Las negociaciones en el Catatumbo, entre los delegados de los campesinos y los funcionarios del gobierno nacional se han estancado en los días recientes por causa de la negligencia y saboteo de los últimos que colocan toda clase de obstáculos a los diálogos y los acuerdos sobre los aspectos consensuados en diversas reuniones para levantar […]
Las negociaciones en el Catatumbo, entre los delegados de los campesinos y los funcionarios del gobierno nacional se han estancado en los días recientes por causa de la negligencia y saboteo de los últimos que colocan toda clase de obstáculos a los diálogos y los acuerdos sobre los aspectos consensuados en diversas reuniones para levantar el paro de casi 60 días ocurrido en este territorio. El gobierno y la clase dominante de la región juegan al desgaste y el cansancio de los labriegos y sus representantes para no resolver las demandas consignadas en el pliego de peticiones y en los documentos metodológicos sobre la Iniciativa regional para el desarrollo social y la construcción de la paz. Todo va a paso de tortuga y seguramente las masas populares regresarán a la movilización con plantones y manifestaciones en Tibú, Ocaña, Cucuta y Bogotá para denunciar las trampas del gobierno nacional, que no solo se dan en el Catatumbo, pues también ocurren con los otros movimientos agrarios en Boyacá, Huila, Caqueta y Magdalena Medio.
Los campesinos y el movimiento social deben saber que sólo la acción de masas en el espacio público obligará al gobierno a responder con soluciones adecuadas a las problemáticas sociales que dieron origen y mantienen vigente la protesta que en octubre presentará un nuevo ciclo de acciones colectivas.
Es preciso, además, acudir a los medios de comunicación, a las redes sociales para hacer las denuncias pertinentes y hacer el acompañamiento jurídico en cada evento para establecer la responsabilidad individual de cada funcionario y del Estado para hacerla efectiva con los recursos de amparo individual y colectivo ante las autoridades judiciales correspondientes.
Es que las transformaciones que necesita el campesinado no sólo vendrán por la vía de la disputa del excedente económico, sino también por la vía de la disponibilidad democrática del pueblo.
A propósito de la lucha por el excedente económico conviene enterarse de los recursos que el nuevo Sistema General de Regalías tiene asignados para Norte de Santander y el Catatumbo y deben ser reorientados a financiar los proyectos sociales, económicos productivos, democráticos y ambientales que se debaten en la Mesa de Interlocución y Acuerdo. Para el año 2013 son cerca de 300 mil millones de pesos en regalías que corresponden a la región, pero es necesario impedir que los gamonales de la región los canalicen para enriquecerse y comprar votos en las campañas del 2014 con el fin de hacerse reelegir junto a su jefe de la Casa de Nariño.
Hay que impedir, también, que se imponga la vía del Carbón, Cucuta-Astilleros-Tibu. Tarra, Convención-La Mata, que servirá exclusivamente a las multinacionales que vienen por millones de toneladas de carbón, destruyendo ríos, paramos, humedales, bosques, fauna, flora y comunidades campesinas. Para ese proyecto, junto al de Cucuta-Ocaña-Agua Clara, el Conpes 3739/2013 tiene previstos cerca de un billon 400 mil millones de pesos mediante la modalidad de concesiones y de contratos público-privados que incluyen sistemas de peaje onerosos para los pobladores de la región.
Neoparamilitarismo en acción
A la desidia y bloqueo gubernamental se le está agregando, en el caso del Catatumbo, la reorganización del paramilitarismo, complemento inmediato de la violencia policial del ESMAD y de las retaliaciones de los generales de las brigadas militares encargadas de la Zona de Consolidación y recuperación del territorio que se ha establecido para impedir la organización de la Zona de Reserva Campesina.
En Cúcuta y el Zulia los grupos asesinos del paramilitarismo están en todo su apogeo. Rastrojos, Urabeños y Autodefensas de la Frontera, bandas que controlan, con la complicidad y apoyo de los dispositivos estatales armados, de manera permanente y absoluta calles, avenidas, veredas e instituciones públicas, han impuesto el terror a sangre y fuego.
En la semana que ha transcurrido fueron asesinadas por los Rastrojos, con la complacencia de piquetes del ESMAD, 4 personas en el corregimiento de Palmarito (Cúcuta), vereda El Suspiro, provocando el desplazamiento de casi 500 personas hacia el centro de Cúcuta, donde se encuentran en absoluta desprotección y abandono, porque los funcionarios correspondientes como la Defensora del Pueblo, doña Carmen Ligia Galvis y el Personero, Orlando Arturo Puentes Valderrama, son fichas politiqueras a las que poco interesa asumir esta cruda realidad de sangre y dolor.
Otros corregimientos de Cúcuta como San Faustino, Guaramito y Banco de Arena, viven la misma situación de terror y miedo. Lo más grave es que ninguna autoridad responde a los graves hechos y tal actitud se explica porque en la pasada campaña electoral para escoger las autoridades locales, los Rastrojos, los Urabeños y las Autodefensas del Norte, aportaron cerca de tres millones de dólares a los candidatos lanzados y triunfantes. La política y el Estado en todas sus ramas se encuentran secuestrados por estos grupos violentos que asesinan y desplazan a los más humildes.
A muchas personas en el Área Metropolitana de Cúcuta y en los municipios del Catatumbo llama la atención el grado de libertad con que se mueve y actúa el paramilitar Alias Chang, financiado por los Pepes Alvarez, dueños de un cartel de narcotráfico, al que no ven la policía y mucho menos el Ejército.
Respecto de la ola de violencia que se ha iniciado es importante destacar que comenzando el año, en el municipio del Zulia, fue baleado un menor de edad por grupos armados de las BACRIM.
Las muertes siguieron rondando. Un mes más tarde, el 10 febrero, desconocidos mataron y enterraron en una fosa común a Éver Alexis Moreno Rodríguez, de 19 años y Fernel Moncada Sánchez, también de 19.
En abril, pistoleros de los Rastrojos volvieron a aparecer en la zona y asesinaron a Juan Carlos Jiménez Villamizar y a Oscar Albeiro Valderrama Celis.
A finales de agosto, el turno de morir baleada cayó sobre Karol Viviana Arenas Prada, de 22 años. Pistoleros le propinaron un mortal disparo en un ojo.
Los homicidios volvieron a ser noticia desde el 21 de septiembre pasado, cuando desconocidos le quitaron la vida a Ricardo Gutiérrez Valero, de 37 años. Dos días más tarde, el lunes, fue asesinado Yordan Rojas Rincón, de 19 años, en la vereda Los Naranjos.
Un retén ilegal del que hicieron parte unas 20 personas fuertemente armadas dio lugar el 26 de septiembre a la muerte de Giovanny Rodríguez Aparicio, de 30 años, y de Humberto Ramírez Carrillo, de 22.
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