A las franjas activas de los pueblos, a las y los luchadoras/es populares y trabajadoras/es.
Ad portas de la asunción del nuevo gobierno este 11 de marzo, rechazamos categóricamente todo intento, por parte de esa nueva administración, de apropiarse del espíritu de la revuelta popular que abrió un nuevo período político en Chile; sus promesas populistas, sus discursos inclusivos y su estilo informal, no son más que intentos por disipar el descontento y desconfianza masivas que existe hacia el actual sistema político. Este nuevo gobierno es resultado directo del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 y no de la revuelta; y por acción y omisión, prevemos será la continuidad de los 30 años de gobiernos de derecha neoliberales.
El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado por la élite política y económica ese 15 de noviembre, explícitamente buscó encauzar el descontento invisibilizando las propuestas de la gran mayoría de las organizaciones populares; permitió restablecer el corrupto y deslegitimado sistema político; postergó indefinidamente las demanda por cambios estructurales que se venían exigiendo en las calles hace ya varios años, y salvó el pellejo del criminal Sebastián Piñera posibilitándole continuar su gestión a pesar de los sistemáticos crímenes de lesa humanidad y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Al amparo de ese pacto por arriba, seguido de una política de control político-sanitario y por una avalancha electoralista, asistimos hoy a la recomposición del sistema político y la asunción de un gobierno que representa el continuismo del devastador patrón de acumulación que sigue estrangulando a nuestro pueblo y exprimiendo sus recursos. No nos extrañemos entonces por la pervivencia y extensión de las zonas de sacrificio, la destrucción de los ecosistemas y en general de la mantención del mega extractivismo y la explotación acorde a los intereses las grandes empresas, intereses que niegan la vida humana y natural. En el programa de Apruebo Dignidad no se tocan los intereses de los poderosos y los pilares que sustentan el modelo se mantienen: el rentismo anclado en la explotación de los bienes comunes, la flexibilidad del mercado de trabajo, la feminización del trabajo reproductivo y de cuidados, la apropiación forzosa de los ahorros de pensiones y el constante estímulo a la inversión extranjera por sobre el desarrollo nacional y comunitario.
Y en la esfera civil, se constata la indiferencia de prácticamente toda la elite “progresista” ante la prisión política, indolencia tanto frente a las y los prisioneros de la rebelión de octubre, las y los luchadores político-sociales que los antecedieron, y los del Wallmapu. La contracara ha sido la impunidad de los verdaderos violentistas: aquellos que violaron los derechos humanos de miles de personas durante la rebelión. Ya ni siquiera un susurro se escucha sobre la disolución de las mafiosas Fuerzas Armadas y Carabineros. Y la guinda de la torta: el anuncio de una política internacional ligada al imperialismo norteamericano y a las franjas más reaccionarias del progresismo latinoamericano.
El nuevo grupo que asumirá el estado es un recambio de la vieja tecno-burocracia ligada a la ex Nueva Mayoría, y que, a paso veloz, ha logrado constituirse en una elite “juvenil clasemediera”, con credenciales académicas en el extranjero y de perfil tecnocrático. Como nueva franja de poder, se sumará al entramado de los poderosos -conglomerados económicos, alto mando militar, dueños de grandes medios de (des)información, direcciones de partidos políticos, altos funcionarios de la corte suprema, etc.- dando vida a una mezcolanza tecno-burocrática muy lejana a las organizaciones populares y ajena al sufrimiento y las urgencias de los grupos más marginados. Por más que enarbole algunas banderas de los movimientos sociales, son la primera línea de la elite para restablecer la gobernabilidad neoliberal y cerrar la crisis del modelo por arriba.
Por ello, frente a este cambio con rostros juveniles y amables, toda ilusión será vana. Las organizaciones populares y en lucha, debemos recuperarnos, aprender de los errores y superar las debilidades que nos tienen hoy desmovilizados. Es necesario combatir el sectarismo y continuar con los esfuerzos de unidad política que se están llevando a cabo. Debemos no solo coordinar acciones y campañas, sino que también debatir las propuestas que hemos desarrollado en estos largos meses desde el 2019, y con ellas, combatir el desarme y la cooptación que seguramente intensificará la nueva coalición gobernante.
Es necesario reflexionar colectivamente ¿Qué grado de unidad se requiere para no padecer 30 años más de neoliberalismo, o algo peor?
La crisis política, económica, social y ecológica es de tal magnitud que en nada nos sirve esperar el fracaso del nuevo gobierno, para así, al paso del tiempo, se vuelva a acumular el descontento. Será demasiado tarde. Debemos acelerar nuestro proceso de organización y unidad táctica para afrontar este período construyendo la organización y unidad que no hemos logrado desarrollar entre octubre y el presente.
Convocamos a las organizaciones populares, colectivos y personas que se han declarado contrarios a la política del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que desconfían de las “soluciones” de la elite y comienzan a mirar críticamente los primeros consensos de la Convención Constitucional, a fortalecer la autonomía y organización popular, a esforzarse por la articulación y avanzar en el diseño y convocatoria a un Congreso de Unidad Política y Social de los Pueblos, instancia que permita dar un salto de conciencia y enunciar los lineamientos fundamentales de una alternativa de soberanía popular y desencadenar la lucha por la superación del capitalismo.
Contra el continuismo, a fortalecer la organización y vocación de lucha.
Libertad a todos los presxs políticxs ahora y sin condiciones.
A impulsar la unidad y la articulación popular.
Referente Político Social, RPS.
Chile-Wallmapu, marzo de 2022.