El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y «okupas» de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, […]
El sábado 14 de agosto, en un espectacular operativo policial, fueron allanadas casas particulares y «okupas» de Santiago, Valparaíso, Temuco y Concepción, y detenidas 14 personas por orden del Fiscal Alejandro Peña. Como ya se está volviendo costumbre, la maniobra contó con contundente brutalidad uniformada sin resistencia alguna, pistolas en la boca de los imputados, destrucción de inmuebles, maltrato a mujeres embarazadas, indiscriminación a granel y tanta prensa obsecuente como fuera posible.
Sólo la prestigiosa Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Codepu (organización no gubernamental de Derechos Humanos fundada durante la dictadura militar, en noviembre de 1980. Fue la primera ONG que se hizo parte en el proceso contra Augusto Pinochet en España, y en Chile en 1998, y una de las principales querellantes en el juicio contra el dictador ), denunció que el 14 de agosto «a las 6:58 de la mañana, el domicilio de Viviana Uribe Tamblay, presidenta de nuestra organización, ubicada en Batuco, fue allanada violentamente por un grupo de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros ( GOPE), del Laboratorio de Criminalística , y personal de la Fiscalía, en el marco del llamado «Caso bombas». El operativo policial duró 7 horas». La ONG informó que en el domicilio se encontraban en ese momento la hija de Viviana, Bárbara Vergara Uribe, hija de un ejecutado político, «con un embarazo de 8 meses, y trabajadora de la institución junto a su compañero Manuel Correa».
El denominado «Caso Bombas» está ligado a una serie de explosiones de ruido ocurridas durante un tiempo no determinado por el Estado en instituciones bancarias y otras dependencias, sin resultado de muerte, sin heridos, sin damnificados, sin responsables probados.
RODOLFO RETAMALES, EL MALO DE LA PELÍCULA
Uno de los principales acusados en el caso, además de su trabajo remunerado, realizaba un programa en la Radio Primero de Mayo de la legendaria población La Victoria.
Alejandra Bustamante es una de las voceras de la emisora popular, autogestionada y comunitaria que cuenta con 20 programas de servicio a la comunidad, y que vierte al aire producciones que recorren reivindicaciones indígenas, musicales, infantiles y culturales. Su objetivo es «informar sobre la verdad de lo que ocurre en Chile».
La radio es legal, tiene 15 años de existencia y está acreditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Alejandra cuenta que «Desde principios de 2009, Rodolfo tiene un programa que se llama «Desde el Óvalo», que toca temáticas carcelarias en el sentido de las visitas familiares, y la criminalización de los jóvenes y adolescentes. Rodolfo conducía el programa y nunca hizo llamados a la violencia o cosa que se le parezca. Reporteaba las movilizaciones sociales que se dan en el centro de Santiago, a través de videos, aprovechando la plataforma de internet de la radio».
Pero no sólo Rodolfo ha sido víctimas de amenazas por parte de fuerzas especiales, sino que otros reporteros de la Primero de Mayo (102.9 FM). «Nuestro problema es que hemos normalizado el maltrato que recibimos con frecuencia», explica Alejandra en el único locutorio de la emisora y agrega que «Rodolfo nos había informado muchas veces de policías civiles que lo seguían. Y en el allanamiento a su casa, lo principal que le requisaron fue sus filmaciones, sus fotografías, sus cintas. No materiales ligados a explosivos o bombas. Ahora los medios de comunicación tradicionales hablan de él y los demás detenidos como delincuentes. Igual como lo que ocurrió con la documentalista Elena Varela o Pascual Pichún».
El miércoles 17 de agosto, otro comunicador popular de la radio, Roberto Henríquez, fue detenido también. «Él hace programas culturales, de cine y de música», informa Alejandra, «A las 22:30 hrs. lo encontramos en la Primera Comisaría de Carabineros. Estábamos con el abogado de derechos humanos, Rubén Jerez. Ahí nos enteramos que trataban de vincularlo a un asunto de explosivos. Lo acusaron de tener «un artefacto pirotécnico» (?). El 18 en la mañana lo formalizaron y lo dejaron en libertad. Fue agredido fuertemente por carabineros, pero no permitieron que se realizara la constatación de lesiones.»
LA DEFENSA: RODOLFO Y PABLO DEBEN SER ABSUELTOS
Alberto Espinoza es el abogado defensor de Rodolfo Retamales y Pablo Morales, sindicados por el Ministerio Público, el gobierno y los medios de comunicación de los que mandan, como los principales responsables del llamado «Caso bombas», y como «lideres» de una asociación ilícita «terrorista».
-¿Cuáles son los fundamentos de la defensa?
«La defensa descansa sobre la más férrea y absoluta convicción de que ni Pablo ni Rodolfo tienen participación en una asociación ilícita, y menos de carácter terrorista. Y hasta el minuto, los antecedentes que se han presentado resultan absolutamente inconsistentes a la hora de acreditar un delito de esa magnitud.»
El abogado Espinoza indica que hace 5 años que se vienen recogiendo pruebas contra sus protegidos, es decir, desde que Rodolfo Retamales puso un pie en la calle después de haber estado con Pablo Morales privados de libertad en la Cárcel de Alta Seguridad durante 12 años. Desde entonces se implementó contra ellos un procedimiento de vigilancia permanente de todos sus movimientos. Además, ellos estaban bajo control penitenciario y debían firmar una vez por semana en el Patronato de Reos.
«Pero estamos hablando de una vigilancia extrajudicial, me imagino, dentro de los marcos de políticas de Inteligencia y seguridad pública y ciudadana que, por lo demás, ellos conocían perfectamente. Sabían que por su antigua afiliación al grupo Lautaro iban a ser objeto de seguimientos al margen de la ley. Es lo que ocurre con todos los presos políticos que salen en libertad», señala Espinoza.
Llama poderosamente la atención que pese a estar bajo vigilancia permanente hayan podido burlarla al punto de constituir una asociación ilícita después de 5 años.
-La gente corriente en Chile no sabe qué cosa es una ‘asociación ilícita’…
«Es un delito tipificado en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista que se configura de una manera ficticia y abstracta. Nadie puede percibir físicamente una asociación ilícita. Es un delito intangible, a diferencia de un homicidio o un robo. En la asociación ilícita tiene que haber recursos, medios, infraestructura, un ánimo de asociarse para cometer actos ilícitos. Y en este caso, con fines terroristas. De modo que la construcción de la asociación ilícita, desde el punto de vista penal y probatorio, es bien dificultosa. La justicia tiene que acreditar la concurrencia de varias condiciones y de presupuestos que logren establecer esta estructura, este conjunto de redes, jerarquías, mandos, subordinados, dirección, etc. Y este no es el caso.»
CASAS ‘OKUPA’: CENTROS DE PODER
En medio del verdadero «tongo» político, policial y mediático en torno al caso han salido al ruedo las casas «okupa», que son viviendas cedidas o simplemente habitadas en su abandono, casi siempre muy deterioradas, que usan jóvenes en Chile y el mundo para realizar actividades principalmente artísticas y alternativas a la cultura oficial o institucional. Allí funcionan desde bandas de rock, grupos teatrales, recreación para niños, buen cine gratuito, bibliotecas y manifestaciones que no encuentran lugar en las políticas culturales provenientes del Estado, normalmente dirigidas a promover y ornamentar las «bondades» de los gobiernos de turno.
Sin embargo, el abogado Alberto Espinoza indica que «El Ministerio Público denomina a las casas «okupas» ‘centros de poder’. La expresión pretende referir que allí se van elaborando acciones o se planifican cosas ilícitas». Por eso, la justicia muestra fotos de Rodolfo y Pablo saliendo de casas «okupas». Pero esas casas representan a un sector de la juventud cuyas ideas no se condicen con el modo de vida capitalista.»
-¿En qué condiciones fueron detenidos Rodolfo y Pablo?
«De una manera bastante violenta. Nadie golpeó la casa ni preguntó por ellos previamente. Y eso que tienen domicilios conocidos y ni siquiera viven en casas «okupas», si eso fuera un agravante. Son viviendas que financian con su trabajo. Ambos son arrendatarios. Pablo Morales vive con su pareja, y los dos trabajan remuneradamente. Pablo se desempeña en una empresa de publicidad, de lunes a viernes, con jornada normal y cuyo salario le permite vivir sin grandes sobresaltos. Rodolfo Retamales, por su parte, desarrolla trabajos audiovisuales, es un asalariado a honorarios, es decir paga impuestos. Y en algunos de sus videos aparecen imágenes de canales tradicionales, como Canal 7, ¡Y ese tipo de material empleó el Ministerio Público para formalizar la investigación! Ahí yo pregunté entonces, si también se imputarían a los directores de Chilevisión o Canal 13. Eran extractos de reportajes por todos conocidos. Incluso en la audiencia de formalización, la Fiscalía usó contra los muchachos citas de autores clásicos muertos hace mucho tiempo. Y a Pablo Morales, por su parte, se le leyeron sus derechos con un carabinero que le tenía puesta una bota en la espalda. El allanamiento también fue brutal, y ese día se extendió a 17 casas, como en los mejores tiempos de la dictadura. Fue una operación muy bien planificada, coordinada y muy espectacular.»
Al respecto, Espinoza considera que «están soplando vientos autoritarios muy fuertes en Chile. Hay nostálgicos de la dictadura.»
EL MONTAJE Y EL ORDEN DE LAS COSAS
-En algún momento se dijo que los imputados habrían sido indultados por Ricardo Lagos durante su mandato…
«Ello es totalmente falso. Yo creo que hay falta de rigurosidad del Ministerio del Interior y no se entiende la división de poderes. Aquí se observa que el Ministerio del Interior tiene un trato muy directo con el Fiscal Nacional. En este sentido, el Fiscal Alejandro Peña realiza todo un montaje, en el amplio sentido, como una puesta en escena para los medios de comunicación. Referirse a hechos respecto de los cuales estos dos jóvenes ya fueron condenados, demuestra una mala intención evidente. Es decir, se vuelve a criminalizarlos, ¡Y por lo mismo! Eso es antijurídico, toda vez que existe un principio elemental del Derecho Penal que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.»
Rodolfo y Pablo estuvieron en la cárcel en los primeros años de los gobiernos civiles por un delito que terminó con la muerte de tres funcionarios de la policía de Investigaciones, «donde ellos no participaron directamente. Ninguno de ellos empuñó un arma de fuego, ni es responsable directo de la muerte de esas personas. Ello está establecido en el proceso y la sentencia», dice el abogado.
De los 14 detenidos originales del pasado 14 de agosto, ya 4 están en libertad, bajo una medida cautelar que no es prisión preventiva, con un control semanal de firmas. Los 10 restantes están en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. Ellos están imputados de ser miembros de una supuesta asociación ilícita terrorista. La acusación es que Rodolfo y Pablo serían los «jefes» de ella.
En este sentido, Espinoza es tajante cuando formula que «Con anterioridad, yo he defendido a personas acusadas en principio por delitos terroristas. Por ejemplo, las personas que fueron imputadas de participar en el atentado a Pinochet en 1986. Y finalmente esas personas no terminaron siendo acusadas de delitos terroristas. Y hay una distancia sideral entre las organizaciones a las que pertenecían esas personas y los casos de Rodolfo y Pablo, desde todo orden de cosas. Lo de Rodolfo y Pablo, desde la propia perspectiva del Ministerio Público, sería una especie de asociación ilícita a escala de sala cuna. Sin embargo, se les aplica la misma ley.»
-¿Y qué ocurre con los vínculos mencionados entre Rodolfo Retamales y la Intendencia de Santiago?
«El Ministerio Público en su intento de configurar la supuesta red de protección de mis defendidos, usa una llamada que se le hizo a Rodolfo Retamales desde un teléfono de la Intendencia por una funcionaria que había sido su pareja. La llamada duró 30 segundos y es una conversación absolutamente corriente. De ahí el show que involucra a la Intendencia.»
-¿En qué fase del proceso judicial se encuentra el caso?
«Estamos en el prólogo, en sus etapas preliminares. Hay 6 meses para investigar, todavía no estamos en la etapa del juicio. Están pendientes las apelaciones que nosotros entablemos. Y ellos deben ser absueltos y no llevados a juicio, en definitiva. Deben ser liberados y de ningún modo condenados.»
-Sorpresivamente el 18 de agosto, 4 días después de las detenciones, apareció una bomba junto a un cuartel de carabineros que habría sido desactivada por un robot…
«Hay que tener cuidado con las acciones provocativas. No me extrañaría que el hecho fuera parte de un montaje policial. Los organismos de Inteligencia también operan con procedimientos muy oscuros. Me acuerdo que Felipe Harboe como miembro del Ejecutivo de la Concertación inventó un chascarro con unos sables de utilería que encontró en la Universidad de Santiago.»
Para el abogado Alberto Espinoza la situación, en su conjunto, es preocupante y sobrepasa el marco de la investigación enfocada en un grupo de personas en particular. El defensor de los derechos humanos estima que hoy los que se están viendo amenazados por esta investigación son los derechos de los ciudadanos en general.
«Esta es la mano dura que anunció Piñera y que están sintiendo los mapuche, los escolares, los deudores habitacionales. En fin, todo aquel que quiera ejercer su derecho a expresarse. Esto es claro, quienes gobiernan Chile estuvieron vinculados a la dictadura militar y son amigos de la dinámica del terror. Cualquier manifestación de descontento social ahora se vuelve terrorismo. Y lamentablemente, la Concertación pavimentó el camino para llegar a este punto. La idea del gobierno actual es hacer abortar inmediatamente cualquier germen de movilización social. Y yo aquí noto una alarmante ausencia del Partido Comunista en orden a pronunciarse sobre estas materias. Y hay personajes de la Concertación que avalan la actuación del Fiscal Alejandro Peña, como Patricio Rosende y Felipe Harboe. ¿Cómo se engendran esas posiciones en gente que se define democrática?», se pregunta Espinoza mientras mira su reloj urgente.