Nuevamente se realizaron exámenes a Pinochet para determinar si puede enfrentar un «juicio justo». Esto es parte de la política que ha venido implementando la justicia patronal los últimos años: procesar a Pinochet, para luego sobreseerlo por razones de salud. A su vez, encarcelar a algunos militares emblemáticos, para mostrar que la justicia funciona en […]
Nuevamente se realizaron exámenes a Pinochet para determinar si puede enfrentar un «juicio justo». Esto es parte de la política que ha venido implementando la justicia patronal los últimos años: procesar a Pinochet, para luego sobreseerlo por razones de salud. A su vez, encarcelar a algunos militares emblemáticos, para mostrar que la justicia funciona en nuestro país, cuando la realidad es que la mayoría de los culpables de violaciones a los derechos humanos sigue caminando libre e impunemente por las calles.
Estos días se conocieron los resultados de los exámenes médicos que había pedido el juez Montiglio a Pinochet, en los que se desprendería que «su deterioro neuronal es irreversible y progresivo, lo que se transforma en una seria dificultad para que esta sea enjuiciado» (La Nación, 11-11-05). Por otra parte, los exámenes psicológicos que le practicaron explican que el dictador no tiene afectado su intelecto. Hasta ahora, las razones de salud son las esgrimidas por los abogados de Pinochet para pedir su sobreseimiento, ya que supuestamente no podría enfrentar un juicio. Este ha sido uno de los argumentos «formales» por los que la justicia patronal ha decidido dejar libre al máximo responsable de los miles de desaparecidos, los torturadores y perseguidos durante 17 años en nuestro país, ya que en el fondo está la política de reconciliación y unidad nacional que impulsan los partidos patronales de la Concertación y la derecha. Pero de todas maneras, la justicia tiene que «vestirse de seda». En estos días, Pinochet ha enfrentando el interrogatorio del juez Carlos Cerda por el caso de las cuentas del Riggs, en el que se encuentra procesado. Hay que destacar, de todas maneras, que la primera medida de Cerda fue el sobreseimiento definitivo de Pinochet en dos de los seis casos que Muñoz venía investigando en el caso Riggs, uno se refiere a la compra de los terrenos en los que el dictador construyó su mansión de El Melocotón, el segundo, por la denuncia que el juez español Garzón había realizado contra Pinochet, en cuanto a que «eludió las medidas cautelares que había dispuesto mientras Pinochet estuvo detenido en Londres» (La nación 03-11-05). El juez Montiglio, por su parte, que lleva la causa por la Operación Colombo, es reconocido como un juez «es partidario de amnistiar a los militares y liberarlos de cumplir condena. Así lo ha demostrado con su voto como ministro de la Corte de Apelaciones» (La Nación 11-11-05). La justicia patronal, enfrenta los juicios a Pinochet desplegando esta doble política: por una parte, la de limpiar su imagen, para recomponerse como una de las instituciones principales del régimen de la democracia para ricos, de ahí se explican los diversos procesamientos a Pinochet, las condenas a Contreras, etc. De la otra, dejar libres a la mayoría de los militares que participaron de la dictadura, y sus colaboradores civiles y militares, como parte de la política de reconciliación nacional que impulsa la Concertación y la derecha. Entre algunos de los casos que siguen saliendo a la luz pública, además de las millonarias cuentas de Pinochet en diversos bancos del mundo en lo que se conoce como el caso del Banco Riggs, en la que el dictador acumuló una fortuna cercana a los 31 millones de dólares, y donde está desaforado por cargos de evasión tributaria, la utilización de pasaportes falsos, el mal uso de certificados públicos, la falsificación de sus declaraciones de bienes, etc., y donde además están procesados en calidad de cómplices Lucía Hiriart, su hijo Marco Antonio, su secretaria Mónica Ananías y su ex albacea Óscar Aitken, están los hechos ocurridos luego del atentado en septiembre de 1986, en el que fueron asesinados cuatro militantes comunistas y opositores activos a la dictadura, pero donde se ha conocido además que había una lista mucho mayor de personas que debían ser asesinadas en represalia, y que habría organizado la CNI. Esta investigación es llevada adelante por el ministro Dolmestch, quien además citaría a declarar a colaboradores civiles de la dictadura, como el ex secretario general de gobierno, y durante años rector de la universidad Diego Portales, el que a raíz de este caso tuvo que alejarse de la institución, o el ex subsecretario del Interior y actual diputado de RN, Alberto Cardemil, entre otros. Cuadra, tuvo que enfrentar la petición de 74 académicos de la universidad que pidieron su salida como rector. Cuadra, como autoridad de la época, presento el asesinato de José Carrasco, periodista, como «un altercado entre comunistas» (La Tercera 05-11-05). Por otra parte, el 23 de noviembre se realizaría la audiencia para dictaminar si Pinochet es desaforado o no, pero por el caso de Villa Grimaldi, centro de detención clandestino de la dictadura, donde fueron torturados y asesinados cientos de militantes de izquierda y activistas obreros y populares. En esta causa, se encuentra en la actualidad acreditada la responsabilidad del dictador en 59 casos de tortura, secuestros y homicidios, entre los años 1974 y1975.
La justa lucha por conseguir justicia de los organismos de DDHH y de los trabajadores y el pueblo de nuestro país, no puede realizarse con las instituciones como la justicia patronal, que están para defender los intereses de los patrones. Por el contrario, hay que desconfiar de la justicia y de sus políticas, que permite que la mayoría de los asesinos y cómplices de la dictadura estén libres. La democracia para ricos, defendida y garantizada por la Concertación y la derecha, quieren desde hace años cerrar su pacto de impunidad, ellos son los continuadores de la obra de Pinochet, garantizando los negocios y las ganancias de los patrones, a costa de la miseria y explotación de los trabajadores. Hace falta que pongamos de pie un partido de trabajadores revolucionario, que pelee por la independencia de clase, para luchar por una república de los trabajadores y así terminar con la explotación patronal.