En medio del conflicto entre el presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a esta por no promover valores “estadounidenses”, afirmando que EE.UU. necesita “más electricistas y fontaneros” y menos graduados LGBTQ (https://t.ly/b2pZ4). Esta postura recuerda lo dicho por un millonario y candidato presidencial ecuatoriano […]
En medio del conflicto entre el presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a esta por no promover valores “estadounidenses”, afirmando que EE.UU. necesita “más electricistas y fontaneros” y menos graduados LGBTQ (https://t.ly/b2pZ4). Esta postura recuerda lo dicho por un millonario y candidato presidencial ecuatoriano años atrás, cuando opinó que las universidades debían formar mejores obreros y carpinteros.
La política actual de EE.UU. hacia sus universidades es inédita. Instituciones como Columbia, Princeton, Pensilvania, Cornell y más de 50 universidades han sido acusadas de antisemitismo, de no promover valores del mercado y de fomentar el pensamiento crítico. Esto ha dado lugar a “auditorías ideológicas”, recortes financieros y amenazas de eliminar programas educativos. Una de las últimas medidas de impacto mundial es la suspensión de visas estudiantiles. Alemania aprovechó la oportunidad para invitar a estudiantes extranjeros a inscribirse en sus prestigiosas universidades públicas y gratuitas.
Aunque en el pasado EE.UU. también ejerció presiones —como durante el macartismo o la oposición a la guerra de Vietnam— sus universidades conservaron prestigio internacional y se mantuvieron como instituciones de avance científico y cultural. A diferencia del modelo estadounidense de universidades privadas, en Europa las reconocidas universidades públicas son dominantes y forman parte del sistema de bienestar social.
En América Latina, la educación superior republicana nació como pública, y entre sus universidades más antiguas se destacan: U. Autónoma de Santo Domingo (UASD) de República Dominicana (fundada en 1538); U. Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Perú (1551); U. Pontificia (1551) y hoy la U. Nacional Autónoma de México (1910); U. de Buenos Aires (UBA) de Argentina (1821); U. de Chile (1842); y varias en Brasil: U. de São Paulo (USP), U. Federal de Río de Janeiro (UFRJ), U. de Brasilia (UnB). Han jugado papeles decisivos en cuestiones sociales, políticas y culturales. La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 fue clave para instaurar la libertad de cátedra, evaluación docente y participación democrática en la vida universitaria, inspirando movimientos estudiantiles en toda la región.
Durante los años 60 y 70, las universidades públicas latinoamericanas fueron blanco de dictaduras militares adoctrinadas en el anticomunismo. Estas las consideraban centros subversivos y actuaron clausurándolas o interviniéndolas, como ocurrió en Guatemala durante la prolongada guerra civil entre 1960-1996; y también en Ecuador, donde la Junta Militar (1963-1966) cerró universidades para «sanearlas» del comunismo. En el Cono Sur, bajo la doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Cóndor, las universidades fueron intervenidas, los libros “subversivos” quemados y se perseguía a profesores y estudiantes, muchos de los cuales fueron torturados, desaparecidos o asesinados.
Con el auge del neoliberalismo en las décadas finales del siglo XX, surgieron numerosas universidades privadas, muchas de baja calidad, llamadas “de garaje”. Mientras las públicas mantenían el pensamiento crítico, las privadas adoptaron los valores del mercado, alineándose con las derechas políticas. Este fenómeno se ha consolidado en el siglo XXI. Con los recortes al gasto público, las universidades estatales sufren limitaciones financieras y estructurales, mientras que el sistema privado se expande, amparado por intereses económicos y gubernamentales.
En este contexto, universidades privadas de elite ganan influencia, frecuentemente ligadas a sectores de poder y a estudiantes que pueden costear su formación. A su vez, universidades públicas, masivas y gratuitas, intentan competir con menos recursos. Un caso destacado es el de la red jesuita AUSJAL, que incluso ha tenido un rol importante en conflictos sociales como en Ecuador, cuando la PUCE se convirtió en refugio para los manifestantes indígenas en 2019.
Hoy, el pensamiento crítico resulta “inconveniente” para el orden neoliberal. Gobiernos contemporáneos, como los de Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina, o como sucedió en el pasado reciente de Chile, han promovido políticas de desfinanciamiento o reformas estructurales que debilitan la autonomía universitaria. En Ecuador, desde 2017 se desmontó el sistema de evaluación estatal del desenvolvimiento universitario autónomo, debilitando el crecimiento de las universidades públicas que no pueden atender la creciente demanda estudiantil.
En las universidades se reproduce así la misma tensión que existe en la región entre modelos económicos: uno de libre mercado y otro basado en el bienestar colectivo. Esta dualidad se refleja en el papel ideológico de las universidades. Los gobiernos empresariales atacan las públicas y protegen a las privadas. Aquellas que siguen defendiendo la academia científica y el pensamiento crítico resultan incómodas para las élites que buscan uniformidad ideológica y hegemonía del discurso oficial.
Las ciencias sociales y las humanidades son las más afectadas. Su función analítica para revelar las causas estructurales del subdesarrollo, la desigualdad y el abuso de poder es vista como amenaza. Durante las dictaduras de los 60 y 70 fueron cerradas muchas facultades de filosofía, historia o sociología. Bolsonaro recortó programas de filosofía y Milei ha acusado a las ciencias sociales de ser herramientas de “adoctrinamiento socialista”.
Desde las academias conservadoras se impulsa el revisionismo histórico y un pensamiento económico ajeno a la realidad latinoamericana. Milei, por ejemplo, cita autores de la escuela austríaca y del libertarismo norteamericano, mientras que en historia proliferan lecturas antibolivarianas e hispanistas, se reivindican dictaduras que cometieron crímenes de lesa humanidad como la de Augusto Pinochet en Chile, mientras en Argentina cierran el Instituto Belgraniano.
Hoy, tanto las universidades como Harvard en EE.UU. y las públicas en América Latina enfrentan el cuestionamiento de los poderes conservadores. Gobernantes que no tienen idea de las labores académicas universitarias asumen la orientación de la educación superior como un asunto relativo a las necesidades prácticas del trabajo y los negocios, además de creer que deben coincidir con la visión política que conduce al Estado. La razón es clara: el pensamiento crítico, la academia con identificación social y la investigación científica, resultan incompatibles con los modelos de dominación ideológica, empresarial-neoliberal y oligárquica. Sin embargo, es justamente el pensamiento crítico el que responde al curso de la historia por construir una nueva sociedad, con progreso, bienestar y equidad.
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