Ya son 16 años. Puede sonar extraño que todo un país pueda estar secuestrado, pero no es raro si lo analizamos a la luz de verdadera capacidad de autodeterminación que posee Chile. Al finalizar la dictadura, quienes habían ejercido el poder absoluto desde 1973 evaluaron que para proteger sus intereses necesitaban generar una serie de […]
Ya son 16 años. Puede sonar extraño que todo un país pueda estar secuestrado, pero no es raro si lo analizamos a la luz de verdadera capacidad de autodeterminación que posee Chile. Al finalizar la dictadura, quienes habían ejercido el poder absoluto desde 1973 evaluaron que para proteger sus intereses necesitaban generar una serie de mecanismos de control que impidieran que las mayorías pudieran cambiar, democráticamente, las políticas que habían implementado sin mayor contrapeso que su propia voluntad. En ese momento resolvieron secuestrar la soberanía popular de todo un país. Decidieron devolver la administración del Estado, pero se guardaron las llaves que le permitirían a la población hacerse con el control de sus propias vidas. Y todo para evitar que ese pueblo, sospechoso de querer subvertirlo todo, vuelva a «usar mal» su libertad.
Ya contaban con la Constitución de 1980, que incorporaba una serie de «resguardos institucionales» que impedían su reforma. Pero era necesario clausurar, aún más, los posibles cambios al sistema. De esa forma surgieron las más creativas e impensadas formas de amarre, consagradas en leyes entre octubre de 1988 y el 10 de marzo de 1990. Un amarre para cada tema sensible: La LOCE para la educación, el Sistema Binominal y los nuevos distritos electorales para asegurar la sobre-representación de la derecha y la exclusión de la izquierda, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas para garantizar la afectación del 10% de los ingresos de Codelco en beneficio del Ejército, las designación del tribunal constitucional, y un largo etcétera.
El año recién pasado, algunos de los más burdos instrumentos del secuestro fueron eliminados: los senadores designados, el amenazador título que se designaba a las FFAA como » garantes de la institucionalidad», la inamovilidad de los comandantes en jefe, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otras. Pero estas concesiones se basan en la seguridad que tienen los secuestradores de poder disponer de muchas otras formas de control.
Este secuestro constituye el mayor y más apremiante desafío que Chile enfrenta desde su nacimiento como república. En cuatro años más conmemoraremos doscientos años de vida como nación «independiente». Vaya paradoja. El bicentenario nos encontrará secuestrados, despojados de nuestra propia soberanía, sin la capacidad de autodeterminar nuestra forma de vida, de gobierno, de educación, o de implementar las más nimias decisiones sobre nuestros propios asuntos. Es cierto que ningún país, ni tampoco ningún individuo, puede decir que dispone de una libertad total. Todos estamos condicionados en algún aspecto. Pero estar condicionados (es decir, estar afectados por límites estructurales, presupuestarios, o por el hecho mismo de tener que alcanzar los consensos propios de la vida en sociedad) no es sinónimo de estar determinados. Lamentablemente hoy todos y todas estamos determinados por un orden social que no escogimos y que parece eternizarse.
Si entendemos de la misma forma este panorama, creo que es lógico entender que estamos ante un desafío nacional, que no admite límites en el bando de quienes estén decididos a reconstruir la auténtica soberanía del pueblo.
El martes 20 de junio, Arturo Martínez, presidente de la CUT, encabezó la constitución del frente contra la exclusión política en Chile, formado por los principales líderes de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria. Esta iniciativa es un acuerdo que llega de una forma tardía, pero no por ello deja de ser de enorme relevancia. Lo que está en juego no sólo es dar una representación parlamentaria a fuerzas políticas que teniendo en variados distritos una importante votación, no han accedido al Congreso. Lo verdaderamente importante es que se trata de un gesto político que compromete a las partes a articular su acción con el objetivo de devolver al país su capacidad de autodeterminación y terminar con el secuestro permanente de nuestra soberanía.
Superar el secuestro de Chile es una causa nacional. No es un objetivo ideológico, ni partidista. No puede ser subordinado a las disputas por pequeñas parcelas de poder local, gremial o sectorial. Es tarea urgente, pero de tal importancia, que merece que se le dedique el tiempo que sea necesario. En esta tarea debemos ser muchos los que aportemos con generosidad. No es posible en este momento anteponer el corto-plazo, la mirada estrecha, la agenda corta, y el interés particular.
Alvaro Ramis es miembro del Centro Ecuménico Diego de Medellín