En los últimos quince años cerca de 22.500 personas, emigrantes y refugiados, perdieron la vida en el Mediterráneo, según las estimaciones de ACNUR (agencia de Naciones Unidas para los refugiados). En 2014 unas 219.000 personas cruzaron el mar Mediterráneo arriesgando la piel (350.000 en todo el mundo), de las que 3.500 fallecieron (4.300 en todo […]
En los últimos quince años cerca de 22.500 personas, emigrantes y refugiados, perdieron la vida en el Mediterráneo, según las estimaciones de ACNUR (agencia de Naciones Unidas para los refugiados). En 2014 unas 219.000 personas cruzaron el mar Mediterráneo arriesgando la piel (350.000 en todo el mundo), de las que 3.500 fallecieron (4.300 en todo el mundo). Aproximadamente la mitad de estas personas eran refugiados que huían de la guerra y afectados por persecuciones. Los intentos de arribar al fortín europeo por el Mediterráneo, superior al de cualquier otro mar del mundo, se explica en 2014 por los conflictos en la frontera sur (Libia), este (Ucrania) y sureste (Siria e Iraq), lo que provocó un número considerable de personas refugiadas.
La respuesta de la Unión Europea es el blindaje y el control militar de las fronteras. Partiendo de una certeza -«miles de personas refugiadas pierden la vida en nuestras aguas ante la pasividad de las autoridades europeas»-, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha puesto en marcha la campaña #UErfanos, que pide a Europa «con carácter urgente» una nueva política de asilo y migración «que priorice a las personas y los derechos humanos». La iniciativa, a la que es posible adherirse en www.uerfanos.org, fue presentada ayer en la Universitat de València.
Dentro del conjunto de medidas «sencillas» y «urgentes», CEAR demanda a la Unión Europea una «operación de rescate y salvamento» eficaz, que cuente con los medios necesarios y cumpla con el deber de socorro para evitar muertes en el Mediterráneo. El segundo punto consiste en habilitar «vías legales y seguras» que garanticen el acceso al derecho de asilo, de modo que se eviten las travesías mortales para obtener protección en un país «seguro».
Con este fin, CEAR plantea que se refuercen los programas de «reasentamiento» (para evitar la masificación de los campos de refugiados), con un reparto «equitativo y solidario» entre todos los estados; garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países de origen y tránsito (medida que con voluntad política se podría adoptar en 24 horas, afirman los portavoces de CEAR); activar políticas de concesión de visados humanitarios (que figuran en el Tratado de la Unión Europea); eliminar la exigencia de visado de tránsito (como los que España exige en los aeropuertos a los refugiados sirios) para las personas que proceden de países en conflicto; y hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal.
La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, señala que cada vez es mayor el número de refugiados y desplazados forzosos en los flujos migratorios (más del 50% de quienes tratan de atravesar actualmente el Mediterráneo). Sin embargo, se continúa «manipulando el lenguaje» y hablándose de «inmigración irregular». Además, «los países de la Unión Europea, incluida España, incumplen los compromisos internacionales suscritos en materia de refugio y asilo».
El estado español acoge actualmente sólo al 0,9% de los solicitantes de asilo que llegan a la UE. La Comisión Europea ha planteado en la nueva Estrategia Migratoria (mayo de 2015) un incremento de la «cuota» del estado español al 10,72%, criterio al que se han opuesto -por «no tener en cuenta el elevado paro» y generar un «efecto llamada»- los ministros de Interior y Asuntos Exteriores de España. Estrella Galán lamenta la insolidaridad que pone de manifiesto la UE en materia de asilo y refugio.
Después de cuatro años de conflicto, los refugiados sirios (cerca de cuatro millones) se reparten principalmente entre Turquía, Líbano, Jordania, Iraq y Egipto. España se comprometió al «reasentamiento» de 130 refugiados sirios (entre 2013 y 2014); Alemania se comprometió a acoger a 30.000. Estas cifras contrastan con las de Líbano (1.200.000 refugiados sirios); Jordania (630.000); Turquía (1.700.000) e Iraq (250.000). «¿Cómo podemos afirmar que es insoportable la presión migratoria?»; se pregunta la secretaria general de CEAR. Algo ha cambiado, añade, respecto a 1992, cuando la población española acogía calurosamente a los refugiados bosnios en los puertos; o hacía lo mismo en 1999 con los contingentes de población kosovar.
Antes de llegar a la frontera Sur de Europa, las personas desplazadas pasan por otros países en los que la UE ha «externalizado» los controles, por ejemplo Marruecos. «Son países en los que, con nuestros impuestos, se está delegando la responsabilidad de ejercer como gendarmes de Europa», explica la secretaria general de CEAR. Estrella Galán ha calificado como «un paso adelante, aunque raquítico», la nueva Agenda Migratoria de la Comisión Europea, que plantea la «reubicación» de refugiados con el fin de «ayudar» (según la terminología oficial) a Italia y Grecia (acogimiento de 40.000 personas en dos años); y el reasentamiento de otros 20.000 refugiados procedentes de fuera de la UE en dos años.
Pese a sus notorias limitaciones, la iniciativa ha suscitado el rechazo de países como Reino Unido, España, Alemania y Francia. Mientras, destaca CEAR en un comunicado, «la preparación de una operación militar dirigida a mermar la capacidad de las redes de tráfico de migrantes fue acordada con rapidez y unanimidad por los países de la Unión». Pero «¿El problema son las mafias, como afirma el discurso oficial, o el sistema que hemos trabado para el blindaje y control de las fronteras?», se pregunta Galán. «Cada petición de asilo que denegamos, genera un cliente nuevo para las mafias».
La doblez de la Unión Europea se manifestó claramente en el conflicto de Libia (2011). El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 26 de febrero de 2011 (con el apoyo de países como Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal) la resolución 1970, que daba el visto bueno a un conjunto de medidas coercitivas en el país norteafricano. El motivo era, teóricamente, paliar la grave crisis humanitaria, lo que incluía, subraya José Elías Esteve, profesor de Derecho Internacional y secretario del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, la situación de los refugiados que se veían forzados a escapar de la violencia. «Hoy ya vemos el tratamiento que se les dispensa a las personas refugiadas», añade. «¿Quién es responsable de las 22.000 muertes en el Mediterráneo en los últimos quince años?; aquí no actúa el Tribunal Penal Internacional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Una segunda resolución (1973) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, apoyada por los estados europeos, avanzó en las supuestas medidas de «protección de la sociedad civil» en Libia. En la resolución, que incluía el uso de la fuerza armada, se ponía de nuevo como pretexto a los refugiados y a la población en tránsito. «Claramente se vio después que la intervención armada no tenía como fin garantizar la vida de la población Libia, sino tomar parte en un conflicto; la resolución fue un fraude de ley», explica José Elías. En la práctica, los países de la UE no acogían a la población que huía del conflicto libio, mientras en Túnez vivían 750.000 refugiados de Libia y en Egipto cerca de 600.000.
El profesor de Derecho Internacional llama la atención asimismo sobre la Directiva Europea de 20 de julio de 2001, sobre «normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas; y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida». La directiva nunca se ha puesto en práctica.
Otra cuestión son los naufragios de población que huye de un conflicto en barcazas. «Los estados miembros de la UE han suscrito numerosos tratados internacionales en la materia», recuerda José Elías (el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo; el Convenio sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas…). Sin embargo, en marzo de 2012 el Consejo de Europa responsabilizó a la OTAN y a varios países de «errores» que terminaron un año antes con la muerte de 63 inmigrantes a borde de un buque que partió de Libia. «Hubo errores a distintos niveles y se perdieron muchas oportunidades de salvar las vidas de las personas a bordo del barco», concluía el informe del Consejo de Europa citado por Efe.
El 19 de abril de 2015 desaparecieron 700 inmigrantes a bordo de un pesquero que naufragó frente a las costas de Libia (en octubre de 2013 zozobró otro barco con 500 inmigrantes en el entorno de Lampedusa). El 29 de mayo la armada italiana recuperó los cadáveres de 17 inmigrantes de un barco a la deriva frente a las costas de Libia…
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