El pasado 7 de julio, fecha en que se anunció el acuerdo entre el gobierno y senadores de la Alianza y de gobierno por la reforma tributaria, constituye el punto de inflexión en la trayectoria gatopardista de la Concertación/Nueva Mayoría. A partir de ese momento, terminan las comedias y los bailes de disfraces. Sale a […]
El pasado 7 de julio, fecha en que se anunció el acuerdo entre el gobierno y senadores de la Alianza y de gobierno por la reforma tributaria, constituye el punto de inflexión en la trayectoria gatopardista de la Concertación/Nueva Mayoría. A partir de ese momento, terminan las comedias y los bailes de disfraces. Sale a la superficie el verdadero proyecto de Bachelet y sus disciplinados ministros.
Se dice que una de las motivaciones del gobierno para llegar a este acuerdo fue evitar los costos políticos de la desaceleración económica. Si bien la desaceleración es real, y más profunda de lo que anticiparon los analistas, y también es cierto que la Alianza y los medios de comunicación monopólicos habían logrado posicionar la asociación entre esta desaceleración económica y la reforma tributaria, este no es un factor causante del giro, sino acelerador, catalizador de un cambio de orientación discursiva que se iba a producir tarde o temprano, dados los compromisos y lazos del personal político de gobierno con los grandes empresarios.
Este acuerdo revela el pensamiento íntimo de Bachelet. No debemos olvidar que el año pasado la entonces candidata, recién llegada a Chile, intentó fijar su posición respecto de la educación gratuita señalando que no estaba de acuerdo con la gratuidad, porque le parecía injusto que quienes tenían recursos suficientes para pagar no lo hicieran. Al día siguiente, una gigantesca marcha estudiantil exigiendo gratuidad la convenció de que la oposición frontal a la gratuidad no era buena táctica electoral. A partir de ese momento, se produce el giro discursivo que la llevará a asumir, de forma ambigua, las «demandas de la calle», que sería en adelante el relato oficial de la campaña y del gobierno.
Hasta que el 7 de julio se sinceraron las cosas.
Como han advertido varios analistas, la reforma tributaria quedó completamente desnaturalizada con los cambios introducidos. Estiman algunos que no sólo no va a recaudar los 8.200 millones de dólares que constituyen el objetivo, sino que incluso podría significar un retroceso respecto de la actual recaudación, al abrirse nuevas puertas a la evasión.
Pocos días después del acuerdo tributario, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, anunció que no iba a escuchar «a la calle» para las reformas en educación. El jueves 17, en entrevista a La Segunda, reconoció además que el complejo mecanismo de «participación» pergeñado por su cartera iba a aceptar sólo aquellas propuestas que coincidieran con el programa de gobierno, dejando automáticamente fuera los petitorios estudiantiles.
El acuerdo tributario reveló que existen dos sectores en la Nueva Mayoría: los chefs y los pinches de cocina, como expresó brutalmente el senador Andrés Zaldívar. Unos son «del viejo partido del orden», que tienen derecho a participar en la «cocina» de las leyes y reformas. El resto son ayudantes que colaboran en ganar elecciones, pero cuya opinión no pesa para las reformas importantes.
En los hechos, quedó definitivamente claro que no existe una coalición de gobierno, sino sólo lo que fue una coalición electoral, cuya opinión tiene peso marginal en las decisiones de La Moneda. La autonomía del Ejecutivo y de los parlamentarios respecto de los partidos les permite un amplio margen de maniobras. Es este margen el que ha permitido terminar de reacomodar el bloque político dominante a la nueva correlación de fuerzas post elecciones, usando los canales informales de la política.
El acuerdo tributario constituye un golpe político a la «Izquierda» de la Nueva Mayoría. Para el Partido Comunista en particular, es la reiteración de una derrota históricamente recurrente. Después de González Videla, del apoyo de la DC al golpe de 1973 y de los acuerdos de la Concertación con EE.UU. y los militares para mantener el modelo dictatorial, a fines de los 80, vuelve una vez más a fracasar la confianza política depositada por el PC en la «burguesía democrática».
Publicado en «Punto Final», edición Nº 809, 25 de julio, 2014