La ratificación por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, por la que se condena a seis sindicalistas a la pena de tres años y medio de prisión y multa de 125.000€, no solo supone un atropello al derecho a la acción sindical y a las libertades de organización, manifestación y expresión de los trabajadores que (en teoría) protege la legislación española, sino que confirma lo que ha sido una práctica generalizada durante toda la Transición.
Es cierto que el caso de las 6 de La Suiza representa posiblemente el capítulo más extremo de persecución y ensañamiento contra ciudadanos que simplemente han ejercido unos derechos recogidos por la Constitución Española y la Organización Mundial del Trabajo, pero injusticias parecidas se han venido registrando bastantes años después de que se derogara la legislación franquista.
Que una trabajadora recurra a un sindicato para reclamar que se le abonen las horas extras que le adeuda la empresa y que se le trate con el respeto debido, para lo que la organización sindical promueve acciones de protesta absolutamente legales y legítimas, acaba siendo convertido por el dueño de La Suiza en un ataque personal y una estrategia para provocar el cierre de la pastelería. Sorprendentemente, la presunta Justicia -o los profesionales que la aplican con esos criterios tan dispares- compran la teoría conspiratoria del agresor y condenan a la agredida y a quienes solidariamente han defendido su causa. Pero desgraciadamente no es esta la primera sentencia contra la acción sindical ni seguramente será la última.
En años recientes hemos vivido procesos contra vecinos y trabajadores de la Bahía de Cádiz por su participación o apoyo a una huelga del Metal que, evidentemente, no contaba con la bendición de los sindicatos oficiales. Incluso la película Los lunes al sol, de León de Aranoa, se basa en una historia de uno de esos conflictos que se cierran a toda prisa, dejando a los afectados más concienciados a los pies de los aparatos represivos y judiciales.
Muchas sentencias tienen ya archivadas los juzgados de lo social donde un sindicalista de los que se implican a fondo en cumplir su cometido histórico es víctima de un despido procedente porque la Justicia acepta la acusación de la empresa de que ese trabajador molesto «acumula varias ausencias y retrasos en el puesto de trabajo» o bien «ha disminuido injustificadamente la productividad» por lo que se va a la calle sin indemnización. Frecuentes también son los casos de despidos por montar una sección sindical o concurrir a las elecciones sindicales bajo unas siglas que no gustan al empresario; claro que para justificar la sanción máxima se suelen alegar otras razones: el jefe pude ser muy bruto, pero siempre tiene su abogado.
Por el contrario, si la representación sindical la ostenta alguno de los sindicatos más proclives al pacto que a la lucha, las cosas se desarrollan de manera mucho más armoniosa. Habitual, aunque poco conocido, es el buen número de liberaciones y la elevada cuantía de las subvenciones -para fomentar el diálogo social, o cualquier otro pretexto- que suelen caerles a los firmantes de pactos y reformas. Tampoco es un secreto -aunque no hay periodista de raza que se atreva a indagar- que en muchas grandes empresas estos sindicalistas dicen mucho a la hora de adjudicar cursillos y promociones entre los trabajadores de sus plantillas. A estas alturas nadie debe escandalizarse si recordamos que en alguna multinacional se ofrece el contrato de trabajo al mismo tiempo que la ficha de afiliación al sindicato de la casa.
Una pena que el sindicalismo, que ha escrito páginas gloriosas y al que le debemos tantas conquistas sociales, haya acabado en la caricatura vergonzosa que vemos en nuestros días. Pero esta realidad también puede ser un acicate para que la clase trabajadora supere el estado de pasividad y derrotismo y recupere su capacidad de autorganización y lucha.
El caso de La Suiza y otros ejemplos nos dicen que otro sindicalismo es posible y necesario.
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