No es casual la seguidilla de escándalos que revelan la corrupción que, en todas sus formas, está convertida en práctica cotidiana de los sectores dominantes del país. Por desgracia se trata, también, de un fenómeno que se extiende como mancha de aceite contaminando al conjunto de la sociedad. La avidez insaciable y la falta de […]
No es casual la seguidilla de escándalos que revelan la corrupción que, en todas sus formas, está convertida en práctica cotidiana de los sectores dominantes del país. Por desgracia se trata, también, de un fenómeno que se extiende como mancha de aceite contaminando al conjunto de la sociedad. La avidez insaciable y la falta de escrúpulos para acumular grandes fortunas de que hacen gala los ricos, contagia también a muchos pobres y sectores medios que luchan por sobrevivir en una realidad implacable con los más débiles. Se ven empujados a competir en los circuitos del abuso, la prostitución, el microtráfico o simplemente, la delincuencia. A vender su alma y su conciencia para obtener un lugar en la sociedad. El modelo capitalista neoliberal que nos gobierna desde hace casi 40 años, ha modelado a su imagen y semejanza un tipo de sociedad cuyo norte es el lucro y a la que no importan los métodos para alcanzar la máxima ganancia, única medida del éxito.
Se ha instalado una suerte de «cultura de la corrupción», que es el marco en que opera el modelo neoliberal hoy en crisis. En la medida que ese modelo manifiesta su fracaso, la corrupción aumenta porque la injusticia crece. La inmoralidad congénita del sistema produce graves distorsiones en las relaciones sociales y en las conductas de las personas. Antecedentes científicos irrefutables señalan que Santiago de Chile es la capital del mundo con mayor número de trastornos ansiosos y depresivos y que, como consecuencia, es el país de la OCDE donde más ha aumentado la tasa de suicidios, sobre todo de jóvenes. Esta es la resultante de una sociedad basada en el lucro, el egoísmo y la más despiadada competencia, que hace del ciudadano mayor de 45 años un objeto desechable, condenado al basurero de las vidas inútiles.
La corrupción ha tomado carta de ciudadanía en Chile. La derecha política -como antes hicieron la Concertación y la dictadura- se siente con derecho a la impunidad para proteger los negocios y negociados de su círculo de hierro. Paradojalmente, el pueblo votó por esta derecha conservadora creyendo que «los ricos no roban». Esa visión ingenua se desplomó a poco andar del actual gobierno, cuyos ministros y altos funcionarios provienen en su mayoría de la empresa privada. Se han hecho una práctica las coimas disfrazadas de comisiones en los negocios con el Estado, el uso de información privilegiada, la actividad de lobbistas inescrupulosos y las presiones desembozadas sobre gobierno y Parlamento. En los hechos, la derecha hoy en el gobierno controla el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, las policías, la Contraloría y el Congreso, este último gracias al sistema binominal y los quórums constitucionales que impiden hacer cambios que, por lo demás, ninguno de los dos bloques políticos guardianes del statu quo se plantea realizar. La Concertación, hoy en la oposición, se limita a azuzar la crisis a la espera de retornar al gobierno en 2014 para continuar enriqueciéndose y prostituyendo la conciencia ciudadana.
Así, se cierra la posibilidad de una reversión del sistema generador de corrupción y desigualdad que pudiera provenir de los partidos de la institucionalidad. La esperanza de rectificación profunda sólo puede avizorarse en el movimiento social, que impugna al sistema y que mediante la movilización está comenzando a fraguar una alternativa de cambio.
La corrupción durante la dictadura -y en años posteriores- se extendió a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pinochet dio el ejemplo haciéndose de una enorme fortuna cuyo monto exacto aún no se conoce. Pero el saqueo de fondos públicos se extendió a todas las ramas de las FF.AA. y la policía. Todavía se investiga la adquisición de fragatas para la Armada, la compra de aviones-chatarra en Bélgica para la Fach y la adquisición de tanques Leopard, dados de baja, para el ejército, amén de la aventura del Proyecto Rayo que repletó numerosos bolsillos castrenses y civiles. En el ejército incluso funcionó durante largo tiempo una especie de financiera informal que resultó una estafa para muchos oficiales de baja graduación.
En la policía y en Gendarmería las relaciones con el narcotráfico siguen preocupando, porque incluyen la desaparición de cientos de kilos de droga decomisada. Ni la Iglesia se ha librado de la peste de la corrupción, sacudida por casos de pedofilia amparados por algunos obispos.
La corrupción ahoga al país con el nauseabundo olor a chiquero que emana de la educación privada. Las denuncias del movimiento estudiantil contra el lucro, han quedado minimizadas ante la olla podrida que se ha destapado en la Comisión Nacional de Acreditación de las universidades. Los conflictos de intereses complican a ministros, altos funcionarios, directivas políticas, etc. Ha sido tan fuerte el remezón que ha provocado la renuncia de un ministro y una crisis en las relaciones con el gobierno de uno de sus partidos. En el negocio de la educación privada aparecen implicados todos los sectores políticos institucionalizados -desde la UDI al Partido Comunista- y confesionales, desde los Legionarios de Cristo a la Masonería. Dado este hecho, resulta imposible creer las promesas de rectificación y depuración del sistema de acreditación que están haciendo las autoridades.
En la tramitación de las leyes es un secreto a voces la presión de empresas como las pesqueras y tabacaleras. El escándalo de Agrosuper -que causó la rebelión de la población de Freirina- se arrastra desde el gobierno de Ricardo Lagos, pero sólo ahora se ha revelado que la empresa -generosa hada madrina de variados candidatos a cargos de representación popular- violó los compromisos medioambientales e instaló un plantel para criar cientos de miles de cerdos envenenando el aire, el agua y la tierra de Freirina.
El escándalo de La Polar, a su vez, puso en evidencia una compleja maquinaria para engañar a más de un millón de personas manipulando sus deudas. El crédito y sus trampas se han convertido en una horca para miles de familias, cuyos ingresos se destinan en más del 60% a pagar deudas interminables. La colusión de las cadenas de farmacias para manipular los precios de los medicamentos, puso al descubierto una forma criminal de maximizar ganancias a costa de la salud de la población. En el área energética la paralización de HidroAysén no significa que se haya abandonado el proyecto de consorcios gigantescos que intentan redoblar sus ya inmensas utilidades. Ahora el gobierno busca -a través del Consejo de Ministros- eludir las objeciones a las termoeléctricas, como acaba de ocurrir con la planta Punta Alcalde, en Huasco. Y no son casos únicos. Los empresarios de la construcción continúan haciendo lo que quieren, sus edificios se derrumban, los planos reguladores de las ciudades se modifican a su antojo y se infla una burbuja inmobiliaria que puede provocar una crisis gigantesca, afectando a miles de deudores hipotecarios. El Transantiago sigue agobiando la vida de los santiaguinos, porque el gobierno no se atreve a tomar el control del transporte público, hoy en manos de concesionarios que relegan el buen servicio a un lugar secundario respecto a las ganancias.
El modelo neoliberal produce consecuencias funestas en países como el nuestro, en que los ricos están acostumbrados a imponer su voluntad y el Estado es incapaz de establecer mecanismos efectivos de control y de sancionar en forma ejemplar a los infractores.
La corrupción se ve alimentada por el afán de lucro convertido en paradigma. Su magnitud y penetración en vastos sectores sociales se constituye en instrumento de presión que, llegado un momento, se desbordará y actuará sin control, como ya ocurre en otros países dominados por las mafias y el crimen organizado. Es irritante que algunas transnacionales que operan en Chile ganen en un año más que el total de sus inversiones durante todo un decenio. El aumento geométrico de las ganancias de bancos, Isapres, AFPs, mineras, forestales, etc., que permiten comprar el vasallaje de autoridades, parlamentarios y medios de comunicación, desafía toda racionalidad y sentido de justicia en un país como Chile con dramáticas carencias en salud, educación y vivienda. La voracidad del sistema mueve las aspas de la corrupción y deforma de modo perverso los valores de solidaridad que necesita una sociedad para crecer en paz y con justicia. Sólo un proyecto histórico basado en una rigurosa ética solidaria -que haga del compartir un ideal de vida- podrá rescatar a Chile del pantano pestilente en que se encuentra.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 773, 21 de diciembre, 2012
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