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Carta del Partido Comunista y del Partido Humanista al Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Fuentes: Rebelión

Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema Señor Marcos Libedinsky Presente Santiago, 2 de marzo de 2005 De nuestra consideración: Nos dirigimos a usted para entregarle nuestra opinión frente a uno de los temas que sigue siendo trascendental para el país, el de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante la dictadura militar. En su […]


Excelentísimo

Presidente de la Corte Suprema

Señor Marcos Libedinsky

Presente

Santiago, 2 de marzo de 2005

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted para entregarle nuestra opinión frente a uno de los temas que sigue siendo trascendental para el país, el de las violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante la dictadura militar.

En su discurso del día de ayer, al inaugurar el año judicial, señaló, refiriéndose a la última decisión de la Corte Suprema en que se resolvió instruir a los jueces para cerrar los sumarios en un período de seis meses y terminar con los jueces y ministros de dedicación exclusiva, que no divisaba el punto final como consecuencia de tal decisión.

Como lo han expresado diversos sectores de los derechos humanos, planteamientos que respaldamos, estas medidas si buscan el punto final, por cuanto pretenden forzadamente poner plazo a los juicios, con el único propósito que estos terminen lo más pronto posible y no buscando lo esencial, la verdad y la justicia. Todo el país sabe que la demora de los juicios no obedece a la negligencia de los jueces y ministros, sino a la falta de colaboración de los organismos encargados de entregar la información, como de los propios responsables que han negado sistemáticamente su participación en los crímenes. Por otro lado, terminar con los jueces y ministros con dedicación exclusiva sería un grave retroceso para el avance en los procesos que se ha logrado hasta ahora. Nuestra solicitud concreta a la Corte Suprema es que se mantengan los ministros y jueces con dedicación exclusiva y que se prorrogue el plazo para cerrar los juicios sobre derechos humanos todo lo suficiente y necesario para lograr la verdad y la justicia.

Frente a la polémica actual respecto a determinar la responsabilidad de los civiles que ocuparon altos cargos en la dictadura militar, mientras se violaron los derechos humanos, no cabe ninguna duda que esta responsabilidad no es solo política como pretende el señor Sergio Fernández, sino también penal. Por cuanto como el propio Fernández lo reconoció ayer en el diario «La Segunda» él y el propio gobierno dictatorial tenía pleno conocimiento del tema de los derechos humanos y la gravedad de los crímenes que se estaban cometiendo y sin embargo, no solo no hicieron nada por impedirlo, ni por investigarlo, sino que además se mantuvieron en sus cargos a sabiendas de la existencia de gravísimas violaciones a los derechos humanos como se los hacía ver la comunidad internacional, la iglesia, los familiares de los propios afectados y como se podía inferir de los propios medios de comunicación, por el contrario, colaboraron a encubrirlos al negar sistemáticamente las detenciones como ha quedado demostrado en todos los procesos.

Como se ha dicho reiteradamente, nadie puede quedar al margen de la justicia por muy alta que sea su investidura, y no puede ser este enjuiciamiento un factor de desestabilización o de caza de brujas como algunos han señalado. Lo mismo se dijo en su momento respecto al desafuero y procesamiento del dictador Augusto Pinochet, lo que se demostró que era falso. Y en esta misma lógica si se ha establecido la responsabilidad penal de Pinochet, por qué sus Ministros del Interior no la van a tener, si ellos en conjunto con Pinochet tomaban las decisiones que ponían en práctica los organismos de seguridad. No olvidemos que era Sergio Fernández el que firmaba los decretos exentos que ordenaban las detenciones.

Por más que se intente no se puede tapar el sol. Hoy al fin se está sabiendo lo que muchos han tratado de ocultar y tiene que asumir su responsabilidad. Sin verdad y sin justicia no existirá una real democracia en el país.

Atte.

Guillermo Teillier, secretario general del Partido Comunista de Chile

Efrén Osorio, presidente del Partido Humanista