El proyecto auspiciado por el gobierno del presidente Ricardo Lagos crea una nueva modalidad de créditos provenientes del sector privado para estudiantes de institutos profesionales, centros técnicos y universidades particulares con el aval del Estado chileno. La decisión de la Cámara alta, que dejó lista la normativa para la promulgación del Ejecutivo, fue adoptada por […]
El proyecto auspiciado por el gobierno del presidente Ricardo Lagos crea una nueva modalidad de créditos provenientes del sector privado para estudiantes de institutos profesionales, centros técnicos y universidades particulares con el aval del Estado chileno. La decisión de la Cámara alta, que dejó lista la normativa para la promulgación del Ejecutivo, fue adoptada por 39 votos a favor y uno en contra, tras una encubridora maniobra de procedimiento para no dar oportunidad al movimiento estudiantil de manifestar su rechazo. El método aplicado buscaba evitar los violentos enfrentamientos de estudiantes y Fuerzas Especiales de Carabineros que han dejado un elevado saldo de lesionados y detenidos en las principales ciudades del país, especialmente en Santiago de Concepción. Los legisladores no pudieron impedir, sin embargo, que miles de estudiante universitarios de los planteles tradicionales desarrollaron una masiva jornada de protesta con un acto en el céntrico Parque Almagro, de esta capital.
Tras conocer la decisión del legislativo, los universitarios trataron de desplazarse hasta el Ministerio de Educación, pero fueron violentamente reprimidos por las fuerzas especiales con carros lanza agua y otros vehículos blindados. Los jóvenes ripostaron con bombas molotov, piedras y cuantos objetos contundentes encontraron a su paso, convirtiendo el centro de la ciudad en una verdadera batalla campal, que dejó un saldo de mas de un centenar de detenidos y numerosos lesionados. El ministro de Educación Sergio Bitar acusó a los estudiantes de egoístas, y dijo que el proyecto es una forma de «ampliar oportunidades a quienes no las tenían» y en caso alguno restar los beneficios actuales. El titular desestimó los temores de los dirigentes estudiantiles que afirman que la medida afectará los fondos solidarios que el Estado destina para esos fines y está encaminada a la privatizar paulatinamente la enseñanza superior.
El nuevo sistema presta una garantía estatal para los estudiantes de universidades particulares, institutos, centros de formación técnica y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, cuyas familias no pueden contar con un aval económico para financiar sus estudios. Uno de los puntos más polémicos señala que una Comisión a cargo de evaluar los antecedentes de los eventuales beneficiados, tendrá amplios poderes para priorizar los créditos teniendo en consideración las condiciones de empleo y remuneraciones de los egresados. Este es justamente el aspecto más criticados por los estudiantes del sector tradicional que temen la medida implique la virtual «privatización» de los planteles, dada la escasez de recursos para los fondos. A esto se suma la certeza de que los prestamistas discriminarán a los jóvenes que cursen carreras que tengan más bajos salarios. Mientras tanto el Consejo de Rectores, que reúne a las máximas autoridades de las 25 universidades tradicionales del país, difundió un comunicado en el que lamenta los incidentes de las últimas protestas, pero considera «atendible» las quejas de los estudiantes. El Consejo llama al Ministerio de Educación y al Gobierno a poner en práctica todas las acciones legales necesarias que reconozcan expresamente la existencia de los Fondos Solidarios (estatales) de créditos universitarios y una voluntad política de fortalecerlos.