Después de la millonaria asignación de recursos para tapar el bochorno del Transantiago vino la vergonzosa decisión del Gobierno de fijar en una más que discreta cifra el salario mínimo. Casi 300 millones de dólares de bonificación para los bancos y empresas operadoras del fracasado sistema de movilización colectiva capitalino; apenas unos pesos de reajuste […]
Después de la millonaria asignación de recursos para tapar el bochorno del Transantiago vino la vergonzosa decisión del Gobierno de fijar en una más que discreta cifra el salario mínimo. Casi 300 millones de dólares de bonificación para los bancos y empresas operadoras del fracasado sistema de movilización colectiva capitalino; apenas unos pesos de reajuste al salario de unos 800 mil campesinos y obreros chilenos que con sus familias constituyen los sectores más pobres e indigentes. De esta forma, el «Gobierno Ciudadano» rinde prueba de su irreductible compromiso con la economía neoliberal y le da un portazo a la esperanza que muchos teníamos en cuanto a que Michelle Bachelet torciera el rumbo diseñado por la Dictadura y aplicado rigurosamente por los gobiernos de la Concertación.
No es cuestión de recursos, sino de compromiso ideológico con el modelo vigente. A esta altura, el socialismo o el social cristianismo que dicen profesar quienes nos gobiernan desafina tanto como el republicanismo de Pinochet. Escandaliza, incluso, a los dirigentes de la derecha, cuyo senador más pudoroso ha propuesto un «salario mínimo moral» que los empleadores paguen efectivamente a sus trabajadores, por sobre la mezquina cifra dispuesta por el Zar de nuestra Hacienda Pública. Sabemos, por supuesto, que nuestros recursos públicos no son ilimitados. Seguimos siendo un país exportador de productos básicos, con poco o nada de valor agregado y absolutamente dependiente del precio internacional del cobre, como de que nos provean energía del otro lado de Los Andes. Sin embargo, nos damos cuenta que el reiterado superávit fiscal puede permitirnos inversiones sólidas y corregir las escandalosas desigualdades en el ingreso y calidad de vida de nuestra población. Una magnífica oportunidad para que el país se dote de nueva infraestructura, invierta en una severa reforma educacional, emprenda actividades que den trabajo y recuperen para los chilenos los millonarios dividendos que cobra la inversión extranjera que explota inicuamente nuestros yacimientos, recursos hídricos, forestales y servicios básicos.
Con la bonanza, en cambio, lo que hemos visto es el dispendio, la malversación y la degeneración de nuestra política. Desde los sobresueldos que se les descubrieron a los ministros, las concesiones fraudulentas del Ministerio de Obras Públicas, los desvíos de fondos de los planes de empleo y fomento del deporte… hasta las descarriadas operaciones en Ferrocarriles y otras instituciones y empresas del Estado. Dietas de 8 o más millones para los parlamentarios y jueces, mientras que el salario mínimo se fija en 144 mil pesos; utilidades bancarias que superan los porcentajes de las economías más sólidas del mundo, a expensas del crédito usurero que otorgan a quienes integramos una de las naciones más endeudadas de la Tierra. Cientos de miles de pequeños y medianos empresarios ahogados por un sistema diseñado y ejecutado en beneficio de «los peces gordos» y de sus operadores en el Gobierno y los otros poderes del Estado. Cuya tarea, como se comprueba, es hacer incluso «vista gorda» a los horrores que cometen contra el medio ambiente.
Lo curioso es que nos está sobrando dinero para financiar campañas políticas millonarias, salir al rescate de los empresarios inescrupulosos, dotar de más onerosas y mortíferas armas a los militares, encarcelar a los niños que delinquen y vender en el mundo nuestra «imagen país» como la copia feliz del Edén. El propio Zar se ha preguntado qué hacer con tanto dinero sin afectar los sacrosantos equilibrios macroeconómicos que se fundan, ciertamente, en la NECESIDAD de que los trabajadores ganen muy poco para garantizar las suculentas utilidades de los exportadores dentro de la terrible competitividad de los mercados. Que los políticos se repartan un pastel sabroso al servicio de los que tienen y quieren todavía más. Que las cortes y la policía tengan recursos para reprimir el descontento y garantizar la impunidad de explotadores, asesinos y corruptos. Que el periodismo y los intelectuales no vigilen a la autoridad ni creen expectativas sociales. Más bien velen por los fundamentos ideológicos de quienes se enseñorean, gobiernan y cogobiernan este país llamado Chile.
Juan Pablo Cárdenas es columnista del quincenal chileno El Periodista y premio nacional de periodismo