Evitar la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, resulta trascendental para el país. Se hace necesario evitar la estela de muerte que rodean estos casos y que alcanza incluso a la propia «familia militar». El caso Mirage y las coimas que alcanzarían los 15 millones de dólares, tienen al país en vilo, a la […]
Evitar la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, resulta trascendental para el país. Se hace necesario evitar la estela de muerte que rodean estos casos y que alcanza incluso a la propia «familia militar».
El caso Mirage y las coimas que alcanzarían los 15 millones de dólares, tienen al país en vilo, a la espera de que se confirme que algunos militares, se concertaron para repartirse las jugosas «comisiones» por la adquisición de 20 aviones Mirage 5, en el año 1994.
Evitar la corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, resulta trascendental para el país. La detención de altos oficiales (R) de la Fuerza Área de Chile, retoma el debate respecto de la implicancia de los militares en actos de corrupción, cuya experiencia en Chile, resulta no sólo nociva para dichas instituciones castrenses. Además, instala a su paso, una estela de muerte y dolor, que incluso alcanza la propia «familia militar».
Por ejemplo, uno de los casos más simbólico lo constituye el denominado «contrabando de armas a Croacia», ocurrido en el año 1991, cuyos episodios están rodeado de ilícitos, delitos, falsificaciones y muerte, en una compleja telaraña, difícil de comprender. El Magistrado a cargo del caso, estableció que el ex Director de Famae, General (R) Guillermo Letelier, y un grupo de militares falsearon documentación para conseguir las autorizaciones respectivas y de esa manera sacar el material bélico de Chile.
Curiosamente en el «contrabando de armas» y en el actual «caso Mirage», aparece relacionado el ex Ministro de Defensa, Patricio Rojas. En el primer caso, fue engañado por el Director de Famae, quien consiguió que Rojas firmara, la resolución Nº 470 de fecha 20 de noviembre de 1991, para enviar las armas fuera de Chile, sin que el ex ministro, se percatara de la anomalía de los documentos.
Respecto del caso Mirage, surge el relacionamiento de Patricio Rojas, otra vez. ¿Qué responsabilidad política le cabe al ex secretario de Estado? El ex ministro busca desprenderse de toda responsabilidad, al insinuar que dicha situación se produce durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei. Sin embargo, toda la negociación se origina en el mandato del ex Presidente Patricio Alywin.
Por otra parte, debemos recordar, que en el caso «Contrabando a Croacia» existe una estela de dolor y muerte. El homicidio del Coronel Gerardo Huber, que buscaba ocultar la verdad respecto del contrabando de armas, trae a la memoria, y con total consideración, que aquellos militares (funcionarios del Estado) instruidos y preparados para manejar la defensa del país, usan incluso su experticia, contra sus propios compañeros de armas, buscando silenciar sus actos de corrupción.
Cabe recordar que el Coronel Huber, no fue la única victima del caso. Su propio chofer, el Sargento Segundo, Blas Anibal Meriño, fue encontrado muerto de un balazo, al interior de un vehiculo que conducía, perteneciente al Complejo Químico Militar del Ejército, en extrañas circunstancias.
Otra de las muertes vinculadas con el caso Huber, tiene relación con la del Ministro Hernán Correa de la Cerda, quien falleció en el Hospital Militar, en diciembre del año 1992. Correa, había interrogado al fallecido Coronel Huber, nueve días antes de su desaparición. La ciudadanía necesita saber más antecedentes de la muerte de estas personas y observar con toda claridad, si tienen alguna relación entre sí.
Igualmente, todas las interrogantes del caso Mirage, así como de otros actos de corrupción al interior de las fuerzas armadas, debieran aclararse con total transparencia y plena responsabilidad judicial. La pronta acción de la justicia podría evitar nuevas muertes, y procurar la verdad de lo ocurrido con los 15 millones de dólares, pagados en comisiones, por la compra de los Mirage.
A propósito de estos casos, se requiere de un nuevo liderazgo en materia de anticorrupción en el país, y ello incluye a la clase política. Las autoridades deben responder por aquello que ocurre en sus instituciones y no evadir su responsabilidad, aduciendo un cierto desconocimiento de la situación, culpando por lo general a otros, de aquello que cometieron en forma colectiva y concertada.
– Jorge Montecino es Director Ejecutivo del Observatorio de la Realidad Ciudadana. (Observa) Universidad ARCIS Valparaíso. Arena Pública, plataforma de opinión de UARCIS.