Un estudio de Amnistía Internacional en 21 centros de salud madrileños retrata un sistema desbordado, saturado e incapaz de garantizar el derecho a la salud a millones de personas.
Las denuncias de los usuarios y el personal sanitario de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid ha encontrado eco en un devastador informe de Amnistía Internacional. Según el estudio realizado por esta ONG de derechos humanos en 21 centros de salud de la región, la “degradación” de este servicio público, puerta de entrada a todo el sistema de salud, ha llegado en Madrid a “unos niveles tan preocupantes que provocan un riesgo en el derecho al acceso” a la sanidad pública.
Si bien el “déficit de recursos” afecta a todo el territorio español, reconocen desde Amnistía Internacional, es la Comunidad de Madrid una de “las más perjudicadas en un servicio que a falta, sobre todo de personal, atiende tarde, mal y deja a pacientes sin atender de manera adecuada”.
El informe retrata una situación dramática en el epicentro de la segunda ola del covid-19: pacientes que quedan desatendidos, con listas de espera de hasta dos semanas, personas con enfermedades crónicas que reciben un tratamiento “menos pormenorizado del que requieren”, y profesionales sanitarios “completamente desbordados” que tienen que atender entre 45 y 100 pacientes al día y cuyas bajas por enfermedad o vacaciones no se cubren.
La mayor carga de trabajo derivada de la pandemia se suma, según señala Amnistía Internacional, a un sistema ya “deteriorado” tras una década de “políticas de austeridad que marginaron de manera especial a este servicio”. Entre 2009 y 2018, señalaba esta ONG en el reciente informe La década perdida, la inversión sanitaria pública disminuyó en un 8% y la inversión en Atención Primaria bajó un 12%.
Entre los principales problemas figuran la falta de personal y una carga excesiva de trabajo para la plantilla existente. Si el número de pacientes que el personal sanitario debía atender por día había “aumentado en exceso” en los últimos años por los recortes sanitarios, con la emergencia del coronavirus la presión se ha multiplicado y han pasado a tener que atender hasta 100 pacientes en un día, con una media de tres minutos por cada uno.
“Antes de la pandemia teníamos seis minutos por paciente, ahora mismo los están citando cada tres minutos aproximadamente. Pero es que cuando una persona termina de explicar qué le duele, cómo se siente, tú le tienes que hacer preguntas y eso, en tres minutos, no da tiempo”, señala Nelson, médico de familia residente de cuarto año en el centro de salud San Fermín, Usera.
Muchas de las consultas han pasado a ser telefónicas, pero eso no ha mejorado la atención sanitaria ni garantiza los derechos laborales de los profesionales sanitarios. “Puede parecer que 50 pacientes al día son pocos, pero si lo piensas, es una animalada, porque si multiplicas 50 por 10 minutos, que es lo que deberíamos atender a cada uno como media, son 500 minutos. Es decir, son casi nueve horas sin levantarte de la silla. Todo lo que pasa de 30 pacientes al día es excesivo. Porque hay algunos que te llevan un minuto, pero otros te llevan 45”, declaraba a Amnistía Internacional un médico de Villaverde.
Y muchas veces, apuntan desde esta organización, tampoco las llamadas consiguen saltarse las interminables listas de espera: en muchas ocasiones también las líneas de teléfono están saturadas. En un centro de salud de Vallecas, un menor perdió un ojo después de que fuera imposible concertar una cita por la saturación de la líneas, según un caso recogido por esta ONG.
La opción de dirigirse directamente al centro de salud no siempre es fácil. Al miedo al contagio se le añaden las colas que se forman en ocasiones en la entrada de los ambulatorios: “Tienen la opción de ir al centro, en lugar de llamar, pero se pueden encontrar con que la fila da dos vueltas al centro y hasta que una persona cuenta lo que le pasa pueden pasar dos horas. Y eso sólo para que le atienda el personal de administración. Se pueden morir en la cola porque nadie le ha preguntado qué le pasa”, señala una médico de la zona sureste de Madrid.
Entre las razones de esta saturación, Amnistía Internacional destaca que no se están cubriendo las bajas por enfermedad ni las vacaciones del personal. No solo no se están reemplazando a los profesionales contagiados por covid-19 —en un país donde más 63.000 sanitarios han sido afectados—, sino que tampoco se están reemplazando a las personas que por edad o por riesgo no pueden atender casos de covid-19 ni pueden hacer visitas a domicilio.
Algunos centros de salud, según recoge el informe de Amnistía Internacional, están trabajando al 50% de la plantilla por bajas. Una situación que se está traduciendo en una peor asistencia a los pacientes con otras patologías, “que están dejando de atenderse de manera adecuada”.
Según la valoración de esta organización, en la Comunidad de Madrid todo “el derecho a la salud esté en riesgo”, especialmente para las personas mayores, las que tienen enfermedades crónicas, aquellas que necesitan más seguimiento en la atención, y las que no tienen tarjeta sanitaria.