El Chile de hoy y su crisis Para entender lo que ocurre en Chile, en el plano económico y político, el análisis no puede estar ajeno a lo que acontece en el mundo. El carácter dependiente somete al país a los vaivenes externos aunque aún no lleguen a ser determinantes, por el momento. La crisis […]
El Chile de hoy y su crisis
Para entender lo que ocurre en Chile, en el plano económico y político, el análisis no puede estar ajeno a lo que acontece en el mundo. El carácter dependiente somete al país a los vaivenes externos aunque aún no lleguen a ser determinantes, por el momento. La crisis mundial y la chilena tienen diferentes naturalezas, pero transcurren de forma paralela y van convergiendo además de retroalimentarse. La diferencia entre ambas reside en que la de los países imperialistas está determinada por una sobreproducción de capitales y mercancías que no encuentran mercado. Con la globalización, con la caída del campo socialista y la penetración de la economía china al mercado mundial de capitales, el capitalismo terminó de coparlo imponiendo su propio límite en la continuidad. En cambio, la crisis que sufre Chile es producto del auge económico y se refleja principalmente en los altos requerimientos -por parte de los mercados internacionales – de las materias primas chilenas, lo cual ante el acelerado desarrollo le genera una incapacidad estructural para cumplir dichas exigencias. Las consecuencias son una depredación salvaje del medioambiente, un acelerado deterioro del modo de vida de la población, una desvalorización de la economía y mercado interno, amén del poder adquisitivo de la mayoría de la población.
La necesidad de un ritmo de crecimiento económico más elevado en el país y las pocas posibilidades reales de que ello ocurra, llevan a un punto crítico la continuidad de esa expansión. La causa del estancamiento económico se debe por un lado, a las limitantes energéticas, técnicas, laborales, de servicios y sociales, y, por otra parte, a la disminución de la demanda de materias primas -principalmente de China – reflejada en bajas abruptas de los precios.
El rol de del gobierno y de la «Nueva Mayoría» es destrabar la economía para mantener un elevado crecimiento o suavizar el impacto de la crisis inminente. Todas las políticas y reformas orientadas a este fin son insuficientes. La superestructura jurídica instalada a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet para sostener el modelo neoliberal, la fuerte ideología clasista dominante y el odio a todo lo que huela a progresismo y socialismo, han impedido cualquier evolución que permita paliar las penurias del pueblo que se van agravando a galope.
La reforma tributaria no sale del marco de maniobras técnicas para recaudar mayores fondos, con el fin de poder realizar reformas en otros ámbitos pero que, a final de cuentas, perjudicará a la mayoría de los pequeños y medianos empresarios. El gran capitalista no se verá afectado, cualquier pérdida la suplirá a costa de los trabajadores y pequeñas empresas.
La necesidad de políticas que beneficien al conjunto de la sociedad y disminuya en algo la enorme brecha de desigualdad entre los que más ganan y los pobres, por lo menos en materia tributaria, exigía la aplicación de impuestos progresivos, o sea el que más gana más paga. Única forma para poder hacer algo en la redistribución de los ingresos. Cualquier reforma dentro de este sistema político, jamás afectará a los grandes capitalistas ni evitará la hecatombe económica y política.
De la misma manera la reforma educacional jamás podrá lograr los objetivos exigidos de gratuidad y calidad si no está inserta dentro de un plan económico integral, acorde con las necesidades del país. Para esto se requiere cambios políticos profundos, revolucionarios. La educación, colocada al servicio del mercado, dejó la función de formar profesionales al servicio de la economía e intereses del país, pasando a ser una mera generadora de plusvalía con las consecuencias que todos conocemos. En estas condiciones, para restituir su rol esencial, no basta subsidiarla, es indispensable vincularla a la economía y a toda la vida social del país. Eso solo es posible transformando el modelo económico y político del país. Realizando cambios revolucionarios en todas las instancias del Estado, su economía y relaciones sociales.
Al igual que en la educación, en la salud se ve el mismo fenómeno, un centro de enriquecimiento de unos pocos a costa de los enfermos. Las constantes reformas del sistema de salud no han resuelto ni logrado mejorar en un ápice la atención y seguridad sanitaria. Por el contrario, el alto grado competitivo y estresante del sistema económico es solo un generador de enfermedades físicas y psíquicas del cual el sistema de salud se lucra. Este requiere de transformaciones revolucionarias donde los pacientes dejen de ser un elemento de obtención de ganancias. Es un deber del Estado velar por la salud de su población y no de transformarlo en un centro empresarial.
El constante aumento de la desigualdad entre el sector asalariado, los pequeños y medianos empresarios frente a los sectores ligados al gran capital es fuente permanente de conflictos y movilizaciones sociales. La reforma laboral planteada es el intento de suavizar o neutralizar el malestar incorporando a más sectores a organizaciones sindicales. La cooptación de los dirigentes permite manejar con mayor facilidad a grandes masas de trabajadores. Pero no va a disminuir la brecha entre capitalistas y trabajadores. Las reformas planteadas no pueden amenazar el modelo económico de libre mercado sobre el cual se sustenta el Estado, su constitución y «democracia». Solo el 11% de los trabajadores están sindicalizados y la capacidad negociadora de las centrales sindicales abarca a un 15%. El resto del 85% de los trabajadores debe conformarse con lo que decidan los dirigentes sindicales que mayormente son cooptados por la clase política.
Cambiar el sistema binominal por uno representativo para lograr una mayor y mejor democracia, es utopía. Es imposible que los múltiples intereses del pueblo sean representados solo con el aumento del número de parlamentarios. Las nuevas economías, por la multiplicidad de nuevas ramas y relaciones de producción que, a su vez, de forma proporcional elevan la cantidad de intereses individuales y grupos sociales, requieren de democracias participativas. Una democracia participativa sólo es posible si existe un gobierno de la mayoría, que incorpore los intereses de toda la población en sus políticas. La «apatía» electoral cada vez más creciente no es por falta de interés político, es por desconfianza y rechazo a la clase política y sistema político vigente. Si en las elecciones un poco más del 50 % no votó por ningún candidato, hoy, según encuestas, el rechazo a la clase política está entre el 60 y 70 por ciento. No obstante estos resultados, ésta quiere mantener a toda costa el modelo en crisis porque vive de él y para él. No pretende ni piensa cambiarlo aunque se caiga a pedazos.
La «clase política», hay que entenderla como el conjunto de personajes y partidos políticos insertos en el sistema, del cual lucran a sabiendas y a destajo. Es una casta social cooptada y corrompida por el sistema pues de él vive y se nutre. A sus integrantes para nada les interesa el cambio del modelo, excepto para incrementarlo y poderle sacar mejores beneficios. La tan cacareada Asamblea Constituyente se ha convertido en un instrumento de manipulación política que si se llegara a realizar sería a beneficio de los mismos que están gobernando.
Una nueva Constitución solo es posible con un nuevo sistema de participación popular, por niveles y a través de todo el país. Solo una revolución en todas las instancias del Estado puede lograr la realización de una Asamblea Constituyente que incorpore los intereses de la mayoría de nuestro pueblo.No puede la institucionalidad vigente asumir el rol de convocar ni de instituir dicha asamblea. El parlamento, el poder judicial, las FFAA y el gobierno deben inhabilitarse en la participación del reordenamiento democrático de nuestra sociedad. El intento de mantener lo «vigente» solo puede conducir a alargar y profundizar la debacle con su consecuente mayor violencia.
Con estos antecedentes no es de difícil pronosticar que la actitud del gobierno y sus partidos será enfrentar los crecientes conflictos sociales tomando medidas con reformas de medias tintas; recurrir en el ámbito internacional buscando alianzas que contribuyan a la mantención del modelo y generar condiciones para la continuidad superando los conflictos internos de la coalición que son directamente proporcionales a los que existen en el país.
Todos los eventos políticos que vienen, como las elecciones municipales y después las presidenciales, serán centros de acondicionamiento, manipulación de conciencias y reclutamiento para las diferentes alternativas del continuismo. El pragmatismo de Bachelet y su afán de ser una personalidad mundial es lo que permite mantener unido al conglomerado del gobierno. Esta filosofía de la conveniencia en situaciones de crisis es muy peligrosa y nociva. Ante la caída de los precios del cobre, las guerras son «bienvenidas» pues aumentaría la demanda, por lo que no sería difícil inferir que las alianzas serán con los sectores guerreristas o con sus políticas.
La agudización de los problemas sociales y la incapacidad del gobierno por superarlos irán generando una mayor animadversión por el sistema político vigente y sus acólitos. El descrédito y la descomposición de la «clase política» hacen de las «personalidades» carismáticas y fuertes, seguros candidatos a las elecciones presidenciales. La demagogia y manipulación mediática serán los principales ingredientes de las campañas políticas. La inclinación hacia propuestas populistas será la tónica principal. La derecha igualmente recurrirá a propuestas demagógicas ante la crisis ideológico-política en que está sumida, producto del desastre que sufre el modelo neoliberal. Si ésta y su candidato no despegan, surgen alternativas populistas junto a la Nueva Mayoría, como la que se asoma con Marco Enríquez-Ominami.
Es ambigua la definición de populismo, pero se puede entender como corriente política inspirada en la voluntad del pueblo que se mantiene dentro de los marcos del sistema vigente con excepción de situaciones revolucionarias en que asumen un accionar independiente. La orientación del pueblo hacia políticas populistas es movida por los intereses más inmediatos que suelen ser posturas contrarrevolucionarias. Todos los dictadores se han apoyado en políticas populistas. En menor grado, también sectores progresistas se han impulsado por estas políticas y doctrinariamente son su fundamento.
Aunque una dictadura militar o un gobierno civil instaurado por los militares no son viables en estos momentos, los nuevos métodos usados para su ejecución, como en Honduras y Paraguay, ante una crisis de ingobernabilidad lo pueden validar como alternativa. Un golpe institucional con el fin de aumentar la represión para neutralizar a las masas y cualquier impulso revolucionario.
Se impone el miedo, la inseguridad, la sensación de represión en todos los ámbitos, sobre todo en el laboral.
Sobre Chile se cierne una situación difícil, lo que requiere decisiones y medidas heroicas.