Casanare y la British Petroleum: una historia que es preciso cambiar

Olvido e impunidad.

La historia reciente de Colombia, ese pequeño país ubicado al norte de Suramérica, es una historia de olvido y de impunidad. Olvido, pues la memoria oficial se ha empeñado en conservar sólo los grandes relatos de carácter nacional, los nombres de victimas ilustres, de delincuentes y de presidentes -curiosa selección-, dejando de lado la vida de aquellos hombres y mujeres que constituyen la carne y el hueso de nuestra realidad. Impunidad, porque durante años se ha entorpecido sistemáticamente la posibilidad de hacer justicia en crímenes brutales contra el pueblo. Crímenes que han destruido los amarres del tejido social colombiano.

En efecto, en las últimas décadas hemos presenciado con impotencia la repetición de violaciones a los derechos humanos y tragedias del pasado que habíamos olvidado, entre otras cosas, por la falta de una justicia efectiva y de una memoria crítica. Hoy reviven esos fantasmas en una nación atrapada entre el totalitarismo, el paramilitarismo y el reinado del capitalismo transnacional. Ese es el verdadero rostro de Colombia, oculto bajo la mascara de la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esos son los elementos que explican buena parte de nuestra realidad actual: intereses transnacionales, gobiernos corruptos de derecha y paramilitarismo.

El departamento del Casanare, ubicado en la región de los llanos orientales, no es la excepción. Desde la década de los noventa cuando se inicio la explotación petrolera allí por parte de la empresa transnacional British Petroleum (BP) hasta hoy, es posible enumerar cientos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, múltiples casos de desviación de recursos provenientes de la economía petrolera, miles de atropellos contra la población campesina, sin mencionar las nocivas transformaciones que el petróleo ha ocasionado en la sociedad y en la cultura llaneras. No obstante, todo ello ha sido sumido en el olvido, sometido al ocultamiento, destinado sin derecho a apelación a la impunidad. Cuando eso sucede, la infamia se repite y es preciso sentar un precedente contra el silencio y el olvido, contra la impunidad y el ocultamiento. Movilizar solidaridades, sensibilizar conciencias, dar un paso para parar de una vez por todas esta cruda realidad que ha vivido y vive hoy el departamento de Casanare en Colombia, este es el propósito de este artículo.

Un motivo.

El 16 de Marzo de este año, la comunidad de la vereda el Triunfo del municipio de aguazul en Casanare informo a COS-PACC, sobre el asesinato de los campesinos Daniel Torres Arciniegas de 38 anos de edad y su hijo Roque Julio Torres Torres, de tan solo 16. Según informo la brigada 16 del Ejército de Colombia estas dos personas habían sido dadas de baja en medio de un combate pues se trataba de guerrilleros. Según nos informaron los habitantes de la región y los familiares de las victimas, ni Daniel ni Roque Julio eran guerrilleros, tampoco murieron en un combate. Se trataba de dos campesinos reconocidos por la comunidad, quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por el Ejército, en lo que constituye una clara violación de los derechos humanos.

Según cuentan sus familiares, ambos tenían señales de maltrato, posiblemente tortura, y orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en la región temporal del cráneo, es decir, habían recibido tiros de gracia. Los hechos, los testimonios de la comunidad, las evidencias de los cadáveres y el que Roque Julio hubiese sido testigo de una ejecución extrajudicial de otro campesino a manos del ejército colombiano, son agravantes que se repiten en los diversos casos que hemos documentados.

En casos como estos surgen numerosas preguntas: ¿Por qué fueron asesinados?, ¿con que propósito el ejercito colombiano, supuestamente encargado de defender la democracia y la libertad ejecuta a sangre fría a un niño de tan solo 16 años?, ¿Por qué suceden este tipo de hechos -mas de 10 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza publica en el municipio de aguazul en lo que va corrido de este ano– en cercanías de los pozos de explotación petrolera a cargo de la BP? La respuesta a ello se encuentra en el cruce entre el petróleo, las empresas transnacionales, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado colombiano, actualizado en la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez.

El caso del pequeño Roque Julio y de Daniel Torres es un motivo suficiente para cambiar esta historia de la BP en Casanare…

El oro negro, o la historia de una soberanía entregada.

Hacia principios del siglo XX, mas exactamente en 1905, comenzó en Colombia la exploración petrolera. En ese año, el gobierno nacional firmó un polémico contrato con Roberto de Mares mediante el cual se le otorgaba en concesión la zona petrolera de Barrancabermeja. Esta concesión constituiría el primer antecedente de una historia de entrega de nuestros recursos, y con ello de nuestra soberanía, a empresas transnacionales. En este caso a la Tropical Oil Company.

Por su parte, la exploración en la región de los llanos orientales se iniciaría en los años 20 del siglo pasado. Durante los años sesenta y setenta continuaron las exploraciones en la región del piedemonte sin resultados favorables. Pero sólo hasta 1983 con el descubrimiento del Campo Caño Limón, de 1.000 millones de barriles en la cuenca de los llanos orientales – Arauca-, el país volvió a convertirse en exportador de crudo. Hasta acá, lo que nos cuenta la historia oficial no es otra cosa que el inicio de una economía prospera y creciente que apalancó el desarrollo del país. Pero lo que recuerdan los habitantes de Barrancabermeja y Arauca es el inicio de una guerra por el «oro negro», el comienzo de la destrucción progresiva de la cultura, la intromisión forzosa y violenta de un modo de vida occidental que desgarró poco a poco el tejido social, a tal punto, que estas dos regiones desde entonces y hasta hoy, son un polvorín, uno de los escenarios más complejos del conflicto armado interno que vive el país.[1]

Algo similar ocurrió en Casanare, sólo que sobre este extenso departamento la historia ha omitido muchos detalles. En 1980 el pozo Cusiana-1[2] ofreció pruebas de la existencia de volúmenes significativos de condensado y gas en la Formación Mirador y dio señales de grandes reservas de hidrocarburos. Posteriormente, en 1991, el pozo Cusiana-2A penetró profundamente los intervalos de Mirador, Barco y Guadalupe y la exploración del pozo Buenos Aires confirmó las dimensiones del descubrimiento.

Durante el año siguiente, se anunció la viabilidad del yacimiento Cupiagua, en el Municipio de Aguazul, al noroccidente del campo Cupiagua. En adelante todo el Casanare, y estos dos municipios en particular (Tauramena y Aguazul), iniciarían una vertiginosa transformación en su vida social, política, económica y cultural. Ahora bien, este proceso de cambio rápido se encuentra determinado de manera importante por la relación entre empresas transnacionales y un Estado que poco o nada se interesó en la defensa de la soberanía nacional. Así, aunque algunos vieron en Casanare la emergencia de una sociedad opulenta, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento demográfico, en el fondo comenzaba a producirse un complejo fenómeno de conflicto social, de imposición económica y permisividad estatal, que hasta hoy no valoramos en toda su dimensión.

La BP en Casanare.

Pese a que la empresa British Petroleum Exploration hizo presencia en el país desde la década de los veinte, y luego en los sesenta con pequeños negocios, sólo hasta 1986 estableció una presencia significativa a través de la adquisición de terrenos en el piedemonte de la cordillera oriental, por medio de contratos «Farm In»[3]. El pozo de Cusiana comenzó a ser explotado en el marco del contrato de Asociación Santiago de las Atalayas conformado por las empresas British Petroleum Exploration, Triton, Total y ECOPETROL.

Los pequeños negocios de la BP en Colombia se hicieron grandes en la década de los noventa. En 1991, con la transformación constitucional que vivió el país, la intendencia del Casanare se convertiría en Departamento y la BP encontraría un ambiente propicio para sus intereses. En efecto, para 1993, año en que se formaliza la explotación y producción de petróleo en Cusiana y Cupiagua, BP contaba con el 19% del SDLA de Tauramena, mientras ECOPETROL tenía el 50% y el 19 y 12% se lo repartían respectivamente Total y Triton. La extensión total del terreno que comprometía el contrato era de 50.000 hectáreas. De otra parte, la empresa británica era dueña del 100% de los intereses privados del piedemonte en un área localizada al norte de los campos cusiana y cupiagua y mantenía claros intereses en el Río Chitamena, Monterralo, Recetor y Upía. El área de estas licencias comprendía 600.000 hectáreas.

Pero en esos primeros anos, la BP no solo se hizo a la operación petrolera en estas tierras usurpando nuestros recursos y generando impactos ambientales negativos como la destrucción de fuentes de agua, alteraciones del ecosistema asociadas a la quema de gas, daños en el suelo ocasionados por la sísmica, construcción de carreteras sin planificación. Su estrategia para enfrentar la realidad sociopolitica de una región signada por la presencia de actores armados de izquierda y derecha, y comunidades organizadas, fue bastante cuestionada.

La estrategia de seguridad de BP, el paramilitarismo y el papel de la fuerza publica en los anos 90.

A raíz de la disminución de las existencias petroleras en Arauca, los campos de Cusiana y Cupiagua, en el Departamento de Casanare, fueron ganando una mayor preponderancia, concentrando la atención tanto del gobierno nacional como de los actores armados (guerrillas, paramilitares, ejercito). Sin tratarse de una casualidad, como lo ratifica la denuncia de Amnistía Internacional elevada en 1996, este auge del negocio del petróleo en el Casanare se acompañó de la proliferación de grupos paramilitares y de seguridad privada financiados por la misma transnacional.

En efecto, la BP dispuso y patrocinó la presencia de mercenarios extranjeros que apoyaban las operaciones extractivas. Como lo denuncian varias organizaciones sindicales y de derechos humanos, «durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, Roger Browm, coronel retirado del Special Army Services (SAS) de Inglaterra, figuró como presidente en los documentos. La injerencia inglesa, así como la presencia de mercenarios extranjeros fue clara en la región. La investigación de un grupo colombo británico de periodistas descubrió que durante el desarrollo de la construcción del oleoducto, Brown intentó contratar a un grupo de oficiales retirados del Ejército israelí para entrenar paramilitares con importantes equipos de guerra (helicópteros, armas, uniformes y munición), negociaciones que se vieron interrumpidas a raíz de la publicación de los hallazgos de la investigación periodística, en el diario The Guardian, en Londres[4].

Aunque todo ello se dio a conocer, ninguna acción efectiva se tomo al respecto. Como afirmó Amnistía Internacional en su documento AI: AMR 23/044/1997[5], se elevaron varias denuncias a la compañía petrolífera, entre ellas, vale la pena mencionar las formuladas a través del programa televisivo World in Action emitido en el Reino Unido, donde se afirmó que la BP había firmado un contrato con Defence Systems Limited (empresa privada de seguridad británica) para impartir cursos de formación en técnicas contrainsurgentes que, según los informes, incluían manejo de armas letales, fuego de francotirador y lucha cuerpo a cuerpo, a una unidad policial encargada de proteger al personal de BP y sus instalaciones de la región de Casanare.

De la mano con la operación de estos grupos se ha desarrollado un proceso de estigmatización de aquellos miembros de la población local que participan en protestas legítimas contra el impacto medioambiental causado por las compañías petrolíferas. Luego del señalamiento a los líderes sigue el asesinato, amenazas, desapariciones y torturas; prácticas que configuran el cuadro de acciones conjuntas de la fuerza pública, los paramilitares y los grupos de seguridad privada.

Al respecto Amnistía Internacional manifestó: «A la organización le preocupa especialmente que los procedimientos de seguridad empleados por Defence Systems Colombia (DSC), subsidiaria de la empresa privada de seguridad Defence Systems Ltd., con sede en el Reino Unido, pudieran contribuir a cometer violaciones de derechos humanos contra la población civil. DSC tiene un contrato con British Petroleum (BP), para llevar sus operaciones de seguridad en Colombia y hasta 1997 tuvo también un contrato con OCENSA, el consorcio de empresas propietarias del oleoducto que va desde los yacimientos petrolíferos hasta la costa, en el cual BP tiene participación junto con otras empresas transnacionales.» [6]

La formación contrainsurgente se acompañaba de fuertes sumas con las cuales la BP contrato fuerza pública colombiana para proteger sus negocios. Soberanía a cambio de dólares. El New York Times, publicó un informe donde se señalo que BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país. Se estima que BP pago en esos años al rededor de 54 y 60 millones de dólares para protección privada. En el presente, según nos han informado diversas fuentes, la BP da un bono de entre 700.000 y 800.000 pesos a oficiales y suboficiales del ejército colombiano de la brigada XVI por su papel en la protección de la infraestructura petrolera. Como ya hemos visto estos militares son los autores materiales de ejecuciones extrajudiciales como las de Roque Julio y Daniel Torres y Ernesto Cruz Guevara, asesinado el 23 de Abril de este año.

Adicionalmente se ha descrito apoyo bélico directo por parte de esta empresa. Como afirma Amnistía Internacional, es alarmante que DSC/OCENSA haya comprado material militar para la XIV Brigada del ejército colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos. Precisamente cuando DSC/OCENSA compró material militar en 1997, un grupo importante de militares pertenecientes a la XIV Brigada estaban siendo investigados por complicidad en una matanza de 15 civiles desarmados en la localidad de Segovia en abril de 1996 y por vínculos con organizaciones paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos generalizadas.

Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército colombiano y la BP en esos años son claras y provienen de diversas fuentes. Por ejemplo, en 1998 el Parlamento Europeo condenó al gobierno colombiano por su permisividad ante la situación ocasionada por la petrolera. Desde allí se: «Pide al Presidente de Colombia que publique íntegramente el informe de su Comisión de Derechos Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las compañías petroleras europeas que observen las normas más estrictas de respeto de los derechos humanos y de protección del medio ambiente, en especial considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan»[7]

Por su parte la Unión Sindical Obrera USO denunció el 15 de Febrero de 1999 una serie de irregularidades en la actuación de la BP, relacionadas con el evidente apoyo británico para la presencia de la empresa en Colombia, los incumplimientos y componendas en los contratos realizados entre la BP y ECOPETROL, corrupción y anuencia del mismo gobierno colombiano en relación a la empresa, violación de los derechos de los campesinos y trabajadores en la región, daños ambientales y la clara relación que ya hemos descrito: BP, paramilitares, ejercito, empresas de seguridad privada.

Sin duda, la BP ha traído al Casanare más problemas que beneficios. Desde el asesinato de dirigentes como Carlos Arrigí en abril de 1995 y las amenazas de muerte proferidas contra Alfonso Chaparro, pasando por la muerte de campesinos y trabajadores, hasta las detenciones masivas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales a mano de3l ejército colombiano que hoy se multiplican en los campos del departamento, configuran un escenario de constante vulneración del tejido social y de los derechos fundamentales de la población, todo por cuenta de la economía transnacional.

El extermino de las organizaciones sociales ¿Cómo olvidar?

La suerte de ACDAINSO[8] es un ejemplo emblemático de la relación entre la presencia de la transnacional BP y la eliminación sistemática de una de las organizaciones sociales mas importantes de de Casanare[9] creada justamente con el objeto de ejercer un control social sobre las actuaciones de la BP y contrarrestar los efectos de la economía del petróleo.

ACDAINSO fue creada el 10 de Agosto de 1995 para representar a los campesinos de 17 veredas que comprendían el corregimiento del Morro en el municipio de Yopal Casanare. En ese año, más de 100 delegados de este sector constituyeron esta forma jurídica para que los representara ante las diversas instancias gubernamentales y privadas (en este caso concreto con BPX) en el tema particular del petróleo y el desarrollo campesino.

El momento de creación de la asociación fue crucial para los habitantes de este corregimiento. En efecto, ella constituía un mecanismo de resistencia frente al aniquilamiento organizativo que se vivía en el departamento a manos de fuerzas estatales y paraestatales. Así, mientras se desmoronaba el comité ínter gremial UNIDOS POR CASANARE, se exterminaba a la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC de Casanare y desaparecía el comité Pro pavimentación del Morro que aglutinaba a 36 veredas del municipio de Yopal y dos del municipio de Nunchía, ACDAINSO emergía como opción de organización comunitaria.

No obstante, esta asociación comenzó a tener problemas un año después de su conformación debido a que desde allí la comunidad presionaba con más fuerza para que se cumplieran a cabalidad los acuerdos firmados en 1994 con la empresa B.P.X. El ejercicio de soberanía y ciudadanía que suponía la Asociación, motivó a las convivir[10] de Casanare, comandadas por Alias Chubasco, a enviar amenazas a los dirigentes de ACDAINSO para que desistieran de su empeño. Dicha amenaza causo zozobra dentro la población, no obstante, no se hizo efectiva pues en ese momento los ojos de la comunidad internacional estaban puestos en el morro.

Efectivamente, el asesinato de los dirigentes campesinos Carlos Arrigí y Gabriel Ascencio, el atentado al campesino de la vereda Marroquín, Segundo Suárez, el allanamiento a la vivienda de Fanny Núñez, la detención carcelaria de Hernando Càceres activista de la Anuc Casanare y del presidente de la Asociación municipal de usuarios Campesinos de Yopal, fueron hechos que atrajeron la atención de la comunidad internacional sobre BP y sobre la región.

Resistiendo día a día ACDAINSO impulso la realización de varios paros, marchas, foros y eventos en donde se evidenciaba el incumplimiento de los acuerdos firmados entre la empresa B.P.X y los campesinos. De este modo, para finales de 2002, la comunidad del Morro realizo un paro de 45 días (mas largo que el de 1994). Allí no solo se insistió en la defensa de los acuerdos antes mencionados, sino también, en aspectos relativos a las condiciones laborales de trabajadores de BP.

Pero el resultado de esta labor de denuncia no fue muy alentador, por cuenta de ello fueron amenazados Javier Fonseca presidente de la asociación en el 2002 y Ramiro Sánchez Fiscal de la misma. Dos años después, en el mes de septiembre de 2004, Javier Vargas, Fiscal de la organización comunitaria, fue asesinado y Fassio Olguín, Tesorero de la misma, sufrió un atentado en su casa del cual salio ileso. Solo 10 días separaron los hechos. Como una extraña coincidencia, en Febrero de 2003 Jorge Guzmán representante de la sección de relaciones con la comunidad de B.P.X en Yopal había expresado estar cansado con el accionar de ACDAINSO agregando que esta organización no los dejaba trabajar en el Morro. A esto se sumaron las declaraciones de lugareños de este corregimiento según las cuales la BP, la alcaldía Municipal de Yopal y la gobernación de Casanare habían decidido acabar con ACDAINSO y crear una asociación que respondiera a sus intereses.

En septiembre de 2004 es asesinado Oswaldo Vargas, tesorero de ACDAINSO, y el 10 de mayo de 2005 es asesinado Parmenio Parra presidente de la misma asociación junto con su acompañante. Luego, el 6 de junio se hizo pública la detención de Héctor Orlando Camargo, junto con dos de sus hijos y 5 campesinos más del Morro.[11] Las muertes continuaban, no obstante la justicia desviaba su atención de los victimarios a las victimas. En efecto, la fiscalía inicio proceso de investigación contra ACDAINSO como nos lo relata un campesino: «por tal hecho entonces de ahí que ya se vinieron investigaciones y empezaron a decir, se empezaron a escuchar comentarios que esa organización estaba pues quizásmente, quizás era organizada o de alguna manera manipulada por la guerrilla cosa que nunca ha sido cierto, pero esa era una sospecha y esa fue una de las causas, para que esto viniera hacerse una investigación hasta llegar al momento que la fiscalía fue y recogió los documentos y los trajo para hacer sus averiguaciones y más tarde entregarla nuevamente.».[12]

Ante el exterminio sistemático de sus líderes y gracias a la persecución del mismo Estado, en julio de 2005 se dio por terminada la vida de ACDAINSO. En el presente y pese al miedo, la comunidad del Morro ha intentado rehacer una forma organizativa: ASOJUNTAS DEL CORREGIMIERNTO DEL MORRO. El futuro de Asojuntas es un poco incierto, tal como lo expresa un campesino del lugar: «pero que de alguna manera ahora lo obligan uno a tener otra organización y se queda uno dudando y dice entonces de aquí a cuando nos volverán a quitar esa organización cuando volveremos a decir se acabo ASOJUNTAS es decir cree uno y siente uno que esos escudos políticos como que los tienen para ponerlos y quitarlos cuando quieren».

Las transnacionales del petróleo y la realidad de Casanare hoy. ¿Un cambio de estrategia?. Del paramilitarismo a la seguridad democrática.

Es 30 de marzo de 2007. Junto con la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, los encargados de derechos humanos de COS-PACC, realizan una nueva acción urgente en respuesta al asesinato de dos nuevos campesinos de la región. ¡Cuando parará esto!. El documento que redactan dice: «Los campesinos que habitan en la zona de la parte del pie de monte del municipio de Aguazul-Casanare, desde el año de 1996 a la fecha han sido victimas de estigmatizacion y sometidos a toda clase de abusos y tratos crueles e inhumanos como son: la desaparición, el asesinato, torturas, judicializaciones, amenazas desplazamientos, detenciones masivas y arbitrarias, afectando al conjunto de pobladores del sector.»

Según informaron los habitantes de la vereda Alto Cupiagua, «en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, el día viernes 30 de marzo del año en curso siendo aproximadamente las 12 del día, efectivos del Gaula adscritos a la decimosexta brigada del ejército nacional, detuvieron a YEFER ARNOLDO MORA SANABRIA de 21 años, WILLIAM MARTINEZ SUAREZ de 17 años y GUSTAVO MORA SANABRIA de 16 años.»[13] Posteriormente se conoció que las personas detenidas habían sido reportadas por el Gaula como subversivos dados de baja en combate.

Entre el 2001 y el 2006 el CINEP documentó más de 53 casos[14] entre abusos de la fuerza pública, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones con la presunta responsabilidad de grupos paramilitares, ejército nacional, DAS, Gaula, entre otros. Tan sólo en lo que va corrido del 2007 se han presentado más de 12 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Municipio de Aguazul.[15] Si a esto sumamos cientos de muertos enterrados en fosas comunes y desaparecidos a manos de los paramilitares que aún no han sido hallados, así como múltiples casos en los que familiares de víctimas no han denunciado por miedo, resulta evidente que la región de Casanare vive una aguda crisis de derechos humanos.

¿Cómo explicar esta situación cuando supuestamente el cambio de estrategia de la BP, la política de seguridad democrática de Uribe y la desmovilización paramilitar han logrado una pacificación del departamento y una «sana» relación entre la economía petrolera y el desarrollo regional? Hoy nos queda claro que esta situación humanitaria está relacionada con una estrategia para el área petrolera de Casanare que ha sido concertada entre la BP y el ejército colombiano, la cual se compone de varios elementos como la seguridad (estrategia de guerra sucia), los programas sociales (desarticulados al plan de desarrollo regional y asistencialistas), entre otros.

Si bien el paramilitarismo y algunos sectores del ejército se encargaron de eliminar las organizaciones sociales de Casanare en los años 90 y hasta el 2004; organizaciones que ponían en jaque a la BP en materia de responsabilidad ambiental e inversión social; en el presente la política de seguridad democrática es la política bajo la cuál, a nombre de la lucha contrainsurgente, se eliminan líderes sociales y campesinos organizados que resultan un obstáculo para los intereses transnacionales. De este modo las desapariciones y masacres del paramilitarismo hasta el 2004 han dado paso a las ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y la fuerza pública. O en otras palabras, la defensa del petróleo en la región ha transitado del paramilitarismo a la seguridad democrática, es decir, que la bandera del presidente Uribe constituye menos una política de pacificación de la nación, y más una estrategia para garantizarle un escenario propicio a las transnacionales.

En ello tienen razón algunos miembros del gobierno Uribe. Durante los últimos años hay un mayor despliegue de fuerza pública en el país y un proceso de desmovilización de paramilitares[16], lo cual ha significado una mayor confianza para la inversión extranjera. Sin duda. El problema es que por una parte, la militarización sólo ha traído atropellos al campesinado, a los líderes sociales, incluso a niños. Un costo bastante alto y cobarde para pacificar un país. Por otra, la desmovilización es una profundización de la impunidad, el tejido social no se reconstituye simplemente con actos de buena voluntad, sino con una justicia efectiva. Y finalmente, la afluencia de empresas e inversionistas extranjeros produce una mejoría de la economía para los ricos, mientras que a los pobres sólo les trae más muertes, más daños ambientales, más sumisión.[17]

¿Cuál es la responsabilidad de BP en todo ello? Esta pregunta debemos responderla entre todos. ¿Qué hacer? Es fundamental enfrentar esta problemática desde varios ámbitos. En primer lugar se hace preciso investigar con seriedad los elementos que explican la situación del petróleo en el Casanare (romper el ocultamiento). De la mano con ello debemos comprometernos a realizar campañas (actuar) dirigidas a detener el consumo de los productos de la BP (productos manchados con sangre de campesinos colombianos) y a organizar a nuestras comunidades para exigir un manejo responsable de la economía petrolera.

En otro nivel, es necesario denunciar y juzgar al gobierno colombiano y a la BP ante organismos supranacionales y ante la comunidad internacional (romper el silencio y la impunidad). El Tribunal Permanente de los Pueblos y la campaña petrolera que se adelanta en Colombia son uno de los escenarios propicios para ello.

Pero si estas medidas ayudan parcialmente a cambiar la situación de la región, lo que esta en el fondo del debate es el tema de la soberanía de los recursos. Y hacia allá deben apuntar en el largo plazo todos los esfuerzos de las organizaciones sociales. Sólo en el momento en que los colombianos puedan decidir sobre la extracción, la transformación y el uso de sus recursos será posible detener la exfoliación de los mismos por parte de las Transnacionales. Sólo nacionalizando el petróleo, será posible fabricar un modelo de desarrollo y de vida que regule el uso del crudo en función de la preservación del ambiente, articular las ganancias de ese negocio a planes de vida pertinentes para los colombianos y detener un conflicto social y armado que descansa de manera importante en las inequidades sociales y la sujeción del país a las economías y los poderes internacionales.

– Manuel Vega y Martín Ayala son miembros de miembros de la Corporación Social para la Asesoría y la Capacitación Comunitaria, una organización social y campesina de Colombia.