La Corte de Apelaciones de Santiago determinó de forma unánime que el Ejército deberá entregar los nombres de los ex agentes de DINA y la CNI que ascendieron al grado de general entre el 2002 y 2016. En fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ejército entregar la […]
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó de forma unánime que el Ejército deberá entregar los nombres de los ex agentes de DINA y la CNI que ascendieron al grado de general entre el 2002 y 2016.
En fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ejército entregar la información sobre los oficiales que ascendieron al grado de general entre el 2002 y el 2016 y que fueron parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) o de la Central Nacional de Informaciones (CNI).
La resolución fue tomada por los ministros Jessica González, Enrique Durán y Rafael Andrade, quienes rechazaron el reclamo de ilegalidad interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación del Ejército de Chile.
Con este fallo, los jueces descartaron un actuar arbitrario del Consejo para la Transparencia (CPLT), organismo que ordenó la entrega de la nómina de militares, argumentando que no constituía materia de reserva.
El fallo establece que «teniendo presente que tanto la CNI como la DINA fueron disueltas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 19.974 (sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia), que tuvo lugar el 2 de octubre de 2004, se debe concluir que no formaron parte de los órganos del Estado que integran el sistema de inteligencia creado por tal cuerpo normativo, siendo, por ende, improcedente invocar una de sus normas para mantener en secreto la información solicitada».
Cristian Cruz, abogado que solicitó la nómina de los uniformados mediante Ley de Transparencia, señaló que uno de los aspectos fundamentales de este fallo es que da cuenta de la férrea defensa que han hecho las Fuerzas Armadas respecto de los ex agentes de la CNI. «Aquí el Ejército ha optado por ser la voz de los delincuentes y de los criminales con el dinero de todos los chilenos. Los ex agentes ni siquiera han tenido que contratar un abogado».
Del mismo modo, comentó que la trascendencia no radica en conocer los nombres de esos agentes, sino en «poder determinar cuál de ellos en democracia llegó a ascender al grado de general, donde las autoridades no vieron con malos ojos ni como una situación repudiable el que oficiales de ejército hayan integrado los organismos represivos, que hicieron desaparecer, torturaron y asesinaron a decenas de chilenos».
Para el abogado es muy negativo que personas que cometieron crímenes de lesa humanidad formen parte de la plana mayor de las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva, este hecho fomenta la «cultura de la impunidad» y perpetúa actos ilícitos dentro del Ejército, como el robo o la malversación de fondos públicos.
Por su parte, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), manifestó que cuando se conozcan los nombres de los militares que ascendieron a generales en democracia se evidenciará el estrecho vínculo entre la estructura militar y el terrorismo de Estado.
«Los nombres de esos sujetos que hoy son parte del generalato y participaron del exterminio, van a desnudar ante la opinión pública cómo el Ejército de Chile sigue estando compuesto por sujetos que fueron agentes genocidas de la Dictadura. Esto es algo que las Fuerzas Armadas han intentado ocultar en lo que muchos llaman los pactos de silencio, una operación de encubrimiento que se tiene que acabar», afirmó.
En tanto, Francisco Ugás, abogado y ex secretario ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, expresó que es reprochable que el Ejército niegue la información solicitada.
En esa línea, el abogado especialista en DDHH valoró la determinación del Consejo para la Transparencia y la ratificación de la Corte de Apelaciones. «Este fallo tiene una implicancia importante, ya que promueve el derecho al acceso a la información pública».
«Es fundamental que sea eficaz este acceso, porque así nosotros podemos conocer las decisiones que se han tomado y se están tomando para designar a personas que llegan a desempeñar cargos importantes dentro de la institución. Es un ejercicio de rendición de cuentas que debemos exigir», agregó.
«No hay intenciones terminar con los privilegios del mundo castrense»
Desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, enfatizaron en la necesidad de democratizar la doctrina de las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva esto permite que en la actualidad dichos organismos sigan manteniendo estrechas relaciones con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad.
Sobre este punto, Lorena Pizarro comentó que no es de extrañarse lo dicho por el Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien «se puso en defensa de los violadores de derechos humanos en presencia del ministro de Defensa, José Antonio Gómez».
De acuerdo a lo mencionado por Cristián Cruz esto ocurre porque los gobiernos de la democracia han cedido a los intereses de las Fuerzas Armadas, lo que se evidenciaría en la incapacidad para cambiar la ley reservada del cobre y las altas pensiones que poseen muchos oficiales. «No hay ninguna intención del Ejecutivo para que termine esta situación de privilegio del mundo castrense y la protección a los violadores de los derechos humanos».
Tanto Cristián Cruz como Lorena Pizarro, aseguran que existe gran cantidad de antecedentes que confirman la presencia de ex agentes de aparatos represivos en la plana mayor de las Fuerzas Armadas.
La presidenta de la AFDD, sostuvo que como agrupación pidieron esta información a Michelle Bachelet cuando fue Ministra de Defensa y posteriormente a Andrés Allamand, al momento de ejercer el mismo cargo. Sin embargo, en ambos casos la solicitud fue denegada.