El ex dictador Augusto Pinochet no está loco. Así lo estableció ayer el juez Juan Guzmán al procesarlo por su responsabilidad sobre nueve detenidos desaparecidos y un homicidio, todos crímenes cometidos bajo la impronta del Plan Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur para eliminar a sus opositores en […]
El ex dictador Augusto Pinochet no está loco. Así lo estableció ayer el juez Juan Guzmán al procesarlo por su responsabilidad sobre nueve detenidos desaparecidos y un homicidio, todos crímenes cometidos bajo la impronta del Plan Cóndor, la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur para eliminar a sus opositores en los años 70.
Después de casi cuatro años de escabullir su responsabilidad por los múltiples crímenes perpetrados durante la dictadura que encabezó entre 1973 y marzo del 90, parapetado en una «demencia cortical», finalmente ayer su trinchera se desplomó una vez más. Su nuevo procesamiento -que devela que Pinochet, de 89 años, aún controla sus esfínteres y mantiene un alto nivel de vigilancia- le ordena además permanecer en detención domiciliaria.
Mientras los abogados querellantes celebraban el fallo como «histórico», los defensores del ex dictador presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Corte de Apelaciones de Santiago y lograron frenar el arresto hasta que la Corte se expida. «El fallo sobrepasa los derechos humanos que tanto se pregonan en este país al someter a proceso a una persona que no está en condiciones de defenderse», alegó el abogado Pablo Rodríguez.
El juez Guzmán empezó a investigarlo a mediados de año, después de que la Corte de Apelaciones lo despojara de la inmunidad que tenía como ex presidente, decisión ratificada luego por la Corte Suprema. El mismo magistrado ya había arrestado y procesado a Pinochet por otra causa, la Caravana de la Muerte, pero en 2002 fue sobreseído por la Corte Suprema, que acogió un informe médico que le diagnosticó una demencia leve.
Pieza clave en la decisión del juez Guzmán de ayer, que contó con tres peritos médicos para adoptar una resolución, fue la entrevista que Pinochet concedió a un canal de TV de Miami el 24 de noviembre de 2003. Allí demostró gran capacidad cognoscitiva y habilidad -dice Guzmán en su fallo- al responder que «todo lo que se hizo, se hizo meditado». También lo demuestra cuando dice que los llamados «excesos» (crímenes y tortura) no obedecían a órdenes suyas, endosándoselos a «subalternos que actúan y se quedan calladitos».
Un segundo factor que influyó en la decisión de Guzmán fueron las respuestas que Pinochet dio al interrogatorio del juez Sergio Muñoz, quien investiga el origen de los 8 millones de dólares que el ex dictador ocultó en una cuenta en el banco Riggs de Estados Unidos. Allí demostró «coherencia, lógica, una memoria bastante acuciosa y precisión en sus respuestas», dice Guzmán.
Ocho de las nueve víctimas que ayer fueron mencionadas en el fallo fueron detenidas con la colaboración de la Policía Federal Argentina. El primero es Jorge Fuentes Alarcón, detenido en mayo de 1975, al ingresar a Paraguay proveniente de Argentina, junto al dirigente trasandino Amílcar Santucho. Fuentes fue después trasladado a Chile, a una de las tantas cárceles secretas de la DINA, la policía secreta de Pinochet; fue torturado y desaparecido en enero de 1976.
También puso su nombre en el juicio el que fuera fundador del MIR, Edgardo Enríquez, detenido en Buenos Aires el 10 de abril de 1976 por agentes de seguridad argentinos. Entre ellos, Osvaldo «Balita» Riveiro, quien el 27 de agosto de 1975, siendo el segundo jefe del SIE, entregaba a la DINA una completa información sobre la Junta Coordinadora Revolucionaria, la que también dio al coronel Podestá, agregado militar de Paraguay en Buenos Aires. Riveiro viajó a Santiago el 2 de setiembre de 1975, invitado por el jefe de la DINA con su esposa, y llevó como regalo la «relación completa de todos los chilenos ingresados a la Argentina después del 11 de setiembre de 1973». En uno de los mensajes entre el jefe de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel y su casa matriz en Santiago, se lee: Riveiro «tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay».
Por ello, Eduardo Contreras, abogado querellante, dijo ayer: «Es un fallo histórico que abre una nueva página en el Derecho Penal Internacional».