Al menos 173 militares condenados hasta 40 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales (conocido en Colombia como falsos positivos) continúan activos en el Ejército, devengando salario mensual y con la posibilidad de optar a cursos de ascensos, informaron este miércoles medios colombianos. La revista Semana publicó que muchos efectivos «siguen activos y recibiendo sueldos y […]
Al menos 173 militares condenados hasta 40 años de prisión por ejecuciones extrajudiciales (conocido en Colombia como falsos positivos) continúan activos en el Ejército, devengando salario mensual y con la posibilidad de optar a cursos de ascensos, informaron este miércoles medios colombianos.
La revista Semana publicó que muchos efectivos «siguen activos y recibiendo sueldos y otros beneficios, pese a tener en firme condenas que llegan a los 40 años».
La mañana de este miércoles medios locales divulgaron que se conoció el listado de oficiales y suboficiales sentenciados por la justicia ordinaria, porque cometieron delitos que no tenía relación con el servicio, que a pesar de continuar recluidos en la cárcel militar de Tolemaida, localizada en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, en el centro de Colombia, gozan de privilegios.
Las agencias de noticias indicaron que la mayoría de los efectivos siguen en servicio gracias a un decreto del año 2000, el cual establece que no se retirarán del servicio a menos que exista una orden judicial o disciplinaria explícita en ese sentido.
Ha habido casos, sin embargo, que se ha aplicado la facultad discrecional para apartar de la institución a esos militares cuestionados.
Un ejemplo de los militares que siguen en servicio es el caso del teniente Harrison Eduardo Eladio Aponte, quien fue destituido el pasado mes de febrero por la Procuraduría, esto dentro de la investigación que se llevó por la masacre de 10 policías en Jamundí (Valle del Cauca, suroeste).
Eladio Aponte ingresó al Centro de Reclusión Militar en junio de 2010, mes en el que fue confirmada la sentencia. El Tribunal del Valle del Cauca rebajó de 54 a 29 años la pena.
La sentencia del oficial era ejecutoriada, es decir, no tiene más instancias, salvo una revisión extraordinaria en la Corte (casación).
Unos 40 casos, de los 173, están en condición similar a la de Aponte, y pese a la situación los condenados figuran como militares activos.
El Ejército ha explicado que en los casos que la condena está apelada hay que esperar a la decisión final para no violar los derechos de los militares, puesto que tienen la posibilidad de que el juez los declare inocentes.
Cárcel u Hotel
La cárcel de la Base Militar de Tolemaida de las Fuerzas Armadas de Colombia, donde se encuentran cientos de condenados por crímenes de lesa humanidad, es un sitio lleno de «privilegios y comodidades dignas de un hotel», denunció recientemente la revista colombiana Semana.
De acuerdo a un listado, en el Centro conviven 269 efectivos entre oficiales, suboficiales y soldados, y de éstos 179 permanecen en estado activo.
«Los militares condenados por las más graves violaciones a los derechos humanos han gozado de extravagantes privilegios», sostuvo la mencionada publicación.
El escándalo sobre el Centro de Reclusión estalló el pasado mes de enero, cuando se conocieron los privilegios de algunos internos.
Semana sostiene que el lugar «parece más un club de descanso que una cárcel de alta seguridad» y muchos de los recluidos «entran y salen como »Pedro por su casa», tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas sino cabañas».
«Hay hasta presos que pasaron vacaciones en San Andrés y Cartagena» o muchos con teléfonos celulares y televisión con servicio de televisión satelital, indicó la demanda.
El general de Ejército, Alejandro Navas, aseguró ante las demandas que las irregularidades fueron controladas y corregidas. Del mismo modo, indicó que se destituyeron oficiales que estaban a cargo de la cárcel y se trasladaron algunos presos.
«Se van a suspender los teléfonos celulares de los internos, y se está estudiando con el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) la forma de conseguir teléfonos públicos», manifestó el segundo comandante del Ejército, general Ricardo Vargas.
«Estamos mirando cómo se hace la transición de manejo individual de los negocios para convertirlos en recursos que sirvan a toda la población. Los taxis y todos los vehículos que tenían los presos ya se suspendieron», agregó Vargas.
En referencia a los condenados que siguen en servicio activo, y a diferencia de otras Fuerzas donde el retiro es expedito, en el Ejército «el proceso puede tomar años» dijo Vargas.
Finalmente, añadió que se realiza una evaluación y espera «no encontrarme ninguna sorpresa», puntualizó.