VEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDADVEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDADVEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Bogotá, Colombia Noviembre 25 de 2006. 1. Durante los dos días de sesión del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el salón Elíptico del Congreso de la República de […]
Bogotá, Colombia
Noviembre 25 de 2006.
1. Durante los dos días de sesión del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia, los jueces han conocido la dramática violación de los derechos humanos más fundamentales, los crímenes contra la humanidad que se han cometido y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Muchos habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá son victimas de esta práctica sistemática y violenta del uso del terror y la intimidación que privan a personas de su vida, su hogar, sus propiedades y su tierra.
Además hay evidencia innegable de la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, abusos sexuales e intimidación por parte del ejército, la policía y grupos paramilitares en esta zona. Hay que subrayar que especialmente los niños, niñas y jóvenes son blanco específico de los abusos. La situación representa una política y práctica intencional y una estrategia de los órganos del Estado, valiéndose de la represión contra la población civil directamente o por medio de estructuras paramilitares, en su avanzada por consolidar un proyecto social económico y militar.
Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá no son actos aislados ni representan las consecuencias secundarias ni indirectas del conflicto armado. Van mas allá de las realidades de violencia urbana que existen en muchas ciudades del mundo y por lo tanto, constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales.
Los crímenes son entonces del orden de Lesa Humanidad; comprenden violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y además violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Las violaciones son tan numerosas y engloban a tantas personas que no se puede exonerar la responsabilidad del Estado de Colombia que según las leyes nacionales e internacionales tiene la obligación absoluta de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
2. En consecuencia, el Tribunal Internacional contra la Impunidad declara que:
La responsabilidad del Estado colombiano está fundada en el desconocimiento grave e injustificado de su deber de garantizar los derechos fundamentales, dado que es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos, el no cumplir esta obligación lo convierte en responsable del mas grave crimen que ha costado la vida de muchas personas y ha incrementado la pena y miseria de miles y miles de otras mas.
Igualmente, el Estado Colombiano es culpable de forma directa, por sus políticas socio-económicas, militares y del accionar de su fuerza pública y sus organismos de seguridad y de hacer uso excesivo de la fuerza. Esto se concreta en ocurrencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado incluso intraurbano, torturas, abusos sexuales, intimidación, privación arbitraria de la libertad, limitación de la libertad de movilización, de asociación y de libre expresión, y de no atender las necesidades básicas de la población para gozar de una vida digna.
La complicidad del Estado en Crímenes de lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, representa, tanto las acciones directas de agentes estatales como la existencia de los grupos paramilitares, quienes son apoyados y legitimados por las autoridades y organismos de control. El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad.
Fuera de la falta de protección a sus ciudadanos más vulnerables y de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, el Estado falta a su obligación de sancionar y corregir las situaciones y asegurar que los crímenes no se repitan. Es asombroso hasta el extremo el régimen de total impunidad en lo que respecta a la situación de violaciones de los derechos humanos y el infierno de terror que experimentan las comunidades de Ciudad Bolívar y Cazucá. Las victimas y sus voceros mayoritariamente no son escuchados; sus denuncias no son tomadas en cuenta y las investigaciones no se hacen o no dan resultados. Los autores no son procesados y mucho menos sancionados. Las victimas y sus familiares son sobornados, intimidados o silenciados, los crímenes son ocultados o justificados como si fueran producto de la delincuencia común o como si fuera efecto del conflicto armado.
La impunidad es un grave crimen en si mismo. No se trata sólo de una actitud pasiva frente a los crímenes de Lesa Humanidad. Es una institucionalización activa de la injusticia. La impunidad es justificada falsamente como un mal necesario para lograr la «pacificación» pero la paz no es posible sin la justicia y la justicia no es posible sin la verdad. Al contrario se promueve un Estado de impunidad denegando los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la garantía de no repetición.
3. El jurado toma en cuenta el contexto sociopolítico de Colombia incluyendo la existencia del conflicto armado interno. El Tribunal no ignora la existencia de insurgencia en el país, a pesar de que no se comprobó la participación de la misma en los abusos de Ciudad Bolívar y Cazucá.
El gobierno considera que la insurgencia es la causa del fenómeno paramilitar, sin embargo, existen documentos que demuestran que la estrategia paramilitar fue adoptada antes de que existieran las guerrillas actuales. Por otra parte el argumento de la lucha contrainsurgente no tiene aplicación en la comisión de abusos cometidos en las localidades de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Sin justificar la prolongación de la lucha armada, el Tribunal afirma que el conflicto armado es, en sí mismo un síntoma de la estructura social y económica caracterizada por la injusticia social. La existencia de grupos insurgentes ha correspondido en general a la pobreza generalizada, la falta de oportunidades y la desigualdad social; así como a la imposición de un modelo económico a favor de los intereses de empresas transnacionales y la inversión extranjera que beneficia a la clase más poderosa. Es este el origen principal de las violaciones a los derechos fundamentales y de los crímenes hacia las comunidades.
4. Este Tribunal encuentra culpable no sólo al Estado colombiano sino también a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, quienes son cómplices por apoyar y financiar las políticas y practicas del Estado colombiano de guerra sucia.
Los Estados Unidos son culpables dado su apoyo político y financiero por vía del Plan Colombia y del actual Plan Patriota, el cual bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, impuso un modelo de explotación económico y social que ha generado el desplazamiento masivo de la población rural de varias regiones del país, muchos de los cuales son habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Los Estados Unidos son culpables por financiar y asesorar a las fuerzas Militares de Colombia quienes son autores materiales de muchos de los crímenes que aquí se han denunciado, más grave aún, es que los Estados Unidos aprovechan económicamente esta situación para lograr contratos en diversas áreas.
Los Estados Unidos son culpables de haber impedido una solución negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categoría de grupos terroristas y así descartar las soluciones no militares del conflicto.
La Unión Europea también es culpable de complicidad por su promoción y financiamiento de la Ley de Justicia y Paz y el sistema de reinserción, puesto que ambos instrumentos permiten que el accionar impune de los paramilitares se perpetué continuando con el control social, militar y económico que ejerce y seguirá ejerciendo en el sector. Dejar a los autores sin sanciones reales es una clara institucionalización de la impunidad.
Otros países también son responsables por la violación de derechos humanos en Colombia, tal como Canadá, puesto que apoya el proceso de desmovilización y legitima así el reino de la impunidad.
Empresas transnacionales de los Estados Unidos, Canadá Bélgica y Suiza, en Colombia son responsables de esta situación, no solamente por la explotación destructiva del medio ambiente aquí y en otras partes del mundo, sino también por ser cómplices del aparato paramilitar en el país.
En esta situación generalizada de violación de derechos humanos se observan las secuelas de un proyecto económico doméstico impuesto violentamente, y al mismo tiempo las consecuencias de la política extranjera, específicamente en los resultados devastadores de la lógica neoliberal, en particular la imposición del Plan Colombia y el Plan Patriota.
5. Por eso el Tribunal condena al Estado Colombiano, representado por el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez por no cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos y no garantizar el goce de sus derechos fundamentales; por complicidad en violaciones de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales; por mantener un aparato de impunidad al no investigar, perseguir y castigar a los criminales; por no corregir el sistema de justicia y asegurar que los crímenes no se vuelvan a repetir, y por imponer un modelo económico a costa de la vida digna de los pobres.
Condena a los grupos paramilitares de la zona, específicamente a los bloques Capital y Centauros y sus líderes por crímenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror contra la población civil.
Condena a los aparatos represivos del Estado de Colombia por crímenes de Lesa Humanidad y por no cumplir su deber de respetar la ley, específicamente el Ejercito, la Policía Nacional, el DAS y el ESMAD.
Condena a la Fiscalía General de la Nación por no cumplir con su obligación de investigar denuncias y proteger a las victimas y a los testigos.
Al Ministerio del Interior por omitir su obligación de proveer seguridad a la población en situación de desplazamiento forzado y por no proveer adecuada ayuda humanitaria.
Finalmente el Tribunal subraya también la responsabilidad política de las alcaldías de Soacha y de Bogotá por no proveer a la población la infraestructura necesaria para una vida digna acorde a sus derechos fundamentales.
A las empresas: Cemex de México; Holcim de Suiza y Ladrillera Santa Fe por la destrucción del medio ambiente y por la complicidad en imponer un modelo económico y colaborar con estructuras paramilitares que destruyen el tejido social y violan los derechos de los ciudadanos.
Otros países de la comunidad internacional, condenados por su complicidad en apoyar al gobierno Colombiano en la imposición de un modelo económico y militar, por apoyarlo con su financiación y por la legitimación política y moral, específicamente países europeos.
El Tribunal contra la impunidad hace directamente responsable al Estado colombiano en caso de que alguna de las personas que hicieron parte de este Tribunal sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.
Dado a los 25 días del mes de noviembre de 2006.
Padre Francois Houtart Bélgica
Padre Javier Giraldo Colombia
Dr. Chistopher Ferguson Canadá
Dra. Carmen Karagdag Filipinas
Dr. Orlando Fals Borda Colombia
Dra. Patricia Dahl Estados Unidos
Dr. Alexis Ponce Ecuador
Obispo James Decker Canadá
Organizadores:
Proyecto Justicia y Vida: www.justiciayvida.org , [email protected]
Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República
Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá
VEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Casos de CIUDAD BOLIVAR Y CAZUCA
Bogotá, Colombia
Noviembre 25 de 2006.
1. Durante los dos días de sesión del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia, los jueces han conocido la dramática violación de los derechos humanos más fundamentales, los crímenes contra la humanidad que se han cometido y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Muchos habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá son victimas de esta práctica sistemática y violenta del uso del terror y la intimidación que privan a personas de su vida, su hogar, sus propiedades y su tierra.
Además hay evidencia innegable de la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, abusos sexuales e intimidación por parte del ejército, la policía y grupos paramilitares en esta zona. Hay que subrayar que especialmente los niños, niñas y jóvenes son blanco específico de los abusos. La situación representa una política y práctica intencional y una estrategia de los órganos del Estado, valiéndose de la represión contra la población civil directamente o por medio de estructuras paramilitares, en su avanzada por consolidar un proyecto social económico y militar.
Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá no son actos aislados ni representan las consecuencias secundarias ni indirectas del conflicto armado. Van mas allá de las realidades de violencia urbana que existen en muchas ciudades del mundo y por lo tanto, constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales.
Los crímenes son entonces del orden de Lesa Humanidad; comprenden violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y además violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Las violaciones son tan numerosas y engloban a tantas personas que no se puede exonerar la responsabilidad del Estado de Colombia que según las leyes nacionales e internacionales tiene la obligación absoluta de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
2. En consecuencia, el Tribunal Internacional contra la Impunidad declara que:
La responsabilidad del Estado colombiano está fundada en el desconocimiento grave e injustificado de su deber de garantizar los derechos fundamentales, dado que es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos, el no cumplir esta obligación lo convierte en responsable del mas grave crimen que ha costado la vida de muchas personas y ha incrementado la pena y miseria de miles y miles de otras mas.
Igualmente, el Estado Colombiano es culpable de forma directa, por sus políticas socio-económicas, militares y del accionar de su fuerza pública y sus organismos de seguridad y de hacer uso excesivo de la fuerza. Esto se concreta en ocurrencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado incluso intraurbano, torturas, abusos sexuales, intimidación, privación arbitraria de la libertad, limitación de la libertad de movilización, de asociación y de libre expresión, y de no atender las necesidades básicas de la población para gozar de una vida digna.
La complicidad del Estado en Crímenes de lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, representa, tanto las acciones directas de agentes estatales como la existencia de los grupos paramilitares, quienes son apoyados y legitimados por las autoridades y organismos de control. El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad.
Fuera de la falta de protección a sus ciudadanos más vulnerables y de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, el Estado falta a su obligación de sancionar y corregir las situaciones y asegurar que los crímenes no se repitan. Es asombroso hasta el extremo el régimen de total impunidad en lo que respecta a la situación de violaciones de los derechos humanos y el infierno de terror que experimentan las comunidades de Ciudad Bolívar y Cazucá. Las victimas y sus voceros mayoritariamente no son escuchados; sus denuncias no son tomadas en cuenta y las investigaciones no se hacen o no dan resultados. Los autores no son procesados y mucho menos sancionados. Las victimas y sus familiares son sobornados, intimidados o silenciados, los crímenes son ocultados o justificados como si fueran producto de la delincuencia común o como si fuera efecto del conflicto armado.
La impunidad es un grave crimen en si mismo. No se trata sólo de una actitud pasiva frente a los crímenes de Lesa Humanidad. Es una institucionalización activa de la injusticia. La impunidad es justificada falsamente como un mal necesario para lograr la «pacificación» pero la paz no es posible sin la justicia y la justicia no es posible sin la verdad. Al contrario se promueve un Estado de impunidad denegando los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la garantía de no repetición.
3. El jurado toma en cuenta el contexto sociopolítico de Colombia incluyendo la existencia del conflicto armado interno. El Tribunal no ignora la existencia de insurgencia en el país, a pesar de que no se comprobó la participación de la misma en los abusos de Ciudad Bolívar y Cazucá.
El gobierno considera que la insurgencia es la causa del fenómeno paramilitar, sin embargo, existen documentos que demuestran que la estrategia paramilitar fue adoptada antes de que existieran las guerrillas actuales. Por otra parte el argumento de la lucha contrainsurgente no tiene aplicación en la comisión de abusos cometidos en las localidades de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Sin justificar la prolongación de la lucha armada, el Tribunal afirma que el conflicto armado es, en sí mismo un síntoma de la estructura social y económica caracterizada por la injusticia social. La existencia de grupos insurgentes ha correspondido en general a la pobreza generalizada, la falta de oportunidades y la desigualdad social; así como a la imposición de un modelo económico a favor de los intereses de empresas transnacionales y la inversión extranjera que beneficia a la clase más poderosa. Es este el origen principal de las violaciones a los derechos fundamentales y de los crímenes hacia las comunidades.
4. Este Tribunal encuentra culpable no sólo al Estado colombiano sino también a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, quienes son cómplices por apoyar y financiar las políticas y practicas del Estado colombiano de guerra sucia.
Los Estados Unidos son culpables dado su apoyo político y financiero por vía del Plan Colombia y del actual Plan Patriota, el cual bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, impuso un modelo de explotación económico y social que ha generado el desplazamiento masivo de la población rural de varias regiones del país, muchos de los cuales son habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Los Estados Unidos son culpables por financiar y asesorar a las fuerzas Militares de Colombia quienes son autores materiales de muchos de los crímenes que aquí se han denunciado, más grave aún, es que los Estados Unidos aprovechan económicamente esta situación para lograr contratos en diversas áreas.
Los Estados Unidos son culpables de haber impedido una solución negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categoría de grupos terroristas y así descartar las soluciones no militares del conflicto.
La Unión Europea también es culpable de complicidad por su promoción y financiamiento de la Ley de Justicia y Paz y el sistema de reinserción, puesto que ambos instrumentos permiten que el accionar impune de los paramilitares se perpetué continuando con el control social, militar y económico que ejerce y seguirá ejerciendo en el sector. Dejar a los autores sin sanciones reales es una clara institucionalización de la impunidad.
Otros países también son responsables por la violación de derechos humanos en Colombia, tal como Canadá, puesto que apoya el proceso de desmovilización y legitima así el reino de la impunidad.
Empresas transnacionales de los Estados Unidos, Canadá Bélgica y Suiza, en Colombia son responsables de esta situación, no solamente por la explotación destructiva del medio ambiente aquí y en otras partes del mundo, sino también por ser cómplices del aparato paramilitar en el país.
En esta situación generalizada de violación de derechos humanos se observan las secuelas de un proyecto económico doméstico impuesto violentamente, y al mismo tiempo las consecuencias de la política extranjera, específicamente en los resultados devastadores de la lógica neoliberal, en particular la imposición del Plan Colombia y el Plan Patriota.
5. Por eso el Tribunal condena al Estado Colombiano, representado por el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez por no cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos y no garantizar el goce de sus derechos fundamentales; por complicidad en violaciones de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales; por mantener un aparato de impunidad al no investigar, perseguir y castigar a los criminales; por no corregir el sistema de justicia y asegurar que los crímenes no se vuelvan a repetir, y por imponer un modelo económico a costa de la vida digna de los pobres.
Condena a los grupos paramilitares de la zona, específicamente a los bloques Capital y Centauros y sus líderes por crímenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror contra la población civil.
Condena a los aparatos represivos del Estado de Colombia por crímenes de Lesa Humanidad y por no cumplir su deber de respetar la ley, específicamente el Ejercito, la Policía Nacional, el DAS y el ESMAD.
Condena a la Fiscalía General de la Nación por no cumplir con su obligación de investigar denuncias y proteger a las victimas y a los testigos.
Al Ministerio del Interior por omitir su obligación de proveer seguridad a la población en situación de desplazamiento forzado y por no proveer adecuada ayuda humanitaria.
Finalmente el Tribunal subraya también la responsabilidad política de las alcaldías de Soacha y de Bogotá por no proveer a la población la infraestructura necesaria para una vida digna acorde a sus derechos fundamentales.
A las empresas: Cemex de México; Holcim de Suiza y Ladrillera Santa Fe por la destrucción del medio ambiente y por la complicidad en imponer un modelo económico y colaborar con estructuras paramilitares que destruyen el tejido social y violan los derechos de los ciudadanos.
Otros países de la comunidad internacional, condenados por su complicidad en apoyar al gobierno Colombiano en la imposición de un modelo económico y militar, por apoyarlo con su financiación y por la legitimación política y moral, específicamente países europeos.
El Tribunal contra la impunidad hace directamente responsable al Estado colombiano en caso de que alguna de las personas que hicieron parte de este Tribunal sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.
Dado a los 25 días del mes de noviembre de 2006.
Padre Francois Houtart Bélgica
Padre Javier Giraldo Colombia
Dr. Chistopher Ferguson Canadá
Dra. Carmen Karagdag Filipinas
Dr. Orlando Fals Borda Colombia
Dra. Patricia Dahl Estados Unidos
Dr. Alexis Ponce Ecuador
Obispo James Decker Canadá
Organizadores:
Proyecto Justicia y Vida: www.justiciayvida.org , [email protected]
Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República
Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá
VEREDICTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD
Casos de CIUDAD BOLIVAR Y CAZUCA
Bogotá, Colombia
Noviembre 25 de 2006.
1. Durante los dos días de sesión del Tribunal contra la impunidad, Nov. 24 y 25 de 2006 en el salón Elíptico del Congreso de la República de Colombia, los jueces han conocido la dramática violación de los derechos humanos más fundamentales, los crímenes contra la humanidad que se han cometido y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Muchos habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá son victimas de esta práctica sistemática y violenta del uso del terror y la intimidación que privan a personas de su vida, su hogar, sus propiedades y su tierra.
Además hay evidencia innegable de la práctica de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas, abusos sexuales e intimidación por parte del ejército, la policía y grupos paramilitares en esta zona. Hay que subrayar que especialmente los niños, niñas y jóvenes son blanco específico de los abusos. La situación representa una política y práctica intencional y una estrategia de los órganos del Estado, valiéndose de la represión contra la población civil directamente o por medio de estructuras paramilitares, en su avanzada por consolidar un proyecto social económico y militar.
Los crímenes contra la población de Ciudad Bolívar y Cazucá no son actos aislados ni representan las consecuencias secundarias ni indirectas del conflicto armado. Van mas allá de las realidades de violencia urbana que existen en muchas ciudades del mundo y por lo tanto, constituyen una modalidad de violencia específica ligada a intereses económicos, políticos y militares, nacionales e internacionales.
Los crímenes son entonces del orden de Lesa Humanidad; comprenden violaciones sistemáticas de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física y además violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Las violaciones son tan numerosas y engloban a tantas personas que no se puede exonerar la responsabilidad del Estado de Colombia que según las leyes nacionales e internacionales tiene la obligación absoluta de proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
2. En consecuencia, el Tribunal Internacional contra la Impunidad declara que:
La responsabilidad del Estado colombiano está fundada en el desconocimiento grave e injustificado de su deber de garantizar los derechos fundamentales, dado que es obligación del Estado proteger a sus ciudadanos, el no cumplir esta obligación lo convierte en responsable del mas grave crimen que ha costado la vida de muchas personas y ha incrementado la pena y miseria de miles y miles de otras mas.
Igualmente, el Estado Colombiano es culpable de forma directa, por sus políticas socio-económicas, militares y del accionar de su fuerza pública y sus organismos de seguridad y de hacer uso excesivo de la fuerza. Esto se concreta en ocurrencia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado incluso intraurbano, torturas, abusos sexuales, intimidación, privación arbitraria de la libertad, limitación de la libertad de movilización, de asociación y de libre expresión, y de no atender las necesidades básicas de la población para gozar de una vida digna.
La complicidad del Estado en Crímenes de lesa Humanidad y violaciones graves a los derechos humanos fundamentales, representa, tanto las acciones directas de agentes estatales como la existencia de los grupos paramilitares, quienes son apoyados y legitimados por las autoridades y organismos de control. El Estado es culpable de complicidad por sus acciones directas y no menos por permitir e incentivar las acciones de los paramilitares quienes actúan efectivamente como agentes activos y pasivos de la política del Estado y es culpable de la flagrante situación de impunidad.
Fuera de la falta de protección a sus ciudadanos más vulnerables y de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, el Estado falta a su obligación de sancionar y corregir las situaciones y asegurar que los crímenes no se repitan. Es asombroso hasta el extremo el régimen de total impunidad en lo que respecta a la situación de violaciones de los derechos humanos y el infierno de terror que experimentan las comunidades de Ciudad Bolívar y Cazucá. Las victimas y sus voceros mayoritariamente no son escuchados; sus denuncias no son tomadas en cuenta y las investigaciones no se hacen o no dan resultados. Los autores no son procesados y mucho menos sancionados. Las victimas y sus familiares son sobornados, intimidados o silenciados, los crímenes son ocultados o justificados como si fueran producto de la delincuencia común o como si fuera efecto del conflicto armado.
La impunidad es un grave crimen en si mismo. No se trata sólo de una actitud pasiva frente a los crímenes de Lesa Humanidad. Es una institucionalización activa de la injusticia. La impunidad es justificada falsamente como un mal necesario para lograr la «pacificación» pero la paz no es posible sin la justicia y la justicia no es posible sin la verdad. Al contrario se promueve un Estado de impunidad denegando los derechos de las victimas a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la garantía de no repetición.
3. El jurado toma en cuenta el contexto sociopolítico de Colombia incluyendo la existencia del conflicto armado interno. El Tribunal no ignora la existencia de insurgencia en el país, a pesar de que no se comprobó la participación de la misma en los abusos de Ciudad Bolívar y Cazucá.
El gobierno considera que la insurgencia es la causa del fenómeno paramilitar, sin embargo, existen documentos que demuestran que la estrategia paramilitar fue adoptada antes de que existieran las guerrillas actuales. Por otra parte el argumento de la lucha contrainsurgente no tiene aplicación en la comisión de abusos cometidos en las localidades de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Sin justificar la prolongación de la lucha armada, el Tribunal afirma que el conflicto armado es, en sí mismo un síntoma de la estructura social y económica caracterizada por la injusticia social. La existencia de grupos insurgentes ha correspondido en general a la pobreza generalizada, la falta de oportunidades y la desigualdad social; así como a la imposición de un modelo económico a favor de los intereses de empresas transnacionales y la inversión extranjera que beneficia a la clase más poderosa. Es este el origen principal de las violaciones a los derechos fundamentales y de los crímenes hacia las comunidades.
4. Este Tribunal encuentra culpable no sólo al Estado colombiano sino también a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales, quienes son cómplices por apoyar y financiar las políticas y practicas del Estado colombiano de guerra sucia.
Los Estados Unidos son culpables dado su apoyo político y financiero por vía del Plan Colombia y del actual Plan Patriota, el cual bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, impuso un modelo de explotación económico y social que ha generado el desplazamiento masivo de la población rural de varias regiones del país, muchos de los cuales son habitantes de Ciudad Bolívar y Cazucá.
Los Estados Unidos son culpables por financiar y asesorar a las fuerzas Militares de Colombia quienes son autores materiales de muchos de los crímenes que aquí se han denunciado, más grave aún, es que los Estados Unidos aprovechan económicamente esta situación para lograr contratos en diversas áreas.
Los Estados Unidos son culpables de haber impedido una solución negociada al conflicto armado, al imponer a los grupos insurgentes la categoría de grupos terroristas y así descartar las soluciones no militares del conflicto.
La Unión Europea también es culpable de complicidad por su promoción y financiamiento de la Ley de Justicia y Paz y el sistema de reinserción, puesto que ambos instrumentos permiten que el accionar impune de los paramilitares se perpetué continuando con el control social, militar y económico que ejerce y seguirá ejerciendo en el sector. Dejar a los autores sin sanciones reales es una clara institucionalización de la impunidad.
Otros países también son responsables por la violación de derechos humanos en Colombia, tal como Canadá, puesto que apoya el proceso de desmovilización y legitima así el reino de la impunidad.
Empresas transnacionales de los Estados Unidos, Canadá Bélgica y Suiza, en Colombia son responsables de esta situación, no solamente por la explotación destructiva del medio ambiente aquí y en otras partes del mundo, sino también por ser cómplices del aparato paramilitar en el país.
En esta situación generalizada de violación de derechos humanos se observan las secuelas de un proyecto económico doméstico impuesto violentamente, y al mismo tiempo las consecuencias de la política extranjera, específicamente en los resultados devastadores de la lógica neoliberal, en particular la imposición del Plan Colombia y el Plan Patriota.
5. Por eso el Tribunal condena al Estado Colombiano, representado por el presidente, el señor Álvaro Uribe Vélez por no cumplir su obligación de proteger a los ciudadanos y no garantizar el goce de sus derechos fundamentales; por complicidad en violaciones de los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales; por mantener un aparato de impunidad al no investigar, perseguir y castigar a los criminales; por no corregir el sistema de justicia y asegurar que los crímenes no se vuelvan a repetir, y por imponer un modelo económico a costa de la vida digna de los pobres.
Condena a los grupos paramilitares de la zona, específicamente a los bloques Capital y Centauros y sus líderes por crímenes contra la humanidad y por imponer un estado de terror contra la población civil.
Condena a los aparatos represivos del Estado de Colombia por crímenes de Lesa Humanidad y por no cumplir su deber de respetar la ley, específicamente el Ejercito, la Policía Nacional, el DAS y el ESMAD.
Condena a la Fiscalía General de la Nación por no cumplir con su obligación de investigar denuncias y proteger a las victimas y a los testigos.
Al Ministerio del Interior por omitir su obligación de proveer seguridad a la población en situación de desplazamiento forzado y por no proveer adecuada ayuda humanitaria.
Finalmente el Tribunal subraya también la responsabilidad política de las alcaldías de Soacha y de Bogotá por no proveer a la población la infraestructura necesaria para una vida digna acorde a sus derechos fundamentales.
A las empresas: Cemex de México; Holcim de Suiza y Ladrillera Santa Fe por la destrucción del medio ambiente y por la complicidad en imponer un modelo económico y colaborar con estructuras paramilitares que destruyen el tejido social y violan los derechos de los ciudadanos.
Otros países de la comunidad internacional, condenados por su complicidad en apoyar al gobierno Colombiano en la imposición de un modelo económico y militar, por apoyarlo con su financiación y por la legitimación política y moral, específicamente países europeos.
El Tribunal contra la impunidad hace directamente responsable al Estado colombiano en caso de que alguna de las personas que hicieron parte de este Tribunal sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.
Dado a los 25 días del mes de noviembre de 2006.
Padre Francois Houtart Bélgica
Padre Javier Giraldo Colombia
Dr. Chistopher Ferguson Canadá
Dra. Carmen Karagdag Filipinas
Dr. Orlando Fals Borda Colombia
Dra. Patricia Dahl Estados Unidos
Dr. Alexis Ponce Ecuador
Obispo James Decker Canadá
Organizadores:
Proyecto Justicia y Vida: www.justiciayvida.org , [email protected]
Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República
Organizaciones Sociales de Ciudad Bolívar y Cazucá