Hemos alcanzado hoy otro puerto intermedio en la línea del tiempo que conduce al destino de paz que la historia le ha reservado a Colombia. Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle fin a un conflicto de medio siglo de existencia. Las guerras no son eternas; ellas deben tener un final. […]
Hemos alcanzado hoy otro puerto intermedio en la línea del tiempo que conduce al destino de paz que la historia le ha reservado a Colombia.
Nuestra fe y nuestra certeza brotan de la determinación de ponerle fin a un conflicto de medio siglo de existencia.
Las guerras no son eternas; ellas deben tener un final. Si ambas partes tienen voluntad sincera, nadie podrá contra la paz. Pero el gobierno tiene la responsabilidad de no permitir que se nos escape esta esperanza, porque posee en sus manos la decisión de los cambios, de abrir las puertas a la democracia, y de atender al clamor de un pueblo que exige paz con justicia social.
Todos sabemos que la paz no es el silencio de los fusiles. Concedemos al gobierno que para dar curso a la construcción de la paz hay que detener la confrontación. Sí, pero la razón impone que antes de rubricar el acuerdo final, es necesario convenir el contenido de las reformas institucionales, que el mismo gobierno reconoce, deben ser implementadas luego de su firma.
La paz no puede depender de promesas y de palabras sonoras, enfáticas, pero de vida efímera. Las palabras, vistas desde el contexto histórico de la solución de conflictos en Colombia, siempre se convirtieron en engaño y en traición. Confiados en ellas cayeron abatidos por las balas comandantes guerrilleros de la dimensión de Guadalupe Salcedo, Jacobo Prías Alape y Carlos Pizarro Leongómez, entre otros.
Es indispensable para la generación de confianza, pactar lo que se desarrollará más tarde, acorazar jurídicamente el eventual Acuerdo, convertirlo en norma pétrea para que ningún gobierno caiga en la tentación de desconocerlo; y sobre todo,hay que guarecerlo de las injerencias de la juridicidad internacional con el despliegue de la bandera de la soberanía jurídica, y con el hecho cierto -que todos los colombianos debemos reivindicar-, y es, que ningún entramado jurídico internacional puede estar por encima de la decisión del soberano, del constituyente primario.
Sería un sofisma pensar que el gobierno en la mesa representa a toda la sociedad. Es obvio que a lo que se enfrenta la contraparte, es a los anhelos de las mayorías pobres, delineados en los foros temáticos convocados a iniciativa de la mesa de diálogo, y que las FARC han asumido como insumos para el debate y la formulación de propuestasal gobierno, porque entienden que una verdadera agenda de paz solo es legítima si responde a esos intereses de las mayorías nacionales.
El pueblo no es un convidado de piedra en el proceso; según el espíritu del acuerdo, él debe ser un creador, y al final, el protagonista principal de la refrendación. De eso se trata cuando se dice que «la paz es asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción».
Nadie podría concebir, por ejemplo, que en un país donde la mayoría de su población vive en las ciudades, para definir los fundamentos de la paz, no sea de agenda tocar la problemática urbana.
Así las cosas, reiteramos que uno de los compromisos pactados entre gobierno y FARC,es que «las discusiones de la mesa no se harán públicas». En ningún tramo de lo acordado se utiliza la palabra confidencialidad, y mucho menos referida a lo ya convenido. Y esto es importante porque, aparte de que si se quiere transparencia, nunca será pertinente el secretismo, y para que el pueblo pueda opinar y decidir, es necesario que tenga conocimiento de los avances que se concretan.
Luego de presentar cerca 100 propuestas para la Participación Política, después de que en el mismo tiempo respondiéramos a todas las inquietudes que fuera del orden de la agenda presentó el gobierno, y tras mostrar un desempeño que colma las 24 horas del día para destrabar disensos y mostrar soluciones cargadas de sindéresis y absoluta voluntad de reconciliación, no es sensato que se pretenda mostrar a la insurgencia como la parte del diálogo que frena los ritmos para el avance del proceso.
A pesar de que en la práctica el tratamiento represivo que se le da a protesta ciudadana no muestra una real voluntad de solución a los problemas sociales; si se observa bien, si se analiza con detenimiento lo que en materia de acuerdos se ha pactado en La Habana, la opinión nacional podrá percatarse que de nuestra parte, los puentes que hemos tendido están soportados sobre los cimientos y columnas de preceptos y normativas que no desbordan el ordenamiento constitucional. Pero por lo visto hasta ahora, para el gobierno, cumplir con un mandato constitucional entraña una auténtica revolución de alzados en armas. Por eso nos invita a convertir en banderas preceptos constitucionales, lanzarnos con ellas a una elecciones, triunfar, y ya en el gobierno, hacerlas realidad.
No es realista pretender que admitamos que haga carrera la unilateralidad en las determinaciones sobre temas cruciales, como el marco jurídico para la paz y el asunto del referendo, respecto a los cuales existía el compromiso de convenirlos en la mesa de conversaciones.
¿Quién coloca entonces los obstáculos, si de lo que se trata es que el diálogo sea expedito, es decir, sin estorbos?
Si cuando hablamos de celeridad nos referimos a tiempos necesarios, estos no pueden tener una dimensión tan breve que haga imposible reflexionar de la mejor manera sobre los problemas que han causado una guerra de más de medio siglo. Mucho menos los ciclos deben desperdiciarse andando y desandando laberintos gramaticales ni distrayendo la atención en nimiedades en detrimento de la solución a los problemas fundamentales, concretos, que con lenguaje sencillo está planteando la gente en las calles.
Si se mantiene el absurdo de no dar a conocer con más frecuencia la plenitud de lo que se conviene en cada ciclo, ¿de dónde se saca la maltrecha idea de que el lento avance le resta apoyo a las conversaciones? ¿Cómo puede saber el país cuál es la dimensión de ese avance si se le priva de una información a la que tiene derecho? Cuánta razón tiene el comandante Timoleón. No es justo colocar sobre los hombros del proceso la desaprobación que la llamada opinión pública tiene con respecto a quienes conducen la política oficial, como tampoco que no se valore el daño que le produce su vinculación al proceso eleccionario.
Desde Oslo y mucho antes el gobierno sabe que cuando tomamos la decisión de iniciar el proceso de paz, nuestro propósito de fondo era discutir y buscarle solución a los problemas estructurales que generaron el conflicto político, social y armado que desangra a nuestro país. Con esa convicción se firmó el acuerdo de La Habana, tal como de manera muy breve pero precisa, se deja sentado en su preámbulo. Así que no son pertinentes ni correctas las interpretaciones restrictivas que como constante se le pretender imponer, ahí sí como obstáculo, al desarrollo de las discusiones.
Solo quienes siempre han creído ignorante a nuestro pueblo, pueden considerar que Colombia esté confundida o no tenga claro el propósito de las conversaciones. Nosotros sí tenemos confianza en la sabiduría de la gente del común y por eso hemos retomado sus aportes, sus reivindicaciones, sus sueños de nación, para hacer posible lo que siempre se le ha negado: expresarse y tener vida digna.
En este cierre de ciclo el país debe tener clara una gran verdad:hemos trabajado a fondo cada día; no ha habido jornada en la que no presentemos propuestas y soluciones; no ha habido día en el que no propiciemos un avance; por eso, aunque nos sentimos abrazados por el manto del deber cumplido, estamos redoblando nuestros esfuerzos para que podamos dar pronto la buena nueva de un informe satisfactorio sobre el punto de participación política, que colme de optimismo y mayor convicción los corazones de esa inmensa masa de desposeídos que verdaderamente anhela la conquista de la paz.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP