Una denuncia ante la Comisión Americana de Derechos Humanos presentó hoy el abogado Vladimir Riesco del movimiento ciudadano Acción por los Cisnes, apoyado por Fundación Oceana, Rap-Al y Olca en contra del Estado Chileno, por su posición y «nula intervención» frente a la destrucción del Santuario Carlos Andwandter del río Cruces, en la Décima Región. […]
El abogado encargado de la denuncia, explicó que al rechazar el recurso de protección interpuesto contra la Sociedad Celulosa Arauco (www.arauco.cl) o Celco, el Estado chileno incurrió en una denegación de justicia, «dejando de paso en la más absoluta impunidad el mayor desastre ambiental ocurrido en Chile en la última década y manteniendo a los afectados por esta crisis ambiental y en particular las señaladas victimas, en la mas absoluta indefensión y expuestos a impredecibles efectos ambientales y de salud publica», explicó.
«Hoy enviamos toda la documentación requerida con el apoyo de algunas organizaciones de Santiago y luego hicimos una conferencia de prensa», agregó
En tanto, Matías Guiloff, abogado de Oceana, explicó a su vez que esta organización respalda la denuncia por considerar que se agotaron todas las instancias internas de justicia, tras conocerse el fallo definitivo de la Corte Suprema, tribunal que desestimó el recurso de protección valiéndose de informes científicos encargados por la propia empresa de Celulosa.
«Ese hecho por sí solo, afecta la igualdad ante la ley consagrada en la Constitución y pone un manto de duda sobre la imparcialidad del Estado frente a este caso», señaló el abogado.
Por su parte, Lucio Cuenca del OLCA, indicó que «aquí se configuran todos los elementos que permiten concluir que acá se ha denegado justicia, lo cual ha afectado gravemente los derechos humanos de los denunciantes. Nos parece que un pronunciamiento de la Corte Interamericana pondrá en su lugar las graves aberraciones cometidas en este caso».
María Elena Rozas, de Rap-Al, afirmó que «mientras la justicia opera con impunidad la planta sigue volcando sustancias nocivas para el medioambiente y la salud humana. No queremos que los habitantes de Valdivia se contaminen por obra del actuar irresponsable de nuestros tribunales».
La denuncia se presenta en nombre de diversas organizaciones y ciudadanos de Valdivia, los que se han visto afectados de distintas formas por la destrucción del Santuario, ya sea porque la muerte de los cisnes y la contaminación eliminó su fuente laboral o porque sienten vulnerado su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, «pero todos comparten la sensación de desamparo en que las ha dejado el Estado Chileno, que no ha defendido derechos garantizados constitucionalmente», concluyó Guillof.