El cierre «por ruina» de uno de los ocho centros de internamiento de extranjeros en España, este miércoles 20, fue aplaudido por las organizaciones humanitarias que denuncian las condiciones «carcelarias» de unos establecimientos destinados a retener a inmigrantes sin documentos. «Nos alegramos del cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga y felicitamos […]
El cierre «por ruina» de uno de los ocho centros de internamiento de extranjeros en España, este miércoles 20, fue aplaudido por las organizaciones humanitarias que denuncian las condiciones «carcelarias» de unos establecimientos destinados a retener a inmigrantes sin documentos.
«Nos alegramos del cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga y felicitamos a todas las entidades que han participado en la lucha para su consecución», declaró a IPS la presidenta de la no gubernamental Andalucía Acoge, Mamen Castellano.
Para la activista de los derechos humanos de los inmigrantes en la sureña comunidad autónoma (región) andaluza, en el centro clausurado se produjo «el sufrimiento innecesario de miles de personas allí internadas».
Castellano conminó a no olvidar la «historia de abusos sexuales a internas por parte de la policía, de incendios y de suicidios» de la que han sido testigos los muros del CIE malagueño, ubicado desde su creación en 1990 en un antiguo cuartel militar en el desfavorecido barrio de Capuchinos en esta ciudad de Málaga.
La clausura del CIE de Capuchinos, como se le conocía, se hizo efectiva tras salir los últimos tres internos del recinto, después que el Ministerio del Interior ordenó su cierre por «el estado ruinoso de sus instalaciones». En sus 22 años de funcionamiento acogió a 20.000 extranjeros y se ganó el calificativo del CIE más inhumano del país.
Según la Ley de Extranjería, los CIE son «establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior español, para la detención y custodia a disposición de la autoridad judicial de extranjeros sujetos a un expediente de expulsión».
Organizaciones no gubernamentales (ONG), expertos e incluso instituciones del Estado definen estos centros como «cárceles encubiertas». Además, cuestionan que se retenga a los extranjeros sin papeles hasta 40 días, en peores condiciones que en las prisiones y debido a una «falta administrativa» equiparable a una infracción de tráfico.
«Lamentablemente el Estado español continuará recluyendo y expulsando seres humanos del país, haciendo uso de los otros CIE que mantiene abiertos», dijo Salva Lacruz, responsable del Área de Incidencia Política de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) desde la sudoriental ciudad de Valencia.
Lacruz dijo a IPS que «el cierre de un CIE siempre es una buena noticia», pero lamentó que la medida no responda a una «política de desmantelamiento de los mecanismos de represión de las personas migrantes».
La Cear promueve la Campaña «CIEsNo», en que participan organizaciones de defensa de los derechos humanos, lucha contra el racismo y la xenofobia, colectivos sociales y asociaciones vecinales, con el objetivo de lograr el «cierre incondicional» de estos centros.
Las dependencias de los CIE, desde la seguridad hasta los aspectos médicos y la alimentación, están a cargo de la Policía Nacional, que los gestiona y financia, mientras en las cárceles ejerce únicamente funciones de seguridad y vigilancia.
Ante la cascada de críticas sobre el funcionamiento de estos centros y la muerte de dos inmigrantes en los de Madrid y Barcelona, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el 31 de enero la elaboración de un reglamento sobre su funcionamiento.
El proyecto del nuevo Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los centros de internamiento, que pasan a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, ya fue presentado para su aprobación al Congreso de los Diputados.
Pero la norma propuesta por el gobierno del derechista Mariano Rajoy ha decepcionado a las organizaciones que atienden a los inmigrantes. Su pronta aprobación se da por hecho, porque el gobernante Partido Popular tiene mayoría absoluta en el parlamento.
«El nuevo reglamento perpetúa el sistema ya existente y solo incluye pinceladas de las peticiones de las organizaciones», lamentó Castellano.
La activista critica que la policía continúe ejerciendo el control, la dirección y la gestión de estos lugares, en vez de limitarse a la seguridad dejando el resto de labores en manos de funcionarios civiles.
Castellano es partidaria de una ley orgánica para estos centros y sostiene que la propuesta de reglamento «legitima el poder de decisión del director de cada CIE», en vez de ser «una normativa que unifique criterios y garantice los derechos humanos».
El abogado malagueño José Cosín planteó a IPS que el reglamento propuesto «no respeta los derechos fundamentales de los inmigrantes» e «ignora los requisitos mínimos marcados por el Defensor del Pueblo, y las organizaciones de derechos humanos». Además, consideró «hipócrita» el nuevo nombre que propone el gobierno para estos centros, de «estancia controlada», y criticó también que sigan en manos de la Policía Nacional, «cuando los inmigrantes presos no han cometido ningún delito que justifique su internamiento».
La retirada de la policía del interior de los centros sería un «avance en materia de garantías sobre los derechos de los internos», enfatizó Lacruz.
En los dos últimos años, la grave crisis económica que castiga a la sociedad española y mantiene inéditos índices de desempleo, no frenó la llegada de inmigrantes.
En 2011, había en España, con de 47 millones de habitantes, 5,7 millones de extranjeros y otro millón más de personas nacidas en el extranjero y que adquirieron la nacionalidad. Se calcula que al menos 700.000 viven en condición irregular.
Ese mismo año se registró el arribo de 5.443 inmigrantes sin la necesaria documentación, según el Balance de Lucha contra la Inmigración Ilegal publicado en febrero de 2012 por el Ministerio del Interior.
El mayor auge de la inmigración irregular en España se produjo en 2006, cuando los extranjeros arribados en esa condición fueron 33.737.
El balance oficial indica también que en 2011 fueron deportados 30.792 inmigrantes, 629 más que en 2010.
Cosín aseguró que el cierre del CIE de Málaga «pone de manifiesto las penosas condiciones con las que tratamos a los inmigrantes en España», precisamente en momentos en los que la crisis empuja a los propios españoles a emigrar, ante un desempleo que afecta a más de 24 por ciento de la población económicamente activa.
«El cierre del centro donde se han producido violaciones sexuales y de derechos humanos no es un avance», subrayó, porque la mayoría de los pocos retenidos que quedaban allí fueron trasladados en las últimas semanas al CIE de la sureña ciudad de Algeciras, «donde también las condiciones son infracarcelarias», concluyó.