Sólo a fines de este año la justicia de Chile puede dictar las primeras sentencias en la causa por el secuestro y asesinato del ex agente represivo de la dictadura Eugenio Berríos, en el marco de la cual han sido imputados una decena de militares de este país y tres colegas uruguayos. La estimación del […]
Sólo a fines de este año la justicia de Chile puede dictar las primeras sentencias en la causa por el secuestro y asesinato del ex agente represivo de la dictadura Eugenio Berríos, en el marco de la cual han sido imputados una decena de militares de este país y tres colegas uruguayos.
La estimación del tiempo que llevará el proceso fue hecha, ante consultas de IPS, por varios actores involucrados en este proceso judicial iniciado en 1993.
El ministro de la Corte Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, quien instruye la causa desde 2003, cerró el 25 de abril la investigación después de una última ronda de interrogatorios.
Desde ese momento, las partes tenían un plazo de 15 días para pedir la reapertura del sumario para efectuar nuevas diligencias. La etapa finalizó con algunas solicitudes de militares chilenos procesados, pero éstas aún no han sido acogidas por el juez.
«Nosotros no pedimos nuevas diligencias porque estamos satisfechos con la investigación», dijo a IPS Tomás Ehrenfeld, abogado de la familia del ex agente y químico chileno sacado ilegalmente de su país hacia Argentina y finalmente asesinado en Uruguay. «Creemos que el ministro Madrid hizo una magnífica investigación. Se demoró harto (mucho) porque investigó hasta el más mínimo detalle en forma muy minuciosa. Viajó a Uruguay y a Estados Unidos», añadió el defensor, quien estima que las sentencias podrían conocerse cerca de finalizar el año.
Cuando se clausure definitivamente la investigación, se debe pasar a las etapas de acusación y de plenario, las que pueden tardar varios meses considerando el gran número de procesados.
Sólo entonces el juez Madrid estará en condiciones de dictar la sentencia de primera instancia, la que puede recurrirse tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, Ehrenfeld calcula que sólo en 2011 podría haber condenas definitivas.
Iguales cálculos hace el abogado José Hinzpeter, representante de los efectivos del ejército uruguayo extraditados a Chile en abril de 2006, los coroneles Tomás Casella (retirado) y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, quienes fueron procesados por Madrid como autores de secuestro y asociación ilícita en el caso.
En diálogo con IPS, Hinzpeter señaló que, a su juicio, no son necesarias nuevas diligencias, aunque no está conforme con la forma en que se ha llevado la investigación. «Hace 18 meses que el juez no llama a declarar a mis defendidos, quienes se encuentran esperando, sin mucho que hacer, sin trabajo, sin sus familias», explicó.
Esos tres militares, que se declaran inocentes, se encuentran en libertad provisional, pero imposibilitados de volver a su país.
El cierre del sumario se dio a conocer tres días después de la visita a Santiago del comandante en jefe del Ejército uruguayo, Jorge Rosales, quien criticó la lentitud del caso solidarizándose con la situación de sus tres subordinados. Esa actitud le costó una amonestación de parte del ministro de Defensa de su país, José Bayardi,
Berríos, un químico especialista en la fabricación de gases tóxicos y otras armas letales, como el gas sarín, fue agente de la brutal Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el primer cuerpo represivo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En octubre de 1991, un año después de la recuperación de la democracia en Chile, el científico fue sacado clandestinamente del país para impedir que declarara en el proceso judicial por la muerte en un atentado terrorista de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973), perpetrado en 1976 en Washington.
El ex represor fue llevado primero a Argentina y luego a Uruguay, donde estuvo custodiado por militares del segundo país y por miembros de la sucesora de la DINA, la Dirección de Inteligencia del Ejército chileno (DINE).
La última vez que se lo vio con vida fue el 15 de noviembre de 1992, cuando acudió a una comisaría del balneario uruguayo de Parque del Plata, cercano a Montevideo, a denunciar que había sido secuestrado. De ahí fue retirado por Casella y Radaelli. Finalmente el cadáver de Berríos, con dos impactos de bala en la cabeza, fue encontrado en 1995 en la playa El Pinar, vecina de Parque del Plata, pero las pericias establecieron que la fecha de muerte databa de fines de 2002 o comienzos de 1993.
Coincidentemente, en febrero de ese último año, el ahora fallecido general Pinochet visitó Uruguay, aún en su calidad de comandante en jefe del Ejército, ocasión en la que Casella fue su edecán por decisión del gobierno de entonces del derechista Luis Alberto Lacalle.
En 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió quitarle la inmunidad penal a Pinochet –por su condición de senador vitalicio– para que el juez Madrid lo juzgara por los delitos de asociación ilícita y secuestro de Berríos. Pero el dictador murió en diciembre de ese mismo año, antes de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la resolución.
Un miembro de la DINE aseguró ante Madrid que Pinochet ordenó la desaparición de Berríos.
El ex jefe de DINA general retirado Manuel Contreras, quien cumple prisión por varias condenas, aseguró también en 2006 que Berríos fabricaba cocaína en el Complejo Químico del Ejército, junto a Marco Antonio Pinochet, uno de los cinco hijos del desaparecido dictador, y el empresario chileno de origen sirio Edgardo Bathich Villarroel.
Según Contreras, el dinero recaudado con el tráfico de drogas explica la abultada fortuna que se le descubrió en los últimos años a Pinochet.
El esclarecimiento de lo ocurrido con el científico chileno puede arrojar importantes luces sobre otros emblemáticos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura chilena de 17 años, como los asesinatos de Letelier y del diplomático español Carmelo Soria, perpetrado también en 1976.
Asimismo, la muerte de Berríos está conectada con el presunto homicidio del ex mandatario chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en 1982, que entonces se perfilaba como uno de los principales opositores al régimen dictatorial.
Frei Montalvo falleció producto de una extraña infección generalizada tras someterse a una intervención quirúrgica por una hernia al hiato, la cual no revestía mayor riesgo.
La familia del ex presidente democratacristiano, padre del también ex mandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000), cree que Berríos estuvo detrás del agente químico que se le habría introducido al paciente durante la primera de las operaciones que se le practicaron en la Clínica Santa María, de Santiago.
En 2006, Augusto Larraín, el médico que intervino a Frei Montalvo, aseguró que «hubo manos negras» en esa muerte.
El caso Berríos es considerado una de las últimas operaciones del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas del 70 y del 80, con la anuencia de Estados Unidos y cuyo propósito era perseguir, secuestrar, asesinar y hacer desaparecer a opositores de izquierda.
Lo llamativo del hecho es que cuando se cometió el crimen, a comienzos de los años 90, las Fuerzas Armadas de los países involucrados en el caso ya estaban bajo el mando de gobiernos democráticos. Además, la operación habría sido en contra de un ex colaborador. La intrincada trama de este homicidio ya fue llevada al cine. En marzo, se estrenó la película «Matar a Todos», una coproducción de varis países dirigida por el uruguayo Esteban Schroeder y basada en el libro titulado «99% asesinado», escrito por su compatriota Pablo Vierci.