No deja de sorprender que Chile haya quedado por atrás de países como Tanzania, Honduras o Palestina al evaluar si su sistema educativo garantiza un estándar mínimo de Derecho. El estudio comparativo internacional, en el que participaron 15 países, evidencia la precaria situación del sistema público de educación nacional. Desde hace más de 10 años […]
No deja de sorprender que Chile haya quedado por atrás de países como Tanzania, Honduras o Palestina al evaluar si su sistema educativo garantiza un estándar mínimo de Derecho. El estudio comparativo internacional, en el que participaron 15 países, evidencia la precaria situación del sistema público de educación nacional.
Desde hace más de 10 años que el debate nacional ha estado marcado por lo educativo. La lucha por el derecho a la educación lleva tiempo instalada en nuestro país y es un tema candente también en Latinoamérica y el mundo.
Dentro de este contexto es que el 2017, tras un estudio piloto el año anterior, se publicaron los resultados del Índice del Derecho a la Educación, un estudio comparado de carácter internacional en el que se analizaron diversos aspectos en torno al los sistemas educativos de 15 países en el mundo, resultando Chile en el último lugar, detrás de países como Canadá, Honduras, Indonesia y Etiopía, entre otros.
Investigando el derecho a la educación en Latinoamérica
El abordar la educación desde un enfoque de derechos no es un algo nuevo en la región. En la última década se han realizado distintos intentos por establecer un indicador que permita entregar un monto que asegure el derecho a la educación.
Ya el año 2009 se elaboró el Índice de Financiamiento para la Equidad y la Calidad de la Educación Pública en Argentina (IFECEP), intentado establecer un indicador de cuánto sería necesario invertir anualmente para sostener una escuela con ciertas características deseadas. En ese mismo tiempo, se discutía en Brasil sobre el «Costo Alumno-Calidad Inicial: hacia la educación pública de calidad en Brasil» (CAQi) y cuál es la inversión mínima que se debe realizar por cada estudiante para que se amplíe el acceso y se asegure una mejora en la calidad educativa.
Esfuerzos como estos eran mirados atentamente desde Chile, en donde ya para el 2011, paralelamente a las intensas movilizaciones estudiantiles que se vivían en el país. El Foro Chileno por el Derecho a la Educación promovió entre sus organizaciones la posibilidad de avanzar en la dirección de construir indicadores sobre el Derecho a la Educación. Fue así que organizaciones como el Observatorio Chileno de Políticas Educativas (OPECH), Fundación SOL y la Cooperativa de trabajo Centro Alerta, con el apoyo de UNESCO, se articularon en torno a la investigación del financiamiento educativo y el derecho a la educación.
Es en el marco de este proceso investigativo conjunto que surgieron algunos frutos como la elaboración del documento «¿Cuánto cuesta la escuela que queremos? Propuesta participativa de financiamiento para la educación pública en Chile». Esta propuesta pensada para la política pública esperaba ser una metodología para definir el financiamiento de la educación pública en estrecha relación con las comunidades educativas. ¿Cuál es financiamiento necesario para asegurar estándares mínimos que garanticen el derecho a la educación? La respuesta a esta pregunta requería más que expertos. Era necesaria la experiencia de los actores educativos involucrados.
Aparece RESULTS
Es luego de este periodo que aparece en escena RESULTS . Esta organización buscaba elaborar un Índice para comparar como en los distintos sistemas educativos se realizaba o se hacía efectivo el Derecho a la Educación a través de indicadores (RTEI). En su búsqueda, encontraron a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación ( CLADE ) , del cual el Foro Chileno es parte. De esta forma, Chile participó en las ediciones 2015 y 2016 recogiendo la experiencia y el trabajo investigativo previo en torno al financiamiento y la institucionalidad de nuestro sistema educativo. De esa manera se realizó un estudio comparativo en que se analizaron los sistemas educativos de 15 países en el mundo.
De las 4-A de Tomasevski a las comunidades educativas chilenas ¿cómo se realizó el estudio?
Uno de los planteamientos que está a la base de la investigación propiciada por RESULTS es lo que en el mundo educativo se conoce como las 4A (en base a las iniciales de los conceptos en inglés), planteados por la Dra. Katarina Tomasevski, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas. Las 4A son criterios que permiten pensar, evaluar y tomar decisiones en torno a distintas dimensiones de los sistemas educativos, teniendo los Estados un rol preponderante en su cumplimiento. Estos indicadores o dimensiones son la Asequibilidad (Disponibilidad), Accesibilidad, Aceptabilidad y Adaptabilidad. Fue considerado en este estudio otro criterio, la Gobernanza, que incluye aspectos como acuerdos internacionales, resguardos legales y la planificación educativa nacional. Estas 5 dimensiones constituyen un marco teórico aceptado en el mundo para pensar una Educación ajustada a Derecho.
El equipo Chileno, constituido por la mesa de investigación del Foro por el Derecho a la Educación, recopiló la información sobre los distintos indicadores requeridos para el índice y emitió un informe, que fue revisado por expertos de Centros de Investigación en Educación y del Ministerio de Educación Chileno, así se validó la información obtenida. Finalmente, procedieron a asignar los puntajes para cada una de estas dimensiones, publicando el informe en 2016.
Chile en último lugar: Derecho a la Educación en peligro
Con el informe de RESULTS del año 2016 se pudo tener un panorama claro del resultado de los demás países. Las conclusiones estaban claras, Chile quedaba en último lugar, de los 15 países, presentando serias deficiencias en lo que al resguardo del derecho a la educación se refiere ¿Qué llevó a esto?
El equipo de investigadores chilenos señala que el estudio permitió comprobar que no existe el derecho a la educación en Chile con respaldo constitucional. En efecto, como lo señala Rodrigo Sánchez, miembro del equipo chileno de investigación: «Todo esto es posible porque el Derecho a la Educación no está garantizado constitucionalmente. La Constitución de la República que surgió en el periodo dictatorial, otorga garantía constitucional a la libertad de enseñanza, y esta tiene supremacía por sobre el Derecho a la Educación. Esta anomalía jurídica imposibilita a la ciudadanía, -salvo que se recurra a organismos competentes en Derecho internacional- a exigir ante tribunales nacionales a la educación como un derecho humano fundamental. A partir de esa raíz es que se implementaron en dictadura y el periodo post-dictadura, múltiples políticas tendientes a la masiva privatización del sistema educativo en sus distintos niveles y a su (des)regulación principalmente bajo parámetros de mercado».
Otro aspecto que ejemplifica esto y que perjudica la evaluación de nuestro país es la inexistencia de un Plan Nacional de Educación -como es lo usual en casi todos los países del mundo- lo que de existir permitiría, según otro investigador del equipo y miembro del OPECH, Juan González, «discutir y planificar los objetivos y el desarrollo del sistema educativo del país . La ausencia del Estado y por lo tanto, de la sociedad organizada en su conjunto en la definición de las orientaciones centrales del sistema educativo, ha afectado seriamente la pertinencia y proyección de nuestro sistema educativo como un bien común, cuyos objetivos deben ser sometido a deliberación democrática y, a su vez, constituir un compromiso social de y para todos/as los/as chilenos/as. Desde 1973 a la fecha Chile no posee un Plan Nacional de Educación, entendiendo con esto una planificación con objetivos y metas establecidos con la participación de la ciudadanía».
De la misma manera, el rol subsidiario del Estado se ha hecho cada vez más notorio, abandonando su papel como garante del derecho a la educación, que de paso ha sido resignificado como un bien de consumo. Diferentes áreas que antes eran administradas por el Estado ahora son manejadas por privados. No solo la matrícula manejada por privados sobrepasa el 60%, la elaboración de textos escolares está en manos de privados, la alimentación escolar, los servicios de asesorías técnica a los colegios, la formación y perfeccionamiento de los/as docentes, etc. Es decir temas estratégicos de la educación que deben dar pertinencia a nuestro sistema educativo, son susceptibles de ser indebidamente influidos por la lógica del lucro y el mercado.
Desde que apareció el informe, la situación del país habría empeorado con las últimas reformas realizadas en lo que a políticas educativas se refiere. Según Diego Parra, también integrante del equipo de investigación y miembro de Centro ALERTA, «existen falencias claves en el sistema educativo chileno que devela el instrumento, al hacer un estudio comparativo, por ejemplo en las dimensión de aceptabilidad queda en evidencia una política educativa que no aborda la diversidad cultural (mapuches, rapanui, gitanos, migrantes, etc.) existente en nuestro país. De la misma manera, en la dimensión adaptabilidad se demuestra la falta de pertinencia que las pruebas estandarizadas de evaluación tienen respecto a la amplitud y multiplicidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes en Chile, tales como el SIMCE». De esta manera, frente a los procesos de privatización a los cuales no se les ha puesto obstáculos, este estudio internacional constata que Chile va en sentido contrario respecto al resguardo del derecho a la educación.
El 20 de Abril se hará una presentación de la metodología y de los resultados, a las 18 horas en la Casa del Maestro ubicada Catedral 2395, Santiago
Para entrevistas u otros detalles de la investigación contactar a : Dr. Diego Parra miembro Centro ALERTA e Investigador Mesa Investigación Foro por el Derecho a la Educación +56 9 6834 3866 Rodrigo Sánchez miembro de OPECH e Investigador Mesa Investigación Foro por el Derecho a la Educación +56 9 90156002
Comité Ejecutivo Foro por el Derecho a la Educación
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