La realización de la sexta versión del Congreso del Futuro que está teniendo lugar en estos días en Chile ha traído aparejadas numerosas declaraciones de figuras políticas sobre la importancia del desarrollo científico-tecnológico para el desarrollo del país y la necesidad de que se adopten medidas para incorporar valor a los procesos productivos a fin […]
La realización de la sexta versión del Congreso del Futuro que está teniendo lugar en estos días en Chile ha traído aparejadas numerosas declaraciones de figuras políticas sobre la importancia del desarrollo científico-tecnológico para el desarrollo del país y la necesidad de que se adopten medidas para incorporar valor a los procesos productivos a fin de que no se repita, ahora con el cobre y probablemente mañana con el litio, lo ya acontecido con el fin del ciclo salitrero, un recurso natural que tras ser intensamente explotado no dejó tras de sí ninguna base de desarrollo sustentable hacia el futuro.
El anuncio formulado al inicio de este encuentro por la Presidenta Michelle Bachelet sobre la próxima creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología apunta precisamente en esa dirección, pero plantea de inmediato un conjunto de interrogantes sobre el real significado y alcance de esa iniciativa. Es indudable que en el mero ámbito burocrático ello permitirá contar con un organismo dotado de un mayor nivel de autonomía y atribuciones de lo que la actual institucionalidad sobre esta materia permite. Pero el problema de fondo sigue siendo el del carácter de la política de desarrollo científico-tecnológico que necesita el país.
Esto último obliga, a su vez, a interrogarse sobre la correspondencia que una política de tal naturaleza pudiese tener con el «modelo de desarrollo» actualmente vigente en Chile, centrado enteramente en la iniciativa privada y en el que el Estado se limita a intervenir subsidiariamente para atender aquellos requerimientos que siendo socialmente indispensables no resultan de interés para los agentes privados. Si éste efectivamente fuese el modelo que es capaz de llevarnos al desarrollo como país, ¿para qué demandar entonces una mayor intervención del Estado? ¡Dejemos que los privados resuelvan el problema!
Si en cambio se expresa preocupación, incluso por políticos de derecha, de que como país estemos ahora tropezando con la misma piedra de hace un siglo atrás es porque de algún modo se tiene conciencia de que la iniciativa privada no es capaz de resolver el problema, con lo que queda además al descubierto lo falaz que resultan ser la supuestas ventajas, capacidades o potencialidades intrínsecas al modelo. De lo que se está abjurando entonces, al pedir la intervención del Estado para la promoción de una política de desarrollo científico-tecnológico, es de la fe en las supuestas bondades del «mercado».
La pregunta, entonces es ¿ciencia para qué? Y si la respuesta, que parece obvia, es para impulsar el desarrollo del país, entonces se torna inevitable establecer metas, plazos y prioridades. Es decir, resulta inevitable politizar las decisiones económicas, o de implicancias para la economía, avanzando en la definición de un proyecto nacional de desarrollo, para poner en sintonía con él las orientaciones en materia de recaudación fiscal, políticas educativas, inversión pública y desarrollo científico-técnico. Es decir, ciencia para atender las reales necesidades del país y no meramente para favorecer intereses particulares.
Un desarrollo científico y tecnológico que debiese privilegiar no tanto las necesidades asociadas a la competitividad de las grandes empresas, salvo las de carácter público, sino la investigación y desarrollo sobre todo de aquellos conocimientos y tecnologías «blandas» (biomédicas, computacionales, etc.) que le pueden permitir al país ganar mayores niveles de autonomía en el plano económico y atender de mejor manera las necesidades de su población. Ámbito en el cual es posible y deseable establecer vínculos de franca y sana cooperación con los esfuerzos que también realizan otros países.
Por otra parte, dado el desvarío neoliberal al que se arrastró forzadamente al país y en el que los poderes fácticos empresariales lo han mantenido durante las últimas cuatro décadas, también resulta indispensable incorporar a ese esfuerzo de generación de conocimientos que es preciso impulsar desde el Estado a las ciencias sociales, potenciando una investigación que permita ampliar significativamente la comprensión del mundo en que hoy vivimos y visualizar mejor los grandes desafíos que éste pone ante nosotros. Solo en esa perspectiva la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá ser algo relevante para el país.
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