estado colombiano de ser los verdaderos autores del secuestro del que fue víctima en territorio venezolano el 13 de diciembre del 2004.

En la carta, que llegó a este reportero en América Latina, Granda también acusa a la fiscalía colombiano de ser cómplice de la impunidad tanto por su secuestro del guerrillero como el atentado contra su abogado:

«Ninguna mente honesta debe permanecer impasible ya que el silencio nos hace cómplice de las prácticas mafiosas del estado colombiano. Debemos atar la mano asesina y exigir investigación y castigo para los culpables. Se equivocan quienes creen que con este tipo de actos terroristas podrán enmudecer las voces que desde los estrados judiciales desenmascaran los abusos del poder».

El 17 de noviembre Ernesto Moreno Gordillo, uno de los dos abogados que tiene Rodrigo Granda, fue fue baleado cuando salía de su residencia en el sur de Bogota por dos sicarios en moto que le dispararon a la cara. Milagrosamente sobrevivió el atentado y se recupera en estos momentos en un hospital de la capital colombiana.

El otro abogado de Granda, Miguel González, también ha denunciado que el jefe de la Fiscalía Especializada (dedicada a casos de rebelión y terrorismo) ha rechazado el permiso y el salvoconducto que tienen los abogados para poder visitar y trabajar con sus clientes. Según el abogado González, el estado colombiano no solamente viola su propia constitución sino también las normas y acuerdos internacionales.

El atentado y las amenazas de muerte a los dos abogados de Granda fue ampliamente rechazados por varios sectores de la sociedad colombiana como abogados y organismos de derechos humanos.

Rodrigo Granda fue secuestrado el 13 de diciembre en Caracas cuando participaba en el Congreso Bolivariano, una conferencia internacional reunida en la capital venezolana. Fue llevado en un baúl por 16 personas, según Granda, algunas de ellas con acento «país», el procedente del departamento de Antioquia cuya capital es Medellín.

El comando, constituido por policías de SIJIN y policías corruptos venezolanos lo entregaron en territorio colombiano en la ciudad de Cúcuta, un municipio totalmente controlado por paramilitares. Ahí fue organizada una rueda de prensa que había sido convocado ya el día anterior por la presidencia a pesar de que afirmaba que sabía nada del secuestro.

Rodrigo Granda es integrante de la Comisión Internacional de las FARC y no tenía orden de detención por parte de Interpol. El hecho causó un grave incidente diplomático entre Alvaro Uribe y el presidente Hugo Chávez que se mantuvo sin hacer declaraciones mientras se investigaron las circunstancias de la detención. Cuando finalmente el gobierno de Caracas se pronunció, lo hizo en forma contundente, acusando al gobierno colombiano de ejercer un terrorismo internacional, secuestrando personas fuera sus fronteras.

Pero no solamente Rodrigo Granda ha sido víctima de una acción estatal colombiana. El general Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares colombianas, denunció a Gloria Cuartas, la ex alcaldesa del municipio de Apartado, región de Urabá, y actual secretaria general del Frente Social y Politico, por haber declarado abiertamente en una conferencia den Caracas, «libertad a Simón Trinidad». Trinidad es otro destacado guerrillero, que fue secuestrado en la capital ecuatoriana cuando estaba tratando de entablar contacto con el delgado de Kofi Annan para preparar un intercambio de prisioneros de guerra. El general «comprobó» esa denuncia con una película de vídeo hecha en forma clandestina en la conferencia por agentes colombianos de inteligencia del estado colombiano. El hecho fue caracterizado como una violación flagrante a la soberanía nacional venezolana.

Rodrigo Granda ya va a cumplir un año encarcelado en donde los fiscales y el estado colombiano, y hasta agentes de FBI, de Estados Unidos, ha intentado en vano negociar con el guerrillero para dirigir sus denuncias contra el Secretariado del Estado Mayor de las FARC.

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COMUNICADO DE RODRIGO GRANDA

Al arribar un año de mi supuesta «detención», a la opinión pública nacional e internacional, les ha quedado en claro, que se trató de una operación encubierta de secuestro realizado por el estado colombiano en el exterior y por añadidura, en territorio de un país amigo.

Llama la atención, que la Fiscalía General de la Nación, tan acuciosa en otros temas, ni ninguna instancia judicial de la república hayan, hasta hoy, abierto investigación penal para esclarecer un delito tipificado de lesa humanidad, máxime como ocurrió en este caso, agravado por provenir de altos funcionarios del estado y del gobierno colombiano, quienes fueron lo que planificaron, financiaron y dieron órdenes expresas para ejecutar la acción.

Ante las abrumadoras pruebas que sindican a estos funcionarios y tratando de acallar las voces que los denuncian, que no existe tropelía que no cometan, y entre ellas, en marco al el levo atentado contra el Doctor Ernesto Moreno Gordillo llevado a cabo, en el sur de Bogota, el 17 de noviembre del corriente.

Ninguna mente honesta debe permanecer impasible ya que el silencio nos hace cómplice de las prácticas mafiosas del estado colombiano. Debemos atar la mano asesina y exigir investigación y castigo para los culpables. Se equivocan quienes creen que con este tipo de actos terroristas podrán enmudecer las voces que desde los estrados judiciales desenmascaran los abusos del poder. Hay que exigirle al estado colombiano el respeto a sus vidas y plenas garantías para que puedan cumplir su función profesional a los abogados Miguel González y Alberto Acevedo, quienes también han sido amenazados de muerte y temo sean víctimas de mis secuestradores en el ánimo de borrar huellas.

A los familiares y al doctor Ernesto hago llegar mi saludo solidario y mis votos por una pronta y exitosa recuperación. No se necesita portar un megáfono para saber de qué parte salieron los proyectiles de odio y muerte contra los que no se inclinan ante los nuevos Césares.

Secuestrado por el estado colombiano

Rodrigo Granda E.

CC # 19´104,578 de Bogota – TD 2892

Cómbita, Nov. 18/2005. Por obvias razones se demorará en llegar a los medios