El 11 de septiembre de 1973, Pinochet y los otros tres oficiales traidores que comandaban la marina de guerra, la fuerza Aérea y el cuerpo de Carabineros, declararon que estaban en guerra, que el país estaba en guerra contra el marxismo «lininismo»-como repetía Pinochet vestido con uniforme de combate, y las hordas militares empezaron a […]
El 11 de septiembre de 1973, Pinochet y los otros tres oficiales traidores que comandaban la marina de guerra, la fuerza Aérea y el cuerpo de Carabineros, declararon que estaban en guerra, que el país estaba en guerra contra el marxismo «lininismo»-como repetía Pinochet vestido con uniforme de combate, y las hordas militares empezaron a asesinar, torturar, hacer desaparecer chilenas y chilenos, además de robar los bienes de todos los que caían en sus manos.
Cuando los muertos se sumaban por cientos, la justicia chilena fue ciega, sorda y muda. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal chileno eran -y muchos lo son todavía- ultra conservadores, abiertos simpatizantes del fascismo, y estaban unidos por un odio ancestral a la clase obrera chilena. Cuando los muertos y los desaparecidos sumaron miles, los jueces chilenos decretaron que todo era una invención de los enemigos de la patria.
Los jueces chilenos, señores de horca y látigo, siempre soñaron con que el País se rigiera como en los tiempos de la colonia: los señores de las cuarenta familias dueños del país debían mandar, y el resto de los chilenos obedecer. Sobre esa inmunda base se legislaba, sobra esa nauseabunda teoría se «hacía justicia» en Chile.
Los jueces chilenos, los que fueron miembros de la Corte Suprema durante los 16 años de la dictadura, fueron todos prevaricadores, sin excepción, fueron cómplices de las torturas, de los asesinatos, de la desaparición de personas. Sabían perfectamente lo que hacía la soldadesca y no hicieron nada, porque ellos también declararon que el país estaba en guerra.
¿Quiénes eran estos jueces? Latifundistas o parientes de grandes terratenientes que odiaban la idea de una reforma agraria. Homófobos homosexuales que soñaban con campos de concentración para gays y lesbianas. Católicos de misa diaria, cada uno con una foto junto al Papa en su escritorio. Es decir una pandilla de degenerados en cuyas manos estaba el poder de negar la justicia a los pobres, a los humillados, a los que sudaban para pagar sus lujos y excentricidades.
Ellos avalaron el estado de guerra, ellos ayudaron a identificar «al enemigo», es decir a los militantes de la Unidad Popular, a los Comunistas, Socialistas, militantes del MIR, curas progresistas, jóvenes, y hasta niños. Y al enemigo había que aniquilarlo.
El 5 de octubre de 1973, Ricardo Gustavo Rioseco Montoya, un estudiante de la Universidad Técnica, de 22 años, llegó a Angol,en el sur de Chile, para saber de su padre, un dirigente comunista arrestado por los militares y que, supuestamente, se encontraba en el cuartel del regimiento «Húsares de Angol». A las 4 de la tarde de ese día, el estudiante fue detenido en una calle, a la vista de muchas personas, por soldados del ejército chileno. A golpes lo subieron a un camión militar y se lo llevaron.
Una hora más tarde, cuando había empezado el toque de queda, esas horas siniestras en las que sólo los asesinos podían moverse por las calles de Chile, la patrulla militar que detuvo al estudiante se topó con un niño de 15 años, Luis Cotal Álvarez, que caminaba apresuradamente hacia su casa. A golpes lo subieron al camión, y desaparecieron.
Treinta años más tarde, se supo que esa patrulla militar los llevó hasta un almacén de materiales de construcción, ahí, fueron sometidos a toda clase de torturas, y finalmente los asesinaron a tiros. Sus cuerpos fueron ocultados, nadie los vio, no hubo velatorio ni entierro, pero según la versión oficial del ejército chileno, versión avalada por la Corte Suprema de Justicia, el estudiante y el niño habrían sido fusilados, luego de un juicio militar, porque los dos eran guerrilleros que habían intentado asaltar el cuartel de los «Húsares de Angol».
Un estudiante de 22 años y un niño de quince, habían atacado a los más de dos mil hombres armados del regimiento «Húsares Angol».
El hombre que ordenó que fueran torturados, y asesinados, y que más tarde inventó la historia del ataque al cuartel, era el coronel de ejército Joaquín Rivera González. Así se llama aún el que comandó a los torturadores y a los asesinos de un estudiante y un niño.
Angol está en el profundo sur de Chile, la mayoría de sus habitantes son mapuches. Nadie recuerda que alguna vez el regimiento haya sido atacado. Pero los jueces de la Corte Suprema de justicia chilena dijeron entonces que aquel estudiante y aquel niño, eran «el enemigo», y por lo tanto era legal según las leyes en tiempo de guerra que, una vez apresados y juzgados por una corte marcial, hubieran sido fusilados. Pero no dijeron cuándo fue el ataque, no dijeron cuándo y donde se realizo el juicio marcial, ni si tuvieron defensores, tampoco indicaron cuándo fueron fusilados ni que ocurrió con sus cuerpos.
Y en Angol, en el profundo sur de Chile, nadie recuerda los fusilamientos de un estudiante y un niño.
Sin embargo, los padres, los familiares del estudiante y el niño, ayudados por organizaciones de defensa de los derechos Humanos, consiguieron que el coronel Joaquín Rivera González fuera sometido a juicio, treinta años más tarde, por los delitos de secuestro y homicidio. Sobre el criminal pesaba una posible condena a 10 años de cárcel que debía ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Diez años de cárcel por secuestrar, torturar, asesinar, hacer desaparecer a un estudiante de 22 años y a un niño de quince.
Pero la Corte Suprema de Justicia consideró que esos delitos no existen, pues los soldados secuestran, torturan, asesina, hacen desaparecer los cuerpos, solamente cuando hay una guerra. Recién, los chilenos acabamos de saber que, sin embargo de todo lo que se nos dijo durante dieciséis años, no hubo una guerra, no hubo ninguna guerra, nunca el ejército estuvo el guerra y por lo tanto el coronel Joaquín Rivera González es inocente como un recién nacido.
La declaración exculpatoria de los jueces de la Corte Suprema es digna de la enciclopedia universal de la infamia: «La ocurrencia de acciones contra la integridad física de las fuerzas armadas, de Carabineros y de la población en general, cuya veracidad no está en duda (es decir que el estudiante y el niño sí atacaron el cuartel de los Húsares de Angol), no es a juicio de estos sentenciadores, suficiente razón para tener por establecido que en Chile existía un conflicto armado no internacional, en los términos del artículo 3 de la Convención de Ginebra, el día 5 de octubre de 1973, fecha en que perpetraron los hechos».
Según la Convención de Ginebra los crímenes de guerra no prescriben. Según los jueces chilenos, entre el 11 de septiembre y el 4 de Octubre de 1973 si existió un estado de guerra. Y también a partir del 6 de Octubre de 1973 y hasta finales de 1989 hubo un estado de guerra. El estudiante y el niño fueron asesinados el día 5 de octubre, el único día en que no hubo guerra.
Este resolución de la justicia chilena es una burla al sentido universal de la justicia. No puede ser ignorada. Debemos hacer algo.
– Luis Sepulveda es escritor y adherente de ATTAC
Gijón, España, 6 de agosto de 2005