Los sindicatos CGT, SOC y SU presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía de Huelva porque, según argumentaron, algunos empresarios de cooperativas freseras de la provincia están reteniendo los pasaportes de temporeras de los países del este de Europa que acuden para trabajar en la campaña agrícola, de modo que no se los entregan hasta […]
Los sindicatos CGT, SOC y SU presentaron hoy una denuncia ante la Fiscalía de Huelva porque, según argumentaron, algunos empresarios de cooperativas freseras de la provincia están reteniendo los pasaportes de temporeras de los países del este de Europa que acuden para trabajar en la campaña agrícola, de modo que no se los entregan hasta que no concluye la temporada y tienen que volver a sus países de origen.
En declaraciones a Europa Press, el abogado de CGT, Luis María de los Santos, explicó que las tres organizaciones sindicales, integradas en la Mesa del Temporero de Huelva, mantuvieron hoy un encuentro con el fiscal responsable de Extranjería, Miguel Areas, para alertarle sobre «posibles delitos» durante la campaña fresera de este año.
En concreto, las organizaciones aseguraron que han detectado «de manera generalizada», entre los meses de enero a junio, que «se les han retenido los pasaportes a trabajadoras rumanas, y también sospechamos que a polacas, por parte de cooperativas freseras de la provincia», que, supuestamente, les han impedido acceder a su documentación hasta el final de la campaña.
De los Santos añadió que los técnicos de los sindicatos han llegado a hablar con los empresarios responsables y éstos aseguran que se trata de una medida «de seguridad y coordinación».
Por tanto, los denunciantes consideran que «hay mecanismos de control» por parte de la patronal fresera y, por ello han alertado al Ministerio Fiscal sobre estos hechos, «con la intención de que se dé un toque de atención a los empresarios y esto no vuelva a pasar el próximo año», apostilló el letrado.
Además, los integrantes de la Mesa del Temporero también han denunciado, pero en este caso ante la Inspección de Trabajo, que «muchos trabajadores inmigrantes no reciben copias de sus contratos de trabajo y que, además, en el caso de las rumanas si siquiera se les traduce a su lengua».