En la tarde del pasado martes 7 de marzo, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector del organismo, general (R) Víctor Lizárraga; el ex jefe de la Dirección de Logística del Ejército, general (R) Carlos Krumm; el ex jefe del Batallón de Inteligencia del […]
En la tarde del pasado martes 7 de marzo, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), general (R) Eugenio Covarrubias; el ex subdirector del organismo, general (R) Víctor Lizárraga; el ex jefe de la Dirección de Logística del Ejército, general (R) Carlos Krumm; el ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, brigadier Manuel Provis Carrasco, y el coronel (R) Julio Muñoz traspasaron la guardia del Campo Militar de Peñalolén e ingresaron a las dependencias del Batallón de Policía Militar (BPM) para cumplir prisión preventiva.
Esa mañana, los oficiales habían sido procesados por el ministro Claudio Pavez por asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel del Ejército Gerardo Huber.
Sin embargo, su recepción no fue la de un reo común. A medida que entraban al presidio de 57 hectáreas, ubicado en Avenida José Arrieta con Las Perdices en Peñalolén Alto, los soldados se cuadraban ante ellos.
El coronel Sergio Cabezas, comandante del BPM, seguramente hizo lo mismo cuando les leyó las «palabras de bienvenida» del «Instructivo y disposiciones para el personal en situación especial» que detalla las comodidades y áreas de esparcimiento dispuestas para los procesados en las instalaciones del batallón. El documento es encabezado por un «estimado camarada» y concluye afirmando que «quienes a su alrededor se encuentra (sic) son sus camaradas de armas y en tal condición brindará (sic) lo mejor de sí para su bienestar personal y familiar». Así aclara que los presos aún son miembros de la «familia militar» y serán tratados conforme a ello.
Es tal la «situación especial» de los recluidos en el BPM, que en su primer fin de semana en el recinto militar los esperaba una misa de recepción que contó con la participación de lo más granado del ambiente castrense. Entre los asistentes a la liturgia estaban la esposa de uno de los generales de Ejército más importante del país, e Isabel Forestier, señora del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre.
Consultado sobre la inusual visita de su cónyuge a una ceremonia de estas características, Cheyre respondió a LND que no tiene por qué saber todo lo que hace su mujer. «La vida privada de las personas es la vida privada», dijo con molestia antes de colgar el teléfono.
RESORT TODO INCLUIDO
Con sus guardias armados sobre garitas, el campo militar del Ejército parece una fortaleza. Además del BPM, al interior del complejo se encuentran también el Comando y la Escuela de Telecomunicaciones y el Penal Cordillera, a cargo de Gendarmería desde fines de 2004. En este último cumplen condena bajo régimen interno común el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Fernando Laureani, Marcelo Morén Brito y el recién llegado brigadier (R) Pedro Espinoza, amenazado de muerte por sus ex camaradas, que lo consideran un traidor.
Un miembro del Ejército aceptó introducirnos al recinto castrense. La idea era conocer de primera mano cómo viven los oficiales procesados y comprobar in situ el «riguroso» régimen interno descrito en el instructivo para «personal en situación especial».
Luego de pasar la guardia nos dirigimos hasta las instalaciones donde habitan los militares. Un primer grupo de cabañas pareadas color damasco cuentan con una habitación con televisor, cable VTR y un velador. En cada una hay un living, con una mesa comedor, más cocina, baño y un teléfono para hacer llamadas ilimitadas y a toda hora al exterior. En estas cabañas vive un grupo de militares de menor antigüedad, encabezados por el brigadier Provis y el coronel Muñoz. Hasta dos semanas atrás, los acompañaba el ex agente de la DINA brigadier (R) Christof Willike, quien cayó preso en marzo de este año por el asesinato de la militante del MIR Lumi Videla, y que en 2002 fue procesado por el asesinato del general Prats y su esposa, Isabel Cuthbert. Willike obtuvo la libertad el pasado 22 de mayo, luego de pagar una fianza de un millón de pesos.
Sin duda, uno de los que más sienten su partida es Provis, ya que todas las mañanas trotaban juntos en la pista de atletismo que tienen a su disposición. Algo similar debe sucederle al general Covarrubias, que tenía en Willike a su principal adversario en los partidos de tenis en la cancha de arcilla habilitada para ellos.
Como si fuera deportista de alto rendimiento, cada lunes y viernes Covarrubias sale del campo militar y es trasladado en un auto del Ejército al edificio de las Fuerzas Armadas en calle Zenteno 45. Ahí, responsablementem se le practica una terapia quinesiológica debido a una espondiloartrosis cervical que lo aqueja. Nada que lo deje fuera de las canchas, en todo caso. El especialista Alejandro Cox dice que alguien aquejado de esa dolencia «puede jugar tenis, dependiendo del grado de la lesión».
Por su alto rango, los generales Lizárraga, Covarrubias y Krumm viven en casas con habitaciones más espaciosas que las de sus compañeros de armas de menor grado. También con TV cable, las cabañas cuentan con teléfono y acceso a Internet inalámbrica (wi-fi) para sus notebooks personales. Sus salas de estar están amobladas con un par de cómodos sillones y un frigobar para satisfacer sus necesidades y de quienes los visitan.
El instructivo es generoso al informar que las visitas pueden ingresar todos los días al penal de 9 a las 22 horas. Establece que «los familiares del personal detenido no podrán excederse de los horarios establecidos para visitas, como asimismo pernoctar en dependencias interiores».
Sin embargo, el uniformado que nos introdujo al lugar dice que la ordenanza no se cumple: «Se quedan hasta la medianoche e inclusive, en ocasiones, las parejas de los oficiales pernoctan en las cabañas». Afirmación ratificada por dos magistrados que tienen a su cargo causas de derechos humanos y un alto miembro de Gendarmería que, por su labor, tiene acceso a informes de la situación de los reclusos en el Penal Cordillera y sus alrededores.
No sólo los familiares se encargan de velar por el bienestar de los oficiales. El Cuerpo de Generales en Retiro, núcleo duro de la familia militar vinculada estrechamente a Pinochet, los visita cada jueves para entrevistarse con cada uno los reclusos. Los más asiduos serían Julio Cerda Carrasco y Guillermo Garín, dice la fuente: «En sus visitas, los generales (R), además, celebran almuerzos en el casino de oficiales. Por ejemplo, un mes y medio atrás comieron con Krumm, Covarrubias y Lizárraga».
Aunque las reglas señalan que está estrictamente prohibido ingresar alcohol al penal, frente al frigobar del living de la cabaña de Covarrubias hay una botella de vino tinto empotrada sobre un camioncito de madera que dice «Mercedes Benz». La cabaña de Lizárraga también está frugalmente surtida, asegura el uniformado: «En el clóset tiene vinos muy finos y también varias botellas de pisco».
Los oficiales procesados cuentan además con un sauna donde se relajan por las tardes. Justo al frente se ubica una sala de Internet común con dos computadores para los que no tienen notebook. A pocos metros está la «sala de musculación», con dos trotadoras, dos tablas de pres banca para ejercitar el pecho y los cuádriceps, más una senda máquina universal doble destinada a garantizar un desarrollo balanceado de la musculatura corporal. Todo, acompañado de un televisor pantalla plana de 21 pulgadas en altura para que el ejercicio no sea tedioso.
Cuando los militares quieren hacer vida social pueden hacer uso de las dependencias del casino de oficiales. Se trata de un bar restaurante con sala de cine, ubicada en el subterráneo del edificio. También tiene piscina y una mesa de pool, por si se aburren.
SERVICIO A LA HABITACIÓN
El menú de los reclusos es confeccionado en el casino de oficiales y es similar al que reciben los oficiales que trabajan en el Comando de Telecomunicaciones. Si los detenidos requieren alimentación especial deben avisar 24 horas antes para elaborar el pedido o requerirlo afuera. El instructivo puntualiza que pueden comer en «las cabañas y casino, entregado y/o atendido por el asistente mozo». La función de estos sirvientes es vigilada por otros garzones de mayor jerarquía, que cumplen un rol tipo mayordomo de mansión. Están encargados, por ejemplo, de que no existan errores en el orden de los cubiertos al momento de servir una comida.
Del mantenimiento de sus cabañas, los oficiales procesados tampoco deben preocuparse. El instructivo señala que éste «será realizado por la mucama de servicio, considerando aseo en dormitorios, baños y confección de camas». Pero tampoco es chacota. El documento es claro: quienes desean gozar de este privilegio deben levantarse antes de las 13 horas.
EL PERRAJE
Muy distinta es la vida de suboficiales procesados por casos similares. Están también recluidos al interior del mismo batallón, pero en una antigua casona ubicada a unos 150 metros al sur. Las habitaciones tienen dos camarotes, donde pernoctan hasta cuatro personas. Sólo hay una habitación individual que cuenta con velador y clóset.
Su horario de levantada es a las 8:30 de la mañana. Después, quedan libres para bajar a un primer piso, donde hay una sala de estar con un televisor, un juego de sillones y una mesa para el grupo, que en ocasiones ha llegado a 25 internos. Hay dos baños comunes para todos los detenidos.
La comida que reciben es la misma que la del batallón. El patio al que acceden tiene unos 12 metros de ancho por 15 de profundidad, donde hay una mesa de ping-pong.
Dentro del mismo edificio, pero separado por un tabique, hay una cárcel de idénticas características. En teoría, ahí debieran estar los oficiales de mayor rango. Sin embargo, esta parte del penal se encuentra vacía. Otra fuente del BPM cuenta que, a veces, cuando llega algún juez a inspeccionar las condiciones en que viven los militares de alta graduación, éstos son trasladados al lugar para que «hagan el teatro de que viven ahí». Después de la inspección regresan a la comodidad de sus cabañas.
MATRIMONIO EN LO CURRO
Aparte de las inmejorables condiciones de vida de los altos oficiales procesados, éstos también han obtenido franquicias especiales para salir del recinto militar.
El pasado viernes 7 de abril, el general Lizárraga asistió al matrimonio de su hija Carolina en la iglesia de la Sagrada Familia, de Lo Barnechea. Después de la ceremonia, la fiesta continuó hasta la madrugada en el Club Militar de Lo Curro. El padre de la novia se retiró del lugar a bordo de un auto con chofer y llegó al batallón pasadas las cinco de la mañana. El problema es que a esa hora, Lizárraga debía estar preso y no de parranda. El permiso que le otorgó el tribunal ordenaba que estuviera de regreso en «prisión» a las cuatro y media de la madrugada. El general cumplió a medias.
Tres días más tarde salió con permiso el brigadier Willike. En la mañana del lunes 10 de abril viajó a Valparaíso y volvió en la noche. El motivo: la operación de su mujer, afectada de cáncer. Razón esgrimida por el juzgado respectivo para concederle autorización. En contraste, los suboficiales recluidos no cuentan con este beneficio. Por ejemplo, a uno de ellos le fue negado el permiso para ir a ver a una hija gravemente enferma.
En todo caso, las excursiones fuera del batallón no son nuevas y le han provocado más de un dolor de cabeza al Ejército. Como cuando el 27 de diciembre de 2002, Álvaro Corbalán Castilla, condenado a cadena perpetua por el homicidio del carpintero Juan Alegría, fue descubierto cenando en compañía de sus tres custodios en el club de yates de Papudo.
Pillado en falta, este amante de la noche -que soñaba con ser cantante, pero terminó siendo asesino- argumentó, medio en broma medio en serio, que tenía ganas de seguir la farra de su cumpleaños, celebrado días antes en un edificio del BPM.
Un miembro del Comando de Telecomunicaciones recuerda que la fiesta fue en grande y contó con la asistencia, entre otros, de sus grandes amigos Tito Fernández, «El Temucano», y Patricia Maldonado, epítome de la farándula de la dictadura, quien habría ingresado en un furgón a seis mujeres para que bailaran y animaran el carrete de su camarada de los tiempos de Avanzada Nacional.
La opinóloga del matinal de Mega desmiente lo relativo a las danzarinas: «Nunca le he regalado una mina a nadie. Esa es la calumnia más vil que he escuchado en mi vida. Si le llevo regalos a un amigo, le llevaré un perfume, una camisa, una polera. No acostumbro regalar maracas, esos regalos los hacen los hombres».
Como sea, ese día Corbalán lo pasó bomba sin saber aún que sería su última fiesta en prisión. Tras el escándalo por la cena en Papudo, fue trasladado a Punta Peuco, donde los gendarmes no acostumbran a cuadrarse ante los presos.
«HASTA YO ME IRÍA PRESO»
El BPM es un lugar por donde pasan altos oficiales que se encuentran en proceso judicial. Las dependencias han sido ocupadas por Miguel Krassnoff, Raúl Iturriaga Neumann y otros próceres del régimen militar. Todos han gozado del mismo trato especial de Corbalán, Lizárraga, Covarrubias, Krumm y el general (R) Guillermo Letelier Skinner, junto con otros oficiales de menor jerarquía recién llegados al BPM por tráfico de armas a Croacia.
Los privilegios de los procesados fueron heredados del gallito del Gobierno de Eduardo Frei con el general Augusto Pinochet en 1995, cuando el Presidente decidió la construcción de Punta Peuco, el penal especial construido para albergar a Manuel Contreras y Pedro Espinoza.
El proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo estableció que la tuición de los condenados y procesados estaría a cargo de Gendarmería. Sin embargo, la iniciativa fue modificada.
Finalmente, sólo se logró que los militares condenados pasaran a la custodia de Gendarmería. Pero faltó piso político -por presiones de la derecha- para hacer lo mismo con los procesados, quienes mantuvieron el privilegio de ser resguardados por personal uniformado en dependencias militares.
Para cambiar el estatus del «personal en situación especial» y establecer que cumplan sus períodos de prisión preventiva en cárceles a cargo de Gendarmería, «bastaría un proyecto de ley de quórum simple», asegura el diputado Jorge Burgos.
La holgada situación de los recluidos en el BPM es «vox populi» en el Poder Judicial y genera malestar entre los jueces que investigan causas de derechos humanos. Varios de ellos preferirían que los militares tuviesen un régimen de prisión como el de los reos comunes, pues bajo las actuales circunstancias los procesados no tienen ninguna motivación para colaborar con sus investigaciones.
Un magistrado a cargo de un caso emblemático resume con ironía la irritación de sus pares: «Si estuvieran en la cárcel de San Miguel confesarían sus delitos a los tres días de presos. ¿Cómo van a hablar si en el batallón viven como en un hotel?. Los tratan por su rango y los atienden mejor que en su casa. Así, hasta yo me iría preso». Pese a las múltiples consultas y llamados de este medio, el Ejército mantuvo silencio.