José Aylwin (1956) viajó por cuarta vez a México, después de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria situación y acoso del gobierno de Chile contra la comunidad mapuche. En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre […]
José Aylwin (1956) viajó por cuarta vez a México, después de exponer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la precaria situación y acoso del gobierno de Chile contra la comunidad mapuche. En calidad de Codirector del Observatorio.cl participó en un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas.edu.mx) sobre indicadores de legislación indígena en Latinoamérica, las cifras son preocupantes y el «nuevo trato» de la presidenta Bachelet una vergüenza internacional.
El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas coprodujo en 2007 -bajo la dirección de la cineasta María Teresa Larraín- el documental El juicio de Pascual Pichún, primer caso contra un campesino indígena en América víctima de la Ley Antiterrorista, la fabricación del delito es responsabilidad de Juan Agustín Figueroa (el mismo usurpador de la Fundación Neruda) y pronto distribuirán el DVD vía Internet; el acervo editorial del Observatorio.cl también ha publicado: El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el «nuevo trato» (dossier coordinado por José Aylwin y Nancy Yáñez; LOM, 2007); Los mapuche ante la justicia (Eduardo Mella; LOM, 2007); Indebido proceso: juicios mapuche (coedición Human Rights Watch; 2004); así como un boletín de carácter semestral y la página web con reportes actualizados de prensa.
En exclusiva para Clarín.cl José Aylwin (abogado con magíster por la Universidad de British Columbia y vecino de las comunidades indígenas desde 1994 en Temuco) habla de la necesidad de crear un Observatorio de Derechos Ciudadanos: «La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados -comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos»
MC.- José ¿qué recapitularías de la presentación que hiciste del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México?
JA.- Asistí a un seminario del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Fondo Indígena que tenía por objeto proponer indicadores relativos a derechos y desarrollo de pueblos indígenas que permitan la comparabilidad de los progresos que en esta materia existen en los distintos estados de América Latina. La presentación que realice trató de la experiencia del monitoreo de derechos de pueblos indígenas que realizamos en el Observatorio de Derechos de Pueblos indígenas en Chile. Aunque no hacemos uso sistemático de indicadores, compartí allí la experiencia de nuestro trabajo como ONG de promoción, documentación y defensa en materia de derechos indígenas, en el complejo contexto que viven los pueblos indígenas en Chile hoy. El trabajo en este ámbito se remonta al 2000 cuando conformamos un Programa de Derechos Indígenas en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (Temuco), en un contexto de conflictos territoriales crecientes que afectaron al pueblo mapuche. Posteriormente, a contar del 2004 seguimos desarrollando este trabajo desde la sociedad civil luego de la que la universidad nos impidiera tener una voz pública en estas materias. Somos un equipo de 15 personas que trabajamos en Temuco y Santiago, nos concebimos como un centro interétnico e interdisciplinario que trabaja por el reconocimiento y respeto de los derechos hoy internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas, orientado por los lineamientos del derecho internacional.
MC.- Dentro de los indicadores internacionales ¿Chile estaría en último lugar en el trato a los pueblos indígenas?
JA.- Todo indica que Chile es uno de los países más rezagados de Latinoamérica en materia de derechos indígenas. Ello está determinado por dos situaciones. Por un lado existe un desconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y de sus derechos. Para la Constitución vigente, que data de 1980, el único pueblo es el chileno. Los esfuerzos por lograr tal reconocimiento jurídico después de 17 años no han prosperado. La legislación de 1993 tampoco reconoce a los pueblos indígenas, sino solo a las «etnias». La misma no permite la participación política indígena, ni reconoce sus derechos territoriales frente a proyectos de inversión. No es casualidad entonces que Chile se ubique en los últimos lugares en el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas en la región, hecho incluso reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo. La legislación además ha demostrado insuficiencias graves para asegurar los derechos que establece. Su institucionalidad -la CONADI- está en crisis y no ha dado respuesta a las demandas de los pueblos indígenas. Por otro lado, la política pública del gobierno es dual; en lo medular la CONADI orienta sus esfuerzos a la compra de tierras para los indígenas en el mercado. Se trata muchas veces de tierras ancestrales de los pueblos indígenas, y que por efectos de la especulación, se tranzan hoy a valores 5 a 10 veces superior al de 1990. La CONADI más que la tierra, compra la resolución de un conflicto, por lo que debe pagar a sus actuales propietarios precios especulativos. Más allá de esta política pública sectorial, la apuesta central del Estado chileno -desde hace 15 años- ha sido la expansión de la economía global hacia territorios indígenas. Chile tiene una economía basada en la exportación de recursos naturales (minería, forestación y pesca, entre otras), los que se encuentran mayoritariamente en los territorios indígenas. Cuando los pueblos indígenas se han movilizado en defensa de sus territorios y sus derechos son amenazados por estos proyectos de inversión…
MC.- Viene proporcionalmente la criminalización de la protesta social…
JA.- En efecto, dicha criminalización se manifiesta a través de la utilización de la Ley Antiterrorista para perseguir judicialmente a los defensores de derechos de pueblos indígenas, en particular a los defensores mapuches. También se manifiesta en el uso abusivo de las fuerzas policiales en contra de comunidades y de personas indígenas. Por ello hemos hablado de que en Chile las autoridades han impulsado una política dual, de «zanahoria y garrote»‘ para los pueblos indígenas, por cuanto por un lado invierte recursos a favor de algunas comunidades que no desafían el modelo, y por otro, reprime a aquellas que luchan por sus derechos colectivos violados o amenazados por el mismo Estado. El Banco Interamericano de Desarrollo, ubica a Chile en el lugar 20 de 21 entre los peores por su legislación indígena.
MC.- ¿La Ley Antiterrorista se aplica en otros países contra las comunidades indígenas?
JA.- El Relator de la ONU para los derechos indígenas Rodolfo Stavenhagen documentó la existencia de procesos de criminalización contra de estos pueblos en México, Colombia y Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la OEA), en el marco de los hechos posteriores a los atentados en contra de las torres gemelas (septiembre, 2001) manifestó su preocupación por la violación de Derechos Humanos como consecuencia de la aplicación de políticas antiterroristas en la región. La CIDH elaboró un informe sobre la materia en que condenó este tipo de violaciones de derechos humanos recomendando a los Estados americanos a respetar estos derechos en el contexto la lucha contra el terrorismo. Si bien Latinoamérica, Chile es el único caso de aplicación de Ley Antiterrorista en contra de los pueblos indígenas -desde 2003- sólo existe otro país donde recientemente se aplicó -en 2007- la Ley Antiterrorista en contra de los maoríes en Nueva Zelanda -uno de los 4 Estados que votó en contra de la Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas- frente a hechos de protesta social.
MC.- Y ahora que mencionas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿cuál fue la respuesta del delegado de Bachelet ante la CIDH de la OEA? Cuéntanos qué pasó en Washington…
JA.- El pasado 10 de marzo asistimos a la CIDH acompañados por dos dirigentes mapuches: Adolfo Millabur (alcalde de Tirúa) y con Manuel Santander (del Consejo de Todas las tierras). Los representantes del gobierno de Bachelet que participaron de la audiencia negaron muchas de las violaciones de Derechos Humanos de las que dimos cuenta en la audiencia (homicidios y violencia física y sicológica en contra de mapuches imputables a los agentes del estado), o señalaron que el gobierno estaba adoptando distintas medidas para abordarlas. Al ser interrogados por los comisionados de la OEA, les solicitaron información sobre las acciones concretas que desarrolla el gobierno tanto en el ámbito administrativo como legislativo y judicial para poner freno a tales violaciones de derechos. Por ello solicitamos a la CIDH la realización de una misión «in loco» de observación de esta realidad en Chile, solicitud sobre la cual la CIDH aún no se pronuncia pero esperamos sea acogida.
MC.- ¿La presidenta Bachelet estaría dispuesta a invitar a la CIDH para una misión de observación sobre Derechos Humanos?
JA.- Pensamos que el gobierno de Chile no podría -sin un conflicto mayor- negarse a la misión de la CIDH o de la OEA al país, ya sería una paradoja muy grande para un Estado que ha suscrito y ratificado muchos tratados internacionales de derechos humanos, aunque en el mes de febrero ya se produjo una discusión en El Mercurio…
MC.- ¿El montaje periodístico del lobby de los mapuches en Europa?
JA.- Sí, se habló de la posibilidad de que viniese un observador y el Ministro del Interior dijo que no tenía problema, pero después de ver subrogantes, el vocero del gobierno se retractó, dijo que por ningún motivo, pues: «Chile es un país suficientemente maduro que no aceptaría a los observadores extranjeros», es el mismo discurso que privó durante la dictadura.
MC.- ¿El Ministerio del Interior acusa de recibo a tus solicitudes en calidad de que eres hijo del ex presidente Patricio Aylwin? o ¿por lo hecho en el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas?
JA.- Lo grave es que el Ministro del Interior no acusa recibo de nuestros reclamos, como ocurrió en el mes de febrero pasado fecha en que este negó haber recibido una denuncia de nuestra parte frente una situación de tortura en contra de mapuche en la localidad de Ercilla. Más allá de ese incidente, pienso que a algunas autoridades de gobierno les molesta que exista un referente de Derechos Humanos que tenga prestigio y resonancia internacional. Varios en el Observatorio tenemos una larga trayectoria en el trabajo de defensa de derechos humanos que data de tiempos de dictadura. Por otro lado, cuando hablamos, nuestra voz es documentada. Por lo mismo somos escuchados, aunque los medios de prensa tradicionales nos censuren.
MC.- ¿Qué falta para que el Estado recapacite en su afán de acosar sistemáticamente a la comunidad mapuche?
JA.- En la medida en que se multipliquen las voces que denuncien esta realidad, tanto dentro como fuera de Chile, en la medida en que se genere más conciencia de lo que está ocurriendo, habría más posibilidades de que se revierta la situación actual de hostigamiento del pueblo mapuche. Lamentablemente los medios de comunicación -impresos y electrónicos- en poco contribuyen dar a conocer lo que ocurre con los pueblos indígenas en el país. Por otro lado el gobierno ha desarrollado una política de represión de los movimientos sociales que hoy va mucho más allá del movimiento mapuche. Así en los últimos años diversos movimientos sociales – sindicales, estudiantiles, etc.- se han levantado en protesta de un modelo que los excluye. El derecho de manifestación esta severamente restringido en el país, hay que solicitar autorización para manifestarse, y esta muchas veces es denegada.
MC.- ¿Por qué la policía y las Fuerzas Armadas rebasan sus atribuciones?
JA.- La policía se pone al servicio de los grandes capitales, porque su actuar es absolutamente diferente tratándose de comunidades locales, que en poblaciones donde hay proyectos de inversión, la policía está entrenada para reprimir al débil, para defender el capital. Llama la atención, la incapacidad de las autoridades en su discurso público censuran -o dicen no estar de acuerdo con- un actuar abusivo, sin embargo cuando las autoridades tienen denuncias sobre violaciones de DD.HH. por parte de la policía, lejos de investigar las encubre; la verdad no veo la lógica de por qué las autoridades no fiscalizan -incluso administrativamente- a las fuerzas policiales. Fue un punto que preguntó la CIDH al representante del gobierno de Chile: ‘¿Qué acciones administrativas desarrolla el gobierno frente a las denuncias por violaciones de Derechos Humanos imputables a la policía?’ la excusa del gobierno es que rige aún la legislación militar; nosotros, en el Observatorio, hemos interpuesto querellas contra carabineros por sus violaciones de DD.HH. que involucra a civiles, la justicia militar da carpetazo a los casos presentados, es una herencia de la dictadura; pero ahora el Estado cuenta con mecanismos para solicitar información, para pedir sumarios administrativos, para que sean removidos funcionarios de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones de DD.HH. el Estado no hace función de su potestad.
MC.- ¿Qué dijo el representante del gobierno de Chile ante la CIDH?
JA.- Dio una respuesta muy ambigua, dijo que el gobierno había desarrollado varias acciones, entre otras iniciativas de capacitación a la policía en DD.HH; sin embargo no dio cuenta de acciones administrativas de fiscalización de abusos policiales. Tampoco habló de pasos concretos para poner término a la persistencia de la jurisdicción militar sobre causas civiles. Cabe recordar que el 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado chileno a modificar su legislación para impedir la jurisdicción militar sobre causas que involucran a civiles. En la actualidad el gobierno de Bachelet no acata el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. La policía se siente impune y actúa impunemente.
MC.- ¿Hablamos de violaciones menores hasta el asesinato por parte de la policía contra los pibes mapuches Alex Lemún y Matías Catrileo?
JA.- No cabe duda, las violaciones de derechos humanos en contra de los pueblos indígenas, que hemos denunciado nacional e internacionalmente, van desde el asesinato de jóvenes mapuche hasta la violación del derecho al debido proceso, pasando por abusos policiales, impunidad de delitos cometidos por agentes estatales en contra de mapuche. Todo ello en un contexto de conflictos generados por la expansión de la economía global hacia los territorios de los pueblos indígenas con el aval del gobierno. Mi percepción -y la comuniqué ante la CIDH- es que los agentes policiales del Estado se sienten con la autoridad para reprimir y violar DD.HH. puesto que administrativamente no son fiscalizados y judicialmente están blindados.
MC.- Finalmente, entiendo que el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas se extenderá a una ONG que prestará atención a los Derechos Ciudadanos, José ¿por qué el giro?
JA.- En Chile hay un déficit de ciudadanía muy marcado, la democracia es tremendamente restringida, tanto por las limitaciones a la participación política derivados del sistema electoral binominal, por la ausencia de una institucionalidad y cultura ciudadana, como por la exclusión económica de grandes sectores de la población. Por ello queremos asumir nuestro rol como ciudadanos, junto a otros movimientos sociales indígenas y no indígenas que hoy emergen en el país. Por otra parte los pueblos originarios, en particular los mapuches, son actores por sí mismos, tienen voz propia, y no queremos interferir con su autonomía y representación propia. La decisión está tomada. Es posible nos lleve algunos meses materializarla, pero es irreversible. Queremos seguir trabajando junto a los pueblos indígenas, pero también junto a otros sectores postergados – comunidades rurales y pobladores- Cuyos derechos hoy tampoco son respetados. Nos interesa en particular trabajar la temática de la globalización y los Derechos Humanos. Porque Chile es un país que se concibe asimismo como altamente globalizado, pero dicha globalización sólo se refiere al ámbito económico, a la inserción de Chile en los mercados globales, a los tratados de libre comercio, pero no toma en cuenta otras dimensiones como la cultural y la de los derechos humanos, ámbitos en que Chile tiene, como vimos, rezagos significativos. Queremos contribuir a generar conciencia sobre la necesidad de avanzar hacia una democracia mas real, más inclusiva para todos los sectores de la sociedad, incluyendo por supuesto de los pueblos indígenas. Queremos formar arte de los movimientos que hoy abogan por una asamblea constituyente, para que se puede refundar un sistema político que parece asfixiado, en que el monopolio de la representación política la tienen solo dos sectores, en que los jóvenes no participan, en que la diferenciación económica social es cada vez más fuerte, y como consecuencia de ello, la violencia se extiende.