Voluntarios de la Casa de Memoria José Domingo Cañas dan vida, desde hace más de un año, al grupo Observadores de Derechos Humanos. Se identifican como los «cascos blancos» en las manifestaciones, y su labor es registrar los procedimientos policiales y lo que ocurre con los detenidos en las comisarías. Participan activamente de la difusión […]
Voluntarios de la Casa de Memoria José Domingo Cañas dan vida, desde hace más de un año, al grupo Observadores de Derechos Humanos. Se identifican como los «cascos blancos» en las manifestaciones, y su labor es registrar los procedimientos policiales y lo que ocurre con los detenidos en las comisarías. Participan activamente de la difusión de los derechos humanos a través de educación y promoción, cartillas y volantes. Definen su misión como «observar, identificar, registrar y cuantificar el despliegue de las fuerzas policiales; sus procedimientos activos y pasivos desde los momentos previos a la manifestación social hasta después de su término, incluyendo traslado y retención de detenidos».
Fueron los primeros. Hoy existe otro grupo -«cascos azules»- que cumple similar labor. Ambos grupos registran testimonios pertinentes de la represión: nombre, edad y cualquier información de los detenidos, incluyendo la hora de detención. Testimonios de la detención y actos indebidos cometidos por las fuerzas represivas. «Incluso testimonios dentro de la unidad policial si es posible, o después de la liberación. Evidencias del actuar policial como lesiones, etc. Luego se redactan los informes», señala Mirna Salamanca, que participa en Observadores.
Los «cascos blancos y azules» no interfieren en los procedimientos policiales ni son parte de las manifestaciones. Son garantes del respeto de los derechos humanos. Luciano García, de Casa de Memoria, es también uno de los Observadores: «Comenzamos el 23 de agosto de 2011, en el marco de la lucha contra la impunidad, formando una Red de Sitios de Memoria en Londres 38. Mientras discutíamos veíamos cómo marchaban los estudiantes por la Alameda. Decidimos tomar acción frente a la represión policial. Podíamos aportar desde nuestra experiencia en derechos humanos en la denuncia de los atropellos. Entonces, salimos a la calle con credenciales hechas por nosotros y plastificadas en la librería del barrio. Registramos en las marchas situaciones que no nos parecían bien, que no se ajustaban a derecho», dice.
Inicialmente participaron los colectivos de Londres 38, Casa de Memoria José Domingo Cañas y la Comisión Etica Contra la Tortura (CECT). «Al principio salimos dos y después cuatro, y al ver que necesitábamos coordinar las denuncias, nos acercamos a la Asamblea Nacional de Derechos Humanos. A la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) le pedimos que las organizaciones de derechos humanos se involucraran en una labor activa en búsqueda de apoyo a quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos», agrega.
«¿Qué hacemos? Monitorear las manifestaciones. Somos voluntarios y lo hacemos en nuestros horarios libres. Establecimos procedimientos para distinguir con más precisión las violaciones a los derechos humanos. Eso ha significado estudiar y prepararnos. Hemos cotejado los procedimientos de Carabineros, comparándolos con la legislación internacional y recomendaciones de organismos como la Cruz Roja y otros. Llevamos más de un año trabajando, con un catastro de 83 movilizaciones, y un sinnúmero de situaciones anómalas que plasmaremos en un informe el 10 de diciembre», agrega Luciano García.
El primer informe lo elaboraron en conjunto con la Comisión Etica Contra la Tortura y el colectivo de Londres 38. Fue presentado a Kyung-wha Kang, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en octubre de 2011. «Este segundo informe se realizó más concienzudamente y abarca un periodo más largo, tomando las opiniones de los actores sociales involucrados en las movilizaciones. El primer informe destacó que el Estado chileno aún no tipifica en la normativa penal interna el delito de tortura como crimen de lesa humanidad, como mandata la Convención Internacional», señala.
TORTURAS Y GOLPIZAS
«La policía suele reprimir cualquier tipo de manifestación por pacífica que sea», dice Mirna Salamanca. Estudiantes, trabajadores, pobladores, pueblos originarios, ecologistas e incluso reporteros gráficos han sufrido torturas o golpizas brutales, han sido arrollados por la fuerza policial montada o sufrido actos de humillación sexual en las comisarías, sobre todo las estudiantes secundarias.
Germán Chau, monitor de educación de los Observadores, dice: «Recopilamos registros testimoniales de los detenidos. Se anotan las patentes de vehículos policiales, los nombres de oficiales al mando, y se mantiene la pista de todos los detenidos que podemos cubrir. Mucha información se difunde en Twitter o Facebook. Y se trabaja hasta que el último detenido es liberado». «Aprendimos a usar Twitter para llevar registro de la hora exacta de las detenciones», agrega Marta Cisterna.
Envían sus reportes a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al Alto Comisionado Adjunto para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales. Marta Cisterna del Consejo Consultivo de la Casa de Memoria, dice que el material recopilado ya ha sido usado en tribunales: «En una demanda contra el Estado por torturas sufridas por estudiantes se usó como evidencia material proporcionado por Observadores».
Han constatado casos de tortura: estudiantes forzados a meter su cabeza en el excusado, apuntados con armas en la cabeza; golpizas hasta la inconciencia, etc. Incluso la denuncia contra un oficial que bajó sus pantalones para restregar sus genitales en la cara de estudiantes detenidas; virtuales secuestros de detenidos por ocho horas o más, sin que la policía complete el procedimiento de arresto y estudiantes que son humillados obligándolos a permanecer desnudos durante horas. Han sido testigos directos de brutales medidas de represión ejercidas por la policía, y han recopilado testimonios de tortura de niños y niñas; evidenciadas en vejaciones sexuales en carros policiales y comisarías; testimonio de amenazas de muerte por parte de oficiales, etc.
También constataron cómo Carabineros, tras las últimas protestas de estudiantes secundarios, ocupó con sus efectivos y vehículos varios establecimientos educacionales. «Los medios disuasivos destinados a velar por el orden público son usados para la suspensión absoluta de toda manifestación antes que ella comience, sin mediar ni desorden, ni ocupación de calles, ni suspensión de tránsito. Todo lo contrario, es la propia fuerza policial quien desvía el transporte público y ocupa las calles con su dotación. Los estudiantes, en su mayoría menores, han sido objeto de violaciones graves en sus derechos humanos. El respeto a su integridad física y síquica ha sido gravemente dañado por el personal policial. En reiteradas ocasiones han reproducido contra ellos prácticas de torturas que creíamos desterradas… A la agresión física y síquica, se agregan las reiteradas prácticas de falta de notificación a las familias de los menores detenidos, manteniéndolos en algunos casos privados de agua y alimentos por largas horas… Se agrega la no publicación y comunicación del listado de personas detenidas; el traslado de detenidos a diversas unidades policiales, a centros médicos desconocidos con supuestos médicos sin identificación: lamentablemente son prácticas que se están haciendo cotidianas», señala el primer informe.
Marta Cisterna, agrega: «Cuando nos propusimos ser Observadores de Derechos Humanos monitoreamos qué estaba pasando con las movilizaciones de los estudiantes. Pero empezamos a darnos cuenta que no era sólo la movilización de los estudiantes lo que había que ‘observar’, sino que la movilización social en general, y se amplió nuestro objetivo. Pensamos cómo desde las organizaciones de derechos humanos podíamos compartir lo que sabemos. Se elaboraron cartillas donde se difunden las normativas y el autocuidado, tomando elementos que para nosotros son importantes, porque nos remontan a cómo nos protegimos en dictadura. Eso ha significado que nuestra labor sea también de educación en derechos humanos. Grupos de estudiantes nos han solicitado talleres y capacitación. Eso ha hecho ampliar nuestro campo de acción. Mirna Salamanca tuvo la primera experiencia de Observadores de Derechos Humanos durante la toma de un colegio, con un taller con un grupo de adolescentes».
«En el camino descubrimos algo muy relevante: el tema de salud. Empezamos a ver a estudiantes apaleados, muchachos que son derechamente torturados, y debíamos, además de tomar testimonios, constatar lesiones. Nos contactamos con una doctora, Javiera Corvalán, y ella comenzó a constatar las lesiones. A través de la Comisión Etica contra la Tortura conocimos el Protocolo de Estambul, lo estudiamos para saber cuándo efectivamente el maltrato es tortura. Javiera había hecho una pauta que se acercaba bastante a lo que pide el Protocolo, y lo empezamos a trabajar en enero. En febrero se constituyó la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico y Javiera Corvalán forma parte de ella. Tenemos una relación muy cercana con esa Comisión.
Ya hay cuatro médicos constatando lesiones. Hay personas que han sido gravemente heridas. Un grupo de jóvenes que están en el área de salud se incorporó a trabajar con nosotros. Hacen trabajo sanitario durante las manifestaciones, asistiendo a las personas ahogadas, desmayadas, heridas. Se armó un trabajo muy enriquecedor, porque es gente joven que pone dinamismo al trabajo que hacemos y son bastante críticos», agrega. También han generado canales para una red de abogados, «porque no tenemos abogados propios. El abogado Luis Parra es voluntario, y lo que hace es ir a las comisarías, preguntar por los detenidos, esa es su labor. Derivamos casos a la Red de Abogados por la Defensa de los Derechos Estudiantiles (Radde) y otros disponibles en el momento».
AMPLIANDO REDES
Observadores realizó un foro-debate en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que contó con importante asistencia de organizaciones sociales. «En el encuentro generamos contactos con estudiantes de derecho, como la Clínica Jurídica de Arcis. Ahora podemos derivar casos a más abogados», dice Luciano García.
Marta Cisterna agrega: «Haciendo nuestra labor nos dimos cuenta que era importante tener una pauta de observación. Ahí el aporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue muy bueno. Tuvimos una reunión y compartieron su pauta. La complementamos y creamos una para las comisarías. Hoy hacemos dos pautas de observación, que quizás no contemplen todo pero nos orientan, y eso permite elaborar los informes. Es importante aclarar que no fotografiamos ni filmamos a los manifestantes. No estamos documentando la protesta social, hay otros que hacen eso. Si hay una situación represiva sí lo registramos. Cuando hay una detención, un apaleo, tomamos fotos y videos. También recurrimos a fotos que nos mandan personas que colaboran. A la hora de ponerlas en los informes se tapan las caras de los manifestantes, sobre todo si son menores. Lo que es relevante para nosotros es la edad y sexo».
Germán Chau piensa que la dictadura permanece: «No ha terminado. Del rostro militar al rostro civil hay una continuidad terrible. Se han violado los derechos humanos como una política de Estado. Recordemos los baleos de niños en el territorio mapuche, en las comunidades allanadas y ocupadas por la policía. Hemos constatado que Carabineros golpea con dureza al menor de 14 años: y de ahí para arriba aliviana el golpe. No actúa igual con un muchacho de 20 o un adulto de 40».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 772, 7 de diciembre, 2012