Tiempo atras el Comandante de la II Division del Ejercito, de la Guanicion de Santiago, y tambien Juez Militar, General Miguel Trincado Araneda, visito en su casa al Director General de la Policia de Investigaciones, Sr. Arturo Herrera Verdugo. Este hecho, de por si curioso, tuvo caracteristicas aun mas sorprendentes cuando se supo que el […]
Tiempo atras el Comandante de la II Division del Ejercito, de la Guanicion de Santiago, y tambien Juez Militar, General Miguel Trincado Araneda, visito en su casa al Director General de la Policia de Investigaciones, Sr. Arturo Herrera Verdugo. Este hecho, de por si curioso, tuvo caracteristicas aun mas sorprendentes cuando se supo que el motivo de la visita del General Trincado al Director de la Policia Civil tenia por objeto pedirle que, haciendo uso de su cargo, cambiara un informe policial que lo inculpaba de la exhumacion ilegal, destruccion, y desaparecimiento de los restos de 26 ejecutados politicos de Calama (fueron lanzados al mar desde un avion de transporte C-47 de la FACH).
El informe habia sido elaborado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policia de Investigaciones a partir de ordenes de investigar emitidas, primero por el ex Magistrado Juan Guzman, y posteriormente refrendada por el Ministro Victor Montiglio.
Los hechos, de acuerdo a este informe policial, habian ocurrido a fines de 1975 o a principios de 1976, siendo parte de una operacion mayor, ordenada por el entonces Comandante en Jefe del Ejercito, General Augusto Pinochet, que se conocio como «Operacion Retiro de Televisores».
En esa epoca el General Miguel Trincado tenia el grado de teniente y estaba al mando de la Seccion de Inteligencia del Regimiento de Calama. Haciendo uso de un camion del Ejercito, y con un peloton de soldados bajo su mando, el teniente Trincado primeramente ubico el lugar de entierro, para despues proceder a desenterrar los restos humanos, a ensacarlos, y a transportarlos al avion de la FACH que esperaba en el aeropuerto de Calama. Desde dicho avion los restos humanos correspondientes a 26 personas que habian sido fusiladas o asesinadas por efectivos militares, en Calama, despues del golpe de estado de 1973, fueron lanzados al mar.
Estos hechos, la remocion ilegal de cuerpos en el Cerro Topater en Calama, estaba tambien siendo paralelamente investigado por la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Magistrado Rosa Maria Pinto.
El informe tecnico preparado por la Brigada de Derechos Humanos de la Policia de Investigaciones llego a conocimiento de su Director General, el Sr. Arturo Herrera, quien dio ordenes inmediatas para que el informe tecnico fuera alterado en su contenido y que el nombre de Trincado fuera omitido por cuanto Herrera lo consideraba inocente.
El autor del informe, el Comisario Abel Lizama, fue presionado para que procediera a redactar un segundo informe tecnico alterando las conclusiones que se explicitaban en el primero. Se pretendia que el nuevo informe consignara la inocencia de Trincado en los hechos investigados.
Lizama se nego a ejecutar la orden del Director de la Policia Civil, aduciendo que no tenia facultades para alterar un informe tecnico, y que ello le correspondia al Jefe de la Unidad, el Comisario Sandro Gaete. Al ser requerido Gaete en el mismo sentido, vale decir, que procediera a alterar el informe tecnico por orden del Director General, Gaete se nego de plano. De haberlo hecho habria cometido un delito.
La actitud asumida por Gaete y Lizama fue respaldada por el Prefecto Rafael Castillo, entonces Jefe de la Brigada de Asuntos Especiales y DDHH de la Policia de Investigaciones, y superior inmediato de Gaete y de Lizama.
Posteriormente el Prefecto Castillo, como asimismo los Comisarios Gaete y Lizama declararon ante la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Magistrado Rosa Maria Pinto, respecto del contenido del informe elaborado y tambien de las presiones recibidas del Director General de la Policia de Investigaciones para que el informe fuera cambiado, liberando de responsabilidades y exculpando al General Miguel Trincado.
Basada en este informe tecnico, la magistrado Rosa Maria Pinto resolvio procesar al General Miguel Trincado, lo que significo que este fuera pasado de inmediato a retiro por el Alto Mando de la institucion.
Sin embargo, la denuncia formal al tribunal, efectuada por los funcionarios Sres. Castillo, Gaete, y Lizama, en el sentido de haber sido presionados para modificar el informe tecnico por el propio Director General, no tuvo mayores efectos. La denuncia quedo incorporada al expediente pero la magistrado se limito a continuar investigando los hechos bajo su competencia y no inicio una investigacion paralela para dilucidar el gravisimo hecho, a pesar de que este revestia caracteres de delito: abuso de autoridad, trafico de influencias, y obstruccion a la justicia, entre otros.
Sorprendentemente, los Tribunales Superiores (el pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y la Corte Suprema) no se dieron por enterados de estos hechos, aunque fueron reportados por distintos medios. No hubo reaccion conocida.
Mas sorprendente aun, el hecho de que un Director General de la Policia de Investigaciones presione a sus subalternos para modificar un informe tecnico y a partir de alli, influir en una investigacion judicial en curso, no significo tampoco reaccion alguna de la Camara de Diputados, tan proclive a formar Comisiones Investigadoras. Al parecer, estos elementos, que indudablemente revisten temas de Estado, no ameritaron el tiempo ni el interes de los Diputados. Ni de los parlamentarios de gobierno, ni tampoco de la oposicion.
Por su parte, el Ejecutivo guardo silencio. No hubo reaccion conocida ni de la Presidenta, ni de su grupo de asesores mas cercanos, en relacion a estas materias. El Prefecto responsable de la Brigada de Derechos Humanos, Rafael Castillo, que habia respaldado a sus subordinados, fue posteriormente pasado a retiro por el Director de la Policia de Investigaciones, y los dos Comisarios, Gaete y Lizama, que no solo se negaron a cometer un delito por orden superior (alterar un informe tecnico para influir en una causa judicial en curso) , sino que tambien denunciaron formalmente el hecho al tribunal respectivo, fueron sacados de las funciones que habian cumplido eficientemente por años. Uno de ellos fue sepultado en el archivo, en tareas cuasi administrativas, y el otro fue enviado a una Comisaria fuera de Santiago. Posteriormente, y por presion de organismos e instituciones de DDHH, se le trajo de regreso.
Por añadidura, ni el Ministro de Defensa Jose Goñi (Ministerio de donde depende la Policia de Investigaciones) , ni el Subsecretario de Investigaciones de la misma cartera, Ricardo Navarrete Betanzo, jamas se refirieron al tema.
Por parte del grupo de abogados de Derechos Humanos, salvo contadas y honrosas excepciones, el tema no fue objeto de comentario publico.
Y lo mas sorprendente es que en una reciente reunion de instituciones vinculadas a la lucha por los Derechos Humanos, tampoco se menciono el tema en sus resoluciones finales.
No hay duda de que en esa reunion se trataron temas de gran importancia, entre ellos, el incumplimiento por el Estado de Chile respecto de los compromisos internacionales asumidos en el plano de los DDHH. Sin embargo, pareciera que el intento de influir en procesos judiciales de DDHH en curso, en favor de implicados, y por el propio Director General de la Policia de Investigaciones, no fue un elemento que mereciera preocupacion.
Todo esto resulta muy extraño. En cualquier pais civilizado del mundo, con los cuales Chile siempre desea que lo comparen, situaciones de menor significancia habrian originado una seria y pronta investigacion judicial, al menos varias interpelaciones parlamentarias, y probablemente la peticion de renuncia, o la salida obligada, de algunos altos personeros del Estado. Aqui no ha sucedido nada…
Tratando de entender lo inexplicable, alguien me hizo llegar un comentario vinculando toda esta situacion inedita a un tema de relaciones internas de la Masoneria chilena. Ambos, el General Trincado, y el Director de la Policia Civil, Arturo Herrera, son masones. Si esto fuera asi, entonces es facil concluir que las instituciones en Chile no funcionan, o si lo hacen, su funcionamiento puede ser influido por intereses particulares, de grupos, de logias, etc, a espaldas de la voluntad ciudadana y a contrapelo de las declaraciones de transparencia repetidas periodicamente por las autoridades. Faltaria saber cuantos masones hay en altas esferas de gobierno, en el Parlamento, y en las Cortes de Justicia Superiores del pais.
Por otra parte, creo que a la propia Gran Logia de Chile, que atraviesa un periodo muy complejo despues de proceder recientemente a la expulsion de su Gran Maestro y tambien rector de la Universidad de la Republica, Juan Carvajal, le interesaria aclarar esta situacion para no ser vinculada a episodios oscuros, mal olientes, e inexplicables del Chile actual.