La democracia chilena tiene pies de barro… No cuenta con un sólido respaldo social ni ha ganado la hegemonía en la conciencia y cultura política del pueblo. Apenas la mitad de los ciudadanos estima que la democracia «es preferible a cualquier otra forma de gobierno», según la encuesta nacional del Programa de las Naciones Unidas […]
La democracia chilena tiene pies de barro…
No cuenta con un sólido respaldo social ni ha ganado la hegemonía en la conciencia y cultura política del pueblo. Apenas la mitad de los ciudadanos estima que la democracia «es preferible a cualquier otra forma de gobierno», según la encuesta nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2004. En 1964, esa adhesión alcanzaba al 64 por ciento (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO). Por su parte, el 21 por ciento al que en 1989 «le daba lo mismo» un gobierno democrático que uno autoritario, había crecido al 31 por ciento en 2004. Y los que opinan que «en algunas circunstancias es mejor un gobierno autoritario que uno democrático», aumentaron del 12 al 17 por ciento. La tendencia que muestra el libro Desarrollo humano en Chile. El poder: ¿para qué y para quién? del PNUD, se ha acentuado. El estudio de la Corporación Latinobarómetro, correspondiente al bimestre agosto-septiembre de este año, revela que sólo el 43 por ciento de los chilenos dicen estar satisfechos con la democracia (mientras en Uruguay la cifra es 63 por ciento y en Venezuela 56 por ciento). En una evaluación de 1 a 10, la pregunta ¿cuán democrático es el país?, Chile aparece con nota 6,2 mientras Venezuela figura con 7,6 y Uruguay con 7,1.
Este panorama constituye un terreno favorable para que la derecha -ya sea en su versión UDI o RN- pueda disputar el gobierno y de hecho casi lo alcanzó en 1999. Es lo que se plantea hacer el 11 de diciembre gracias al repotenciamiento de sus fuerzas con la candidatura de Sebastián Piñera, que atrae a su área de influencia a sectores de la Democracia Cristiana como admite el presidente de ese partido. Los gobiernos de la Concertación, y en particular el tan loado -por los empresarios- gobierno del presidente Lagos, han debilitado la democracia en Chile. No le han proporcionado la sustancia política y social necesaria para que se fortalezca y legitime. Esto explica por qué a sólo 16 años de una dictadura militar tan criminal como la que sufrió Chile, los mismos sectores políticos y empresariales que apoyaron el terrorismo de Estado para imponer un modelo económico-social que arrasó con las conquistas de los chilenos, aparezcan como una alternativa real de gobierno.
La derecha se levanta como un bloque electoral del mismo tamaño que la Concertación. La Concertación ha hecho muy poco por mantener un perfil progresista y delimitar el campo que debería diferenciarla de la derecha. La brecha de la desigualdad social se ha convertido en abismo, bajo el gobierno de Lagos. Surgió asimismo una nueva mística en la derecha, que abandonó a Pinochet y a los grupos ultrafascistas, para instalarse con desenfado en el juego democrático. La UDI logró penetrar fuertemente en sectores populares despolitizados, aprovechando los errores y debilidades del gobierno. La Izquierda, por su parte, todavía muy golpeada por las secuelas de la represión, no ha sabido convertirse en una alternativa. Atrapada por las normas heredadas de la dictadura, desarrolló una mentalidad esencialmente de «resistencia», cerrada a los nuevos fenómenos, al entendimiento amplio con las emergentes organizaciones sociales y con los movimientos de jóvenes y frente a la búsqueda -no sectaria- de caminos e instrumentos para encarar el nuevo cuadro político, fruto de una realidad social diferente. Se ha producido un creciente proceso de deslegitimación del sistema democrático tal como funciona en la actualidad. Si se suman los no inscritos con los que se abstienen de votar y con los que anulan o votan en blanco, entre 40 y 45 por ciento de los ciudadanos que podrían participar en las elecciones no lo hacen. Por otro lado, del examen de las diversas elecciones en los últimos años aparecen tres tendencias claras. La primera, una persistente disminución de la fuerza electoral de la Concertación, luego, un constante crecimiento de la derecha y un estancamiento de la Izquierda. La Concertación pasó de un 53,3 por ciento en las elecciones generales de 1992 a un 47,9 por ciento en las elecciones de 2001 y 2004. La derecha, por su parte, subió de 38 por ciento en 1992 -algo más de 15 puntos menos que la Concertación- a situarse a un par de puntos (31 mil votos) de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 1999 y alcanzó un 44,3 por ciento en las elecciones generales de 2001. El actual presidente de la República ocupa ese cargo -en que ha cosechado tantos aplausos del empresariado y de las FF.AA.- gracias a los 320 mil votos que en la segunda vuelta le entregaron electores de Izquierda que hicieron oídos sordos a los llamados de los partidos Comunista y Humanista para abstenerse o votar nulo o en blanco. Sin embargo, Lagos ha gobernado para los ricos y las transnacionales y ha convertido a Chile en un «hermano sospechoso» del proceso de integración latinoamericana.
En la práctica se han configurado dos grandes bloques electorales que cuentan con más de tres millones de votos cada uno, que dominan el escenario político y cuyas propuestas son casi similares en lo económico y social. Esto contribuye a la indiferencia cívica y desdibuja los campos en pugna impidiendo percibir diferencias sustantivas entre ambos proyectos, lo cual facilita la acción de la derecha. El reparto de los cargos de elección popular gracias al sistema binominal -que iguala a mayorías con minorías- ha contribuido asimismo al debilitamiento de la democracia. Desalienta el valor y significado del voto para articular la soberanía popular e imponer la justicia social. Todas las decisiones trascendentes quedan entregadas a cúpulas políticas asociadas a sectores empresariales nacionales y extranjeros. La gran responsabilidad histórica de la Concertación -y particularmente del gobierno de Lagos- consiste en haber exacerbado el modelo neoliberal que implantó la dictadura, llevándolo a extremos desconocidos en América Latina. Se trata de un liberalismo que se niega a sí mismo y a sus principios al entregar todas las iniciativas productivas, atadas de pies y manos, al control de grupos transnacionales gigantescos y a la voracidad del capital financiero internacional. Por otra parte, son estos factores, que se expresan en una creciente desigualdad y en la subordinación a los intereses transnacionales, los que lentamente están generando condiciones para que se produzca un cambio. Ese cambio -un proyecto socialista para Chile- se ve alentado por ascendentes procesos democráticos y progresistas en diversos países de América Latina, e incluye las movilizaciones de las organizaciones sociales contra la globalización neoliberal.
En ese marco aparece, acaso por primera vez en este largo período, una alianza política de Izquierda con posibilidades de asumir carácter estratégico. Se trata del Juntos Podemos Más, que debutó con un esperanzador 9,4% en las elecciones de concejales de 2004. Aunque no alcanza todavía la amplitud necesaria y no da cuenta de la pluralidad que existe en la Izquierda, es un movimiento que ha logrado calar en diversos sectores. Ojalá tenga éxito este esfuerzo en que el PC tiene, al parecer, posibilidades de elegir uno o dos diputados. Sin embargo, no puede descartarse un eventual triunfo de la derecha que confirmaría lo que alguna vez fue una pesadilla virtual. Todos los poderes formales del Estado quedarían en una sola mano, la misma que controla los poderes fácticos. Eso sería una nueva gran derrota para el pueblo y otro paso atrás para la democracia. Nada podría ser más vergonzante para Chile que una victoria electoral de la derecha y la instalación en el gobierno de los mismos que hace 32 años hicieron pedazos la Constitución y las leyes, y que asesinaron y torturaron a miles de chilenos.