Santiago, 21 de abril de 2005 Señor Ricardo Lagos Escobar Presidente de la República Presente Junto con saludarle, nuestra organización viene a señalar lo siguiente: La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura reconoce el valor ético que tuvo el Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política […]
Santiago, 21 de abril de 2005
Señor Ricardo Lagos Escobar Presidente de la República Presente
Junto con saludarle, nuestra organización viene a señalar lo siguiente:
La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura reconoce el valor ético que tuvo el Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para la sociedad chilena, ya que estableció que la tortura constituyó una política de Estado destinada a someter y aterrorizar a la población durante la dictadura militar.
Sin embargo, hemos hecho pública nuestra preocupación por la ausencia de una línea de investigación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que permitiera identificar y otorgar el debido reconocimiento a quienes fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas.
Sin lugar a dudas la publicación de un anexo con 102 personas en el Informe Valech titulado «Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión», constituyó un primer paso para visibilizar este tema en la sociedad chilena. No obstante, desde la publicación del informe ha quedado al descubierto que los niños y niñas torturados fuimos muchos más que 102. Pese a carecer de mayores recursos, nuestra agrupación localizó y presentó durante el período de reconsideración de la Comisión (diciembre 2004 – marzo 2005) 163 casos de niños, niñas y adolescentes torturados y prisioneros políticos que no se encuentran en el Informe Valech. Además, Fundaciones como el Programa de Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (P.I.D.E.E.) o la Vicaría de la Solidaridad, que cuentan con archivos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas, contienen numerosos antecedentes sobre este tema.
Por esto reiteramos hoy nuestra petición de reabrir la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para todas las víctimas de prisión política y tortura, y en lo que se refiere a los menores, modificar su mandato para que todos los que fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas, seamos reconocidos como tales. Además, se hace indispensable que la Comisión defina el concepto de tortura en niños y niñas de acuerdo a los estándares internacionales, y aborde este tema en su real dimensión.
En segundo lugar, queremos reiterar nuestro profundo desacuerdo con la distinción que hizo la Ley de Reparaciones nº19992 promulgada el 24 de diciembre de 2004, al hacer una diferencia entre las reparaciones entregadas a quienes tenían participación política o social al momento de su detención (listado de víctimas) y quienes, por ser niños y niñas, no la teníamos (anexo de menores de edad). Reconocemos que la Comisión hizo un gesto para enmendar esta situación, traspasando a una gran cantidad de personas que estaban en el anexo al listado de víctimas. Sin embargo, aún quedan 13 personas en el anexo que no tienen ese reconocimiento, y que por lo tanto, no tienen derecho a las mismas reparaciones que los demás. Según se nos ha informado, se trataría fundamentalmente de personas que estaban en gestación cuando sus madres fueron detenidas, y que por lo tanto, fueron víctimas de tortura intrauterina.
No es posible medir el grado de sufrimiento experimentado. No es posible establecer una escala que mida el impacto que la tortura puede tener en una persona. No se puede establecer si el sufrimiento de un niño afectado por su uso en calidad de rehén es mayor o menor al sufrimiento experimentado por otro niño debido a la tortura que sufrió cuando se encontraba en gestación.
Por esto solicitamos a usted que todas las personas que fueron víctimas de prisión y tortura tengan el pleno reconocimiento de su calidad de víctimas, y que por lo tanto, se beneficien de las mismas reparaciones que establece la ley.
En tercer lugar, la misma Ley de reparaciones nº19992 en su artículo nº15 cubrió con un manto de silencio de 50 años los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, no permitiendo si quiera su acceso a magistrados del Poder Judicial que investigan causas de Derechos Humanos. Los tratados internacionales establecen que la tortura de niños y niñas es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que no puede quedar en la impunidad. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que «los Estados tienen la obligación de investigar y si hay pruebas suficientes, llevar ante la Justicia a los responsables y castigar a los culpables de esas violaciones». Chile merece avanzar hacia el futuro por el camino de la verdad y la justicia, y por eso exigimos que este manto de impunidad se levante.
Por último, queremos reiterar nuestra solicitud de audiencia, hecha el 12 de enero del presente año, para abordar estos temas.
Sin otro particular,
Se despide atentamente, Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura