Un juez federal decidirá si el gobierno de EE.UU. revela o no los documentos que la multinacional entregó como parte de su acuerdo con la justicia de ese país.
Los documentos que dan cuenta de los pagos de Chiquita Brands a grupos armados ilegales colombianos deben mantenerse clasificados, porque su divulgación perjudicaría «irremediablemente» su derecho a un juicio justo e imparcial tanto en Colombia como en Estados Unidos. Si el National Security Archive y el público en general se vieran afectados por esa reserva, más afectada se verá Chiquita si la reserva se levanta. La Corte debe ordenarle a la Securities and Exchange Commission (SEC) que no desclasifique los documentos. La Corte debe ignorar la decisión de la SEC por «caprichosa, arbitraria» o, al fin y al cabo, «contraria a la ley».
Esos son los argumentos que, desde hace un mes, estudia un juez de la Corte del Distrito de Columbia, ante la cual la multinacional Chiquita Brands presentó un recurso legal el pasado 4 de abril buscando que se ponga freno de mano a la decisión que la SEC tomó en diciembre de 2012: desclasificar, a petición del National Security Archive (NSA), buena parte de los documentos que la propia Chiquita le entregó al Departamento de Justicia de EE.UU., a cambio de ser sancionada (en 2007) con una multa de US$25 millones, la orden de implementar un programa de ética y permanecer cinco años en período de prueba.
Hoy la multinacional, por cuenta de sus pagos ilegales a grupos paramilitares, pelea en diez frentes de batalla, nueve procesos en Estados Unidos y uno en Colombia, y ha enfilado sus baterías en evitar que la información que le entregó al Departamento de Justicia sea divulgada. Según se arguyó ante la Corte de Columbia, si el NSA obtiene los expedientes, «se puede esperar una campaña mediática para influir en el proceso MDL y el proceso en la Fiscalía colombiana». Porque, según Chiquita, el National Security Archive «está aliado y asiste» a demandantes de una acción civil contra Chiquita en Florida, que es el mismo proceso MDL.
«Con el único propósito de que se establezca la verdad y se garantice la imparcialidad de los procesos judiciales en curso, la compañía ha solicitado que los documentos sean revelados bajo la normativa estadounidense», le dijeron a este diario voceros de Chiquita Brands. «La preocupación es que el National Security Archive utilice documentación a la que sus socios en el litigio no tienen derecho para tergiversar los hechos», agregaron, haciendo énfasis en que fueron ellos quienes denunciaron las «extorsiones» de las que habían sido objetivo muchos años por parte primero de la guerrilla y luego de los ‘paras’.
Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que, efectivamente, la desclasificación de esos documentos podría alterar el cauce de la investigación que se está realizando en Colombia, donde, en octubre del año pasado, el despacho del vicefiscal general reabrió el proceso en contra de varios exejecutivos de la bananera, luego de que una Fiscalía de Medellín lo cerrara en marzo de 2012. Pero si los documentos se mantienen en reserva y no se difunden tampoco en juicio, a la Fiscalía sólo le quedaría recurrir al Departamento de Justicia para que los entregue voluntariamente. «No hay manera de presionar», dijo una fuente del organismo.
El Espectador conoció los documentos que reposan en la Corte del Distrito de Columbia relacionados con la petición de no desclasificar los «Chiquita Payment Documents» (documentos de pago de Chiquita) por el interés «tendencioso» que tendría en ellos el National Security Archive. En 2011 el NSA logró, por primera vez, que el gobierno norteamericano entregara documentación reservada relacionada con Chiquita Brands. Su análisis fue que, contrario a lo que Chiquita y el Departamento de Justicia habían afirmado en su acuerdo, Chiquita no había sido extorsionada, sino que había hecho transacciones con grupos ilegales para beneficio propio.
«Esta es la primera vez en casi 30 años que una multinacional como Chiquita intenta bloquear la difusión de récords al National Security Archive», le dijo a este diario Michael Evans, investigador del NSA, quien explicó que la misión de la organización en la que trabaja es abrir archivos secretos relacionados con la política exterior de EE.UU. Evans agregó: «Este es probablemente el conjunto más grande de información que se haya organizado sobre vínculos corporativos con el terrorismo. Fue una investigación extensa que resultó en la primera y, hasta ahora, única condena contra una compañía estadounidense gigante por financiar un grupo terrorista».
El abogado que representa al NSA ante la Corte de Columbia, Jeffrey Gutman, desmintió además la aseveración de la multinacional: «El NSA no es parte en ningún caso contra Chiquita». El Espectador revisó también en el sistema de información pública de cortes estadounidenses lo respectivo al proceso MDL en Florida, sin encontrar evidencia de que el National Security Archive fuera parte del litigio. Gutman explicó que el NSA pidió la información basado en la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés), tal como se ha hecho en el pasado, y detalló que la disputa es por 44 páginas que la SEC determinó no eran confidenciales.
«Si otras partes están interesadas en usar en juicios los documentos que nosotros obtenemos, eso depende de ellos y es potestad de los jueces admitirlos o no como evidencia. Pero quiero ser claro: el NSA no usa estos documentos en cortes. No ha demandado ni demandará a Chiquita. El NSA es un centro de investigación». «Esta es una oportunidad para que Chiquita haga lo correcto y confiese sus vínculos con el terrorsimo», concluyó Michael Evans. Los voceros de Chiquita, por su parte, dijeron que confiaban en «la imparcialidad de las autoridades colombianas».