Con perplejidad hemos visto cómo la planta de celulosa en Valdivia, anunció el auto cierre, hasta que no se aclare la crisis ambiental por la que atraviesa la planta. Digo perplejidad, puesto que es un comportamiento totalmente descabellado, incomprensible desde el punto de vista del «normal funcionamiento de las instituciones». Es como si los delincuentes […]
Con perplejidad hemos visto cómo la planta de celulosa en Valdivia, anunció el auto cierre, hasta que no se aclare la crisis ambiental por la que atraviesa la planta. Digo perplejidad, puesto que es un comportamiento totalmente descabellado, incomprensible desde el punto de vista del «normal funcionamiento de las instituciones». Es como si los delincuentes aceptarán por su propia cuenta y riesgo, después de que la Corte Suprema de Justicia los absolviera totalmente de sus delitos, ingresaran a la cárcel pública. No tiene ningún sentido y, partiendo de la base de que Celco es cualquier cosa menos una empresa estúpida, con el mismo desparpajo que anuncian su auto cierre, anunciarán su auto apertura.
Es claramente una maniobra comunicacional para intentar salvar la crisis. Muy pronto sacarán a sus trabajadores a la calle -mal pagados, por supuesto, pero necesitados de su trabajo- para instalar un drama social y hacer ver a la ciudadanía lo justo de reabrir la planta. Celulosa Arauco no tiene ninguna credibilidad y nada saca con jugar al paco ladrón a estas alturas del partido.
Más grave resulta la actitud del gobierno y del Presidente de la República, Ricardo Lagos, quién es el máximo responsable político de esta crisis y de que esté actualmente funcionando la planta, dado que no ha tenido el coraje político para cerrar la celulosa, que es lo único que corresponde hacer en este caso, para lo cual tiene todas las prerrogativas administrativas. No obstante, ha preferido aprovechar la situación recurriendo exclusivamente al manejo comunicacional.
En tiempos de la dictadura militar, existía un círculo de vicios políticos que tenía como consecuencia el asesinato político, la tortura y el desaparecimiento de personas. En el patio oscuro de estos vicios, el sistema era mecánicamente impecable y funcionaba de manera muy eficaz, lo cual nos habla de que las cosas no por ser mecánicamente eficaces son moralmente aceptables. Pues bien, el método consistía en que, por una parte, había quienes cometían los delitos, los «Fanta», los Guatones Romo, el Mamo, oficiales de la CNI y otros; por otro lado existían las altas autoridades, el Ministro Secretario General de Gobierno, que hacía la vista gorda y que, cínicamente, desconocía la existencia del delito, siempre con palabras muy diplomáticas que invitaban a la tranquilidad y al sosiego público; finalmente, el Palacio de la Justicia, allí se cerraba el círculo de los vicios con el fallo definitivo de «no a lugar al habeas corpus».
Lamentablemente, las cosas no son muy distintas hoy de lo que acontecía en esos tiempos. Los delitos son otros, también es otro el dictador y son otros los voceros de gobierno y los jueces de la Corte Suprema, pero la sopa de los vicios no ha cambiado un ápice. No es para menos, atendido el caso de que hoy no tenemos una dictadura militar sino civil y que su legitimidad no viene del bombardeo a La Moneda ni de un Golpe de Estado, sino del sufragio universal. Debemos aceptar, con tristeza, que el sufragio universal no es garantía de la plena vigencia de la democracia.
La celulosa Valdivia es un caso emblemático de la reproducción de esta confabulación viciosa. La empresa ha violado reiteradamente la ley ambiental, ha contaminado el Río Cruces y el Santuario de la Naturaleza, Carlos Adwanter, ha faltado a la verdad ante los tribunales de Justicia, también ante la opinión pública reiterando que tienen la mejor tecnología del planeta. Este es el delito.
En lo que le corresponde a la autoridad administrativa, la Corema le extendió la autorización para que operara, ordena la reapertura de la planta, el Presidente de la República le da «delicadas explicaciones» al dueño de la planta, Anacleto Angelini, y, finalmente, el día 25 de Mayo la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de los Lagos resolvió permitir la continuidad del funcionamiento de la planta Valdivia. Al mismo tiempo, el presidente y su ministro Eduardo Dockendorf, se manifiestan preocupados y expresan su incomodidad y su descontento puesto que «Celco pone en juego la credibilidad de Chile».
Este es el cinismo con el que, antes, la autoridad se pronunciaba ante el atropello a los derechos humanos como la tortura y la desaparición de personas y que, ahora, se utiliza con la misma eficacia ante otros delitos, no menos abusivos ni menos degradantes para la condición humana. En vez de cerrar la planta, para lo cual el presidente -a través de la Corema- tiene todas las atribuciones, prefiere utilizar mediáticamente el caso para manifestarse conmovido y así, subir en las encuestas, al mismo tiempo que no incomoda ni pone en riesgo el funcionamiento del millonario negocio del señor Angelini.
El broche de oro, como antes, lo pone la Corte Suprema, negándose a implementar justicia, sustentando sus fallos no en el derecho sino en informes falsos o inexistentes, eludiendo su responsabilidad de investigar, mostrándose negligente y mediocre hasta la médula, aduciendo argumentos que dan vergüenza ajena como la extemporaneidad de la presentación del recurso, exculpándose por el error adjudicándole la responsabilidad al abogado querellante por no haber hecho notar que se estaban presentando estudios falsos. Así las cosas, la Suprema Corte de Justicia consagra e institucionaliza la impunidad, a la que ya nos tienen acostumbrados las instituciones del Estado. Hoy el fallo es «no a lugar al recurso de protección».
Tristemente hemos llegado a reproducir las prácticas decadentes del sistema político de la dictadura militar: delito, cinismo e impunidad. Ahora entendemos con meridiana claridad la sentencia presidencial de que «en Chile las instituciones funcionan». Hoy sabemos que sí lo hacen, pero, para dar curso al cinismo y la impunidad, las herencias más sofisticadas del orden institucional que nos heredara la dictadura militar.
Marcel Claude es Economista y miembro de Fundación Oceana.