Más allá de las opiniones que cada persona o la propia UDI pueda tener sobre el crimen de Jaime Guzmán, de la investigación que aún esta en curso o lo válido de sus anhelos particulares de justicia al respecto, el caso se ha transformado en una persecución odiosa. Así lo demuestra la insistencia de dirigentes […]
Más allá de las opiniones que cada persona o la propia UDI pueda tener sobre el crimen de Jaime Guzmán, de la investigación que aún esta en curso o lo válido de sus anhelos particulares de justicia al respecto, el caso se ha transformado en una persecución odiosa. Así lo demuestra la insistencia de dirigentes de ese partido por convencer a la opinión pública y ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que durante los veinte años de los gobiernos de la Concertación, «se les negó su derecho a la justicia y se amparo la impunidad a los autores de este delito».
Los hechos desmienten esta apreciación antojadiza de la UDI, tal cual lo manifiesto Milton Juica en su calidad de Presidente de la Corte Suprema, refiriéndose al actuar de la justicia durante este proceso: «En verdad en Chile se investigó el asesinato del senador Guzmán, se hizo toda la indagatoria, se determinaron responsabilidades. Las personas fueron condenadas y -desde el punto de vista del Poder Judicial- es ahí donde termina su labor, cuando las personas empezaron a cumplir las penas», lo cual ratifica de manera categórica que el argumento de impunidad es falso.
En este contexto las razones con las cuales la UDI y su abogado pidieron reabrir la investigación en el año 2010, son espurios y sintetizan las intenciones que hay detrás de todo esto, que no es buscar la justicia, sino que es meter a alguien a la cárcel a como de lugar, ya no andan buscando a los culpables del crimen sino que, a quienes fuimos dirigentes de una organización que se rebeló ante la brutalidad de una tiranía y que luchó de manera frontal y valiente en contra de la dictadura de Pinochet. Los hechos hablan por si solos, respaldados en las 7.625 hojas del abultado expediente de la investigación. En Mayo del 2010 La PDI le comunica a la justicia «que fue avistado» en Chile el «Comandante Eduardo», generando la idea que me encontraba clandestino en Chile, en consecuencia que volví al país en el año 2005 por decisión propia y que a la fecha me desempeñaba en mis labores académicas y profesionales, tal cual también hice durante mi estadía en el extranjero. Acto seguido el abogado de la UDI y de la familia Guzmán, viaja a Brasil, luego de lo cual Hernández Norambuena aparece en un reportaje que luego difundió el canal de Chilevisión ( de propiedad en ese entonces del actual presidente de la República),
Este se acogió a la delación compensada y me inculpó en una acción que el sabe que yo no cometí y de la cual no estuve informado ni participé, lo hizo a cambio del ofrecimiento de ser extraditado a Chile. Paralelo a esto ese mismo mes el Ministro en Visita designado para este caso, le rebaja la pena de presidio perpetuo a 25 años de cárcel, con el fin de que la justicia de Brasil accediera a su extradición: una decisión que debía contar con la aprobación de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual finalmente negó la solicitud, manteniéndole las condenas por el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
Con estas «garantías» Hernández Norambuena habló en televisión, argumentando mi supuesta participación en la decisión de asesinar a Guzmán, agregando que ésta había sido una decisión de la Dirección del FPMR, indicando un lugar donde se habría llevado a cabo esta reunión, denunciando que habían participado otras personas y que el seguiría hablando «solo si lo extraditaban a Chile».
Mirado desde un punto de vista legal, todo este entramado sucio se justifica en el marco de la delación compensada, cuyo argumento es, como se ha hecho en otros países, desarticular organizaciones, identificar dirigentes y asesinarlos o para prevenir el delito y el terrorismo. Lo cual en mi caso se intentó aplicar identificándome como el «chivo expiatorio», con el fin de saciar las aspiraciones de venganza particularmente de personeros de la UDI.
Así entonces la declaración extrajudicial y mal intencionada de Hernández Norambuena, que en cualquier otro país no pasaría de ser un simple reportaje, sin peso jurídico, no solo fue el punto de partida para esta nueva ofensiva «Udiosa» sino que fue el argumento que estos necesitaban para facilitar mi encarcelamiento y procesamiento, proceso que en estos días cumple dos años.
Durante todo este tiempo el Ministro en visita ha realizado un sin número de acciones, se han agregado otras tantas a las ya existentes, construyendo un nuevo y frondoso legajo de papeles que se reducen a un cumulo de supuestos y elucubraciones, provenientes de distintos actores interesados, que en ningún caso podrían ser consideradas como pruebas para condenarme, menos por un delito que no cometí.
Desde mi punto de vista por todo lo que se puede leer en este proceso y por la utilización, como supuestos testigos, de delincuentes (tales como Humberto López Candia), ex agentes de investigaciones sindicados como torturadores (el ex comisario Barraza) y la utilización de sujetos que perdieron su valor ético y moral cayendo al oscuro túnel de la delación, como Hernández Norambuena, solo demuestran que aquí lo que se busca no es justicia. Por el contrario, el discurso a estas alturas cansador de «exigir el máximo rigor de la ley para proteger a los ciudadanos», para perseguir a la delincuencia, a los terroristas» y en este caso » para llegar a la verdad del caso Guzmán», no es mas que una táctica impulsada por la UDI y el gobierno actual, que busca crear un ambiente favorable para intentar incidir en las decisiones del poder judicial con el fin de imponer sus opiniones e intereses.
Por eso utilizan ( lamentablemente) la figura de Guzmán intentando imponerle al país su virtual beatificación, comprensible para la UDI que vive el drama que con la desaparición de su líder natural no ha logrado generar uno nuevo, pero no para Chile ni para los chilenos, para quienes estos personajes representan el lado oscuro de la política y de los políticos que apoyaron la dictadura de Pinochet .
En medio de esta parafernalia he sido condenado a priori, en una situación que es tan irregular, que los medios de prensa son informados de las decisiones del juez antes que a la parte afectada. Recién el día 12 de octubre y no el 10 como lo publicó el diario la Segunda, el ministro notificó al prestigioso abogado que me defiende, Roberto Celedón, de las acusaciones presentadas por los querellantes y sus respectivas solicitudes de condenas.
Tal cual un «Circo Romano» y como una jauría desesperada que busca destrozar a su presa, exigen años de cárcel antes de que el juicio finalice, lo más altas posibles para ocultar algo que si es objetivo: que no existe ninguna prueba concreta para demostrar mi culpabilidad, ni en la decisión ni menos en la ejecución del homicidio. Según el escrito presentado y firmado por la procuradora fiscal, Irma Soto Rodríguez, esta pide «la pena más alta contemplada en nuestra legislación, presidio perpetuo calificado», alegando mi supuesta participación «como miembro del cuadro directivo del FPMR y como la persona, que junto a Galvarino Apablaza, habría determinado el asesinato del senador Guzmán». En tanto, el Ministerio del Interior, la familia del senador Guzmán, y la propia UDI, exigieron una pena de 20 años de presidio cada uno. Antes, la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, Beatriz Pedrals, había recomendando se aplicara una pena de 15 años y un día.
Con estas reacciones histéricas pareciera que para estos señores el estado de derecho y la democracia aun no llega a sus vidas, ellos siguen viviendo un estado de dictadura esquizofrénica, señalando enemigos sin pruebas, tal cual lo hicieron antes condenando gente a la desaparición forzosa, al exilio, a la cárcel o a la muerte porque pensábamos distinto o por que según ellos éramos enemigos de la patria.
Esta es una situación que irremediablemente me trae el recuerdo de lo que me tocó vivir en dictadura, cuando siendo militar de la Fuerza Aérea de Chile, fui hecho prisionero y torturado (junto a un centenar de compañeros de armas) por oponerme al golpe de estado en 1973. En esa ocasión como le sucedió a miles de personas, la confesión o la firma escrita en un papel en blanco sacada a golpes, que luego los inquisidores llenaban a su gusto, era considerada como «la institución probatoria», independientemente de los medios empleados para lograrla.
En esos momentos era esperable que las cosas fueran así, el Ordenamiento Jurídico no estaba inspirado por valores morales, lo que se exigía era el reconocimiento del hecho por una persona, para que jurídicamente se le considerase obligada a recibir una condena o a enfrentar un pelotón de fusilamiento. En la práctica fue un proceso aberrante, acompañado de un sistema judicial de Inquisidores -funcionarios civiles y militares que investían la calidad de acusador y juez a la vez- y de la aplicación general de tormentos o torturas para hacer confesar los delitos por los cuales se nos acusaba.
Habiendo vivido esta experiencia reclamo la observancia del derecho, que considera el guardar silencio, el ser asistido por un abogado, a ser escuchado y a ser condenado únicamente cuando la prueba, no la suposición como es en mi caso, otorgue al Juez una convicción «más allá de toda duda razonable». Pero como lo dije antes, la realidad apunta en otra dirección, la presión política que se intenta ejercer sobre la justicia en este caso «emblemático» para la UDI actúa en desmedro de mis derechos ciudadanos.
En este sentido denuncio el hecho que en un régimen democrático, los herederos de un sistema que se condensa en la intención del poder absoluto, actúan de la misma manera que llevó a la Derecha chilena -o a una parte de ella- a abandonar su carácter republicano y cometer actos tan absolutamente reñidos con la moral política y humana, que fueron repudiados en todo el mundo. Si nos fijamos bien en las voces que se levantan hoy como mis acusadores, algunos de ellos son los mismos civiles fanáticos defensores de la tiranía y ayudantes de la misma, los cuales nunca fueron sancionados por sus vinculaciones a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
Aunque hoy digan lo contrario y posen de arrepentidos ninguno de ellos, ni su ideólogo que sin duda fue víctima de la violencia política, son defensores de los derechos humanos, porque un defensor de los derechos humanos asume una política de construcción de una sociedad más justa, que no fue la que construyeron en 1973 sobre la cenizas de la democracia destruida por medio de la violencia.
Tal como lo expresó el abogado Roberto Garreton (en un articulo sobre la competencia del Tribunal Penal Internacional), «El hecho que hoy digan que salvaron vidas revela que estos siempre supieron de los crímenes que se estaban cometiendo y desnuda la gran mentira del «yo no supe». Ellos si sabían. En los gobiernos democráticos nadie tiene la función de «salvar gente».
Este es el contexto en el cual estamos llegando al final de este verdadero teatro del absurdo, en medio de una ofensiva » Udiosa», tratando de convencer que el asesinato de su líder Jaime Guzmán fue para afectar o neutralizar la naciente democracia en 1991 y alegando el argumento de una falsa impunidad, para continuar con este circo abierto hasta el infinito.
Pero no hay que confundirse, en las 7.526 hojas que se acumulan en esta investigación, si se ha establecido la verdad: Jaime Guzmán no fue asesinado con el objetivo de alterar la democracia en Chile, sus autores actuaron con el fin de imponer una línea política aparatista, alejada de la realidad que el país vivía en ese entonces, obligando a terminar bruscamente la discusión interna del FPMR, que como ya es de conocimiento publico, buscaba como organización replantear su estrategia y ser un actor del proceso de transición a la democracia en nuestro país.
En lo que a mi respecta, por ser contrario a un grupo que se apoderó de la organización, que luego persiguió y asesinó a compañeros de lucha y por ende cayó en una descomposición moral profunda, fui junto a otros dirigentes históricos del FPMR, acusado de reformista y finalmente de traidor, razón por la cual hoy tratan de involucrarme en el asesinato de Guzmán.
Esto es lo que demuestra este largo proceso de investigación iniciada en 1991, con un significativo numero de diligencias en sus versiones anteriores, con diferentes jueces, procesos en los cuales y hasta el año 2010, nunca fui inculpado. Por lo tanto el asesinato de Jaime Guzmán ha sido aclarado en sus objetivos, sus autores fueron encarcelados y condenados por sus propios dichos en su carácter de autores materiales e intelectual, lo que demuestra que el argumento de la impunidad que alega la UDI es falso, pero deja en claro que su intención política es seguir presionando para mantener este proceso abierto, investigando a personas por un delito aclarado y además prescrito.
Para que esto no siga así afectando a personas inocentes, reivindico el papel de la justicia, como la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia, por lo tanto en una sociedad justa, por la que he luchado toda mi vida, las libertades de la igualdad de la ciudadanía tienen que ser establecidas y los derechos asegurados por la justicia, los cuales no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo de intereses privados. Pienso y creo en que siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia, estas no pueden estar sujetas a transacciones. No prestigia a la justicia el condenar a un inocente, y yo en este hecho, no tuve participación alguna.
Dr. Enrique Villanueva Molina, Vicepresidente CEEFA-73 Centro de Estudios Exonerados FFAA -1973
http://www.lemondediplomatique.cl/El-caso-Jaime-Guzman-es-una.html